El sarampión parecía una enfermedad erradicada desde fines de la década de los 90, sin embargo, durante el 2025 volvió a formar parte de la agenda en Uruguay y en el mundo.

Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que había logrado ser controlada en gran parte del planeta gracias a campañas de vacunación que se sostuvieron durante décadas.

A nivel global, esta enfermedad, que se creía erradicada desde fines de los años 90, registró un resurgimiento, con un aumento significativo de casos en países como Canadá, Estados Unidos y México. En ese contexto, lugares como España y Reino Unido han perdido recientemente el estatus de país libre de sarampión, lo que encendió las alertas de los organismos sanitarios internacionales y reabrió el debate sobre la importancia de mantener altas tasas de inmunización.

En Uruguay, volvimos a hablar del sarampión en febrero de 2025 tras la confirmación de un caso importado de un ciudadano italiano que ingresó al país luego de pasar por Argentina. En este contexto, las autoridades sanitarias de nuestro país advirtieron que la aparición de casos importados representa un riesgo latente para la salud pública.

En enero de este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un nuevo caso en Montevideo, también importado, que derivó en el contagio de un chofer de la empresa CUTCSA, lo que motivó una alerta epidemiológica y la búsqueda de contactos en algunas líneas de transporte urbano entre el 9 y el 13 de enero. A partir de esta situación, el MSP reforzó el llamado a la población a revisar los esquemas de vacunación y a completar las dosis correspondientes, en particular en niños, personal de la salud y personas nacidas después de 1967.

¿A qué se debe este resurgimiento a nivel global? ¿Cómo está la situación en nuestro país? ¿Cuáles son las recomendaciones desde el Ministerio de Salud Pública para evitar contagios?

Para profundizar sobre estos puntos, Gabriela Pintos conversó con Fernanda Nozar, Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública.

EN CASO DE CONTAGIOS

Comunicarse con el Departamento de Vigilancia en Salud del MSP al teléfono: 1934 interno 4010 o a los correos: vigilanciaepi@msp.gub.uy y alertayrespuesta@msp.gub.uy.

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Aumentar el consumo de proteína y disminuir al mínimo el consumo de azúcar y alimentos ultra procesados, forma parte del plan impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para “hacer a América saludable otra vez”

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por su secretario Robert F. Kennedy Jr, presentó la nueva guía alimentaria 2025-2030 que tiene como objetivo terminar con uno de los problemas de salud pública más grandes que enfrenta el país: la obesidad y el sobrepeso.

Esta nueva guía de alimentación, representada a través de una pirámide invertida, busca combatir estas enfermedades promoviendo los alimentos poco procesados, reduciendo el consumo de azúcar y de productos ultraprocesados y priorizando la proteína de carne vacuna y algunas grasas consideradas “saludables”, como la manteca.

Sin embargo, estos dos últimos puntos han generado cierta polémica ya que muchos nutricionistas argumentan que estos alimentos son, por ejemplo, altos en grasas saturadas.

¿Cuáles son los principales cambios que presenta esta pirámide? ¿Existe una forma correcta de leerla? ¿Cómo es la versión uruguaya de esta pirámide? ¿Qué recomendaciones podemos encontrar en ella?

Gabriela Pintos conversó con la licenciada en nutrición Estela Skapino, quien además es Dra. en Ciencias de la Salud y Directora de la Unidad Académica de Nutrición Clínica de la Universidad de la República.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Fernanda Sfeir, Julieta Sierra y Teresa Herrera.

Viene de: Álvaro Delgado se reune con Orsi, en medio de disputado por el liderazgo en el PN

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 20.02.2018, hora 8.24

EMILIANO COTELO (EC) —El panorama político del comienzo de 2018 estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre dirigentes en el plano de la ética y de la transparencia.

El debate más fuerte se centró en la contratación de familiares de jerarcas de organismos públicos, y su consecuencia más seria, hasta el momento, fue la remoción del directorio de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) que el presidente Tabaré Vázquez dispuso la semana pasada.

