EMILIANO COTELO (EC): De acuerdo con las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal de la administración central se ubicó al cierre del año pasado en 4,1% del PIB.

Esto supuso una desmejora del resultado fiscal del orden de 1% del PIB respecto a los niveles de cierre de 2024.

¿Qué factores estuvieron detrás de esta desmejora del resultado fiscal durante 2025? ¿Cómo compara este registro con lo proyectado por el equipo económico en el Presupuesto? ¿Qué puede esperarse para este año en materia fiscal?

Les proponemos dedicar el espacio de análisis económico de hoy a analizar la situación de las finanzas públicas en Uruguay. Para esto, estamos en contacto en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, gerente en Exante.

¿Cómo analizaron en Exante este dato de déficit de la administración central de 4,1% del PIB en 2025?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Antes de empezar, me gustaría hacer algunas precisiones.

En primer lugar, al analizar los datos fiscales, en Exante ponemos el foco tanto en el resultado de la administración central (que es el perímetro relevante para la regla fiscal), como en el resultado del sector público consolidado (que además de considerar a la administración central, también contempla a las intendencias, a las empresas públicas, al Banco de Seguros y al Banco Central).

A su vez, en ambos casos optamos por excluir del análisis los efectos asociados a los llamados “cincuentones”, de los que hemos hablado en muchas oportunidades en estos últimos años, y también ahora de los llamados “cuarentones”.

Para recordarle a la audiencia, estos términos refieren a un conjunto de personas que eran menores de 40 años cuando en 1996 comenzó a regir el sistema mixto de seguridad social y se vieron obligados a afiliarse a una AFAP. Más recientemente, se aprobó un conjunto de cambios normativos que permitía a estas personas optar por desafiliarse de sus AFAPs y “volver” al BPS, traspasando sus fondos acumulados a este organismo. Esto ha venido teniendo un efecto positivo de corto plazo sobre las finanzas públicas (por mayores ingresos para el BPS y por una menor carga de intereses de la administración central), que tenderá a revertirse en la medida que pasa el tiempo y que el Estado tenga que hacer frente al pago de estas pasividades.

Entonces, excluyendo del análisis todos los impactos de los “cincuentones” y “cuarentones” y sin hacer ningún otro ajuste por partidas extraordinarias o factores cíclicos, tenemos que el déficit de la administración central se ubicó el año pasado en 4,3% del PIB, exhibiendo como mencionabas anteriormente un deterioro de 1% del PIB respecto a las cifras de 2024.

A su vez, el déficit del sector público consolidado se situó en torno a 5% del PIB, con una desmejora de 0,7% del PIB respecto a las cifras del año previo.

EC: ¿Qué factores explicaron la desmejora del resultado fiscal durante el año pasado? ¿Se debió fundamentalmente a un aumento del gasto público?

LM: Sí, si nos centramos primero en la administración central, el gasto primario de este conjunto (es decir, el total de egresos sin considerar los intereses) mostró un aumento de 1% del PIB respecto a las cifras de 2024.

Ahí hay que destacar principalmente el aumento de cuatro décimas del PIB de los gastos de funcionamiento, que coincide con la estimación que realizaron las actuales autoridades de gastos “postergados” del período pasado. Además, también tenemos una suba de tres décimas del PIB del rubro de transferencias y de dos décimas del PIB en inversiones.

Por su parte, del lado de los ingresos hubo menos cambios: subió la recaudación neta de la DGI en dos décimas del PIB y subieron los ingresos por comercio exterior, pero al mismo tiempo se redujeron “otros ingresos” por una cuantía muy similar.

En el caso del consolidado del sector público, la desmejora respecto a las cifras de 2024 fue algo menor que para la administración central debido a que las empresas públicas mostraron una mejora en su resultado. Esto se asoció a un mejor resultado primario corriente en UTE y ANCAP (es decir, el resultado antes de intereses e inversiones), así como por una caída de las inversiones de las empresas públicas explicada fundamentalmente por una desacumulación de stocks de petróleo de ANCAP.

EC: Más allá de los movimientos frente a 2024, ¿el registro de déficit fiscal de cierre de 2025 estuvo en línea con las proyecciones con las que trabajaba el equipo económico?

LM: A ver, las proyecciones incluidas en el Presupuesto contemplaban un déficit de la administración central de 4,2% del PIB para el cierre del año pasado (otra vez, excluyendo los efectos asociados a los “cincuentones” y a los “cuarentones”).

Recién decía que el déficit efectivo de la administración central terminó siendo de 4,3% del PIB pero también hay que considerar que en diciembre se registró un adelanto en el pago de pasividades por una décima del PIB; por lo tanto, el dato efectivo estuvo en línea sí con lo que contemplaba el gobierno.

En el caso del sector público consolidado, la conclusión cambia, ya que existió un desvío de dos décimas del PIB respecto a lo propuesto en el Presupuesto. En concreto, el déficit sin considerar ese adelanto de las pasividades fue de 4,9% del PIB vs. el 4,7% del PIB previsto en el Presupuesto.

EC: ¿Podemos repasar en qué rubros se registraron esos desvíos respecto a la programación oficial en el caso del sector público consolidado?

LM: A ver, en ningún rubro en particular se dio un desvío muy relevante.

Por ejemplo, la recaudación de la DGI fue una décima menor a lo proyectado y lo mismo sucedió a nivel de los ingresos por concepto de comercio exterior.

En la misma línea, los resultados del Banco Central y del Banco de Seguros fueron una décima peor de lo previsto en cada caso.

Por el otro lado, los “otros ingresos” del Gobierno Central fueron ligeramente mayores a los previstos, mientras que el resultado de las intendencias también fue mejor de lo que contemplaba la programación fiscal.

En cualquier caso y más allá de este análisis en el margen, nos parece que la conclusión más relevante es que el déficit fiscal, bajo cualquiera de estas métricas, sigue en niveles muy elevados, que no son sostenibles en el tiempo. Lo otro que hay que recordar es que el plan fiscal del nuevo gobierno tiene previsto que el ajuste ocurra fundamentalmente en la segunda parte del período. El déficit que se prevé para 2026 está en las mismas órbitas de magnitud que lo que vimos en 2025.

EC: Justamente hacia allí quería ir, hacia las perspectivas. ¿podemos repasar lo que se espera para los próximos años?

LM: Sí, si miramos las proyecciones oficiales para el conjunto del período, el Presupuesto contempla una reducción del déficit fiscal hacia 2029 del orden de 1,5% del PIB.

Como decía recién, las proyecciones oficiales asumen que el déficit fiscal se mantendría este año en niveles similares a los de 2025 y recién comenzaría a verificarse una corrección gradual a partir de 2027, a un ritmo de medio punto del PIB por año hasta llegar a esa mejora acumulada de 1,5% del PIB.

El otro aspecto que vale la pena recordar es que ese ajuste se daría fundamentalmente a instancias de un aumento de los ingresos públicos, derivados de los cambios tributarios introducidos en la ley de Presupuesto y de una mejora en la eficiencia recaudatoria de la DGI.

De hecho, el gasto público, que ha mostrado una tendencia creciente en las últimas décadas, con gobiernos de diferentes signos políticos, subiría en algo menos de medio punto del PIB este año según las proyecciones oficiales y se mantendría en todo el resto del período en niveles muy superiores a los de 2024.

EC: Comentaban con Romina hace un par de semanas que además de la propia incertidumbre de si efectivamente se podrá recaudar tanto como se estima de estos nuevos impuestos aprobados el año pasado y de qué tanto podrá crecer la recaudación de la DGI por esta mejora de la eficiencia, la otra gran incógnita pasa por las proyecciones de crecimiento económico.

LM: Sí, de hecho, el ritmo de crecimiento económico y la dinámica que muestra la recaudación impositiva tienen una relación muy estrecha. En ese sentido, hemos discutido otras veces que el Presupuesto incluyó una proyección de crecimiento del PIB de 2,4% promedio anual para el período 2025-2029.

Por lo pronto, el crecimiento para 2025 terminará siendo menor que el 2,6% que proyectó el gobierno, mientras que para 2026 nuestras proyecciones apuntan a una expansión de la economía del orden de 1,5% frente a una proyección oficial de 2,2%.

El presupuesto contempla que la recaudación aumente en cuatro décimas del PIB este año, pero si la economía crece menos hay un riesgo de que eso no se verifique. Eso abre un riesgo de que también haya desvíos a nivel de resultado fiscal, salvo que hubiera medidas compensatorias del lado del gasto.

EC: Para ir cerrando, Luciano. Recién decías que los actuales niveles de déficit fiscal hacen que tarde o temprano tenga que procesarse un ajuste. También decías que hay riesgos de desvíos de lo programado. Sin embargo, la agencia Moody’s hace algunos días mantuvo la nota de la deuda soberana uruguaya un par de escalones por encima de la calificación mínima dentro del grado inversor y el riesgo país sigue en niveles muy bajos en términos históricos. ¿Cómo puede conciliarse eso?

LM: A ver, tal como decís, los mercados internacionales y las agencias calificadoras de riesgo mantienen una visión muy positiva de Uruguay, que resulta de una combinación de diferentes elementos. Uruguay tiene un perfil de deuda robusto, con vencimientos largos, mucho más saludable que el de muchos países de la región. También ha avanzado en estos años en lo relativo al marco fiscal y monetario. Todos estos son elementos que juegan favorablemente para nuestro país.

De todos modos, si miramos el comunicado de Moody’s de la semana pasada, uno de los riesgos que se plantean es justamente que se verifiquen presiones fiscales que impidan la estabilización de la deuda pública en los próximos años, lo que eventualmente podría derivar en un deterioro de la calificación.

Es cierto que el contexto externo ha cambiado mucho en estos años tras el COVID, y que en el mundo en general se ha observado un deterioro fuerte de los indicadores fiscales, que en términos relativos dejan mejor parado a Uruguay frente a sus pares. Sin embargo, lo que siempre decimos. Uruguay ya viene arrastrando esta situación fiscal hace ya varios años y la necesidad de ajuste continúa existiendo.

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EN PERSPECTIVA

Miércoles 19.02.2025

EMILIANO COTELO (EC) —¿En qué situación económica recibirá el país Yamandú Orsi? Ese ha sido uno de los puntos de discusión en las últimas semanas de la transición; por ejemplo, cuán crítico es el déficit fiscal que deja la administración Lacalle Pou, cuán apremiantes son los problemas de competitividad en Uruguay.

Y en función de ese diagnóstico vienen las preguntas siguientes: ¿Por dónde piensa comenzar a trabajar el próximo equipo económico? ¿Cómo pueden afectar esa estrategia los sacudones que se están dando a nivel geopolítico? ¿El sismo internacional que provoca Donald Trump cambia el panorama para la nueva administración?

A diez días del cambio de mando, recibimos al economista Gabriel Oddone, quien será el ministro de Economía a partir del 1.º de marzo.

¿Cómo viene la transición, el ida y vuelta?

GABRIEL ODDONE (GO) —Viene, podría venir mejor, pero viene; viene avanzando.

EC —¿Qué quiere decir que “podría venir mejor”?

GO —Hemos avanzado en las últimas semanas, es necesario reconocerlo, en reuniones bilaterales –ayer hubo una reunión importante con el equipo de política económica del gobierno saliente–, pero ha sido un poco lenta, como se lo manifesté a la ministra, y en algunos casos con información que fue llegando más sobre último momento, pero bien.

EC —Vayamos a uno de los temas que planteaba en la introducción. Hay un aspecto que usted ha remarcado en distintas ocasiones en sus discursos públicos en los últimos meses: palabras más, palabras menos, Uruguay tiene que crecer a tasas más altas, y si eso no pasa tendremos un problema en cuanto al desarrollo del país y en cuanto a la posibilidad de aplicar las políticas sociales que son necesarias. También ha dicho que en los últimos años el crecimiento estuvo muy atado a algunas grandes inversiones: UPM2, Ferrocarril Central. Hoy en día no hay anuncios de ese tipo. Entonces, ¿qué preocupación tiene?

GO —La preocupación es cómo poner sobre la mesa un menú de políticas que haga suficientemente atractiva la generación de inversiones extranjeras y domésticas como para generar ese crecimiento. Eso requiere trabajar en varios frentes, y sobre todo asumir que hay que ser bastante proactivo en aspectos que la agenda de los últimos años permitía más o menos manejarse con piloto automático. ¿Eso quiere decir que vamos a hacer grandes inventos e introducción de cambios drásticos? No, pero hay que mejorar, apuntar mejor los beneficios que tenemos, los incentivos que tenemos en inversión; algunas políticas hay que focalizarlas mejor, sobre todo con el propósito de saber dónde ponemos el foco y dónde ponemos la priorización de la asignación de recursos de parte de los recursos públicos.

