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La Tertulia de los Miércoles con
Leonardo Costa, Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito y Lucía Zapata

La Vertiente Artiguista (VA), integrante del Frente Amplio, expresó preocupación esta semana por la situación de la Fiscalía de Corte, ocupada en forma interina por Mónica Ferrero desde 2024, y apeló a la madurez del sistema político para que se designe un fiscal general y su subrogante por los mecanismos previstos en la ley. 

La declaración que aprobó el domingo la dirección de la VA tomó como punto de partida lo que denominó “acciones infundadas de traslado de fiscales que tienen en su órbita causas de alta sensibilidad pública”, en una alusión a lo que ocurrió en mayo cuando el fiscal especializado en delitos económicos, Gilberto Rodríguez, pasó a ocuparse de la fiscalía de cibercrimen. Según la VA, “desandar años de trabajo acumulado y reasignar casos sólo enlentece procesos y pone en riesgo la persecución efectiva de posibles delitos por el posible vencimiento de los plazos procesales”.

La VA planteó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo adecuen el marco legal vigente y restablezcan criterios imparciales y aleatorios para designar al fiscal general interino, tal como se preveía en el artículo 59 de la ley 19.483 antes de que fuera modificado en el año 2022. Esa norma establecía que la subrogación del fiscal de Corte corresponde a quien ocupe el cargo del fiscal adjunto de Corte y, si este estuviera impedido, se debe sortear al subrogante entre los fiscales penales de Montevideo.

Este lunes, en entrevista aquí En Perspectiva, el senador Eduardo Brenta profundizó en las razones de la propuesta:

“Lo que estamos planteando es una alternativa que no sería quizá la mejor, pero bueno, tiene que ver con la necesidad de poner sobre la mesa el hecho de que no podemos estar cinco años más otorgando las vacancias exclusivamente por la antigüedad, sin tomar en cuenta ninguna clase de criterio de unidad, etcétera, como lo establece la ley y, por lo tanto, ponemos sobre la mesa este caso que es reciente, que nos ha generado, digamos, preocupaciones para todos, en lo que tiene que ver con reasignaciones de casos de tanta importancia y proponemos volver a la situación anterior si es que no se instala con seriedad, digamos, y en profundidad un ámbito para poder discutir todos estos casos que están pendientes.

Me parece que es la forma de otorgarle a la ciudadanía la garantía de que organismos tan importantes como la Suprema Corte, el Tribunal de Contencioso, la Fiscalía, etcétera, estén provistos por ciudadanos que tengan un amplio respaldo del Parlamento. 

Hoy la fiscal Ferrero tiene respaldo de 14 senadores de 31, ¿no? Por lo cual, evidentemente, su respaldo en términos políticos es un respaldo absolutamente insuficiente para lo que la ley plantea”.

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La Vertiente Artiguista expresó preocupación por la situación de la Fiscalía de Corte, ocupada en forma interina por Mónica Ferrero desde 2024, y propuso que se designe un fiscal general y su subrogante por los mecanismos previstos en la ley. 

En particular, planteó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo adecuen el marco legal vigente y restablezcan criterios imparciales y aleatorios para designar al fiscal general interino, de acuerdo con el artículo 59 de la ley 19.483. Esa norma establece que la subrogación del fiscal de Corte corresponde a quien ocupe el cargo del fiscal adjunto de Corte y, si este estuviera impedido, se debe sortear al subrogante entre los fiscales penales de Montevideo.

La declaración fue aprobada ayer por la Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista, que también analizó la situación política y la marcha del gobierno. En ese marco, el sector reafirmó la necesidad de combatir toda forma de impunidad vinculada al terrorismo de Estado.

Comunicado de la Vertiente Artiguista que señala preocupación por la situación en la Fiscalía General de la… by En Perspectiva En Perspectiva

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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Pablo Díaz,
Juan Erosa y Lucía Zapata

El traslado del fiscal especializado en Delitos Económicos, Alejandro Machado, a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen generó polémica política en los últimos días.

Aunque Machado se había postulado para ese nuevo puesto y se había preparado en la materia, la decisión generó sospechas en el oficialismo donde se esperaba que en ese lugar fuera designado Ricardo Lackner, con mayor especialización en cibercrimen, según consignaron distintos medios. Además, los casos que llevaba Machado pasarán a Diego Pérez, a quien se le atribuye afinidad con el Partido Nacional.