Sin embargo, parece bastante claro que Vázquez no tomó esa medida solo porque uno de los directores había contratado como secretaria a su futura nuera. El telón de fondo es la serie de críticas y denuncias sobre la gestión en el organismo y, en particular, la polémica sobre la conducción de la expresidenta Susana Muñiz.

Para encabezar el nuevo directorio, Vázquez eligió al doctor Marcos Carámbula, médico, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), intendente de Canelones en dos períodos (2005 a 2015) y elegido senador en los últimos comicios por la lista 1001 que lidera el Partido Comunista (PCU).

¿Qué cambios vienen en ASSE en esta nueva etapa?

De eso y algo más vamos a conversar con el doctor Marcos Carámbula.

Según trascendió, el presidente Vázquez le propuso que pasara a ocupar la presidencia de ASSE el miércoles de mañana, pero usted no aceptó de inmediato. Es más, parece que se tomó más de 24 horas para pensar y recién contestó afirmativamente el jueves a última hora de la tarde. ¿Fue así?

MARCOS CARÁMBULA (MC) —En primer lugar, un planteo del presidente de la República siempre para uno es un altísimo honor y mucho más el desafío que es presidir ASSE, que es la principal institución de asistencia pública del país. Entonces junto al natural impulso de responder favorablemente un planteo del presidente, también estuvo la necesidad de valorar razones de carácter personal. Yo había hecho pública una carta en la que explicitaba que por distintas razones iba a abandonar mi actividad pública para dejar paso a las nuevas generaciones –así lo entiendo producto de un trabajo en equipo–, decisión compartida con mi familia, con mis hijos, con mi esposa.

EC —Hay cuestiones de salud de por medio también.

MC —Hay cuestiones de salud que están controladas pero que necesariamente precisan atención. Se comprenderá entonces que tras el natural impulso inicial de decirle que sí al presidente, a la fuerza política –yo soy militante del Frente Amplio (FA) desde el 71, siempre he dicho que sí a lo que es una labor militante– necesitara horas para sopesar la decisión. Pero finalmente aceptamos la propuesta del presidente. Como decía Seregni, más allá de todas las amarguras que a uno le generan toda una serie de cuestiones que se han hecho públicas malamente, siempre hay que pensar en la mañana siguiente y ya estamos trabajando con mucha intensidad con el equipo.

EC —Supongo que en ese período de reflexión también pesó el hecho de que ASSE es una brasa ardiendo.

MC —Sí, me decían lo mismo de la Intendencia de Canelones en el 2005, mis amigos me decían “vas a agarrar una brasa ardiente, un palo enjabonado”.

EC —De por medio están una catarata de denuncias de la oposición, está la comisión investigadora que se formó en Diputados, y por otro lado la historia siempre complicada de la salud pública en Uruguay como campo de batalla entre intereses políticos, corporativos y empresariales. Hay de todo en ese sentido.

MC —Exactamente, es un gran desafío. Por eso lo vamos a abordar primero reafirmando mucho de lo que se ha hecho que es muy bueno. En la tarea como senador he visitado muchos centros hospitalarios, estoy al tanto de los temas de la salud.

EC —Usted está al tanto de la situación de ASSE en particular.

MC —Estoy al tanto, estoy por dentro de la situación de ASSE. Naturalmente que una cosa es desde afuera y otra cosa cuando empecemos a trabajar.

EC —Usted venía integrando una comisión que formó el FA para preparar las “reformas de segunda generación en el sistema de salud”.

MC —Exactamente.

EC —Es un grupo que está pensando en el futuro pero que cuando se formó también tenía como objetivo encarar la reorganización inmediata de ASSE a partir de la larga lista de problemas de ese organismo.

MC —Justamente, creo que esto hay que encararlo en dos niveles. El nivel de mediana y larga proyección, que son medidas en las que estamos trabajando, ya hay documentos prontos para presentar como proyectos de ley, en lo que es la normativa de ASSE, en lo que es el proyecto de complementación, la rectoría, la regionalización. Y al mismo tiempo abordar lo cotidiano. Yo he tenido ya conversaciones, porque mi primer espíritu es generar un ámbito de diálogo; no digo todavía de consenso, digo primero de diálogo. He hablado con el diputado Martín Lema; con el senador Álvaro Delgado, del herrerismo; con el diputado Daniel Radío, que preside la comisión investigadora, y lo haré en las próximas horas con los otros partidos; he recibido también una señal de diálogo, de búsqueda de ideas, del senador [Pedro] Bordaberry, del Partido Colorado (PC). Entonces primero diálogo, en el que recojamos las cuestiones que están planteadas en la investigadora; no podemos ser inmunes a cuestiones que necesariamente hay que corregir.