EC —¿Hay alguna chance de que aparezca algún “salvavidas” que impulse el crecimiento, teniendo en cuenta que no está el Ferrocarril Central, no está UPM2? Sí está arriba de la mesa el proyecto HIF Global para Paysandú para producir combustible sintético, una inversión que sería de 4.000 millones de dólares. ¿La tiene en cuenta?

GO —La gestión del riesgo de cualquier persona que toma decisiones en materia económica aconseja decir que si aparece ese proyecto y se concreta, estaremos contestes en dar todas las condiciones necesarias para que tenga lugar. Pero para que eso ocurra hay un conjunto de aspectos que tienen que ser evaluados en primer lugar. Desde el punto de vista de las políticas públicas, su factibilidad en materia ambiental y la posibilidad de que efectivamente ese proyecto tenga contribuciones netas positivas para el país. En segundo lugar, desde el punto de vista de los negocios, tiene que haber una decisión concreta de invertir y después tendremos que negociar cuáles son las condiciones que ese proyecto pone sobre la mesa. En cualquier escenario, por lo que uno conoce de estos negocios, esto no va a ser rápido, no se va a concretar mañana, por tanto uno tiene que trabajar como si eso no existiera. El enfoque es: si eso no existe qué tenemos que hacer; si eso aparece y se concreta, estaremos encantados de recibir un estímulo de esas características.

EC —Por un lado, entonces, no hay una gran locomotora, un gran proyecto que pueda mover a corto plazo la economía de manera significativa, en cambio ha habido, podría decirse, algunas noticias no alentadoras. Por ejemplo, Yazaki, la industria japonesa de autopartes, anunció que se va del país y eso afectó a 1.200 trabajadores. No es la única empresa que habla de problemas de competitividad. Y por otra parte, tuvimos toda la crisis de los fondos ganaderos, con más de 5.000 inversores afectados, con coletazos varios, entre ellos el envío de 400 trabajadores al seguro de paro en el Frigorífico Casa Blanca. ¿Qué dice sobre estas situaciones?

GO —Estas situaciones son obviamente indeseadas, pero no son extrañas a una economía dinámica como es la economía uruguaya. Es absolutamente normal en cualquier país del mundo que haya empresas que ingresan a hacer negocios y otras que se van. En principio los argumentos que conozco que la empresa Yazaki ha puesto sobre la mesa tienen que ver con problemas de competitividad que se arrastran desde un período prolongado, probablemente porque su modelo de negocios o su producto requiere de unos costos de funcionamiento que no son los que Uruguay está en condiciones de darle. A pesar de que Uruguay está en condiciones de dar un tema de sostenibilidad, de reglas de juego claras y de estabilidad institucional, eventualmente encontró que en la relación costo-beneficio esa empresa eso no compensaba. Legítimamente esa empresa toma la decisión de marcharse, el problema que tenemos –y eso es lo que más nos preocupa en el equipo económico del gobierno del Frente Amplio (FA)– es que hay una afectación importante de los niveles de empleo y vamos a tener que trabajar mucho para poder encontrar soluciones rápidamente, porque eran empleos de calidad, en ciertas zonas del territorio donde el empleo de este tipo no abunda; muchas personas ocupadas eran mujeres jefas de hogar, lo cual entraña no solamente un problema económico, sino también un problema de naturaleza social.

EC —¿Usted encapsula el desafío en el caso de Yazaki? ¿No hay algo más general en materia de competitividad?

GO —Efectivamente, en términos de competitividad cambiaria, que es en lo que los industriales uruguayos suelen fijarse –que es la relación de la evolución de los costos, sobre todo si es una industria exportadora–, en dólares domésticos versus los precios de exportación es obvio que estamos teniendo un problema porque la política monetaria que este período de gobierno decidió implementar para reducir la inflación tuvo un foco muy importante en concentrarse en la reducción de la inflación, y eso tuvo efectos colaterales que generaron problemas de competitividad. Algunos de ellos estaban subyacentes y este escenario los magnificó.

Por lo tanto no se trata de un fenómeno particular, una industria de capital internacional que está exportando a la región y que tiene negocios en la región puede entender que hay relaciones costo-beneficio mejores en otras jurisdicciones, sobre todo cuando Argentina se estabilizó aparentemente con relación a lo que era hace un par de años y cuando los costos de la mano de obra en otros países como Paraguay son claramente distintos de los de Uruguay y van a seguir siéndolo. Entonces es lógico que este tipo de cosas pasen.

El trabajo de nuestra administración va a estar concentrado en encontrar la manera de generar condiciones para empresas de este tipo, que aun exportando productos de escasa diferenciación y muy insertos en una cadena de producción, como era este caso, tengan condiciones razonables para permanecer en Uruguay. En este caso la decisión está tomada y probablemente no tengamos nada que hacer para revertirla. Hay que trabajar más bien en los efectos que genera su salida, mientras trabajamos para evitar que el problema de competitividad subyacente genere otros problemas en otros lugares del país. En eso estamos sumamente concentrados.

EC —¿Y la crisis de los fondos ganaderos? Todo indica que no impacta en el agro, no impacta en la producción ganadera, pero hay 5.000 inversores damnificados y hay coletazos varios como el envío de trabajadores del Frigorífico Casa Blanca al seguro de paro.

GO —El único caso que conocemos, o por lo menos que es público, de un efecto sobre un ámbito empresarial con afectación de empleo es este del Frigorífico Casa Blanca, no conozco otro. Por lo tanto el efecto está concentrado en ese lugar. Por supuesto, hay un problema de confianza en el ahorro público o en los instrumentos que están disponibles en Uruguay para el ahorro, y ese es un elemento sobre el que hay que trabajar.

EC —Lo que pasa es que el caso de los fondos ganaderos no es el único, se han acumulado varios en los últimos meses. Tuvimos Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera, pero antes estuvo el caso de Balsa y Asociados, en el sector inmobiliario; estuvo la experiencia del exrugbier Gonzalo Campomar, que prometía inversiones en activos digitales como criptomonedas, que acumuló deudas por 65 millones de dólares, y hubo algún caso de operador de bolsa. ¿Qué pasa con todo eso?, ¿cómo incide?

GO —Creo que hay que dar un paso atrás y tener dos elementos en perspectiva. Venimos de un período largo, no en Uruguay sino en el mundo, de tasas bajas, por lo tanto donde las opciones de rentabilidad para algunos ahorristas, típicamente ahorristas medios y medios-altos, estuvieron concentradas y con cierto nivel de estabilidad en los negocios financieros, por lo menos en Uruguay. Esto provocó la emergencia de otro tipo de ofertas para colocar dinero y ahorrar. Evidentemente lo hemos tenido arriba de la mesa.

Además creo que en este período de gobierno se trasmitió la señal de que este tipo de cosas eran buenas cualesquiera fueran las que tuvieran lugar.

EC —¿Usted dice que se trasmitió esa señal?

GO —Creo que la LUC y algunas iniciativas vinculadas al uso de efectivo trasmitieron la señal de que había llegado el momento de los negocios, que la asunción de riesgos estaba bajo control y que el sistema cuando se lo tonifica funciona. Y tenemos lecciones no solamente de Uruguay, en el mundo, de que la regulación, la intervención del Estado para velar por el interés general, por el ahorro público, siempre es importante para advertir, para poder estar al frente de circunstancias que pueden sobrevenir.

En cualquier caso, eso no quiere decir que se puedan evitar, el mundo está lleno de ejemplos de que siempre los negocios y los mercados van más adelante que la regulación y más rápido, por tanto no hay condiciones –ni sería deseable que así fuera– de que el Estado esté a cargo de todo. En realidad no lo está y eso es importante.

EC —El caso de Gonzalo Campomar era muy difícil de abarcar desde el Estado, era una iniciativa privada.

GO —Absolutamente. Pero creo que se generó un escenario de bajas tasas de interés donde el ahorro seguro o con bajo nivel de riesgo era poco rentable y un escenario de cierta laxitud, de cierta sensación de que estamos en un contexto donde es bueno que el negocio funcione y hay oportunidades de crecimiento de precios hacia delante que generan estos pequeños escenarios de burbujas, que creo que no están correlacionados entre sí. Pero sí ha habido una suerte de “ambiente” y un apetito de los demandantes de decir ¿dónde coloco mi dinero, cuando los depósitos no me dan y los bonos del tesoro, con Uruguay teniendo un nivel de riesgo país sustancialmente bajo, tampoco son tan atractivos?, y en medio de eso aparecieron oportunidades que aseguraban tasas de retorno muy altas.

Convengamos –es bien importante dejar esto sobre la mesa– en que los inversores privados en una economía de mercado también son responsables, cualquier persona que encuentra que el retorno para el promedio de las operaciones está en torno al 3 o 4 % en el mejor de los casos, y alguien le está garantizando operaciones de 6, 7 u 8 %, tiene que comprender que está exponiéndose a un riesgo de naturaleza totalmente distinto, por lo tanto hay una responsabilidad absolutamente del sector privado, que es quien finalmente tomó esta decisión.

La experiencia que nos dejan este tipo de situaciones es: hay algunas cosas más para hacer hacia delante para prevenir que este tipo de eventos tengan lugar porque afectan el clima. No obstante lo cual, por la información que tengo hasta ahora –que es parcial porque todavía no estamos en funciones o el presidente del Banco Central (del Uruguay, BCU) no está en funciones–, no creemos que las acciones del Estado, en particular de la regulación, hayan sido responsables de lo que ocurrió.

EC —Entonces, dos cosas. En cuanto a la afectación del clima de negocios, de la confianza…

GO —No creo que sea grave, pero es un aspecto que nos llama a estar alertas. Son un conjunto de aspectos descoordinados entre sí, de cierta importancia, no son despreciables, pero tampoco son sistémicos. No creo que en una economía de 80.000 millones de dólares esto constituya un cimbronazo sistémico, pero sí constituye una señal de alerta de que en algunos aspectos tenemos que mejorar o cambiar enfoques de la regulación y de la supervisión.

EC —En particular, ¿hay que regular los fondos ganaderos, esto que se ha llamado fondos ganaderos, que no son fondos de inversión?

GO —Entiendo que una operación como las que se desarrollaron en los últimos años en este tipo de actividades, en las que claramente hay la promesa de un retorno por la colocación de un dinero, pero el negocio subyacente está lejos y las personas que hacen la inversión no miran los contratos, no conocen los contratos o los contratos son difusos, tiene que ser mejor regulada. A pesar de que para la legislación vigente seguramente muchos de estos contratos donde había efectivamente un contrato de ganado están constituidos en la legislación nacional. Lo que pasó con este episodio nos lleva a pensar que tenemos que hacer un trabajo adicional.

EC —¿Están preparando ya reglamentación, normativa en esa materia?

GO —Esencialmente es una responsabilidad de la Superintendencia de Bancos del BCU, que tiene autonomía relativa. Me consta que es un tema que preocupa al presidente entrante del BCU, y la idea es trabajar en esa dirección.

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EC —Hemos estado recorriendo puntos que pautan la situación actual en materia económica y sobre todo algunos desafíos que pueda haber pensado en lo que a ustedes los preocupa, que la economía crezca a tasas más altas. Vamos a lo concreto.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Capaz que podemos volver sobre esas prioridades del gobierno en lo que tiene que ver con el aumento de la tasa de crecimiento. ¿Qué agenda de reformas piensa llevar adelante para lograr esa mayor tasa de crecimiento que sea distinta de lo que se hizo en los últimos años en nuestro país?

GO —Lo primero que tiene que tener una agenda de crecimiento es dejar en claro las condiciones macroeconómicas de funcionamiento. Esa es una condición absolutamente necesaria, aunque no suficiente. Quiere decir que la estabilidad macroeconómica y la vigilancia por una situación fiscal sostenible a largo plazo y por bajos niveles de inflación son elementos cruciales sobre los cuales el gobierno entrante va a seguir trabajando, va a tener una agenda concreta de aspectos a mejorar, en materia de regla fiscal, en materia del BCU de probablemente apuntar con claridad a un proceso de desinflación, de avanzar en aspectos que tienen que ver con la formación de precios en Uruguay, tanto en los contratos del sector público con el sector privado como en mecanismos de actualización de precios automáticos que tienen que ser revisados o desestimulados por la política pública.

Ahí hay toda una agenda de temas que básicamente pretenden: uno, generar condiciones de previsibilidad y sostenibilidad hacia delante, y dos, generar un ambiente para la formación de precios menos inercial, que rompa ciertas inercias, que es algo de lo que no ocurrió en este período y que es clave para avanzar en un proceso de desinflación. Si no, el riesgo que uno tiene cuando ingresa en una situación de reducción de la inflación, como ocurrió en este período, es que algunos precios se sigan formando bajo una vieja inercia que no está alineada con una inflación que está bajando y que va hacia delante en reducción, sino que está tomando en cuenta niveles de precios del pasado, lo que provoca desajustes de precios relativos que pueden afectar severamente la competitividad.

