Hace tres días, un grupo de piratas informáticos que se hace llamar Jabaroot publicó los datos personales de más de setenta mil agentes de la policía y de los servicios de inteligencia de Marruecos. Nombres, fechas de nacimiento, números de documento, cuentas bancarias.

Es la mayor filtración que haya sufrido un aparato de seguridad árabe, y llega apenas cuatro semanas después de la avalancha de Ceuta. Pero el dato que nos interesa esta noche es otro, y es anterior: entre 2018 y 2019 —antes de la crisis del Sáhara, antes de Ceuta, antes de todo— ese mismo aparato lanzó, según la investigación de Forbidden Stories y El Confidencial, setecientos sesenta y ocho intentos de infección con el programa Pegasus sobre doscientos cincuenta teléfonos españoles.

Y en mayo y junio de 2021 le extrajo dos coma seis gigas de información al móvil del presidente del Gobierno español, y seis gigas al del ministro del Interior. De eso trata este programa: de un país que espió durante años, a escala industrial, al Estado que lo llama socio preferente; de por qué España respondió a ese espionaje cambiando su política exterior a favor del que la espiaba; y de qué nombre le corresponde a un vínculo entre vecinos donde uno escucha todo y el otro elige no enterarse.

Con Ricardo Barboza

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Ignacio Munyo propone un ambicioso plan de inversión en vivienda para atender a unas 220.000 personas que viven en condiciones habitacionales críticas, con la construcción de 12.000 viviendas por año durante cinco años y financiamiento mediante bonos sociales y organismos multilaterales.

Vivienda, marginalidad y futuro: La propuesta de Ignacio Munyo para saldar una deuda pendiente de Uruguay by En Perspectiva

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Durante los últimos días el mundo entero discutió una imagen. Nosotros vamos a discutir un expediente. Porque mientras las cámaras miraban una escollera de piedra en el norte de África, la Unión Europea terminaba de completar el cambio de política migratoria más profundo de su historia democrática: nueve reglamentos de aplicación directa, una lista oficial de países a los que se puede devolver gente sin examinar su caso, una reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos firmada por cuarenta y seis Estados, y una cláusula que ata el comercio internacional a las deportaciones.

Nada de eso tuvo imágenes. Casi nada de eso pasó por un parlamento nacional. Y todo eso ya estaba en vigor antes del 30 de julio. De eso trata este programa: de cómo Europa cambió de filosofía migratoria en silencio, de quién lo hizo realmente —y no fue quien usted está pensando—, y de qué es lo que un continente entero está tratando de resolver cuando reorganiza su derecho, su sistema de protección de derechos humanos y hasta su política comercial alrededor de su problema más pequeño en cinco años.

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¿Puede Uruguay evitar los niveles de violencia y descontrol que ya padecen otros países de la región?

Conversamos con el experto internacional Fernando Vaccotti sobre la situación actual de la seguridad: qué estamos haciendo bien, dónde estamos fallando y qué deberíamos corregir antes de que determinados fenómenos se vuelvan imposibles de revertir.

También abordamos la polémica sobre la llamada “mano dura”: ¿es una respuesta necesaria frente al avance del delito o una consigna que simplifica un problema mucho más complejo? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre prevención, rehabilitación, autoridad y consecuencias efectivas para quienes transgreden reiteradamente las normas?

Más allá de las cifras, hablamos de lo que la inseguridad va quitándonos silenciosamente: libertad, confianza, tranquilidad y ese espíritu de comunidad que históricamente caracterizó a nuestro país.

Una conversación profunda y necesaria sobre las decisiones que debemos tomar

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Ecuador pasó en una década de ser el país más tranquilo de la región a su epicentro criminal: más de 9.000 homicidios en 2025, el año más violento de su historia.

Esta semana en La Hora Global seguimos con Fernando Vaccotti para leer ese derrumbe sin atajos. Pero el dato que casi nadie discute es el más reciente: en junio, el gobierno de Noboa habilitó por decreto el despliegue de tropas extranjeras con inmunidad en suelo ecuatoriano —lo mismo que la ciudadanía había rechazado en las urnas siete meses antes.

La pregunta que nos vamos a hacer es incómoda: cuando un Estado le abre la puerta a una potencia extranjera para combatir al narco, ¿es cooperación o es soberanía que se cede? Análisis realista, en el marco de El fin del Interregno.