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Transcripción de la entrevista con el doctor Marcos Carámbula

El panorama político del comienzo de 2018 estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre políticos en el plano de la ética y la transparencia.

El debate más fuerte se centró en la contratación de familiares de jerarcas de organismos públicos, y su consecuencia más seria, hasta el momento, fue la remoción del directorio político de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que el presidente Tabaré Vázquez dispuso la semana pasada.

Sin embargo, parece bastante claro que Vázquez no tomó esa medida solo porque uno de los directores había contratado como secretaria a su futura nuera. El telón de fondo fue la serie de críticas y denuncias sobre la gestión en ASSE y, en particular, sobre la conducción de la ex presidenta de ASSE Susana Muñiz.

Para encabezar el nuevo directorio el presidente eligió al doctor Marcos Carámbula, médico, ex presidente del SMU, intendente de Canelones en dos períodos (2005-2015) y electo senador en los últimos comicios por la lista 1001 que lidera el Partido Comunista.

¿Qué cambios vienen en ASSE en esta nueva etapa? Para hablar de cómo se dio su llegada al cargo y de sus planes para ASSE, hoy conversamos en la entrevista central de En Perspectiva con Marcos Carámbula.

Transcripción de la entrevista con el doctor Marcos Carámbula

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

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El ex presidente José Mujica definió a la regulación del mercado del cannabis en Uruguay como un “experimento”. Y no se equivocaba. Es un mecanismo inédito en el mundo y como es de esperar, en su implementación hay dificultades y errores, e imprevisión en algunas de sus aristas, como está a la vista. Lo interesante a esta altura de este proceso es que Uruguay se dotó de un marco regulatorio que permite abordar en un plazo corto algunas otras cuestiones vinculadas a la producción legal de marihuana, que es hoy un hecho. Es el caso de la llamada “marihuana medicinal”, es decir, aquellos productos que se elaboran a partir del cannabis con fines terapéuticos.

En Uruguay es bien conocido que muchas personas y familias que tienen niños con problemas graves de salud que suelen tener una mejoría sustancial al ser tratados con este tipo de medicamentos derivados del cannabis, hacen un enorme esfuerzo por importar estos medicamentos o productos médicos.

Ahora en Uruguay, en el marco de este proceso regulatorio, se producirá una situación que en una primera lectura aparece positiva: surgirán medicamentos o productos médicos derivados del cannabis de fabricación local que deberían tener un costo menor al de productos similares importados.

Y digo bien “similares” porque hasta el momento, con toda lógica, cuesta pensar que en un plazo tan breve como el que lleva Uruguay incursionando en este terreno, se logren productos iguales y que tengan por lo tanto igual respuesta.

Entre las familias que hoy importan el producto existe preocupación. Algunas personas consultadas para esta columna confirmaron que recibieron de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública la afirmación de que no habrá una prohibición expresa que les impida continuar comprando en el exterior aquel medicamento que, según han comprobado, genera una mejora sensible del estado de salud de sus seres queridos.

Desde el Ministerio de Salud Pública no hubo respuesta a nuestros pedidos de información específica sobre el funcionamiento en la práctica de este mecanismo que podríamos llamar de importación versus producción local. La información que pudimos obtener hasta el momento de esa cartera, indica que no se está evaluando una prohibición estricta de importación.

En este punto, aparecen algunos interrogantes y cuestiones básicas de protección de derechos sobre la mesa, si es que la puerta de la discusión sigue, como parece, abierta.