EC —¿En qué está pensando?

GO —En diversas cosas. La primera, está lleno de contratos del sector público con el sector privado con indexaciones de precios, de la mano de obra, de algunos componentes de los costos, del tipo de cambio, donde el Estado no tiene que ser garante de que ese nivel de precios acordados se sostenga a largo plazo cualquiera sea la circunstancia en la que se esté. Dicho en otras palabras, la gestión del riesgo de cambios de precios relativos tiene que estar cada vez más en manos del sector privado y no ser un seguro implícito contenido en una paramétrica que de alguna manera despeja este problema hacia delante.

Eso va a traer otro tipo de problemas, como he discutido en varias oportunidades con contratistas del sector privado, que te dicen “cuando eso ocurra voy a tener que trasladar el riesgo de cambio de precios al precio, por tanto te voy a licitar un precio mayor”, lo cual es totalmente legítimo y la competencia debería ayudar a eso. Lo que no tiene sentido es que ese riesgo de cambio de precios lo tenga enteramente el comprador, el Estado en este caso, que garantice que ese nivel de precios acordado en origen, ocurra lo que ocurra, está sostenido en el tiempo hacia delante.

RA —¿A qué tipo de contratos se refiere concretamente?

GO —Contratos de construcción, de suministro de medicamentos, cualquier contrato de suministro de largo aliento en el Estado tiene una paramétrica que garantiza ciertas condiciones. Ahí tenemos que trabajar de manera firme, cuidadosa, porque hay cambios que introducir en las licitaciones, en cómo se firman los contratos. Vamos a tener que aprender esto en el transcurso del tiempo. Es algo en lo que autoridades del BCU en este período estaban pensando, querían avanzar hacia la desdolarización –yo participé en algunas reuniones de ese tipo con el BCU–, la pregunta de los técnicos del BCU era ¿por qué motivo ustedes siguen incluyendo en sus contratos altos componentes de dolarización?, y entre varias respuestas, una era “porque el Estado también hace contratos en dólares con nosotros”. Sobre esa lógica tenemos que trabajar para poder cambiar estas inercias de precios.

Eso incluye contratos entre sector público y sector privado, incluye el intento de desestimular este tipo de prácticas entre privados –ahí el Estado no puede hacer otra cosa que simplemente advertir o promover que los contratos entre privados tengan otra naturaleza– y también incluye un tema muy relevante en la formación de precios, que es superdiscutible, que son los salarios, donde las inercias pasadas se trasladan hacia delante de manera automática. En un escenario de menor inflación tenemos que trabajar con un programa cuidadoso, probablemente aprendiendo de manera piloto, pero tenemos que trabajar. O por lo menos buscar la manera de hacerlo.

EC —Usted hizo declaraciones sobre este tema el año pasado y provocó reacciones, roces, por ejemplo con el PIT-CNT y con algunos sectores del FA.

GO —Sí, pero por ejemplo mi colega Daniel Olesker declaró públicamente en aquel momento que lo que yo planteaba tenía sentido habiendo alcanzado ciertos umbrales de inflación bajos como los que afortunadamente hoy tenemos. Con el propósito de seguirlos reduciendo y avanzar era necesario ingresar en esta discusión.

RA —Pero en aquel momento usted habló de desindexar no todos los salarios, dejaba al margen los salarios más bajos, más sumergidos, pero sí el resto.

GO —Mi idea –es algo que tenemos que conversar, por supuesto, con el Ministerio de Trabajo (MTSS) para poner sobre la mesa en las pautas salariales que van a estar presentes a partir de la negociación salarial de junio– es avanzar en esta dirección. En el universo de trabajadores probablemente no, los trabajadores de menores ingresos no, pero en el universo de otros sí, entre otras cosas para ver en esta ronda cómo nos va con esto y si podemos generalizar este tipo de prácticas. Hay que ver muy bien cuál es el diseño, cuál es el mecanismo, pero es un tema que está arriba de la mesa que al Ministerio de Economía (y Finanzas, MEF) le gustaría explorar.

RA —¿Cuánto ha hablado con el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, sobre este punto?

GO —Hemos tenido varias conversaciones con el ministro de Trabajo, en este tema ha estado presente con un titular que tenemos pendiente conversar. No nos hemos sentado todavía, no asumimos, tenemos una agenda de emergencias que es muy intensa, por lo tanto no estamos en este tema, pero a partir de marzo nos tenemos que sentar con los equipos a pensar esto. Tal vez tengamos noticias concretas para esta ronda, tal vez no, pero el MEF tiene decidida vocación de avanzar en esto.

EC —Un precio que tiene su impacto en todo esto que estamos considerando es el de los combustibles. Este gobierno introdujo algunos cambios en la política de fijación de precios de combustibles, las tarifas se están estableciendo tomando como base muy próxima la referencia de la paridad de importación. ¿Ustedes qué tienen pensado hacer en esta materia?

GO —Para nosotros es muy importante que los precios reflejen los costos. Cualquier camino que conduzca a hacer más fácil que los precios de un producto tan relevante como los combustibles efectivamente reflejen los costos es un tema central. Apartarnos de eso es retroceder muchos años en materia de formación de tarifas. Sí tenemos que ser cuidadosos en dos cosas: una es cuidar la variabilidad del precio, sabemos que en Uruguay hay agentes económicos que toman decisiones de largo plazo, por lo tanto darle cierto nivel de predictibilidad es relevante y eso hay que introducirlo en la dimensión. La combinación de estas dos cosas –el precio reflejando los costos y sus variaciones, y el cuidado cuidado para que esa variabilidad no sea extraordinaria de manera tal que haya un horizonte mínimo de visualización– es el objeto final de la política. Cómo lo vamos a hacer es parte de lo que tenemos que revisar. El gobierno saliente tenía una agenda ambiciosa en esta materia, la dejó a mitad de camino, hay muchas cosas para revisar en materia de formación de precios de los combustibles, que no solamente están dentro de la planta, sino que están fuera.

EC —De eso se habla todo el tiempo, de que una parte importante de los precios de los combustibles tiene que ver con factores posteriores a la planta, posteriores a la refinería. La cadena de distribución, etcétera.

GO —Mi aproximación al tema es la siguiente. Uruguay está lleno de arreglos institucionales, de mecanismos contractuales, algunos entre privados y otros que la política ratifica y promueve, que son típicamente heredados de una economía altamente inflacionaria, donde, a los efectos de despejar incertidumbres, cualquier acuerdo o contrato que fuera medianamente largo tenía que incluir condiciones de ajuste automático ante cambios eventuales de algún componente del precio.

EC —Es un poco lo que mencionaba recién a propósito del ajuste salarial.

GO —Exactamente. Eso está presente, en cada lugar donde hay una paramétrica esto está reflejándose. Tenemos que entender que habiendo alcanzado un umbral de inflación en torno a 6 %, habiendo reducido las expectativas de inflación 2 puntos porcentuales en este período –capítulo en el que hay que seguir trabajando, hay que apuntar a niveles de inflación más bajos–, este tema es crucial, porque esos mecanismos de protección automática tienen dos tipos de problemas. Primero, son cada vez menos útiles, cada vez menos necesarios, y a su vez son una barrera creciente para avanzar hacia niveles de desinflación mayores. Entonces tenemos que aproximarnos a este tema de manera distinta, y eso supone una innovación en la forma en que vamos a promover la negociación salarial, promover los contratos entre sector público y sector privado. En esto tenemos que aprender. ¿Lo vamos a hacer de golpe, rápidamente? No, lo vamos a hacer de manera lineal. ¿Sin retornos? Probablemente no porque tenemos que aprender. Nos vamos a equivocar, pero estamos en un escenario distinto de aquel en el que hemos estado en los últimos 40 años. Uruguay hace 20 años que no tiene una crisis económica o financiera relevante, con alteraciones de precios relativos sustantivos de manera sistémica, lo que supone que hay que empezar a razonar a nivel de la economía, tanto a nivel privado como público, de una manera distinta. Eso es lo que quereos promover.

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EC —Gabriel Oddone es economista, doctor en Historia Económica, recientemente tuvo una larga trayectoria como socio en la consultora CPA Ferrere y hoy es el ministro de Economía designado para encabezar el equipo económico a partir del 1.º de marzo en el gobierno de Yamandú Orsi.

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EC —Preguntaba recién Romina por dónde prevén empezar en esta tarea que se han impuesto de que la tasa de crecimiento de la economía aumente, suba, y suba de manera significativa. Usted elegía un capítulo.

GO —Tenemos lo macro como un elemento central con estas aristas colaterales en que tenemos que avanzar en un mejor proceso de formación de precios. Es toda un área de trabajo. Pero después tenemos que hacer un conjunto de reformas a nivel microeconómico para que el clima de inversiones y el clima de negocios estén tonificados. En titulares, primero, de hecho el equipo ha estado trabajando en ello desde hace unos cuantos meses, lo veníamos pensando, si no estábamos en el gobierno era algo que íbamos a compartir con quien estuviera y ahora que nos toca estar queremos usarlo.

Estamos trabajando en temas que tienen que ver con reevaluar los regímenes de promoción de inversiones. Hay un conjunto de cambios que tienen lugar en el mundo –el impuesto a la renta mínima global, esa agenda que es un tema en sí mismo– y otros aspectos que tienen que ver con estímulos específicos que tenemos para promover la inversión doméstica que estamos revisando de manera tal de estar seguros de que los efectos de esa renuncia fiscal efectivamente maximicen la posibilidad de hacer inversiones. O sea que donde estemos afectando en algún sentido recursos púbicos nos estemos garantizando de que el retorno en tema inversión, generación de empleo, generación de divisas es muy importante.

RA —¿Cuál sería un cambio principal en ese sentido?

GO —No queremos adelantar nada en este momento, pero estamos revisando todo lo que tiene que ver con los esquemas COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) y con los esquemas de promoción de inversiones de tipo general.

EC —Es una discusión que está pendiente desde el último gobierno del FA.

GO —Correcto.

EC —Y que recorrió este.

GO —Pero en este período de gobierno en particular tenemos un aumento extraordinario de las solicitudes de proyectos de COMAP; de hecho, hasta donde nos ha sido informado, hubo una duplicación de los proyectos COMAP presentados, pero al mismo tiempo una capacidad de no respuesta de la actual administración por desbordamiento. Por lo tanto tenemos un conjunto de proyectos que no han tenido respuesta. Tenemos que mejorar todo ese procedimiento de manera de hacerlo más ágil, más efectivo, más rápido, para que el inversor tenga menos incertidumbre respecto a los beneficios obtenidos, y a su vez estar seguros de que estamos dirigiendo los beneficios al lugar correcto. En eso estamos trabajando con un equipo desde hace unos cuantos meses, la idea es tener iniciativas al respecto a lo largo de marzo; por supuesto, no alterando reglas de juego, respetando que las decisiones que ya han sido tomadas por los empresarios se materialicen mediante los estímulos vigentes, pero pensando en cambios hacia delante. Ese es un capítulo importante.

El otro capítulo, que hemos discutido mucho con el sector empresarial y que nos parece que es un aspecto relevante, es el tema de lo que en la jerga podemos llamar un “desempapelamiento”, una desburocratización de trámites del sector público o de actividades redundantes que la regulación promueve que para el pequeño y el mediano empresario sobre todo, pero también para las grandes empresas, aspectos que complejizan su decisión en materia de negociación.

RA —En campaña se planteó mucho ese tema.

GO —Es un tema en el que también tenemos un equipo de gente trabajando desde hace bastante tiempo.

RA —¿Tienen una lista de cuestiones a desburocratizar?

GO —Esto abarca un conjunto de actividades, pero nuestro objetivo en el corto plazo, por los problemas de competitividad a los que aludíamos al principio, es concentrarnos en lo que afecta al sector exportador e importador. Hay temas que tienen que ver con autorizaciones, registros, el tratamiento de la empresa de una manera no uniforme por el Estado, de manera que el empresario tiene que recorrer distintas ventanillas, iniciar trámites y presentar documentación redundante. En esto hay consenso, me consta que el equipo económico que confrontaba con nosotros para llegar tenía ideas similares. Por lo tanto no se trata tanto de qué hacer sino de cómo hacer que estas cosas ocurran en tiempos razonables. En eso estamos trabajando, incluso con apoyo de organismos internacionales que nos están ayudando a entender este tipo de fenómenos en otras experiencias comparadas, de manera de poder avanzar muy rápidamente en seis, siete lugares. Incluso el senador (Pedro) Bordaberry me hizo llegar el otro día uno de sus proyectos relacionado con esto. Nosotros queremos poner el foco en temas del sector exportador e importador para después sí pasar a aspectos vinculados al mercado interno, que también tiene efecto. Este es un capítulo central para nosotros, en el que estamos trabajando.