El fiscal Machado tenía a su cargo investigaciones sensibles vinculadas al gobierno anterior, entre ellas, la denuncia que presentó esta administración a raíz de la garantía falsa en el contrato con el astillero español Cardama y la causa por la destrucción de documentación relacionada con el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.

Por otro lado, también tenía a su cargo la investigación por el caso República Ganadera, además de una causa por difamación e injurias contra el senador Andrés Ojeda y otra por abuso de funciones contra el diputado Gabriel Gurméndez y el exsenador Pablo Lanz, por irregularidades durante su gestión en Antel.

Apenas se conoció la noticia, desde el Frente Amplio, varios dirigentes cuestionaron el momento del cambio. El senador Nicolás Viera escribió en sus redes sociales: “Solo una cosa diré: raro”.

El senador Daniel Caggiani dijo que resulta “muy raro” que se traslade “sin justificación alguna” al fiscal que investigaba los principales casos sobre presuntas irregularidades del gobierno anterior. Luego, en una rueda de prensa, vinculó incuso este traslado con que la oposición no vota un nuevo fiscal general y apoya que Mónica Ferrero siga en su cargo de fiscal general subrogante:

"Y lo primero que tengo que hacer en el sistema político y sobre todo en el Parlamento es elegir una nueva fiscal con todos los votos necesarios, pero la oposición, sobre todo algunos actores, la han trancado. Uno se preguntaba por qué era y capaz que ahora uno se está dando cuenta por qué era. Esperemos que no sea por eso".

Desde la oposición, reaccionó el senador Andrés Ojeda, quien rechazó que exista una “mano negra”. En diálogo con el programa 5 sentidos, de Canal 5, el también secretario general del Partido Colorado sostuvo que Machado “hace un año que está pidiendo para salir” y que fue él quien pidió pasar a la Fiscalía de Cibercrimen. Además, afirmó que los trámites pendientes seguirán su curso, “los firme Machado o los firme quien los firme”.

La discusión continuó en los días siguientes. La semana pasada el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que las declaraciones de representantes del Frente Amplio forman parte de “una embestida política” contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

“A veces me pregunto qué es lo que tienen contra Mónica Ferrero, porque cada tanto hay una embestida. Y en este caso por el traslado de un fiscal –que él mismo pidió el traslado– empiezan a generar suspicacias que politizan la Fiscalía. Algunos estaban muy acostumbrados a que otros fiscales politizaran la Fiscalía, creo que Mónica Ferrero está cortando con eso y algunos añoran cuando manejaban políticamente la Fiscalía”, dijo en conferencia de prensa el jueves pasado en Paysandú, donde el Directorio nacionalista homenajeó a Jorge Larrañaga, a cinco años de su fallecimiento.

En Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone marcó una postura distinta. En declaraciones a El País, dijo que la conducción definitiva de la Fiscalía General de la Nación “sigue sin solucionarse” y que este tipo de situaciones, que dejan al organismo en medio del fuego cruzado político, deberían evitarse con la designación de una figura que reúna mayor consenso.

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La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Miguel Brechner,
Casilda Echevarría y Teresa Herrera

El equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, compareció el viernes pasado ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para exponer sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2025-2029.

En la sesión, que duró más de ocho horas, Oddone subrayó la necesidad de avanzar hacia una “consolidación” de las cuentas públicas.

A la salida, en conferenecia de prensa, el ministro reconoció que el presupuesto incluye un aumento de la presión fiscal, algo que él había descartado en la campaña electoral, pero que es necesario – reconoció- debido al empeoramiento de las cuentas públicas, ya que el déficit fiscal previsto para este año pasó de 2,8% – que proyectaba el pasado gobierno- a 4,1% del PIB en la actualidad.

“Lo que estrictamente yo dije es que efectivamente el presupuesto lo que incluye un incremento de los ingresos como porcentaje del producto, que yo había sostenido en el pasado, que eso creía que no era necesario que no iba a ocurrir, pero definitivamente la situación fiscal que el país tiene por delante requiere de una consolidación, de una convergencia fiscal en los cinco años, que tiene que hacer uso de los ingresos que el Estado tiene a su disposición. Eso es lo que dije en cámara, me referí estrictamente a mí, no hablé del Frente Amplio, y eso es lo que sostengo en este momento”.

