Foto: adhocFotos

El Frente Amplio reafirmó que el convenio entre los ministerios de Interior y Defensa para utilizar vehículos blindados del ejército en tareas de seguridad pública no implicará que haya efectivos militares “directamente” implicados en el combate al delito.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó ayer los alcances del acuerdo en comisión de la Cámara de Diputados, pero al final de la comparecencia no brindó declaraciones.

En rueda de prensa, el diputado del Movimiento de Participación Popular, Carlos Rodríguez, afirmó que la ministra dejó en claro que el acuerdo se limita a una colaboración entre ambas carteras para poner a disposición del Ministerio del Interior este tipo de vehículos y que no habrá una “militarización” de la seguridad pública. 

Según Rodríguez, Lazo explicó que a través del convenio, Defensa puso a disposición de Interior hasta 12 vehículos blindados de cuatro modelos diferentes. Uno de ellos, es el Cóndor cuyo manejo estará a cargo de 18 efectivos policiales que se están capacitando en Florida. Otro modelo que podría utilizarse es el Mamba MK7 donado por Estados Unidos para misiones de paz. 

Rodríguez explicó que por las condiciones de la donación, los Mamba sólo pueden ser conducidos por personal militar. Por eso, si Interior llega a utilizar este modelo será necesario recurrir a una comisión de servicios o aprobar una ley específica que habilite esa función.

“Allí probablemente haya que utilizar la comisión de servicios, es decir, en caso de ser utilizados, que el personal militar que los vaya a manejar pase al Ministerio del Interior, o generar algún proyecto de ley que lo habilite, como se hizo con la Ley de Fronteras o con el guardia de cárcel. La ministra fue muy clara en eso. Su opinión es que sería mucho más seguro para los efectivos militares poder contar con una reglamentación, en este caso una ley específica sobre eso”, sostuvo el legislador del FA.

Desde la oposición cuestionaron tienen otras lecturas. Por eso, Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el diputado Gabriel Gianoli, de Alianza País (Partido Nacional).

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Foto: Ejército Nacional

Luego de una semana de polémica por el anuncio del gobierno de que preveía emplear vehículos militares en operativos policiales en barrios violentos, el viernes pasado los ministerios de Defensa e Interior firmaron el convenio a esos efectos.

El texto pone a disposición de la Policía Nacional 12 vehículos blindados de cinco tipos diferentes, que serán solicitados según el diseño de cada operativo. 

En principio los conductores serán policías entrenados previamente por el Ministerio de Defensa pero en algunas ocasiones esa tarea podría quedar en manos de un soldado.

“Este convenio aplica para la capacitación de quienes van a estar conduciendo estos vehículos por tanto hablar de militarización creo que no corresponde, no está contemplada la militarización en el Plan de Seguridad, todo lo contrario.” 

Así la ministra de Defensa, Sandra Lazo, rechazaba algunas de las críticas que había recibido la iniciativa, sobre todo en la izquierda. 

De todos modos, la oposición, que en general está de acuerdo con la medida, denuncia que todo este proceso ha estado pautado por la improvisación y advierte que los militares que eventualmente deban manejar los blindados en operaciones policiales lo harán “regalados”, si no existe una ley que regule específicamente estos casos.

En estos días escuchamos sobre este tema una cantidad de voces, desde el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los sindicatos policiales.

En esta ocasión y ahora que la información está más clara, con el convenio incluso ya divulgado, sumamamos una lectura desde las Fuerzas Armadas.

Emiliano Cotelo conversó con el coronel retirado Gustavo Vila, que perteneció al arma de Infantería del Ejército, es Licenciado en Ciencias Militares (Instituto Militar de Estudios Superiores) y Magíster en Estrategia Nacional (CALEN). Además se desempeña como docente en esas dos instituciones.

Gustavo Vila

• Coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército Nacional
• Magíster en Estrategia Nacional (CALEN)
• Licenciado en Ciencias Militares (Instituto Militar de Estudios Superiores)
• Director del posgrado en Inteligencia Estratégica (CALEN)
• Participó en misiones en Haití, Congo y Sinaí

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El viernes pasado los ministerios de Defensa e Interior firmaron el convenio que prevé emplear vehículos militares en operativos policiales en barrios violentos.