Otro capítulo es la competencia. En este período de gobierno tenemos que fortalecer la institucionalidad que promueve y vigila que la competencia tenga lugar. De hecho estamos firmemente decididos a fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia. Hoy es un ámbito de dependencia estricta del MEF, pretendemos darle un estatus diferente, de mayor independencia, con mayores potestades, dotarla de mayores recursos para poder resolver temas. Tenemos sobre la mesa ya un proyecto nuevo en la industria frigorífica que hay que evaluar en tiempo razonable y para eso necesitamos tener máxima potencia técnica.

EC —Pero además, en eso que usted mencionó al pasar, mayor competencia, ¿también prevén que la comisión tenga iniciativa, que actúe por su cuenta examinando el mercado, no solo cuando recibe pedidos concretos?

GO —Exactamente, que no solamente sea reactiva ante situaciones en las cuales hay una denuncia de un particular, sino que tenga más capacidad de ser proactiva de lo que ha podido ser, promocionando investigaciones propias. La idea otra vez es favorecer el clima de negocios asegurando que en los lugares donde así tiene que ocurrir haya más competencia, más transparencia en la formación de precios, de modo de evitar prácticas colusorias que no son favorables para la formación de precios y para la eficiencia de la economía. Ese es un capítulo central en el que incluso estamos tomando en cuenta los consejos de expertos.

EC —¿Y en cuanto a la inserción internacional, que parece ser otro rubro clave?

GO —Ese es un capítulo clave para nosotros. De hecho, haber decidido mantener en la función al director de Política Comercial, el economista Juan Labraga, es una decisión muy importante; Juan es una persona muy competente, quienes lo conocen saben que es una de las personas que más saben en Uruguay de estos temas, y probablemente en la función pública quien más sabe. Tenemos ahí una visión de que tenemos que manejarnos con mucho cuidado. La visión que tenemos hoy es: el mundo gobernado por acuerdos plurilaterales, con organismos internacionales jugando un papel crucial, en principio está en pausa.

EC —Ya fue.

GO —No, diría que está en pausa.

EC —Ya fue no, pero está muy controvertido.

GO —Está cuestionado por diversos gobiernos en el mundo, que en algún sentido reflejan el estado de la opinión pública, porque esos gobiernos llegaron a la función porque las clases medias de muchos de esos países están muy descontentas con la deriva de la globalización, incluso visualizan un exceso de burocratización de este formato de la globalización, con una “casta” que se habría enquistado en organismos internacionales. Eso lo tenemos que ver. ¿Qué quiere decir eso para Uruguay, país pequeño, tres millones de habitantes? Entender dos cosas. Una es que las prácticas proteccionistas o las prácticas de vigilancia de comercio van a ser mucho más frecuentes. Segundo, que los temas de aspecto geopolítico van a dominar mucho más las relaciones comerciales, y que a su vez formar parte de una cadena de suministros o de negocios es mucho más relevante que tener un tratado de libre comercio en el mundo en el que nos imaginamos. Entonces se supone que no tenemos que dejar de hacer muchas de las cosas que venimos haciendo, pero sumar aspectos de este tipo con acuerdos de tipo más bilateral.

EC —¿Ese diagnóstico cambió después del 20 de enero? ¿El triunfo de Donald Trump y lo que viene siendo su gestión en apenas un mes, esa locomotora Trump, implicaron un agravamiento, un escenario más complejo en eso que ustedes veían?

GO —Creo que reafirma al menos dos cosas. En primer lugar, la pertenencia al Mercosur, por más que tiene un conjunto de dificultades, es algo positivo. En este mundo en el que estamos contar con un paraguas como es el Mercosur es bien relevante. En este mundo en el que nos movemos estar a la intemperie puede ser algo mucho más complejo. El problema es cómo hacemos que el Mercosur tenga una coherencia interna cuando las visiones políticas de los gobiernos que forman parte, sobre todo los grandes, no necesariamente son convergentes. Eso nos preocupa y en eso queremos trabajar.

Segundo, teneos que tener claro que la Unión Europea en este escenario geopolítico nuevo tiene un desafío enorme porque la Alianza del Atlántico está cambiando drásticamente. Lo que estamos viendo que ocurre en Rusia en este momento es un elemento central; eso quiere decir, en mi opinión, que Europa va a mirar con una aproximación diferente a América Latina. Tenemos este tratado incipiente sobre la mesa y creo que hay alguna oportunidad en los próximos meses de que esta crisis nos dé para precipitar algún avance. Por eso con el canciller Mario Lubetkin vamos a ponerle foco al tema Unión Europea.

No tenemos que perder de vista que China sigue siendo nuestro socio comercial y por tanto tenemos que tener mucha actividad decididamente orientada a mejorar nuestro acceso. Y tenemos que estar expectantes para entender un poco mejor todavía cómo se mueven las fichas en este tablero geopolítico que todavía genera, en mi opinión, mucha incertidumbre, entre otras cosas por la velocidad en la que transcurren los acontecimientos y por la probabilidad de que se asienten estos cambios. Estamos ante una agenda vertiginosa y la duda es cuán probable es que estos cambios efectivamente sean un cambio de era o que algunas de estas cosas sean un poco […].

EC —Por ejemplo, los aranceles, la herramienta de los aranceles como amenaza, como elemento que utiliza el gobierno de Trump para buscar determinados cambios en la relación con los países. Todavía no sabemos en qué medida se van a consolidar esos nuevos aranceles.

GO —No sabemos eso, lo que sabemos es que si ese camino va hacia delante Brasil tiene un tema con el hierro, tiene una alta exposición al comercio con Estados Unidos, 12 % de sus exportaciones están orientadas a Estados Unidos, por lo tanto se va a ver severamente afectado y habrá que ver cómo reacciona ante esto nuestro socio comercial.

Frente a Uruguay hay tres sectores relevantes, que son la madera, el citrus, la carne. En principio no tenemos superávit comercial favorable, por eso en ese sentido no estamos en la primera lista de países elegidos, vamos a poder volar bajo el radar, pero va a haber que ver qué tipo de consideraciones se toman en materia arancelaria de lo que tenemos introducido en nuestra estructura para evaluarlo. Son todas cosas que estamos evaluando con mi colega y amigo Juan Labraga para tener una composición de lugar mejor de cómo nos movemos, pero es un capítulo central, en el cual tenemos que ayudar al sector empresarial aportándole información y dándole guías de cómo moverse en este nuevo mundo, que aparentemente está cambiando muy rápidamente.

***

EC —Ingresamos en la parte más “numérica”.

RA —Hablemos de algunos de los principales indicadores que va a heredar la nueva administración. Como punto de partida podemos utilizar la evaluación que hizo la actual ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el 12 de febrero.

El déficit fiscal estructural de la Administración Central, el que depura las cifras de elementos cíclicos y extraordinarios, cerró 2024 en 3,7 % del PIB (producto bruto interno), cuando se estima que cinco años atrás –decía Arbeleche– era de 4,5 % del PIB. Y aclaró que esa mejora de 0,8 puntos porcentuales representa una reducción de 640 millones de dólares en el déficit fiscal estructural. ¿Su evaluación de la situación fiscal que deja este gobierno es similar?, ¿coincide con el encare que hizo la ministra?

GO —No, definitivamente no. En primer lugar, quiero ser preciso en lo siguiente: que la regla fiscal aprobada por la LUC haya introducido, a los efectos de establecer metas y de rendir cuentas, la medición del resultado fiscal estructural es un avance, es una contribución sobre la cual queremos seguir trabajando pero que tiene problemas. En primer lugar, depende crucialmente de una estimación del producto potencial, el crecimiento tendencial de la economía. Para que tengamos una idea, en este período la estimación del producto tendencial divulgada cambió tres veces en una medida que no debería cambiar de manera habitual. Tenemos un problema con la métrica de lo que gira alrededor del resultado estructural, lo cual era esperable en un país que no tenía experiencia en esto, donde la profesión tiene que empezar a estimar mejor esto y demás.

Eso me lleva a subrayar que no vamos a cambiar esta mirada, vamos a enfatizar esta mirada, vamos a mejorar la regla fiscal y vamos a fortalecer este proceso, pero por ahora, como esto es un número medio quimérico, no vamos a centrar la discusión en eso. Nosotros vamos a dar el resultado efectivo, el registrado. Y quiero decirles que la situación fiscal que este país recibe, por donde la miremos, es algo más negativa que la que había en 2019.

EC —Más negativa…

GO —Algo más negativa que la que había en 2019, pero en un escenario internacional distinto. Doy algunas cifras: tenemos más presión tributaria…

RA —Eso es todo contrario de lo que señaló la ministra el otro día.

GO —Por eso, es parte del tema. Tenemos más presión tributaria que hace cinco años; estrictamente, los ingresos primarios del gobierno central y BPS son 1,5 puntos porcentuales más que los que había en el período anterior, y este crecimiento que tuvo lugar en este período fue el doble de lo que crecieron en el período anterior 2014-2019.

EC —¿En cuánto está la presión fiscal?

GO —Por encima de 31 %. Medida por el gasto estamos hablando de 31 % del PIB. Los egresos aumentaron en casi 1 punto porcentual del PIB, eso es 800 millones de dólares. O sea que tenemos más gastos que los que había. Y el resultado fiscal, grosso modo, es esencialmente el mismo. El resultado fiscal del sector público consolidado, esto es del conjunto del sector público, era de 4,3 en 2019 y hoy es de 4,1, esencialmente es el mismo.

Cuando uno mira el perímetro de lo que la regla fiscal puso sobre la mesa en el gobierno central y BPS, el déficit fiscal en 2019 era de 3,9 y hoy es de 3,4, habría habido una mejora de 5 décimos. Pero si le incorporo algunos aspectos de naturaleza transitoria, que claramente están sobre la mesa, como el adelanto de impuestos de las empresas públicas, como el diferimiento de algunos pagos y el diferimiento de pagos a proveedores, estaríamos en un déficit, según nuestras estimaciones oficiosas, del orden de 4 %.

O sea que la conclusión es: tenemos por un lado el mismo resultado fiscal, tal vez un poquito mejor en gobierno central y BPS, más gasto público, más presión fiscal y a su vez una deuda pública que creció casi 10 puntos.

Admito que hay atenuantes para esto. El evento de la pandemia efectivamente está detrás de esto, pero en ningún caso se puede decir que el mandato que este gobierno saliente recibió en 2019, que era provocar una fuerte reducción del déficit fiscal y una reducción del peso del Estado, se cumplió. Eso no está cumplido y es importante que lo tengamos presente.

¿Eso nos lleva a que la situación es dramática? En absoluto, es una situación compleja, pero manejable. Por varias razones. Primero, porque no tenemos una presión en materia de calendario de vencimientos; segundo, porque Uruguay está en condiciones de enjugar esta situación fiscal con crecimiento rápidamente, y a su vez también es cierto, porque el mundo hoy –eso sí es cierto con relación a lo que la administración saliente enfrentaba en 2019– presiona menos que en 2019.

EC —¿Es más tolerante?

GO —En el 2019 en nuestro grupo de pares de calificación éramos el peor de la clase, teníamos seguramente los peores resultados en términos de riesgos financieros para el país. Hoy no lo somos porque todos esos países empeoraron durante la pandemia, algo que Uruguay no hizo de manera dramática.

EC —Pero la ministra destaca que lo que ocurrió fue que mejoró la calificación de la deuda.

GO —Sí, sí, por supuesto. El hecho concreto es que la calificación mejoró, tenemos un riesgo país menor que el que teníamos, hay un excelente manejo de la gestión de la deuda. En términos relativos, no lo hicimos peor que otros y esa es la razón por la que mejoramos, pero en términos absolutos la situación fiscal es peor que la que teníamos.

Pero déjenme decirles solamente una cosa que me parece importante subrayar. En el último año –la analista colega Tamara Schandy lo recalcó el otro día– presenciamos la vigencia y la total presencia del ciclo fiscal electoral. Tuvimos un deterioro del resultado fiscal a lo largo del último año de casi 1 punto porcentual, en línea con lo que es la historia de Uruguay.

RA —Se murió la regla.

GO —¿Qué nos dice esto? Que si bien hay una regla fiscal que introdujo mejoras en la institucionalidad fiscal a los efectos de gestionar las finanzas públicas, todavía nos falta mucho por hacer y esa es la razón por la que queremos seguir mejorando la regla fiscal, de manera de amortiguar este tipo de fenómenos como es el comportamiento del ciclo electoral. No lo vamos a evitar, ocurre en muchos lugares del mundo, es parte de la lógica política que los países tengan desvíos de su situación fiscal en años electorales. Lo que pasa es que en Uruguay es demasiado marcado y en un país donde la situación fiscal es la base de la estabilidad macroeconómica es algo que tenemos que moderar y por lo cual queremos trabajar a lo largo de este período.

