Foto: Presidencia

Ayer, en Cerro Norte, el gobierno puso en marcha el Plan Más Barrio, que implica el despliegue del Estado en un territorio para resolver en forma simultánea problemas de seguridad, convivencia, espacios públicos y vivienda, trabajando con los vecinos.

A las 8 de la mañana jerarcas y funcionarios de Presidencia y los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Vivienda se desplegaron en esa zona del oeste de Montevideo para cumplir con el primer objetivo: realizar un censo de la población.

“Conocer de primera mano las necesidades del barrio, de cada uno de los vecinos, o sea sus condiciones edilicias, socio habitacionales, pero también los problemas sociales que puedan tener. A partir de esa información van a comenzar los trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del barrio. Eso implica iniciar las tareas de limpieza del barrio, de ordenamiento, de iluminación, de patrullaje; posteriormente el equipamiento público como plazas públicas, etc. Que lo vamos a ir haciendo con los vecinos. De eso se trata el programa más barrio: de ir construyendo comunidad y que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo para participar y que sea un lugar seguro.”

Se eligió Cerro Norte como primer paso del plan porque es una zona densamente poblada con una tasa de desempleo mayor a la del resto del país, alto índice de delitos violentos y múltiples carencias, según indicaron desde Presidencia.

Luego está previsto que estas intervenciones se desarrollen en barrios de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

¿Qué dejó la primera jornada en Cerro Norte?

Emiliano Cotelo conversó con la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.

La entrada Plan “Más Barrio” en Cerro Norte: “No es un diagnóstico más”; “es un acercamiento a las familias”, la “acción inmediata de brindar prestaciones” y “la presencia sostenida del Estado”, dice Tamara Paseyro, ministra de Vivienda se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: En Perspectiva

A la segunda reunión de los Encuentros por Seguridad en Torre Ejecutiva, los blancos llegaron con un documento con más de 20 medidas para proponer y reclamaron que en las reuniones se hiciera presente el ministro Carlos Negro.

Los nacionalistas consideraban que el diálogo tenía que arrojar medidas concretas que dieran respuesta inmediata a los problemas de seguridad, pero el plan que impulsaba el gobierno estaba concebido con otros plazos.

El jueves pasado, cuando finalmente se hizo la presentación oficial, las autoridades enfatizan que el Plan Nacional de Seguridad Pública no es una lista de medidas como era costumbre en administraciones anteriores sino una nueva forma de gestionar esta materia, que va más allá del Ministerio del Interior y que plantea políticas basadas en evidencia. 

“Nada está escrito en piedra”, dijo el ministro Negro, porque, según explicó, se irá evaluando y modificando, aprendiendo de lo que se hace.

Luego de la divulgación del documento las primeras reacciones de la oposición fueron de rechazo.

Pero ahora que ya pasaron unos días, ¿qué análisis realizaron de la propuesta? ¿Contempla algunas de las iniciativas de la oposición? ¿De qué manera incidirán en el monitoreo que el propio gobierno impulsa?

Profundizamos en la perspectiva que tiene la oposición sobre el plan de seguridad del gobierno, Emiliano Cotelo conversó con el ex ministro del Interior, Dr. Nicolás Martinelli.

Nicolás Martinelli

• Ex Ministro del Interior (noviembre 2023-marzo 2025)
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar)
• Senador suplente por el Partido Nacional

La entrada Plan Nacional de Seguridad Pública: Que “reconozcan que se basa en continuar políticas del gobierno pasado es el camino para empezar a trabajar una política de Estado”, dice Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: En Perspectiva

El gobierno dice que el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó el jueves pasado “es una estrategia de Estado que no solo enfrenta el delito, sino que introduce una nueva forma de intervenir: más presencia donde hoy hay violencia, más prevención para evitar que ocurra y más inteligencia para anticiparse.”

Según enfatizó el ministro del Interior, Carlos Negro, esta forma de trabajo permitirá pasar “de respuestas fragmentadas y de corto plazo a una estrategia basada en evidencia, con acciones concretas y posibles de ser evaluadas.”

“No es una propuesta integral paralizadora, donde se le da espacio a múltiples instituciones para que después no pase nada, sino al revés; es una apuesta de acción de trabajo encabezada por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior y el resto del Estado, nos encolumnamos detrás de esto".

El plan está organizado en siete ejes temáticos: homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de armas de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y sistema de prevención del delito y la violencia.