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Foto: Presidencia

Ayer, en Cerro Norte, el gobierno puso en marcha el Plan Más Barrio, que implica el despliegue del Estado en un territorio para resolver en forma simultánea problemas de seguridad, convivencia, espacios públicos y vivienda, trabajando con los vecinos.

A las 8 de la mañana jerarcas y funcionarios de Presidencia y los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Vivienda se desplegaron en esa zona del oeste de Montevideo para cumplir con el primer objetivo: realizar un censo de la población.

“Conocer de primera mano las necesidades del barrio, de cada uno de los vecinos, o sea sus condiciones edilicias, socio habitacionales, pero también los problemas sociales que puedan tener. A partir de esa información van a comenzar los trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del barrio. Eso implica iniciar las tareas de limpieza del barrio, de ordenamiento, de iluminación, de patrullaje; posteriormente el equipamiento público como plazas públicas, etc. Que lo vamos a ir haciendo con los vecinos. De eso se trata el programa más barrio: de ir construyendo comunidad y que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo para participar y que sea un lugar seguro.”

Se eligió Cerro Norte como primer paso del plan porque es una zona densamente poblada con una tasa de desempleo mayor a la del resto del país, alto índice de delitos violentos y múltiples carencias, según indicaron desde Presidencia.

Luego está previsto que estas intervenciones se desarrollen en barrios de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.

¿Qué dejó la primera jornada en Cerro Norte?

Emiliano Cotelo conversó con la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.

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Foto: En Perspectiva

A la segunda reunión de los Encuentros por Seguridad en Torre Ejecutiva, los blancos llegaron con un documento con más de 20 medidas para proponer y reclamaron que en las reuniones se hiciera presente el ministro Carlos Negro.

Los nacionalistas consideraban que el diálogo tenía que arrojar medidas concretas que dieran respuesta inmediata a los problemas de seguridad, pero el plan que impulsaba el gobierno estaba concebido con otros plazos.

El jueves pasado, cuando finalmente se hizo la presentación oficial, las autoridades enfatizan que el Plan Nacional de Seguridad Pública no es una lista de medidas como era costumbre en administraciones anteriores sino una nueva forma de gestionar esta materia, que va más allá del Ministerio del Interior y que plantea políticas basadas en evidencia. 

“Nada está escrito en piedra”, dijo el ministro Negro, porque, según explicó, se irá evaluando y modificando, aprendiendo de lo que se hace.

Luego de la divulgación del documento las primeras reacciones de la oposición fueron de rechazo.

Pero ahora que ya pasaron unos días, ¿qué análisis realizaron de la propuesta? ¿Contempla algunas de las iniciativas de la oposición? ¿De qué manera incidirán en el monitoreo que el propio gobierno impulsa?

Profundizamos en la perspectiva que tiene la oposición sobre el plan de seguridad del gobierno, Emiliano Cotelo conversó con el ex ministro del Interior, Dr. Nicolás Martinelli.

Nicolás Martinelli

• Ex Ministro del Interior (noviembre 2023-marzo 2025)
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar)
• Senador suplente por el Partido Nacional

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Foto: En Perspectiva

El gobierno dice que el Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó el jueves pasado “es una estrategia de Estado que no solo enfrenta el delito, sino que introduce una nueva forma de intervenir: más presencia donde hoy hay violencia, más prevención para evitar que ocurra y más inteligencia para anticiparse.”

Según enfatizó el ministro del Interior, Carlos Negro, esta forma de trabajo permitirá pasar “de respuestas fragmentadas y de corto plazo a una estrategia basada en evidencia, con acciones concretas y posibles de ser evaluadas.”

“No es una propuesta integral paralizadora, donde se le da espacio a múltiples instituciones para que después no pase nada, sino al revés; es una apuesta de acción de trabajo encabezada por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior y el resto del Estado, nos encolumnamos detrás de esto".

El plan está organizado en siete ejes temáticos: homicidios; violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes; control de armas de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y sistema de prevención del delito y la violencia.

Y luego prevé 79 acciones y más de 130 medidas, algunas ya en ejecución y otras pensadas a mediano y largo plazo. Entre las medidas figuran, por ejemplo, la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. También se prevé mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado para reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción”.

Negro subrayó que la mayoría de las iniciativas no requerirá leyes nuevas. Según indicó, sólo seis o siete propuestas deberán pasar por el Parlamento.