RA —Hecho este análisis, ¿con qué margen se va a manejar este gobierno, con qué capacidad de acción? Porque yendo a lo práctico, más allá de estos números globales de la macroeconomía, la gente puede preguntarse con qué situación, con qué panorama cuenta el gobierno para poder llevar a cabo aquellas cosas que se propone llevar a cabo, efectivamente concretarlas y que no queden solo en anuncios.

GO —Yo diría lo siguiente como titular: la situación fiscal no es holgada, pero es manejable. Primer asunto, no hay ningún elemento por el cual preocuparnos. Lo que no quiere decir que no tengamos un 2025, que es un año de discusión del presupuesto, con restricciones. Necesitamos asumir y tener todos los números arriba de la mesa, porque tenemos información oficiosa, a partir de los intercambios de los equipos de transición que están teniendo lugar, de que a lo largo de esta última etapa del año 2024 han tenido lugar una serie de diferimientos de pagos. Lo vemos en ASSE, lo hemos visto en CND (Corporación Nacional para el Desarrollo), lo vimos en el tema del ferrocarril. Este tema fue reconocido por las autoridades salientes en la reunión que ayer tuvo lugar, en la que yo no pude participar, entre el equipo económico entrante y el saliente. Efectivamente hay algunos aspectos que no están adecuadamente contabilizados sobre cuál es la magnitud de estos diferimientos.

RA —No están contabilizados adecuadamente, o sea, no tienen idea de con qué panorama se van a encontrar.

GO —No tienen idea, tienen algunas previsiones respecto a este desvío, pero nosotros entendemos que por los números que hemos manejado de manera oficiosa las previsiones del MEF subestiman los montos de lo que efectivamente hay aquí. En una magnitud superlativa no, pero en una magnitud que hay que mirar. Entonces, para darte una respuesta de cuál es la restricción efectiva que vamos a enfrentar en 2025, tenemos que asumir y tenemos que tenerlo claro.

EC —La ministra dijo, contundentemente, en su presentación del 12: “No es necesario un ajuste fiscal, los números fiscales de este año van a mejorar incluso”.

GO —Nosotros no tenemos información que nos permita afirmar que vamos a hacer un ajuste fiscal. Nuestra idea es que no precisamos hacer un ajuste fiscal.

RA —En eso coincide.

GO —Lo dijimos en campaña siempre y la información que tenemos hasta el presente nos dice que no hay ninguna urgencia ni ninguna necesidad de tomar medidas de lo que habitualmente se llama ajuste fiscal.

EC —Usted había hablado de “consolidación fiscal”.

GO —Claro, pero déjeme decir esto con cuidado. Hay una suerte de magnificación de esta discusión, es algo así como “yo dejé las cosas de tal manera que no hay necesidad alguna de hacer un ajuste fiscal, si lo hacen –que es una atribución que nos hacen desde hace mucho tiempo– será por decisión propia de los que vienen”. La campaña ya terminó, hoy el gobierno entrante somos nosotros y creo que ha llegado el momento en que cada uno tiene que llamarse al lugar en el que está. El otro día les decía a unos compañeros que en este mundo es muy importante saber perder, pero más importante es saber ganar. Esa es la razón por la que no voy a hacer ese tipo de afirmaciones que intentan condicionar lo que vamos a hacer. Me voy a referir estrictamente a lo que tengo por delante, que es la situación fiscal. Para conocerla en su cabalidad el equipo económico la va a tener el 1.º de marzo.

Entiendo, por la información que tenemos, que no hay necesidad alguna de hacer lo que en Uruguay se llama un ajuste fiscal, que es un recorte draconiano de gastos o introducir topes a la ejecución o generar aumentos impositivos. Lo que no quiere decir que, con esta situación fiscal, la relación deuda-PIB a largo plazo no esté en trayectoria creciente, que era el mandato que este gobierno tenía. El mandato que este gobierno tenía era converger a un resultado fiscal que impidiera que la deuda tendencialmente creciera. Esa era la discusión del ajuste de los 800 millones de dólares que pusieron sobre la mesa en 2019. Eso no ocurrió, quiere decir que ese capítulo sigue estando abierto.

¿Cómo lo vamos a encarar? Fuertemente apostando a que la economía pase a consolidar una tasa de crecimiento en torno a 2-2,5 % durante el quinquenio, de manera tal que la recaudación nos permita tener mayores ingresos, de forma que el resultado fiscal mejore de modo tendencial. Eso nos tiene que llevar a ser muy cuidadosos en materia de gasto, no tenemos una canilla abierta para aumentar gasto, pero como tenemos muchas obligaciones y muchas demandas legítimas provenientes de la sociedad y de nuestros compañeros del Poder Ejecutivo, vamos a tener que ingeniárnosla, y ese es el trabajo del MEF, encontrar los espacios para conciliar esta necesidad de más gasto con la falta de recursos. Eso va a suponer redistribuciones de recursos. Vamos a tener que identificar muy bien dónde estamos haciendo gastos redundantes, innecesarios, revisarlos, y dónde tenemos que poner el foco. Vamos a tener que decidir políticamente qué es prioritario para esta administración, cuyo mandato es claramente la matriz de protección social, los niños como elemento central, y a partir de eso diseñar las prioridades del espacio fiscal que vamos a tener que establecer de cara al presupuesto que tenemos que presentar al Parlamento el 31 de agosto.

EC —Redistribución de gastos. Ese concepto, que usted mismo manejó, el de la consolidación fiscal, ¿dónde entraría, qué significaría?

GO —Como no puede ser de otra manera, como todos los equipos económicos, vamos a armar una programación macroeconómica, para elaborar nuestro presupuesto vamos a tener que armar una programación macro de los cinco años, vamos a tener un programa financiero que de alguna manera va a establecer los recursos necesarios al respecto. En esa programación macro vamos a prever un crecimiento y una evolución del gasto, restrictiva por las condiciones que decía antes, y al final del período vamos a tener una meta de resultado fiscal mejorado. Queremos incorporar a la regla fiscal el concepto de deuda prudente. Ese nivel de deuda va a ser al que vamos a llegar como meta y a partir de eso hay un resultado fiscal asociado a ese nivel de deuda al que quereos aposta. Ese resultado fiscal es al que apuntamos con la consolidación fiscal y todas las decisiones en materia de egresos e ingresos del Estado van a estar asociadas o van a ser consistentes con eso.

EC —¿Eso […] consolidación fiscal?

GO —La consolidación fiscal va a hacer que al final del período vamos a tener un resultado fiscal mejor que el que tenemos hoy, simplemente por el hecho de que la economía va a haber generado más recursos para las arcas del Estado.

EC —Seamos bien directos: ¿aumento de impuestos?

GO —No está en el horizonte de nuestro gobierno hacerlo, no es necesario hacerlo, la presión fiscal es elevada. Esto no quiere decir que, dos cosas: una, que una circunstancia sobreviniente, inesperada, nos obligue a hacerlo, o dos, que no tengamos que tomar decisiones de cambios tributarios que en algunos casos supongan rebajas y en otros, aumentos. Eso no lo tenemos en el horizonte, no forma parte de las prioridades, no es nuestra preocupación central, pero no lo podemos descartar. Esa es básicamente nuestra actitud. Pero no es algo en lo que estamos trabajando ni en lo que estamos pensando para el presupuesto quinquenal del año 2025 con la información que tenemos hoy.

EC —¿Quedó algo importante por explorar a partir de este cuestionario?

GO —Dos titulares. Cuando hablamos de la mejora de los incentivos al crecimiento un capítulo central es que vamos a crear una secretaría de ciencia, tecnología e innovación en Presidencia para coordinar todas las agencias. El capítulo de conectar mejor la innovación, la ciencia y la tecnología mediante estímulos COMAP es un capítulo central. El otro capítulo es la inflación, nuestro objetivo es apuntar a una reducción de la tasa de inflación, pero de manera de no tener efectos colaterales tan severos, lo cual supone trabajar de forma muy coordinada entre el BCU y el MEF.

RA —El rango meta hoy en día está entre 3 y 6 %. ¿El nuevo gobierno va a apuntar al centro del rango meta, por decir una cifra?

GO —Esta es una respuesta que preferiría que diera el presidente del BCU. Así queremos trabajar, la responsabilidad de la política monetaria y de la tasa de inflación es del presidente del BCU. Mi aspiración es que apuntemos al centro del rango meta. Esa es mi vocación, con el cuidado, pero insisto, es materia del BCU.

RA —Estamos hablando de una inflación de 4,5 %. ¿Podemos pensar en Uruguay en 4,5 %?

GO —Sí, podemos pensar. Nosotros queremos trabajar en esa dirección y el presidente del BCU está totalmente alineado con esta visión. De hecho, él va a poder responderles preguntas seguramente cuando lo entrevisten, pero ese es nuestro objetivo.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

Audio y video de la entrevista en este link.

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EMILIANO COTELO (EC): Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer el dato de resultado fiscal correspondiente al mes de abril. En concreto, el déficit fiscal del sector público consolidado se ubicó en el año móvil cerrado a abril en 3,6% del PBI. De este modo, el desequilibro de las cuentas públicas muestra un deterioro de más de un punto del PBI respecto al mínimo registrado en setiembre del año pasado.

Aprovechando este nuevo dato, les proponemos dedicar el espacio de análisis económico de hoy a analizar la desmejora en la situación fiscal y discutir las perspectivas que se manejan para los próximos meses. Para esto, estamos en contacto en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, de Exante.

Para darle un poco de contexto a la audiencia, ¿podemos hacer un repaso general de cómo ha venido evolucionando el déficit fiscal en el último tiempo?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Perfecto. En primer lugar, aclaro que vamos a estar comentando siempre cifras corregidas por el efecto de los llamados “cincuentones”. Es decir, que excluimos los ingresos que corresponden al Fideicomiso de la Seguridad Social, que se creó para recibir los fondos de aquellas personas que decidieron desafiliarse de las AFAPs y retornar a la órbita del BPS.

En ese sentido, el déficit del sector público consolidado cerró 2022 en 3,4% del PBI. Eso había significado una mejora de más de medio punto del PBI respecto a lo que había sido el cierre de 2021 y marcaba niveles mínimos de déficit fiscal en la comparación con los últimos años.

Sin embargo, la última vez que discutimos sobre este tema con ustedes ya habíamos advertido que más allá de esa mejora en el conjunto del año, en los últimos meses de 2022 se había comenzado a registrar una cierta reversión.

En particular, en setiembre se había alcanzado un mínimo de 2,5% del PBI y desde allí la tónica fue más bien de un deterioro de esta variable, hasta llegar a este último dato de abril con un déficit de 3,6% del PBI.

EC: ¿Cuáles son los factores que explican la desmejora de las cuentas públicas en este último semestre?

LM: Sobre este punto, es importante señalar que hay factores tanto del lado de los ingresos, como de los egresos que explican la desmejora de más de un punto del PBI que registramos en los últimos meses.

En el primer caso, tenemos una reducción fuerte de los ingresos del Gobierno Central. En concreto, la caída fue de 0,5% del PBI respecto al dato de setiembre, resultante de una reducción de una décima del PBI en la recaudación neta de la DGI, otra décima por concepto de menores ingresos por Comercio Exterior y tres décimas adicionales por una menor recaudación de “otros ingresos”.

Esto está parcialmente mitigado por el crecimiento que exhibió la recaudación del BPS en ese período (que fue del orden de las dos décimas del PBI).

EC: ¿Y por el lado de los egresos?

LM: Saliendo de los ingresos, el segundo factor principal que está actuando sobre el déficit fiscal es la suba que está registrando el gasto primario corriente del Gobierno Central y el BPS (es decir, antes de intereses y de inversiones). En particular, destaca la suba de 0,3% del PBI que exhibieron las transferencias desde setiembre.

Más allá de este rubro, también hay que destacar que en lo que va del año, otras partidas como las remuneraciones, las pasividades y los gastos de funcionamiento (excluyendo los egresos asociados al Fondo Covid) también vienen mostrando subas importantes en términos reales.

Por fuera de esto, también estuvimos viendo un crecimiento muy importante de la partida de inversiones del Gobierno Central. En particular y si comparamos con el dato de setiembre, se registra un incremento de medio punto del PBI en egresos por este concepto. Ese crecimiento fue especialmente marcado en el último trimestre del año pasado, en el que el monto invertido más que se duplicó respecto al mismo período de 2021. Por su parte y más allá de una moderación en el comienzo de 2023, este rubro continuó subiendo en los meses más recientes. En concreto, en los primeros cuatros meses del año venimos con un aumento de las inversiones de más de 20% en términos reales frente al primer cuatrimestre de 2022.