El texto pone a disposición de la Policía Nacional 12 vehículos blindados de cinco tipos diferentes, que serán solicitados según el diseño de cada operativo.

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte

El presidente Yamandú Orsi aseguró que la decisión de utilizar vehículos militares como apoyo en operativos policiales “está tomada”, aunque todavía deben resolverse algunos aspectos jurídicos.

El tema será analizado el viernes en el Consejo de Ministros. Todavía no está definido si los militares portarán armamento, ni cuál será el régimen de responsabilidad legal si deben usar la fuerza. Y aun persisten dudas sobre si efectivamente serán los vehículos Mamba los que se utilicen, dado que EEUU los donó para Misiones de Paz y esto implicaría un fin distinto.  

De todas formas, mientras se continúa negociando el acuerdo entre el Ministerio de Defensa e Interior, las repercusiones políticas se han suecedido por diversos lados desde que se conocio la noticia.

En una rueda de prensa, ayer en Treinta y Tres, Orsi afirmó que el Estado no puede escatimar recursos ante el avance del crimen organizado.

Más temprano, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, advirtió, entrevistado en el programa Arriba Gente, de Canal 10, que la presencia de vehículos del Ejército en las calles puede generar una imagen negativa en la población.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa (…) Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”.

Además, el ministro aseguró que él no tenía información sobre esta propuesta o decisión adoptada entre el presidente Orsi, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

Durante su encuentro con periodistas, Orsi fue consultado por los dichos de Castillo:  

“Acá no es un tema de imagen; acá es un tema de acción, acá hay que resolver. Lo que cada uno piense los profundizaremos en el próximo gabinete. Está clarísimo: la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore, no un tema de imagen ni de sensación, sino que podamos resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado se viene con todo y no nos podemos detener”.

El semanario Búsqueda informa que en Presidencia generaron “malestar” los dichos de Castillo, dado que a fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Oris había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos, e instó a que evitaran contradicciones públicamente. 

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli afirmó ayer que la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército en operativos policiales responde al “fracaso de la gestión” de Carlos Negro, pero señaló que es una herramienta válida:  

"Yo entiendo la traba ideológica que hay en la izquierda, porque el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el secretario de Presidencia, el excandidato Daniel Martínez y cuantos otros más, todos y cada uno de ellos se opusieron siempre, por razones ideológicas, a que los militares colaboraran con la Policía. Hay otros países que lo hacen y es una herramienta válida. No va a funcionar por sí sola. Tienen que funcionar otros elementos".

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La entrada Blindados militares para patrullar barrios violentos de Montevideo: Surgen críticas dentro del oficialismo pero Orsi ratifica la decisión se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El Poder Ejecutivo resolvió utilizar vehículos blindados del Ejército en patrullajes policiales en las zonas de Montevideo más afectadas por la delincuencia y los enfrentamientos entre bandas.

La medida, que fue anunciada el jueves pasado por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados, se conoció ayer, cuando el semanario Búsqueda la divulgó a partir de la versión taquigráfica. 

Luego de esa publicación, la noticia fue confirmada por el presidente Yamandú Orsi.

En sus redes sociales, el mandatario explicó que la decisión fue adoptada junto con los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Economía para “redoblar el combate contra el crimen organizado”.

Se utilizarán doce vehículos Mamba del Ejército, que estarán bajo el mando de la Policía Nacional. Las unidades serán conducidas por militares, que cuentan con la capacitación especial necesaria, pero los operativos serán exclusivamente policiales.

Los blindados se incorporarán a los operativos Atenea, en el Cerro, y Dominio, en Marconi. Estas estrategias combinan tareas de inteligencia, prevención de homicidios y controles territoriales. 

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos en 2024 y estaban destinados originalmente a misiones de paz de Naciones Unidas.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Nicolás Mesa, diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia.

