¿Qué desafíos traen los avances en inteligencia artificial en el plano de la Justicia?

No es, seguramente, el rubro al que primero uno asocia cuando piensa en inteligencia artificial, pero no se trata del futuro sino del presente: ya hoy hay innovaciones que están generando nuevas posibilidades a la vez que presentan dilemas.

Abogados robot que dan consejos legales, un software que dicta sentencias, formas de acercar la Justicia a quienes no pueden acceder a ella y de acelerar procesos largos, pero también mecanismos que pueden esconder sesgos complicados.

La semana pasada, en el evento LegalTech Summit, el abogado Santiago Pereira Campos dedicó su charla a este tema.

Y para conocer más de cuáles son esos desafíos y qué ejemplos hay ya de aplicación de estas tecnologías en el sistema judicial, invitamos esta mañana al Dr. Pereira Campos en un nuevo espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación.

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó ayer un procedimiento disciplinario con separación del cargo a la jueza de Paz de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, a raíz de la actividad de la magistrada en redes sociales.

Según el diario El Observador, Ferreyra había publicado fotos selfies acompañadas de leyendas como: «¿no te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá p’al juzgado». También compartió una imagen del escudo de la Policía en la cual agregaba: «Decime estúpida, pero a mí me emocionó ver el desfile de la Escuela Nacional de Policía. Será porque trabajando con ellos uno ve, que hacen lo que pueden y más… y les pasan las mismas cosas que a nosotros. GRACIAS POR TODO ‘HAY ORDEN DE NO AFLOJAR’… dicen por ahí».

Esta misma semana, el lunes, la SCJ envió un pedido de informes a la jueza de la ciudad de Pando Ada Siré, especializada en Violencia de Género, debido a un video que ella publicó en Tik Tok y que se hizo viral en los últimos días.

En esa grabación, de la cual informó este domingo el diario El País, Siré habla de “estereotipos machistas” que se “observan en ruedas de hombres” y menciona una serie de “títulos” que, según ella, son comentados en esos encuentros.

Siré dice en una parte de la publicación: “Del título ‘las hijas de los otros porque la mía es una santa’, llega ‘uh, la violaron; debe de ser la culpa de ella’. Pero existen otros títulos también, como por ejemplo: “Esa mina está histérica; debe de estar menstruando’, o ‘¡qué mal cogida!’ por Dios”, comentó la jueza de Violencia Doméstica de Pando en Tik Tok. Finalmente, señaló la magistrada: “Lo único que pido es que algún día se termine con los estereotipos machistas y se dejen de elaborar construcciones teóricas a partir de seguimientos patriarcales”.

Estos dos casos plantean varias preguntas: ¿los jueces pueden manejar sus redes sociales como el resto de los ciudadanos? ¿Cuáles son las restricciones para su presencia en esos espacios?

Lo analizamos con el abogado Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo,  expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, un instituto técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Enlace relacionado: Documento referente a la participación de jueces en las redes sociales, emitido por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Tras muchas especulaciones previas al inicio de la campaña de vacunación, finalmente se dio a conocer esta semana el documento que preparó el gobierno y que deben firmar los uruguayos que decidan inocularse contra el Covid-19 al momento de aplicarse la primera dosis. 

En la primera parte del documento se establece que Uruguay ofrece un plan de vacunación “voluntario y gratuito”, por lo que todo aquel que tenga intenciones de vacunarse lo podrá hacer respetando el proceso escalonado y las prioridades establecidas por el gobierno. 

En tanto, el segundo pasaje tiene una intención legal que no plantea ninguna clase de información médica, sino un contrato entre el Estado y la persona que será inoculada. El texto que usted deberá firmar si decide vacunarse continúa diciendo:  

 “En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con, la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual  reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay”. 

¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que vamos a estar firmando y qué diferencias hay con el famoso concentimiento informado?  

Esta mañana profundizamos en este tema con el abogado Santiago Pereira Campos, socio de Rueda Abadie Pereira y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo. 

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Quienes quieran vacunarse contra el Covid-19 en Uruguay deberán firmar un consentimiento informado.