EC: Queda claro. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que manejan en Exante para los próximos meses? ¿Esta desmejora reciente implica un riesgo de incumplimiento de la meta de déficit fiscal dispuesta por el gobierno para este año?

LM: A ver, vayamos por partes. En primer lugar, hay que marcar que a fines de este mes el gobierno presentará una nueva Rendición de Cuentas al Parlamento y actualizará la programación macroeconómica para los próximos años.

Habiendo hecho esa aclaración, lo que hoy está vigente, es la referencia incluida en la Rendición de Cuentas presentada a mediados del año pasado de un déficit fiscal de 2,7% del PBI para el cierre de 2023.

Cumplir con esa referencia indicativa implicaría una mejora de casi un punto del PBI respecto a los niveles actuales y volver, por ende, a niveles similares a los que teníamos en setiembre.

Un elemento que puede actuar a favor del logro de la meta es el hecho de que aún quedan 0,4% del PBI de gastos netos asociados al Fondo Covid, que no se repetirían en los próximos meses y cuya salida de la medición doce meses puede contribuir a una mejora del resultado fiscal.

Sin embargo, también hay varios elementos que constituyen riesgos muy importantes para la consecución de ese objetivo.

EC: ¿Podemos repasar esos elementos de riesgo?

LM: Por un lado, el salario real mostraría una suba en el promedio de este año, tras tres años consecutivos de caída en dicha medición, lo que impulsaría un incremento de la carga de remuneraciones del gobierno.

Además y como comentamos antes, las transferencias y las inversiones, así como los restantes componentes del gasto público primario tendieron a registrar subas importantes en el último período. En la nueva institucionalidad fiscal está previsto que el gasto primario total no debe subir más que el ritmo tendencial del PBI (que está en el eje de 2%). Cumplir esa regla en este nuevo contexto y en la medida en que se aproxima el año electoral va a ser desafiante.

Por otro lado, tenemos todo lo que es el tema de la sequía y los efectos colaterales que sigue generando. Por un lado, en el plano energético, esta situación ha llevado a que no solo no se está exportando energía eléctrica, sino que se ha importado desde los países vecinos. Por otra parte, es probable que puedan existir gastos o inversiones de OSE que sean mayores a las previstas para solventar las complicaciones actuales en el abastecimiento de agua potable.

Todo esto implica efectos no previstos en la dinámica presupuestal original y son factores que pueden tensionar el cumplimiento de las metas fiscales en el corto plazo.

EC: Más allá del desafío que implica, la última vez que hablamos sobre este tema plantearon que es fundamental que Uruguay siga mostrando buenos indicadores en materia fiscal.

LM: Exacto, y esto es importante más allá de que como hablamos hace un par de semanas, estamos en un contexto en el que Uruguay está siendo bien ponderado por los mercados internacionales, por las agencias calificadoras de riesgo y por los organismos multilaterales.

En ese sentido, es bien importante que se siga trabajando en mantener y mejorar esos conceptos. De hecho, un elemento que repitieron varios de los informes internacionales que se fueron conociendo en las últimas semanas es la necesidad de que Uruguay no solo mantenga el marco fiscal que adoptó en los últimos años, sino que pueda incorporar también mejoras adicionales en ese rubro.

Por lo tanto, será importante continuar monitoreando la situación fiscal en los próximos meses, en la antesala de lo que será la última Rendición de Cuentas en la que el actual gobierno puede decidir incrementos adicionales del gasto público.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

EMILIANO COTELO (EC): La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas divulgó los datos del resultado fiscal del sector público consolidado correspondientes al mes de diciembre.

En concreto, el déficit de las cuentas públicas se ubicó al cierre de 2022 en 3,4% del PBI, pautando una mejora cercana a 1% del PBI respecto al cierre de 2021.

¿Qué factores estuvieron detrás de la caída del déficit fiscal el año pasado? ¿Cómo se compara ese 3,4% del PBI con las proyecciones que tenía inicialmente el gobierno? ¿Qué perspectivas se manejan en el frente fiscal para los próximos meses? Lo discutimos en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, de Exante.

¿Te parece si empezamos repasando los elementos más destacados de este dato fiscal de diciembre?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Perfecto. Como bien comentabas, el déficit del sector público consolidado cerró 2022 en 3,4% del PBI. Como es habitual, aclaro que vamos a estar comentando siempre cifras corregidas por el efecto de los llamados “cincuentones”. Es decir, que excluimos los ingresos que corresponden al Fideicomiso de la Seguridad Social, que se creó para recibir los fondos de aquellas personas que decidieron desafiliarse de las AFAPs y retornar a la órbita del BPS.

Volviendo al dato en concreto, este déficit de 3,4% del PBI representa una mejora de 0,7% del PBI respecto a lo que había sido el cierre del año previo (que fue de 4,1% del PBI) y marca el menor déficit al cierre de un año desde 2017.

Como otro elemento positivo, estas cifras marcan un nuevo cumplimiento de las metas fiscales que se había propuesto el gobierno en la última Rendición de Cuentas presentada a mediados del año pasado. En concreto, en aquella oportunidad el gobierno había establecido un objetivo de déficit fiscal de 3,5% del PBI para 2022, levemente por encima de la cifra que se terminó registrando. De esa forma, el gobierno consiguió cumplir por tercer año consecutivo con las metas fiscales propuestas.

Habiendo dicho eso, es importante advertir también que en el último trimestre tendió a observarse un deterioro significativo de las cuentas públicas. De hecho, en setiembre el déficit llegó a niveles de 2,6% del PBI, por lo que en los últimos tres meses del año el deterioro fue de casi un punto del PBI.

EC: Vayamos por partes, empecemos con la perspectiva anual. ¿Qué factores estuvieron detrás de esta nueva caída del déficit respecto a 2021?

LM: Diría que el elemento más saliente es la reducción del gasto en porcentaje del PBI. Específicamente siguió bajando el gasto primario corriente de la Administración Central en relación al PBI (esto es, el gasto consolidado del Gobierno Central y el BPS antes de inversiones e intereses). También bajó la carga de intereses del sector público en relación al PBI.

Esos factores juntos representan una reducción de gasto de aproximadamente 2 puntos del PBI y más que compensaron el deterioro de algunos otros componentes del resultado fiscal. De hecho, el año pasado bajó la contribución de las empresas públicas al resultado fiscal, los ingresos del Gobierno Central subieron menos que el PBI y las inversiones del sector público, que venían siendo una palanca relevante de ajuste, subieron de manera significativa.

EC: ¿Podemos repasar en qué partidas se dieron esos ajustes de gasto?

LM: Sí, claro. La no repetición de algunos gastos relacionados con la pandemia fue clave.

Sobre el primer elemento que comentaba recién, el recorte de los gastos primarios corrientes fue de más de 1,5% del PBI. De esa cifra, casi un punto del PBI correspondió a los gastos de funcionamiento y las transferencias y se explica fundamentalmente por el cese de gastos asociados a la contención de la pandemia (englobados en el llamado Fondo Covid). De hecho, si excluimos los egresos asociados al Fondo COVID, la conclusión cambia. Bajo esa mirada, los gastos de funcionamiento y las transferencias mostraron un crecimiento real de más de 6% el año pasado, lo que equivale a tres décimas del PBI entre ambos.

Igual, lo relativo a la pandemia no es el único factor de descenso del gasto en relación al PBI. Las pasividades y las remuneraciones, que no están impactadas por el Fondo Covid, también exhibieron una caída importante en relación al PBI. En este caso, esto se dio en el marco de una inflación más alta a la prevista por el gobierno para el año pasado, que llevó a una licuación de estas partidas en términos reales.

Por otro lado, la carga de intereses del sector público se redujo en casi medio punto del PBI, a instancias de un descenso de los intereses pagados por el Banco Central. Si bien subieron las tasas de interés a lo largo del año pasado, el stock de letras de regulación monetaria en circulación fue menor que en 2021. Básicamente la cantidad disminuyó más que lo que fue el aumento del costo de esa deuda.

EC: Queda claro por dónde pasó la mejora que vimos en el conjunto de 2022. Pongamos el foco ahora en la mirada más reciente. Decías antes que el déficit tocó un mínimo de 2,6% del PBI de setiembre. ¿Cómo se explica el deterioro del último tramo del año?

LM: Ahí básicamente hubo tres factores impactando de forma simultánea.

Por un lado, se dio una caída relevante de los ingresos de la Administración Central, de unas cuatro décimas del PBI. Esto obedeció a un desempeño pobre de la recaudación de la DGI y a una menor distribución de utilidades del BROU respecto a lo que se había registrado en el último tramo de 2021.

Asimismo y como decía hace unos minutos, las inversiones del Gobierno Central mostraron un crecimiento muy importante, que estuvo concentrado fundamentalmente en el último trimestre del año. Ahí tuvimos un incremento de otras cuatro décimas del PBI, lo que también deterioró el resultado. Sobre este punto, vale marcar que las inversiones venían en niveles bajísimos en términos históricos, que probablemente no eran sostenibles.

Finalmente, hubo una menor contribución de las empresas públicas, que justamente se hizo más visible en los últimos tres meses del año. Vale recordar que UTE había tenido sobre el final de 2021 ganancias extraordinarias por ventas récord de energía eléctrica a Brasil. El año pasado Uruguay también exportó energía, pero en menor cuantía.

EC: Para ir cerrando, ¿qué perspectivas manejan en Exante en relación al panorama fiscal para los próximos meses?

LM: Varios comentarios al respecto:

El gobierno viene manejando hasta ahora una proyección de déficit fiscal de 2,7% del PBI para este año, lo que implicaría un escalón de mejora adicional respecto al 3,4% del PBI que vimos en 2022.

El tema de los gastos del Fondo Covid va a seguir ayudando al resultado fiscal. Actualmente el déficit global todavía recoge egresos por “efecto Covid” del orden de 0,5% del PBI, que sería esperable que se vayan diluyendo en la medición de año móviles.

Dicho eso, en Exante pensamos que el objetivo de bajar el déficit a 2,7% del PBI es muy desafiante. Recordemos que está previsto que el salario real suba este año, lo que aumentaría la carga de remuneraciones. Además y como comentamos antes, los gastos de funcionamiento, las transferencias y las inversiones tendieron a registrar subas importantes en el último trimestre del año pasado. En la nueva institucionalidad fiscal está previsto que el gasto primario total no debe subir más que el ritmo tendencial del PBI (que está en el eje de 2%). Cumplir esa regla en este nuevo contexto y en la medida en que se aproxima el año electoral va a ser desafiante.

Por otro lado, la sequía puede sumar efectos no previstos en la dinámica presupuestal original. En estos últimos meses no solo no se está exportando energía eléctrica, sino que incluso en los últimos días se comenzó a importar desde Brasil. Hay que ver también cómo evoluciona el mix de generación local, porque el uso de centrales térmicas es más caro que la generación hidroeléctrica en las represas.

Asimismo, habrá que esperar a ver qué sucede con el recorte de impuestos que ha puesto sobre la mesa el gobierno. Sabemos que muy seguramente se verificó el crecimiento del PBI de 2022 puesto como condición por las autoridades para esta decisión (más de 3,8%), pero resta ver cuál es la magnitud del recorte de IRPF e IASS que se termina decidiendo.

A mediados de febrero el MEF va a hacer una presentación de los últimos resultados fiscales, va a compartir sus mediciones de resultado fiscal ajustado por ciclo y eventualmente podría revisar algunas proyecciones. A nuestro juicio, va a ser una instancia importante para evaluar cuán transitorio o permanente pueda ser el deterioro fiscal de los últimos meses.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

EMILIANO COTELO (EC):
La semana pasada, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anunció en conferencia de prensa que el gobierno cumplió con holgura todas las metas fiscales que se había trazado para 2021, incluyendo una reducción del déficit estructural de la administración central equivalente a 1,8% del PIB.

A su vez, el Consejo Fiscal Asesor emitió formalmente el lunes su primer informe en calidad de “observador y revisor” de los cálculos del Ministerio de Economía.

¿Cómo está funcionando esta nueva “institucionalidad fiscal”? ¿Qué balance puede hacerse del ajuste fiscal que llevó adelante el gobierno en los últimos dos años? ¿Qué desafíos quedan pendientes para la segunda parte de esta administración? Les proponemos conversarlo con la economista Tamara Schandy, socia de Exante.

ROMINA ANDRIOLI (RA): Te propongo comenzar con un breve repaso de cómo funciona la regla fiscal que implementó este gobierno y qué rol juega el Consejo Fiscal Asesor en la “nueva institucionalidad fiscal”, como la llama habitualmente el equipo económico.