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Foto: Ejército de Uruguay

La Tertulia de los Martes con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Teresa Herrera

El Poder Ejecutivo resolvió utilizar vehículos blindados del Ejército en patrullajes policiales en las zonas de Montevideo más afectadas por la delincuencia y los enfrentamientos entre bandas.

La medida, que fue anunciada el jueves pasado por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados, se conoció ayer, cuando el semanario Búsqueda la divulgó a partir de la versión taquigráfica.

Luego de esa publicación, la noticia fue confirmada por el presidente Yamandú Orsi.

En sus redes sociales, el mandatario explicó que la decisión fue adoptada junto con los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Economía para “redoblar el combate contra el crimen organizado”.

Se utilizarán doce vehículos Mamba del Ejército, que estarán bajo el mando de la Policía Nacional. Las unidades serán conducidas por militares, que cuentan con la capacitación especial necesaria, pero los operativos serán exclusivamente policiales.

Los blindados se incorporarán a los operativos Atenea, en el Cerro, y Dominio, en Marconi. Estas estrategias combinan tareas de inteligencia, prevención de homicidios y controles territoriales.

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos en 2024 y estaban destinados originalmente a misiones de paz de Naciones Unidas.

Hoy, más temprano, aquí En Perspectiva, el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, que preside la Comisión de Seguridad y Convivencia, descartó que se trate de una militarización de la seguridad pública y detalló cómo se utilizarán estos vehículos:

"Hay que aclarar que esos vehículos también se van a adecuar para el trabajo policial, no van a utilizar el armamento de combate que se utiliza en una misión internacional. El vehículo incluso va a estar ploteado como Policía Nacional, porque son operativos que lleva adelante la policía con inteligencia de la policía, con efectivos de la policía".

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La entrada Vehículos blindados del Ejército patrullarán algunos barrios de Montevideo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

SERPAJ expresó su rechazo al convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) para un programa piloto con las Fuerzas Armadas dirigido a adolescentes privados de libertad, al considerar que la formación militar no garantiza una inserción socioeducativa respetuosa de los derechos humanos y que la medida desvía la atención de fortalecer convenios educativos civiles y especializados.

Comunicado | SERPAJ rechaza el convenio entre el Ministerio de Defensa y el INISA para un programa piloto c… by En Perspectiva En Perspectiva

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Foto: Redes sociales

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron este martes un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación en instalaciones de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa, que tiene el respaldo expreso del presidente Yamandú Orsi, fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande. Pero además el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) manifestó su “profundo rechazo” y la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto con el fin de evaluarlo,

¿Cómo será en la práctica el acuerdo? ¿Qué se responde a los reclamos y preocupaciones?

Para conocer los detalles de este plan, la respuesta a esos cuestionamientos y otras cuestiones que tienen que ver con el Inisa en estos días, como el caso de la fuga de 3 menores de un centro el pasado fin de semana, Emiliano Cotelo conversó con el presidente de su directorio, Jaime Saavedra.

Dentro de unos días, en febrero, representantes del Ejército Nacional irán a la Colonia Berro a informar a los jóvenes privados de libertad sobre las oportunidades de capacitación que brinda el Ministerio de Defensa Nacional.

Tocar un instrumento en una banda musical, estudiar carpintería o aprender tareas de mantenimiento son parte del menú de opciones que tendrán los 20 o 30 voluntarios que se aceptarán en la prueba piloto de este programa.

El convenio, que se firmó este martes en Torre Ejecutiva, tiene el aval expreso del presidente Yamandú Orsi. Pero, cuando trascendió, la semana pasada, despertó críticas muy severas de sectores del Frente Amplio y algunas organizaciones sociales.

La entrada Inisa y Ministerio de Defensa llevarán adelante plan piloto de capacitación para jóvenes privados de libertad: “No tiene nada que ver” con los campamentos militares o bootcamp, dice Jaime Saavedra se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Patricia González y Victoria Pasquet

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron ayer un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación del Ejército Nacional. 