Por otro lado, Oddone sostuvo que es realista prever un crecimiento promedio anual de 2,4% del Producto Interno Bruto, por encima de lo registrado en la última década. Para el jerarca, estas estimaciones cuentan con el respaldo de diversos organismos, desde la Asesoría Económica del MEF hasta el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional.

La oposición, en cambio, calificó esos supuestos de “excesivamente optimistas” e incluso de “realismo mágico”.

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La decisión del fiscal de Corte Juan Gómez de sumariar al fiscal Raúl Iglesias recibió críticas de tres legisladores oficialistas: Graciela Bianchi, del Partido Nacional, Alberto Domenech, de Cabildo Abierto, y Gustavo Zubía, del Partido Colorado.

El sumario se produce debido a que Iglesias, en su primera semana como fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género, archivó 220 causas de delitos sexuales.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi anunció el martes que había pedido al coordinador de la bancada de su partido que cite al fiscal de Corte Juan Gómez a la Comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta, para que explique la medidas que adoptó con respecto al fiscal Iglesias: inicio de un sumario con separación del cargo y retención de 50% de los haberes.

Bianchi se refirió a su iniciativa, hablando con Telemundo:

«Ya de hecho, si bien es para investigar, se transforma en una propia sanción porque si después termina todo bien, hay que devolverle el dinero pero nadie le devuelve emocionalmente lo que significa haber actuado según lo que él entendió con independencia».

La senadora eprochó que Gómez no tuvo la misma severidad con la fiscal Darviña Viera por los errores y omisiones que cometió en la Operación Océano y con Mariana Alfaro cuando pidió el allanamiento a Azul FM, cuestión que el fiscal consideró un error.

Bianchi dijo que quiere que Gómez “explique” su decisión y, aunque reconoció que “no sería justo” calificar el hecho como una “persecución” del fiscal de Corte, opinó que “claramente hay una señal a los otros fiscales sobre que no pueden tener actitudes o conductas de independencia técnica”. 

Bianchi añadió que hay cosas que ella viene planteando “hace años cuando todavía estaba el fiscal Jorge Díaz”: “creo que todavía sigue estando en muchos fiscales, tal vez en el propio fiscal Gómez», dijo la legisladora en diálogo en este caso con Telenoche.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, hablando con el diario El País calificó de “muy grave” el inicio de un sumario al fiscal Iglesias y opinó: "es una forma de amedrentar a los fiscales, que pierden absolutamente su independencia".

El diputado colorado Gustavo Zubía también rechazó el sumario y, en diálogo con el mismo medio, opinó: "A Iglesias se le imputan eventuales negligencias, cuando si investigan todo el sistema encontrarán a varios otros fiscales que, completamente superados por el trabajo, archivaron miles de casos con el mismo criterio".

La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Daniel Supervielle, Mariella Demarco y Esteban Valenti.

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Foto: Fiscal Iglesias en el estudio de En Perspectiva, el pasado 26 de mayo.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) manifestó su “preocupación” por la “actitud amenazante” que el fiscal Raúl Iglesias mostró contra periodistas que lo critican por haber archivado unas 300 causas desde que asumió en la fiscalía de Delitos Sexuales de 4to turno, el pasado 9 de mayo.

El pronunciamiento del sindicato se produjo porque el jueves, aquí En Perspectiva, Iglesias finalizó la entrevista con un mensaje a los periodistas que a su juicio "salen a decir cualquier cosa" sobre las decisiones que tomó en la fiscalía.

Lo único que vengo a hacer ante los medios es defender el trabajo y el de mi equipo que es un trabajo realizado de forma profesional y a conciencia. Y también defenderme de determinados agravios que no corresponden. Y me gustaría que algún periodista que anda diciendo algunas cosas por ahí que venga y me lo diga en la cara. Determinados, periodistas, no voy a dar nombres. Estoy en Uruguay 1125. Que vengan y me lo digan en la cara.

Pocas horas después de conocerse esas declaraciones, APU emitió un comunicado en el que plantea que “las expresiones destempladas y de barra brava” de Iglesias “en contra de quienes -a su entender- esbozan críticas en medios de comunicación no condicen con el papel de representante del Ministerio Público que le compete al señor fiscal”.