TAMARA SCHANDY (TS):
Muy bien. Empecemos por lo más básico. En términos simples, una regla fiscal es una restricción para la política fiscal. Busca limitar la discrecionalidad del gobierno para implementar cambios en la política fiscal. Generalmente, se busca evitar que los gobiernos gasten en exceso en las fases altas del ciclo económico y dejen a los gobiernos siguientes la tarea de hacer ajustes.

En el mundo hay reglas fiscales bastante diversas. En nuestro país, la regla fiscal quedó establecida en la Ley de Urgente Consideración y tiene tres componentes: (1) un tope para el endeudamiento que puede tomar el gobierno, (2) un tope para el ritmo al que puede crecer el gasto de la administración central y (3) una meta de resultado fiscal estructural, concepto sobre el que luego podemos ahondar un poco más.

El pilar del tope de endeudamiento es bastante sencillo de medir y controlar, pero los otros dos dependen de algunos cálculos técnicos. Justamente a raíz de esa complejidad es que la implementación de la regla en Uruguay vino acompañada de la creación de dos nuevas instituciones: el Consejo Fiscal Asesor y el llamado Comité de Expertos.

El Consejo Fiscal Asesor es un órgano técnico, que está integrado por tres economistas independientes (actualmente Alfonso Capurro, Aldo Lema y Ana Fostel), que tiene que velar porque el MEF mida bien el cumplimiento de las metas y, en particular, que haga bien sus cálculos de resultado estructural. Justamente el lunes emitió su primer informe en ese sentido, como recién adelantaba Emiliano.

El Comité de Expertos, por otro lado, también es un órgano técnico, que tiene una integración más amplia (hoy tiene 11 representantes de las universidades y de firmas consultoras, entre las que está Exante) y que tiene la responsabilidad de proporcionar al MEF los insumos para realizar los cálculos.

RA – Avancemos por partes entonces. ¿Cuáles son las complejidades técnicas que requieren que se haya articulado esta nueva constelación de actores en torno a los números fiscales?

TS – El punto central es que tanto el tope para el ritmo de crecimiento del gasto de la administración central como el cálculo del resultado estructural requieren del cálculo de lo que se llama “PBI Potencial”. Naturalmente los propios técnicos del MEF lo pueden hacer (y de hecho lo hacían en los gobiernos anteriores), pero es un cálculo que involucra hacer algunos supuestos y adoptar ciertas decisiones metodológicas que no son triviales. La lógica detrás de toda esta mecánica fue limitar la discrecionalidad que el propio ministerio puede tener para hacer los cálculos si no están presentes estas miradas independientes.

¿Qué es el PIB potencial? Vendría a ser aquel nivel de actividad que resulta de la plena utilización de todos los factores productivos, capital y trabajo. Si la economía está por debajo del PIB potencial decimos que está en fase recesiva. No está usando todos sus recursos: hay gente desempleada y capital que no se usa. Si la economía está por encima de ese PIB potencial solemos decir que estamos en la fase alta del ciclo; los factores productivos seguramente se están usando con una intensidad mayor de lo que es sostenible en el largo plazo.

Esto es importante para la regla fiscal que se implementó en Uruguay por dos motivos. Por un lado, el ritmo de crecimiento de ese PIB potencial, se convirtió en el tope de aumento del gasto del gobierno. En ningún año el gasto debería crecer más que ese PIB potencial, que ese ritmo “tendencial” de crecimiento de la economía. Por otro lado, la distancia entre el PIB que efectivamente tiene la economía en cada momento del tiempo y ese “PIB Potencial” es uno de los elementos centrales del cálculo del Resultado Fiscal Estructural, que como decía antes es otro de los pilares de la regla fiscal uruguaya.

RA: – Detengámonos allí, Tamara. ¿En qué consiste ese Resultado Fiscal Estructural?

TS: – El Resultado Fiscal Estructural busca medir el resultado fiscal, depurando factores extraordinarios o transitorios que afectan los datos de cada año y que no nos permiten ver bien la tendencia más permanente de las cuentas públicas.

El cálculo del Resultado Fiscal Estructural excluye del resultado fiscal publicado habitualmente por el MEF factores extraordinarios, como por ejemplo utilidades extraordinarias de las empresas públicas transferidas al gobierno central o gastos extraordinarios como los que estos dos años se originaron por el covid-19.

Además, se hace una corrección de ingresos y egresos por el efecto del ciclo económico. El caso más fácil de entender creo que es el de la recaudación. El ajuste por el ciclo lo que hace es penalizar los ingresos efectivamente observados cuando estamos en la fase alcista del ciclo económico (porque en la fase alta hay ingresos fiscales que probablemente no serán “sostenibles”) y reconocer en la fase baja del ciclo económico que los ingresos son transitoriamente bajos debido a la recesión.

RA – Creo que van quedando claras las definiciones. Pasemos a los números y a la aplicación concreta de todas ellas.

TS – Bien. Aquí también voy por partes.

Empecemos por los insumos que brinda el Comité de Expertos. A los que integramos ese Comité el MEF nos consultó cuánto pensábamos que iba a crecer la inversión, la dotación de capital humano en la economía y la productividad dentro de los próximos diez años. Hubo bastante disparidad en las respuestas individuales, pero al final lo que se hace es tomar la mediana entre todas ellas y en base a esas respuestas y a algunos supuestos adicionales calcular ese PIB potencial y su tasa de crecimiento.

La conclusión es que la tasa de crecimiento del PIB potencial es de 2,1% real por año y, por lo que explicaba recién, ésa se convirtió en la máxima variación que en cada año puede tener el gasto de la administración central.

Por otro lado, se estimó que en 2021 la economía uruguaya operaba por debajo de su PIB potencial, lo cual es bastante intuitivo a la luz del shock de la pandemia. Entonces, el cálculo de Resultado Fiscal Estructural no solo canceló efectos transitorios como los gastos relacionados al COVID, sino que corrigió los ingresos y gastos para contemplar el efecto de este particular momento del ciclo. Vuelvo al ejemplo de la recaudación. La corrección contempla que los ingresos fueron menores de los que hubiera habido con el PIB en su nivel potencial.

RA – Y de allí surge esa mejora del Resultado Fiscal Estructural que mencionaba Emiliano al inicio, de 4,4% del PIB en 2020 a 2,6% del PIB en 2021. Casi dos puntos porcentuales de mejora.

TS – Exacto. Por las dudas aclaro que eso refiere a la órbita del gobierno central y el BPS, pero nosotros en Exante también computamos un resultado estructural más amplio, para el sector público consolidado, y también a ese nivel se observa una mejora significativa.

El otro elemento a destacar es que la mejora terminó siendo mayor a la que habían planteado las autoridades. En la rendición de cuentas se había contemplado una caída del déficit estructural de la administración central a 3,2% del PIB y terminó bajando a 2,6% del PIB con las definiciones del MEF.

Es más, con este “sobrecumplimiento” de la meta, el resultado quedó bastante cerca del objetivo que se había trazado el gobierno para el final del período (que era un déficit estructural de 2,5% del PIB).

RA – ¿Eso quiere decir que el ajuste está hecho?

TS – A nuestro juicio el gobierno está muy bien encaminado para poder terminar la administración con un déficit global de todo el sector público de 2,5% del PIB, que era el objetivo delineado originalmente en la Ley de Presupuesto. Pero eso no quiere decir que no queden desafíos pendientes.

Mi compañero Luciano Magnífico comentaba con ustedes cuando se conocieron los números fiscales de cierre de 2021 que parte del ajuste vino dado por una caída de la masa de remuneraciones del sector público y de las pasividades, que probablemente se revierta – al menos en parte – en lo que queda de la administración. Hay un compromiso político de que los trabajadores del sector público no pierdan salario real al terminar el período de gobierno y es de esperar que las pasividades empiecen a recuperarse en términos reales en la medida en que lo hagan los salarios de la economía.

Por otro lado, el gobierno usó a fondo la palanca de las inversiones como parte del ajuste fiscal. Las inversiones del gobierno y las empresas fueron el año pasado solo 2% del PIB, de los registros más bajos en 20 años. Estuvieron aproximadamente 0,5% del PIB por debajo de su media histórica. Eso probablemente no es sostenible.

RA: – Hasta ahora no hablamos de las empresas públicas, salvo por esta mención de las inversiones…

TS: – Correcto. Es que la regla fiscal refiere a la Administración Central. Hay argumentos técnicos a favor y en contra de esa definición… pero es inequívoco que al final la sostenibilidad de la deuda pública depende del resultado del sector público en su conjunto. Las empresas públicas tuvieron un buen 2021 a instancias de las ganancias extraordinarias por la venta de electricidad a Brasil, pero todavía queda un desafío por delante para llevar sus resultados al nivel previsto en la Ley de Presupuesto. Esa también es una pieza clave para que el déficit global pueda terminar este período de gobierno en 2,5% del PIB.

RA: – Para terminar, Tamara, ¿podemos repasar las sugerencias que le hizo el Consejo Fiscal Asesor al MEF en su informe del lunes?

TS: – Claro. A nuestro juicio son todas muy razonables.

Por un lado, le propone buscar que haya más economistas proporcionando insumos en el Comité de Expertos. Eso probablemente tiene que ver con la variabilidad que tuvieron las respuestas individuales que comenté antes.

También sugiere algunas otras iniciativas que apuntan a mejorar el marco metodológico para calcular el PIB potencial.

Y en cuanto a las estimaciones del resultado fiscal estructural, le hizo un par de sugerencias que nos parecen muy pertinentes. Una es detallar qué factores están siendo definidos como extraordinarios y por tanto excluidos del cálculo. Hay algunos obvios que ya mencionamos, pero lo cierto es que el MEF no fue explícito en qué partidas ajustó exactamente. Otra es ahondar en el estudio de las elasticidades de los ingresos y el gasto al PIB, para que ese ajuste por ciclo que antes mencionábamos sea preciso. Eso es algo sobre lo cual el MEF tampoco ha sido muy explícito. Nosotros en Exante, en tanto analistas independientes, hacemos nuestros propios cálculos y reitero que en términos generales llegamos a cifras similares. Pero sería muy positivo que los cálculos que hace el MEF fueran más explícitos.

Por último, el Consejo Fiscal también planteó la conveniencia de complementar lo hecho con análisis de sostenibilidad de la deuda dado los supuestos fiscales y macroeconómicos subyacentes a todos estos cálculos, lo cual también parece muy razonable.

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Esta semana se dieron a conocer las últimas cifras relativas a la situación de las finanzas públicas. En concreto, los datos del Ministerio de Economía marcaron que el déficit fiscal aumentó y se ubicó en 6,1% del PBI en el año móvil a agosto. A su vez, el Banco Central dio a conocer los datos referentes al endeudamiento del sector público en el segundo trimestre, que mostraron un fuerte aumento de la deuda pública.

EMILIANO COTELO (EC):

¿Cómo evolucionaron los ingresos públicos? ¿Qué sucedió en materia de egresos? ¿Qué factores explicaron el fuerte incremento de la deuda pública? Les proponemos conversar sobre estos temas con el economista Luciano Magnífico, de la consultora EXANTE. 

ROMINA ANDRIOLI (RA):

Luciano, recién Emiliano comentaba que el déficit fiscal aumentó en agosto y ya supera el umbral de 6% del PBI… ¿te parece si empezamos repasando cómo fue la dinámica en materia de los ingresos públicos?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM):

Sí, Romina. Como bien adelantaban tanto tú como Emiliano, el resultado fiscal sufrió una desmejora de dos décimas del PBI en el año móvil a agosto respecto a lo que había sido la cifra de julio y se situó en niveles de 6,1% del PBI. Como siempre decimos, era de esperar que por la pandemia se sucedieran incrementos en el desequilibrio de las cuentas públicas, que vale recordar que ya previo a este shock se situaba en niveles muy elevados (en torno a 5% del PBI). 

En ese marco y en un contexto en el que la actividad económica aún se encuentra recuperándose de la caída registrada en el segundo trimestre, los ingresos nuevamente exhibieron caídas respecto a los niveles de un año atrás. 

En primer término, la recaudación de la DGI cayó 0,6% en términos reales en relación a agosto de 2019. Vale destacar que de todas formas, esta caída mantiene el ritmo de recuperación que ha venido mostrando esta variable y que comúnmente usamos como instrumental para el monitoreo de la actividad económica. En ese sentido y tras una caída real interanual en torno a 20% en mayo (lo que refiere a la actividad de abril que como hemos comentado en otras oportunidades representó el piso de actividad económica), ya en junio había moderado su caída interanual a solo 3% y en julio el descenso había sido también inferior al 1% en la misma medición. Por tanto, la caída de 0,6% de agosto no deja de ser un indicio de recuperación de la actividad luego del fuerte shock registrado.