Y luego prevé 79 acciones y más de 130 medidas, algunas ya en ejecución y otras pensadas a mediano y largo plazo. Entre las medidas figuran, por ejemplo, la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. También se prevé mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado para reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción”.

Negro subrayó que la mayoría de las iniciativas no requerirá leyes nuevas. Según indicó, sólo seis o siete propuestas deberán pasar por el Parlamento.

El ministro resaltó que el documento fue elaborado a partir de un diagnóstico técnico y de un proceso de diálogo, que comenzó a mediados del año pasado, en el que participaron partidos políticos, sindicatos, empresarios y academia. Sin embargo, ese trabajo es cuestionado por la oposición que sostiene que si bien asistió a las reuniones no tuvo devoluciones sobre sus planteos. Además, blancos, colorados y el Partido Independiente consideran que gobierno siguió ese camino porque el Frente Amplio llegó al poder sin tener una estrategia definida en este asunto, que es el de mayor preocupación para los uruguayos.

Entonces, ¿qué aporta de nuevo este plan? ¿Por qué se dice que no es solo un conjunto de medidas? ¿Cuándo se verán sus resultados? 

Emiliano Cotelo conversó con el coordinador del PNSP, Emiliano Rojido, sociólogo, doctor en Políticas Públicas y asesor del Ministerio del Interior.

Emiliano Rojido

• Coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública
• Doctor en Políticas Públicas (Universidad de Río de Janeiro)
• Licenciado en Sociología (Udelar)
• Autor de varias publicaciones sobre violencia, seguridad pública y criminología

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Foto: Presidencia

La Tertulia de los Lunes con
Gonzalo Baroni, Matías Bordaberry,
Juan Erosa y Elisa Lieber

El gobierno presentó el jueves pasado el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) “Uruguay más seguro”, previsto para aplicarse en el período 2025 – 2035.

El ministro del Interior, Carlos Negro, lo definió como “una nueva forma” de gestionar esta materia en nuestro país:

"Ustedes van a ver que está expresamente previsto que este sea un plan monitoreable y evaluable. Es lo que distingue a este plan de lo que nos tenían acostumbrados otrora, a lo que llamábamos nosotros una lista de medidas que a menudo consistían en proyectos de reforma o de proyectos de ley, que a menudo también giraban en torno al aumento de penas o a la creación de delitos o incluso, a cambiarle el nombre a delitos que ya existían. Nosotros queremos salir de esa dinámica porque sabemos que esa fórmula fracasó."

Con este plan, según explicaron las autoridades, se busca establecer un “modelo uruguayo” en seguridad pública. 

Su elaboración insumió (nueve) meses de trabajo, incluyó reuniones con partidos políticos, instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, y se nutrió de aportes ciudadanos y de organismos internacionales.  

El documento de 340 páginas establece 7 ejes prioritarios de trabajo: homicidios, violencia de género, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia y sistema de prevención del delito y la violencia. 

El PNSP incluye más de 130 medidas, algunas que ya están en marcha y otras planificadas a mediano y largo plazo; también se preve cambios en la normativa vigente que requieren aprobación parlamentaria. 

En el texto se aclara que “no es un catálogo de promesas ni un conjunto de medidas sueltas” sino “un instrumento estratégico de política pública para ordenar la acción del Estado.” En esa línea, se plantea un alcance de 10 años porque se procura “construir una política pública de largo plazo, capaz de trascender gobiernos y ciclos electorales”.

Entre las medidas, el documento incluye la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Por otro lado, también plantea mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado. Esta acción – se aclara- está orientada a reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción, mediante la combinación de decisión judicial, tratamiento supervisado y control de cumplimiento (…) Su contribución central es romper el ciclo entre consumo problemático y reiteración delictiva, al tiempo que alivia la carga del sistema de justicia penal, permitiendo una asignación más eficaz de recursos judiciales y policiales hacia la persecución de mercados ilegales de mayor daño”.

El mismo día de la presentación la oposición reaccionó ante los anuncios. “La montaña parió un ratón” fue una frase repetida por dirigentes opositores como el senador colorado Andrés Ojeda o el diputado blanco Pablo Abdala. 

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado escribió en sus redes sociales: “No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron. Muchos titulares y pocas medidas concretas”. Y agregó: “Además de llegar tarde, el plan se queda corto". 