Ayer en entrevista con el Diario El País, Iglesias fue consultado por sus dichos y reconoció que “cometió un exabrupto”. “Me molestó que me juzguen sin conocerme. Entiendo que son las reglas de juego”, agregó. “A veces uno, de acuerdo a su historia de vida, dónde le tocó vivir, le surgen cosas de su pasado que tiene que corregir y mejorar. A veces son la familia y los amigos que le ayudan en ese proceso”, respondió.

La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Teresa Herrera, Pablo Carrasco y Leonardo Costa.

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El caso sacudió el mundo del fútbol uruguayo en los primeros días del año.

Nicolás Schiappacasse, jugador de 23 años vinculado al Club Atlético Peñarol, fue detenido en la ruta Interbalnearia el 26 de enero, mientras viajaba a un clásico de verano ante Nacional. Allí se le incautó una pistola .9mm con ocho municiones.

En su declaración inicial, Schiappacasse dijo a la Policía que el arma iba destinada a la hinchada carbonera.

En la audiencia de formalización en la que se le imputó tráfico interno de armas de fuego y municiones, receptación y porte de armas en lugares públicos, la fiscal Carolina Dean reveló que el futbolista “en al menos tres oportunidades adquirió armas de fuego sin la correspondiente autorización”.

También salió a la luz que Schiappacasse había portado el arma que se le incautó en partidos de fútbol y cuando salían a hacer pintadas relativas a Peñarol. Además, la había prestado “en varias oportunidades” a otros miembros de la hinchada.

Ayer, el jugador cerró un acuerdo con la Fiscalía: fue condenado a 14 meses de prisión, de los cuales ya cumplió dos. Los 12 restantes serán los seis primeros en prisión domiciliaria y los seis últimos en régimen de libertad a prueba. Solo tendrá permiso para salir de su casa a entrenar y jugar partidos con el club El Tanque Sisley. Además deberá cumplir tareas comunitarias.

Schiappacasse tiene la prohibición expresa de concurrir a espectáculos deportivos, salvo como integrante del plantel.

Hoy En Perspectiva conversamos con la fiscal a cargo del caso, Carolina Dean.

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La fiscal de Maldonado Ana Dean dijo que cometió una omisión al no consultar a la víctima y llegar a un acuerdo con el hombre que robó un auto y, como castigo al delito que cometió, se le ordenó que realizara tres lavados completos del vehículo.

Ayer la fiscal se comunicó con la víctima, que le transmitió que no acepta que el imputado le lave su auto, aunque no se opone a que el hombre cumpla la pena lavando otros vehículos o limpiando una plaza:

La medida que fue impuesta debió haber sido consultada, eso es una omisión que padeció la Fiscalía en virtud de que ese día estábamos con doce detenidos, y con la previa del caso de los militares, los hinchas de River… Había mucho volumen de trabajo y se omitió. Conversé con el denunciante y me manifestó que no tiene ningún inconveniente en la solución de la suspensión pero sí en las medidas, por lo cual se van a rever las medidas. No va a aceptar el lavado.

La fiscal explicó por qué había tomado esta medida de “suspensión condicional del proceso” prevista en el nuevo Código del Proceso Penal:  

Es la primera vez que en un delito de este tipo, un hurto agravado, la Fiscalía a cargo hace una suspensión condicional del proceso. Esto se decidió en virtud de las circunstancias en que se dieron los hechos y del perfil del imputado: estamos hablando de una persona de treinta años que no solamente no tenía antecedentes sino que no tenía ninguna actuación policial. Lo que el manifestó ante la Fiscalía es que había consumido mucho alcohol esa noche con amigos. Uno de ellos le dice: "¿Podés llevarte el auto al taller y lo revisás, y después lo levanto?". Ahí pierde la noción de cómo llega este auto, que estaba sin tranca y con las llaves puestas; conduce dos cuadras y lo encuentran durmiendo dentro del vehículo.

La Tertulia de los Viernes con Óscar Sarlo, Alejandro Abal y Juan Grompone.

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Foto en Home: Fiscalía general de la Nación. Crédito: Presidencia de la República.

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