Por otro lado y ya dejando de lado a la DGI, los ingresos por concepto de comercio exterior cayeron 12,5% real interanual y acumulan una caída de casi 7% en lo que va de 2020.

Por otro lado, otro de los elementos que estuvo detrás del peor registro fiscal de agosto fue la salida de la contabilidad doce meses de una transferencia de utilidades del BROU a Rentas Generales de agosto de 2019 por el equivalente a 0,2% del PBI y que se reflejó en la caída de la cuenta de “otros ingresos” del Gobierno Central.

Asimismo y aunque no representa estrictamente un ingreso, el resultado primario corriente de las empresas públicas también mostró un deterioro de 0,1% del PBI.

RA – ¿Y en relación al BPS? A priori, era de esperar que la recaudación de este organismo sufriera un descenso ante la situación que hoy en día vive el mercado laboral por los efectos de la pandemia, ¿esto se viene confirmando en los datos?

LM – La verdad es que sí, Romina. Si consideramos los ingresos del BPS excluyendo lo relativo a los fondos de los llamados “cincuentones”, los mismos mostraron un descenso real interanual de más de 12% en agosto y en el agregado del año la caída es de algo más de 10%. 

Este obviamente es un dato bastante preocupante y que probablemente no sea corregido en el corto plazo, ya que como tú bien dijiste es una variable dependiente de la situación del mercado laboral y nuestras proyecciones en ese sentido, no apuntan a una rápida recuperación del empleo en los próximos meses.

RA –  Queda claro, Luciano… Si dejamos los ingresos y pasamos a considerar ahora la dinámica del gasto que ha estado en el centro del debate recientemente… ¿Qué arrojaron los datos al respecto?

LM – A ver, respecto a la tónica de este mes, básicamente podríamos resumir el comportamiento de los egresos del Gobierno Central y el BPS, manejando que los más discrecionales tendieron a reducirse en agosto, mientras que los no discrecionales por otra parte, tendieron a presentar un leve incremento. 

Más concretamente y siempre considerando la variación real interanual, las inversiones cayeron un 17%, los gastos de funcionamiento un 4,7% y las remuneraciones un 2,4%. Por otro lado, las pasividades aumentaron 0,9%, mientras que las transferencias subieron 0,5%.

Vale considerar sin embargo, que las partidas de gastos de funcionamiento y transferencias se encuentran influenciadas por egresos asociados a la contención del COVID. Si se excluyen estos elementos, la caída en agosto de los gastos de funcionamiento pasa a ser de 16%, mientras que las transferencias estarían mostrando un descenso de algo menos de 8% real interanual.

Por otro lado, las inversiones de las empresas públicas mostraron un descenso de 0,1% del PBI, aunque atribuido a un descenso en las existencias de petróleo de ANCAP y no a una caída genuina de esta variable.

RA – Para cerrar, Luciano… Y saliendo un poco ahora del tema del resultado fiscal pero manteniéndonos en lo que son las finanzas públicas. En los últimos días se conoció también el dato del endeudamiento del sector público que mostró un fuerte incremento en el stock de deuda en el segundo trimestre ¿qué lectura hacen de este aumento? 

LM – Sí, Romina. Como bien decís, esta semana se conocieron las cifras de deuda del sector público correspondientes al período abril-junio de este año. 

Concretamente, los números mostraron un incremento de US$ 2.100 millones en la deuda pública bruta respecto a lo que habían sido las cifras del primer trimestre. Asimismo y en conjunción con la fuerte caída del PBI en el segundo trimestre, el ratio deuda bruta/PIB pasó de 66% a ubicarse por encima de 74%. Ello marca un guarismo que no se observaba desde principios de 2008.

Más allá de eso y contextualizando un poco, este aumento se generó justamente en el punto más álgido del impacto de la pandemia en el país. Como hemos comentado en otras oportunidades, el gobierno tuvo que financiar el gasto generado por este shock, lo que implicó tanto el uso de líneas contingentes con multilaterales que ya estaban a disposición, como la emisión de deuda en los mercados internacionales. 

Sobre este segundo punto, vale recordar que sobre fines de junio, el gobierno había realizado una operación en los mercados internacionales que había implicado una emisión neta de unos US$ 1.500 millones, lo que impacta directamente sobre la contabilidad del endeudamiento. 

Asimismo y como los activos netos de Uruguay solo aumentaron en US$ 280 millones, la deuda neta pasó de 30,6% del PBI en marzo a 36,1% del PBI al cierre de junio.

Más allá de esto y mirando hacia adelante, en EXANTE creemos que el endeudamiento puede incrementarse incluso más en los próximos meses. Esto en la medida de que el impacto del COVID aún no ha sido totalmente superado y que en nuestra visión ha de procesarse una corrección de precios relativos en los próximos meses.

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EMILIANO COTELO (EC): Esta semana se divulgaron los datos de la recaudación de la DGI correspondientes al mes de abril.

El informe mostró una caída real interanual de casi 10 % en la recaudación bruta de abril frente al mismo mes del año pasado.

¿Cuál es la explicación de esa evolución? ¿Qué impuestos presentaron las caídas más importantes?  ¿Qué debemos aguardar para los próximos meses? Lo conversamos en los próximos minutos con el economista Luciano Magnífico, de la firma Exante. 

Luciano, ¿te parece si comenzamos analizando los factores qué estuvieron detrás de esta caída de la recaudación de la DGI?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM): A ver, el principal elemento detrás de este fenómeno es el impacto que viene teniendo el coronavirus sobre la economía. Hemos señalado en muchas oportunidades que la recaudación impositiva está muy incidida por lo que sucede con el nivel de actividad. 

Los datos de abril son los primeros que muestran el impacto del COVID-19 en la actividad y en la recaudación, y comienzan a dar alguna señal de la magnitud del efecto que podría tener la epidemia en el frente fiscal.

Como comentabas al inicio, la caída interanual en términos reales de la recaudación bruta fue de casi 10 % en abril y de 11,5 % si consideramos la recaudación neta (es decir, descontando las devoluciones de impuestos que se realizaron), con caídas muy generalizadas por los diferentes impuestos. En el acumulado del año a su vez, esto deja un descenso de más de 2 % respecto a los primeros cuatro meses de 2019. 

Es importante destacar que si bien ya habíamos tenido algún mes con variaciones de este tipo el año pasado, se había dado fundamentalmente por ciertas razones operativas, que obviamente y dado el contexto actual hace que difiera mucho el análisis comparativo que se pueda hacer.  

EC: ¿A qué te referís concretamente con eso? 

LM: Justamente en abril del año pasado, se había registrado una caída en la recaudación neta de casi 14 % real frente a abril de 2018, que incluso es una variación mayor a la que estamos comentando para abril de este año. 

Sin embargo, la explicación detrás de aquella caída tan fuerte y anómala había estado dada por un corrimiento de pagos que afectó fundamentalmente al IRPF y también a un menor pago de IRAE (el impuesto a las rentas de las actividades empresariales) por parte de UTE como otro de los efectos particulares de aquel dato.

Dejando de lado casos puntuales (sin significación económica) como los que mencionaba recién, es la caída mensual más importante de los últimos años, aunque en el conjunto del año pasado ya se había observado una caída de la recaudación de 1,7 % en términos reales (que había sido la primera caída anual desde 2002).

EC: Volviendo al dato concreto de abril, decías que esta caída de la recaudación había sido muy generalizada. ¿Podemos comentar las cifras más relevantes desde ese punto de vista?

LM: El dato de abril mostró bajas tanto en lo que tiene que ver con los impuestos al consumo, como en los aplicados sobre la renta o sobre la propiedad.

Dentro de los impuestos al consumo, es decir IVA e IMESI, las caídas fueron muy relevantes. En particular y siempre considerando la variación real interanual en abril, los ingresos por concepto de IVA bajaron 9 % en el mes y 0,9 % en lo que va del año.

Por otra parte, el IMESI también presentó una baja fuerte en abril de casi 27 % (y de 4,4 % en el acumulado de 2020), explicada fundamentalmente por fuertes descensos en la recaudación por concepto de ventas de combustibles y de bebidas (de casi 40 % en ambos casos).

EC: ¿Y qué sucedió con los impuestos a la renta y a la propiedad? 

LM:  En el caso de los impuestos a la renta, la evolución fue algo más heterogénea. En ese sentido, tanto los ingresos por IRPF como por IASS aumentaron en torno a 1 % real en abril siendo las excepciones al marco general. Eso de todas formas, no compensó las fuertes caídas en tributos como el IRAE (casi 9 %), el impuesto a la renta de los no residentes (14 %) y el Impuesto a la Enajenación de los Bienes Agropecuarios (8 %). De hecho, desde el punto de vista agregado, la recaudación de impuestos sobre la renta cayó 4,3 % en abril y acumula un descenso real de casi 2 % en el año.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con los impuestos a la propiedad, los ingresos por Impuesto al Patrimonio cayeron 24 % real interanual, los relacionados al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (o ITP como se lo suele conocer) bajaron 60 % y finalmente, la recaudación por Impuesto de Primaria presentó un descenso de casi 36 %. Todo esto hace que los ingresos por concepto de impuestos a la propiedad sean en los primeros cuatro meses del año 11 % menores a los de igual período del año pasado. 

EC: ¿A qué obedecen esas caídas de impuestos? ¿Qué tanto juega el COVID? 

LM: Sin dudas es un factor importante. Hay que tener presente que la recaudación de impuestos de abril refleja en alguna medida lo que sucedió con la actividad económica en marzo (cuando a mitad de mes empezamos a sentir el impacto del COVID en la actividad económica). Eso es particularmente válido para impuestos como el IVA y el IMESI, que se pagan todos los meses. La recaudación de impuestos a las rentas y al patrimonio reflejan en parte lo sucedido recientemente pero también recogen efectos de hechos económicos de varios meses atrás, de todo 2019.

Ahora, más allá del menor dinamismo en la actividad económica, también existieron otros factores en el período que contribuyeron a esta tónica netamente bajista. 

EC: ¿Cuáles son esos otros efectos que incidieron sobre esta dinámica?

LM: Un ejemplo es el cierre del registro de la Intendencia para la inscripción de transacciones de compraventa de inmuebles, que repercute sobre la recaudación del ITP, que como comentábamos antes había caído un 60 %. Esta caída no refleja solamente una menor actividad inmobiliaria. 

Otro efecto relevante se deriva del diferimiento en el pago de impuestos, que el gobierno dispuso para diversos sectores como forma de contribuir a mitigar el impacto en las empresas de la recesión. 

En definitiva, la caída de la recaudación refleja un escenario de recesión (de menor nivel de actividad económica) pero también los efectos de estas otras disposiciones.

EC: ¿Qué debemos aguardar en materia de recaudación impositiva para los próximos meses?

LM: Como decía antes, la evolución de los ingresos de la DGI está muy asociada a la evolución del nivel de actividad económica. En ese sentido y en la medida que nuestro escenario base contempla que el segundo trimestre presentará un fuerte impacto a la baja del PBI, la recaudación mostrará descensos importantes respecto a los niveles del año pasado. 

Por otra parte y más allá del efecto directo de un menor dinamismo económico, también debemos contemplar que el gobierno eventualmente termine aprobando algunas medidas adicionales, de renuncia de ingresos tributarios, por ejemplo para estimular la reactivación del empleo o la recuperación de algunos de los sectores económicos más golpeados por el COVID.

Nosotros estamos previendo, a forma indicativa, que la recaudación de impuestos este año bajará un 4 % en términos reales.

EC:  Y con ese panorama, ¿cómo queda la proyección de déficit fiscal para este año?

LM: El déficit fiscal va a subir sensiblemente este año. Además de la pérdida de recaudación que seguramente tendremos, el gobierno dispuso un conjunto de medidas de aumento del gasto para mitigar las consecuencias de la crisis. También es cierto que está implementando recortes de gastos de funcionamiento. 

Teniendo en cuenta todos esos elementos, pensamos que el déficit fiscal subirá de un 5 % del PIB en los doce meses a marzo de este año a un nivel de entre 7 % y 8 % del PIB al cierre de 2020.

Se trataría de un déficit extraordinariamente elevado, que se explicaría por el nivel ya elevado de la situación de partida (pre-COVID) y de los impactos de una crisis que será transitoria.

Por cierto, debemos esperar que hacia 2021 las cuentas públicas mejoren con la recuperación de la actividad económica y con la reversión de los gastos excepcionales de este año. Pero en cualquier caso, en 2021 el tema de un ajuste fiscal importante tendrá que estar en la agenda.

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Foto: Ricardo Antúnez/adhoc Fotos

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