La primera y más evidente es que si al día de hoy existe una compra de este tipo de productos y medicamentos en el exterior, que de hecho está dando resultados, no deberían adoptarse medidas proteccionistas para favorecer a una industria local apenas incipiente, que con seguridad, tardará un cierto tiempo en acompasar su producción a las necesidades de esta población.

La segunda es que debería habilitarse una coexistencia de mecanismos para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Las familias que hoy importan el producto y pueden pagarlo, y confían en él, deberían tener la misma libertad que han tenido hasta ahora. Y quienes se verán beneficiados por la existencia de productos locales más baratos y que hasta ahora tal vez no pueden recurrir a una importación y más bien se abastecen en un mercado paralelo no regulado que se sabe que existe, tendrán la garantía de que las empresas productoras locales estarán controladas debidamente.

Las familias que importan este tipo de medicamentos o productos lo hacen de empresas establecidas. Y estarían con seguridad dispuestas a un período de coexistencia que les permita probar medicamentos producidos en Uruguay, “teniendo a mano”, como me explicó una madre, el producto en el que hoy confían porque vieron los resultados.

En definitiva, se trata de que no se limiten oportunidades de acceso a mecanismos de cuidado, sino todo lo contrario, que las opciones sean múltiples. A la luz de las dificultades, lógicas, en la puesta en marcha de mecanismos como los que Uruguay ha incorporado en relación al cannabis, sería sensato que cualquier decisión que se tome por parte de las autoridades sanitarias en esta materia se guíe por la lógica de la preservación del derecho a la buena salud, facilitando el acceso a este tipo de productos de todas las formas legalmente posibles, sin trabas legales adicionales, sin nuevos requisitos impositivos.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 08.11.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 06.09.2016, hora 8.27

EMILIANO COTELO (EC) —El acceso a los medicamentos de alto costo es un tema candente. La semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó su última ordenanza con el objetivo de abreviar los tiempos de respuesta a los pedidos de fármacos caros que no figuran en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). En principio es un paso adelante, pero la normativa genera nuevas dudas, porque incorpora condiciones adicionales.

Fue en diciembre del año pasado cuando, mediante la ordenanza 882, Salud Pública creó el denominado “procedimiento abreviado” para que la cartera estudiara caso a caso las solicitudes de medicamentos de alto costo no incluidos en los planes de atención y pudiera responderlas con la mayor celeridad posible. Sin embargo, varios pacientes denunciaron que, haciendo el trámite por esa vía, la decisión de las autoridades sanitarias ha llegado a demorar varios meses, cuando el factor tiempo suele ser determinante para las enfermedades en las que se indican estos medicamentos.

En la nueva ordenanza, aprobada la semana pasada, se establece que el MSP tendrá un plazo no mayor de 20 días para contestar a quien formula el pedido. Pero, simultáneamente, se agregan otras variantes a tener en cuenta, como los costos de tratamientos alternativos y la situación económica del paciente.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema, quien ha denunciado problemas y demoras en la adjudicación de medicamentos de alto costo, considera que esto de los procedimientos abreviados ha vuelto los procesos “más injustos” para los pacientes.

¿Cómo es eso? ¿Qué opina de la nueva ordenanza? ¿Cuáles son los problemas a corregir? ¿Cuáles serían las alternativas?

Vamos a conversarlo con él.

Usted es abogado, pero en su trabajo legislativo se ha volcado a estos asuntos de Salud Pública. ¿Por qué?

MARTÍN LEMA (ML) —Cuando comenzó la legislatura yo intentaba tener una comisión que me permitiera estar más tiempo fuera del Palacio que dentro del Palacio, que el Palacio fuera una suerte de trampolín, adonde uno va, prepara, pica y se va a la cancha, que es donde están los problemas que tenemos que resolver. Y la Comisión de Salud, a través de visitas a hospitales, a policlínicas, a fundaciones y a asociaciones, nos da un conocimiento de un tema tan importante como es el tema de la salud, que nos sirve como termómetro para tener un diagnóstico general. Y me he encontrado con un tema que me llegó el día que empecé en la actividad política y que me permite tratar de hacer lo mejor y dar lo mejor de mí para cambiar algo en alguien. Es un tema que se presta para eso. Entonces me siento útil trabajando en un tema como salud, y uno se va retroalimentando también de las charlas con pacientes y con trabajadores y demás.