El ministro resaltó que el documento fue elaborado a partir de un diagnóstico técnico y de un proceso de diálogo, que comenzó a mediados del año pasado, en el que participaron partidos políticos, sindicatos, empresarios y academia. Sin embargo, ese trabajo es cuestionado por la oposición que sostiene que si bien asistió a las reuniones no tuvo devoluciones sobre sus planteos. Además, blancos, colorados y el Partido Independiente consideran que gobierno siguió ese camino porque el Frente Amplio llegó al poder sin tener una estrategia definida en este asunto, que es el de mayor preocupación para los uruguayos.

Entonces, ¿qué aporta de nuevo este plan? ¿Por qué se dice que no es solo un conjunto de medidas? ¿Cuándo se verán sus resultados? 

Emiliano Cotelo conversó con el coordinador del PNSP, Emiliano Rojido, sociólogo, doctor en Políticas Públicas y asesor del Ministerio del Interior.

Emiliano Rojido

• Coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública
• Doctor en Políticas Públicas (Universidad de Río de Janeiro)
• Licenciado en Sociología (Udelar)
• Autor de varias publicaciones sobre violencia, seguridad pública y criminología

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Foto: Presidencia

La Tertulia de los Lunes con
Gonzalo Baroni, Matías Bordaberry,
Juan Erosa y Elisa Lieber

El gobierno presentó el jueves pasado el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) “Uruguay más seguro”, previsto para aplicarse en el período 2025 – 2035.

El ministro del Interior, Carlos Negro, lo definió como “una nueva forma” de gestionar esta materia en nuestro país:

"Ustedes van a ver que está expresamente previsto que este sea un plan monitoreable y evaluable. Es lo que distingue a este plan de lo que nos tenían acostumbrados otrora, a lo que llamábamos nosotros una lista de medidas que a menudo consistían en proyectos de reforma o de proyectos de ley, que a menudo también giraban en torno al aumento de penas o a la creación de delitos o incluso, a cambiarle el nombre a delitos que ya existían. Nosotros queremos salir de esa dinámica porque sabemos que esa fórmula fracasó."

Con este plan, según explicaron las autoridades, se busca establecer un “modelo uruguayo” en seguridad pública. 

Su elaboración insumió (nueve) meses de trabajo, incluyó reuniones con partidos políticos, instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, y se nutrió de aportes ciudadanos y de organismos internacionales.  

El documento de 340 páginas establece 7 ejes prioritarios de trabajo: homicidios, violencia de género, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia y sistema de prevención del delito y la violencia. 

El PNSP incluye más de 130 medidas, algunas que ya están en marcha y otras planificadas a mediano y largo plazo; también se preve cambios en la normativa vigente que requieren aprobación parlamentaria. 

En el texto se aclara que “no es un catálogo de promesas ni un conjunto de medidas sueltas” sino “un instrumento estratégico de política pública para ordenar la acción del Estado.” En esa línea, se plantea un alcance de 10 años porque se procura “construir una política pública de largo plazo, capaz de trascender gobiernos y ciclos electorales”.

Entre las medidas, el documento incluye la creación de una fiscalía penitenciaria especializada “con capacidad de intervención sostenida en los centros de reclusión”; una unidad policial dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos y la expansión del apoyo y las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Por otro lado, también plantea mecanismos como justicia terapéutica y tribunales de drogas con tratamiento supervisado. Esta acción – se aclara- está orientada a reducir “la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción, mediante la combinación de decisión judicial, tratamiento supervisado y control de cumplimiento (…) Su contribución central es romper el ciclo entre consumo problemático y reiteración delictiva, al tiempo que alivia la carga del sistema de justicia penal, permitiendo una asignación más eficaz de recursos judiciales y policiales hacia la persecución de mercados ilegales de mayor daño”.

El mismo día de la presentación la oposición reaccionó ante los anuncios. “La montaña parió un ratón” fue una frase repetida por dirigentes opositores como el senador colorado Andrés Ojeda o el diputado blanco Pablo Abdala. 

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado escribió en sus redes sociales: “No teníamos expectativas y aun así nos decepcionaron. Muchos titulares y pocas medidas concretas”. Y agregó: “Además de llegar tarde, el plan se queda corto". 

En cambio, Guido Manini Ríos fue el único dirigente opositor que asistió a la reunión convocada por el ministro Negro para esa misma tarde a efectos de presentar el PNSP a los partidos políticos. El líder de Cabidlo Abierto recibió el documento y se comprometió a estudiarlo y responder.

¿Cómo vieron los contertulios la divulgación del PNSP, su contenido y las repercusiones que tuvo?

Continúa en: Combustibles suben 7% a raíz de la guerra en Medio Oriente, anunció el gobierno

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