En cambio, Guido Manini Ríos fue el único dirigente opositor que asistió a la reunión convocada por el ministro Negro para esa misma tarde a efectos de presentar el PNSP a los partidos políticos. El líder de Cabidlo Abierto recibió el documento y se comprometió a estudiarlo y responder.

¿Cómo vieron los contertulios la divulgación del PNSP, su contenido y las repercusiones que tuvo?

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Desde el 22 de enero la Jefatura de Policía de Montevideo lleva adelante el “Operativo calle” en zonas céntricas de la ciudad, para promover el uso adecuado de los espacios públicos, prevenir conflictos y preservar el orden.

Esta línea de trabajo se decidió por el crecimiento de los problemas de convivencia en esos barrios; por ejemplo, seis personas apuñaladas en 48 horas, todas situaciones que incluyen entre víctimas o victimarios a cuidacoches y gente que vive en la calle.

El viernes pasado entrevistamos aquí En Perspectiva a la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, del Partido Nacional, que sostiene que la experiencia que ella impulsó en su zona con la aplicación de la Ley de Faltas dio resultados y por eso se dan ahora estas intervenciones del Ministerio del Interior.

En esta oportunidad, Emiliano Cotelo conversó con la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, del Frente Amplio, para conocer su evaluación de estos nuevos operativos, cuál es la situación de seguridad y cómo se está trabajando en coordinación con el gobierno nacional en este tema.

El Municipio B de Montevideo, que abarca los barrios Cordón, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro y Tres Cruces, entre otros, es el que concentra a más personas en situación de calle en la ciudad.

La Policía está preocupada por el aumento de los problemas de convivencia en esa zona, entre ellos los ataques con armas blancas. Por eso, a fines de enero, con el respaldo del Ministerio del Interior y la Presidencia, la Jefatura comenzó el “operativo calle”, destinado a desalojar a quienes viven en la vía pública.

Los agentes salen con un patrullero, un ómnibus para trasladar a las personas al centro Mides de Casavalle y un camión para retirar los residuos que dejan los campamentos improvisados.

¿Qué participación tiene el Municipio B en esta línea de trabajo? ¿En qué medida coordina? ¿Está acá la solución de fondo al problema de las personas en situación de calle?

La entrada Personas en situación de calle: Alcaldesa del Municipio B defendió operativos coordinados entre Intendencia y Policía y discrepó con iniciativa de Matilde Antía en el CH se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El ministro del Interior, Carlos Negro, hizo una defensa de su primer año de gestión ayer ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo. 

Negro había sido citado por el diputado nacionalista Pablo Abdala para que informara sobre el estado de la seguridad pública, el proceso para la elaboración de un plan de seguridad, y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en política criminal. 

Durante su alocución, Negro destacó que 2025 cerró “con una mejora general de los indicadores de criminalidad respecto de 2024, consolidando una tendencia de estabilización y de descenso en varios delitos de alto impacto”. 

El ministro enfatizó que entre 2024 y 2025 hubo una reducción interanual de 4,7% en todos los delitos relevados. Además, resaltó que los homicidios disminuyeron 3,4% con respecto al año anterior, “el máximo descenso que se registra desde la pandemia de coronavirus”, dijo.  

Por otro lado, Negro recordó que en marzo se presentará el Plan Nacional de Seguridad Pública pero aclaró que la estrategia del Gobierno en este rubro comenzó a implementarse el 1 de marzo de 2025, con mayor presencia policial, más tecnología, fortalecimiento de las comisarías, operativos focalizados y jerarquización de las tareas de prevención.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversó con Pablo Abdala, miembro convocante y diputado del Partido Nacional.

La entrada Ministro Negro defendió su primer año de gestión en el Parlamento: “El Plan de Seguridad es del gobierno porque los partidos políticos no sabemos en que consiste a 30 días de su presentación”, dice Pablo Abdala (P. Nacional) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Miércoles con Juan Erosa, Elena Grauert, Teresa Herrera y Martín Moraes

El Partido Nacional (PN) presentó el documento que entregará al Ministerio del Interior con distintas propuestas para mejorar la seguridad pública, mientras esa cartera desarrolla el Diálogo Social para elaborar un plan que comenzará a aplicar el año que viene.

Luego de la reunión del lunes, el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, volvió a cuestionar “la poca importancia política” que —según dijo— la cartera dio a ese ámbito, pero remarcó que la seguridad ciudadana es el principal problema del país y que por esa razón el PN “no puede estar ajeno”.