El acuerdo fue suscrito en la Torre Ejecutiva por el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Saavedra mencionó que en la experiencia participarán desde marzo entre 20 y 30 jóvenes mayores de edad o a punto de cumplirla, para aprovechar “las posibilidades de capacitación que ofrece el Ejército Nacional”, desde tocar en una banda hasta talleres de carpintería y de mantenimiento”. 

Mencionó que un censo realizado por Unicef y Equipos Consultores, que se va a presentar públicamente en marzo, arrojó que 85% de los adolescentes del Inisa no terminaron el ciclo básico, un guarismo que se mantuvo incambiado desde el último censo, realizado en 2018. “Casi diez años, y no movimos una décima ese porcentaje. ¿Alguien puede pensar que tenemos futuro como país, que estos chiquilines tienen futuro, que sus familias tienen futuro si no logramos mover esa aguja?”, planteó.

"Para mover esa aguja tenemos convenio con ANEP, UTU,  Primaria, Secundaria, INEFOP, con todos los que se quieran sumar y también con el Ejército. ¿Para qué? Para recibir las destrezas y las capacidades que el Uruguay disfruta cuando hay, por ejemplo, una inundación y nos llenamos de dolor y de dificultades, recibirlas nosotros para ir aprendiendo cosas que el ejército sabe y conoce muy bien".

“Era un absurdo prescindir del Ejército Nacional en esta tarea”, ya que es la única institución “presente en la tierra, en el aire, en el mar y en todo el país”, comentó Saavedra al responder a las críticas lanzadas desde sectores del Frente Amplio y ONGs.

Al referirse a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, la ministra Sandra Lazo llamó ayer a la sociedad uruguaya a evitar tener una visión reduccionista según la cual la defensa nacional se restringe solamente a lo militar. Y defendió la medida señalando que amputarse la posibilidad de acceder a estas capacitaciones “sería un acto de irresponsabilidad”.

La propuesta de formación en el Ejército fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande.

A su vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto del convenio con el fin de evaluarlo, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó el programa y manifestó preocupación por su desarrollo.

“Entendemos que la ‘oportunidad’ de inserción socioeducativa y laboral en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA) es sumamente arbitraria, y presenta conflictos en relación a la promoción y restitución de derechos humanos”, dice el comunicado del Serpaj.

A su vez, manifiesta que “es grave que, desde instituciones a cargo de la restitución de derechos, en especial los vinculados a la educación, se promueva impartir una educación militar hacia adolescentes”. En ese sentido, considera “peligroso que se valore a las FF. AA. como un ente de capacitación e inserción social’ para adolescentes privados de libertad”.

Por último, el Serpaj menciona que en la formación militar “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”, por lo que no considera que el acuerdo “beneficie la formación de los adolescentes”.

Continúa en: Dólar excesivamente bajo: Banco Central y Ministerio de Economía anunciaron medidas

La entrada Inisa firmó acuerdo con Ministerio de Defensa para capacitar jóvenes privados de libertad se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El Poder Ejecutivo presentará esta tarde una denuncia civil y penal ante la Fiscalía por “fuertes indicios” de “estafa o fraude” al Estado uruguayo en el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, será el encargado de radicar la denuncia.

El presidente Yamandú Orsi anunció el miércoles en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y al propio Díaz, la decisión de presentar estas denuncias y, además, rescindir el contrato firmado en 2023, al detectarse irregularidades en la garantía presentada por la empresa. Cardama debía renovar un garantía de fiel cumplimiento el 22 de setiembre, un mes antes de que la original venciera, pero el plazo venció sin que informara al Estado uruguayo sobre esa gestión. 

Según las averiguaciones del gobierno uruguayo, la firma garante, Eurocommerce Limited, con sede en Reino Unido, está en liquidación, en el domicilio que tenía declarado funcionaba una inmobiliaria, tenía un único director de nacionalidad rusa, no contaba con empleados y no registraba actividad. 

Además de la denuncia ante Fiscalía, el gobierno ordenó una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco República, organismos que participaron en la validación de la garantía.

Hasta el momento, el Estado uruguayo transfirió a Cardama unos 30 millones de dólares.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Mario Cardama, director General del Astillero Cardama Shipyards.

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