EC —Ha elegido una cancha muy amplia. Por ejemplo, ha sorprendido apareciendo de visita en un hospital para verificar condiciones de atención, de infraestructura, etcétera. Hoy vamos a detenernos en un aspecto en particular, no vamos a hablar de ASSE, que es uno de los capítulos a los que se ha dedicado. Vamos a hablar de los medicamentos de alto costo. ¿A qué nos referimos cuando nos metemos en esta categoría?

ML —Estamos hablando de pacientes que hoy están desamparados para acceder a medicamentos que fueron indicados por su médico tratante. Al paciente se le indica determinado medicamento, el paciente ve que por su alto costo no cuenta con los recursos económicos para sustentarlo, va a su prestador de servicios de salud, que no brinda ese tipo de medicamentos, por lo tanto se lo niega, entonces va al Fondo Nacional de Recursos (FNR), que los brinda o no de acuerdo a si están incluidos en el FTM, en ese formulario se basa el Fondo para proporcionar o no estos medicamentos. Cuando el FNR no brinda esos medicamentos empieza una batalla muy importante, muy sensible para el paciente y para su núcleo cercano.

EC —Ahí hay dos caminos para el paciente: insistir ante el MSP o ir a la justicia.

ML —Sí, necesariamente primero debe establecer su caso ante el MSP. No estamos hablando de un tema difícil, es un tema dificilísimo, hay que reconocerlo, nadie dice que sea fácil. Pero al paciente que está desamparado no le podemos decir que no entra en los números de un presupuesto y que lamentablemente se va a quedar sin su tratamiento. Obviamente quizás no haya sistema que soporte proveer todos los medicamentos que se indican a los pacientes, pero eso no nos puede impedir trabajar para que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes.

En el año 2015 hicimos un montón de propuestas tendientes a facilitar el acceso. Ese año se creó, mediante una ordenanza, un procedimiento abreviado que consiste en evaluar los casos de aquellos pacientes que ven negada su pretensión porque el FNR no brinda el medicamento que precisa. Cuando se creó la ordenanza 882 el procedimiento era denominado “abreviado”, pero no era abreviado en los hechos, entre otras cosas porque no había plazo.

EC —La ordenanza 882, de diciembre del año pasado, la que introdujo el procedimiento abreviado, sin embargo no puso plazos. Teóricamente, por la forma como se procedía o se ordenaba proceder, el procedimiento iba a ser más breve, pero no estaba establecido un plazo concreto.

ML —Exactamente, hubo pacientes que estuvieron meses esperando una respuesta. Lo que es sumamente injusto, porque eso puede provocar la pérdida de la oportunidad terapéutica. Cuando el médico indica determinado medicamento es para que se consuma en tiempo y forma, no meses después, luego de atravesar un proceso absolutamente burocrático.

EC —En una columna aquí en En Perspectiva, el 10 de agosto, Mauricio Rabuffetti se refirió a un caso en el que, por medio de un “procedimiento abreviado”, el MSP demoró tanto en resolver que terminó autorizando la compra del fármaco después del fallecimiento de la paciente que lo había requerido. ¿Usted conoce situaciones como esa?

ML —Conozco el caso al que hace referencia y conozco otros casos en los que lamentablemente no llegar en tiempo y forma pone en riesgo la salud y la recuperación del paciente, no con hechos tan graves como es el fallecimiento, pero sí. Y no solo eso, he charlado con los familiares, que están desesperados. Y por otro lado he hablado con médicos y con abogados de estos pacientes, y los médicos también estaban desesperados por el ejercicio de su vocación, y los abogados estaban en una situación altruista, porque pelear por esos pacientes y que haya más medicamentos incluidos en definitiva es menos trabajo para ellos, contrariamente a lo que en un momento se quiso hacer ver. Eso habla de que hay un punto destacable en todo este sistema, que lamentablemente en general ha traído muchos problemas, sobre todo para el tratamiento de los pacientes.

La entrada Entrevista central, martes 6 de setiembre: Martín Lema se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.