En su documento, el PN plantea, entre otras medidas:

• la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada especialmente a algunos homicidios;
• la creación de la figura “anti-mafia” para combatir a las organizaciones criminales con fuerte aumento de las penas;
• el combate al fentanilo con penas de 8 a 15 años;
• prohibir los celulares en las cárceles, a partir de tipificarlo como delito;
• habilitar el allanamiento de bocas sólo por la denuncia policial como autorización expresa para el allanamiento;
• la prohibición de pernoctar en espacios públicos con sanción de trabajos comunitarios;
• establecer límites a la Fiscalía para la finalización de una investigación a partir de cambios al Código del Proceso Penal;
• la deportación de Delincuentes Extranjeros por delitos graves;
• modificar la ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género como el proyecto de ley presentado en el gobierno pasado;
• y combatir la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo y los grafitis a partir de lo que antes era considerada “la ley de vagancia”.

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La Tertulia de los Jueves con
Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich,
Ana Laura Pérez, Tomás Teijeiro

En la tarde de ayer, el presidente Yamandú Orsi aclaró sus dichos sobre el modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de afirmar más temprano que era “un ejemplo para analizar”.

En un llamado que el propio Orsi realizó al programa “Fácil Desviarse”, de FM Del Sol, remarcó que aplicar esas políticas en Uruguay sería “imposible e inaceptable”.

“Cuando planteé lo del ejemplo, es un ejemplo a analizar porque lo que más me llama la atención es el nivel de adhesión que generan en la población ese tipo de políticas. Dicho de otra forma: si vas a aplicarlo en Uruguay, eso es imposible e inaceptable. Y te lo digo convencidísimo: no podés hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad. De eso estoy convencido”.

Orsi recordó una visita a El Salvador, cuando el país vivía bajo el dominio de las maras, y señaló que hoy sorprende ver a la población en las calles y el respaldo al gobierno. Sin embargo, insistió en que el análisis debe centrarse en por qué la sociedad apoya esas medidas, no en imitarlas. “La política de Bukele es un ejemplo a analizar, no a seguir”, afirmó.

El mandatario también expresó dudas sobre “qué tan exitosa” es la experiencia salvadoreña, dado que “hay gente inocente que de repente la está pagando”. Planteó, además, que el debate de fondo es cuánto está dispuesta una sociedad a ceder en libertad a cambio de seguridad, una discusión que, dijo, merece más profundidad.

Más temprano, en el ciclo de Desayunos Búsqueda, Orsi había dicho que el caso salvadoreño merece un análisis. Además, sostuvo que la izquierda tuvo dificultades históricas para hablar de “mano dura”, pero que hoy la seguridad es “un derecho humano fundamental” del que no se puede escapar.

– Orsi: La seguridad es un tema que hay que hablar. Y yo creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador. El ejemplo de un proceso.

– Periodista Andrés Danza: ¿Lo estás poniendo como ejemplo positivo o negativo?

– Orsi: Ejemplo para analizar.

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Miguel Fernández Galeano, Elena Grauert y Patricia González

El atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ocurrido este domingo en Montevideo, generó un sacudón en el gobierno y el sistema político, donde se sucedieron las condenas al ataque y la solidaridad con la funcionaria y todos los fiscales encargados de investigar al crimen organizado.

En ese contexto, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados se reunió de urgencia y resolvió funcionar de forma permanente en los próximos días, en señal de respaldo institucional y de unidad frente a lo que se interpreta como un ataque directo al sistema judicial.

Pero desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone sostuvo que “la ciudadanía espera mucho más que señales” y pidió avanzar en un régimen de trabajo que incluya citar a Fiscalía, Poder Judicial y ministerios para analizar penas y presupuesto. Perrone insistió con la propuesta de su partido de declarar la emergencia en seguridad y agregó que si el Ministerio del Interior no puede garantizar la seguridad de jueces y fiscales, “deben hacerlo las Fuerzas Armadas".

Sobre esta última posibilidad, el diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, sostuvo que podría aplicarse el artículo 168 de la Constitución de la República para situaciones de “conmoción interna”. “El tan desacreditado pero no menos constitucional artículo que introduce las medidas prontas de seguridad, que es un instituto constitucional con control parlamentario estricto, introduce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se involucren en este tema”, afirmó.

Por otro lado Salle reclamó la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, y del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

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