Esto sería una exigencia de parte de los laboratorios con los que se firmó contrato, Pfizer/BioNTech y Sinovac, aunque esos contratos son todavía confidenciales.

Todavía no se conoce tampoco cómo sería el formulario, pero en otros países lo que se firma es una constancia de que las vacunas, como todo medicamento, pueden tener efectos adversos.

Así lo informó El País. Según publica ese diario, la novedad tomó por sorpresa a la comisión asesora de vacunación. Los técnicos no están en contra de esta firma, que sería una garantía para todas las partes, pero sí se considera que puede terminar desestimulando a quienes tengan dudas respecto de si inmunizarse.

Al conocer la información, el abogado Santiago Pereira Campos escribía que “la firma del consentimiento informado tiene gran incidencia en la eventual litigación vinculada con la vacuna”.

Esta mañana profundizamos desde ese ángulo con el Dr. Pereira Campos, quien es también profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo.

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El caso del sindicalista argentino Marcelo Baledo y su pareja Paola Fiege se cerró a principios de este mes, luego de casi dos años. Recordarán que fueron detenidos de una forma bastante espectacular en el verano de 2018, en la zona de Playa Verde.

La forma en que se cerró el caso fue un acuerdo con el fiscal por el cual ambos reconocen los delitos que se les imputan y ceden varios bienes al Estado uruguayo a cambio de reducir su pena.

Balcedo fue condenado como autor de un delito de lavado de activos, un delito continuado de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La sentencia es de cuatro años y ocho meses de penitenciaría.

Fiege fue condenada por un delito de asistencia al lavado de activos. Le corresponderían tres años de cárcel.

Ambos ya cumplieron períodos de prisión efectiva, y por el acuerdo alcanzado Balcedo cumplirá el resto de su pena en prisión domiciliaria. Fiege lo hará en un régimen de libertad vigilada.

Además del reconocimiento de los delitos, la pareja debió desprenderse de US$ 4.000.000, un chalet en Maldonado y cuatro vehículos de alta gama que Balcedo y Fiege entregaron al Estado como parte del acuerdo fiscal.

¿El Estado aceptó bienes aparentemente obtenidos mediante ilícitos a cambio de una reducción de la pena? ¿Estos bienes corresponden al Estado uruguayo, o tiene razón Argentina en reclamarlos? ¿Cuánto afecta este tipo de acuerdos la imagen que la sociedad en general se hace del sistema judicial uruguayo?

Este es el tema que abordamos hoy En Perspectiva en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas.

Para eso, conversamos con Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho
en la Universidad de la República; El procesalista Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la UM; El también procesalista Gabriel Valentín, profesor grado 5 de Derecho Procesal en la Udelar y el penalista Diego Camaño, profesor adjunto de Derecho Penal de la Udelar.

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Esta última década, el Poder Judicial atravesó un enfrentamiento complicado con el Poder Ejecutivo a raíz de un conflicto salarial, y más recientemente una reforma profunda del Código del Proceso Penal que se implementó con escaso presupuesto.

Visto el panorama, que tuvo al sistema judicial en el ojo de la tormenta en más de una ocasión, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, parece un buen momento para poner el foco en qué proponen los partidos políticos para la Justicia.

¿Qué dicen los programas partidarios sobre las instituciones jurídicas, la lentitud judicial o la calidad legislativa? ¿Y qué deberían decir? ¿Qué está faltando?

Para discutirlo, En Perspectiva desarrolló una nueva edición de la Mesa de Juristas. Nos acompañaron Óscar Sarlo, catedrático de Filosofía del Derecho en la Udelar; Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional I y II en la UM; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Udelar; y Santiago Pereira Campos, especialista en Derecho Procesal, docente en la UM en esa materia, expresidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

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Sin embargo, el fiscal Fernando Romano dispuso que la medida se lleve a cabo luego de que el imputado se fuera de vacaciones a Valizas, lo que provocó una fuerte polémica.

¿Se ajusta a las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal? En Perspectiva lo habló con el Dr. Santiago Pereira Campos, profesor de Derecho Procesal.

La entrada "No hubo ningún apartamiento de la normativa legal" en el caso de manifestante contra el G20 pero sí puede haber reproches desde la política criminal, explica especialista se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En la entrevista central de esta mañana lo analizamos con el doctor Santiago Pereira Campos, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo.

Transcripción de la entrevista con el doctor Santiago Pereira Campos

El miércoles de la semana pasada se puso en marcha una reforma histórica para la administración de la justicia penal en Uruguay. Ese día, 1º de noviembre de 2017, entró en vigor el nuevo Código de Proceso Penal.

Las primeras horas estuvieron marcadas por problemas informáticos, edilicios y conflictos sindicales. Así y todo, en estos cinco días se logró el objetivo de resolver en cuestión de horas procesos penales que antes llevaban semanas o meses.

Dejando de lado los inconvenientes concretos, ¿qué implica esta reforma? ¿En qué nos beneficia a nosotros los ciudadanos?

Para abordar este tema esta mañana recibimos al doctor Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Transcripción de la entrevista con el doctor Santiago Pereira Campos

Documento relacionado
Esquema del nuevo sistema de justicia penal uruguayo, por Santiago Pereira Campos

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EN PERSPECTIVA
Lunes 06.11.2017, hora 08.27

Video de la entrevista

EMILIANO COTELO (EC) —El miércoles de la semana pasada se puso en marcha una reforma histórica para la administración de la justicia penal en Uruguay. Ese día, 1.º de noviembre de 2017, entró en vigor el nuevo Código del Proceso Penal.

Las primeras horas estuvieron marcadas por problemas informáticos, edilicios y conflictos sindicales. Así y todo, en estos cinco días se logró el objetivo de resolver en cuestión de horas procesos penales que antes llevaban semanas o directamente meses.

Dejando de lado los inconvenientes puntuales, ¿qué implica esta reforma? ¿En qué nos beneficia a nosotros los ciudadanos?

Vamos a pasar en limpio estos asuntos con el doctor Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Para empezar, una aclaración básica: ¿qué es el derecho procesal penal?

SANTIAGO PEREIRA CAMPOS (SPC) —El derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan la tramitación de un proceso. Un proceso es una sucesión de actos jurídicos que tienen cada uno una finalidad y un objetivo, y esa sucesión de actos conforma el proceso, en este caso el proceso penal. Y el derecho procesal se encarga de estudiar ese proceso y verificar su sistemática y sus consecuencias.

EC —Uruguay tenía un Código de Proceso Penal que se había aprobado en 1981. ¿Por qué era necesario modificarlo?

SPC —En primer lugar era necesario modificarlo por un mandato de nuestra Constitución y de los tratados internacionales suscritos por Uruguay, que implicaban la necesidad de un proceso que en primer lugar fuera oral y público, y que en segundo lugar tuviera claramente separadas las funciones de quien acusa y quien resuelve, esto es, el fiscal y el juez. Y nuestro proceso no cumplía con ninguna de estas dos condiciones, y además estaba llamado a generar un sistema con muchas personas presas sin condena, como efectivamente ocurre hoy.

EC —Estábamos en deuda con la comunidad internacional.

SPC —Estábamos en deuda con nuestra Constitución en primer lugar y con la comunidad internacional en segundo lugar. De hecho habíamos sido observados en sucesivas oportunidades porque nuestro sistema procesal penal era violatorio del Pacto de San José de Costa Rica.

EC —Tú tuviste participación importante, intensa en los preparativos de la puesta en marcha.

SPC —Sí, yo actualmente estoy presidiendo el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), un organismo del sistema interamericano, un organismo independiente que se encarga de ayudar a los países en los procesos de reforma de la justicia. A través de este organismo se capacitó en Uruguay a prácticamente 400 jueces, fiscales, defensores y policías en una experiencia bastante inédita en el país, que fue que se capacitara a los cuatro grupos juntos, o sea que trabajaran juntos e interactuaran estos cuatro grupos de actores. Y por otro lado CEJA también tuvo una participación importante en algunas propuestas de reforma de la versión inicial del Código, que terminaron plasmándose en la última ley que se acaba de aprobar.

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