Foto: En Perspectiva

Ustedes escucharon la noticia la semana pasada.

El Tribunal de Cuentas (TC) resolvió, por mayoría, observar la renegociación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo. El pronunciamiento fue apoyado por los cuatro ministros de la oposición mientras que los tres ministros del Frente Amplio votaron en contra.

Luego de conocerse la noticia, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, afirmó que el dictamen del TC no cuestiona la conveniencia técnica, económica ni el interés público del nuevo proyecto. Pero además señaló que la resolución contiene “errores conceptuales”. Por eso, anunció que el directorio de OSE decidió reiterar el gasto y continuar con el plan de obras, que está previsto que comiencen en abril.

Esa posibilidad, que está prevista en la ley, mereció críticas de la oposición. Pero no es la primera vez que ocurre. Todo lo contrario. Es algo frecuente y lo hemos visto en gobiernos de todos los partidos. Y cada vez que pasa muchos se preguntan: ¿Qué sentido tiene que las sentencias del TC no sean vinculantes? ¿Qué experiencia existe en otros países del mundo? ¿Hay que reformar esos organismos de contralor?

Emiliano Cotelo conversó con el Dr. Ruben Correa Freitas, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y conocedor del funcionamiento del Estado.

Ruben Correa Freitas

• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
• Profesor de Derecho Constitucional (Grado 5 – Udelar)
• Es Profesor Titular de Derecho Constitucional desde el año 2000 y de Derecho Administrativo desde 2004 en la Facultad de Ciencias Jurídicas (UDE). 
• Fue Profesor Titular de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en la Escuela Nacional de Policía desde 2001 hasta 2015.  
• Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho
• Ex Senador por el Partido Colorado (2000 – 2005)
• Ex Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (1985 – 1990 y 1995 – 2000)

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Leonardo Costa,
Juan Erosa y Eleonora Navatta

El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió el pasado viernes tomarse diez días para analizar la respuesta a las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) a la compra de la estancia María Dolores, un predio de 4.400 hectáreas ubicado en Florida y que se destinaría fundamentalmente a la producción lechera.

La resolución del tribunal fue adoptada por mayoría: los ministros designados por blancos y colorados votaron por observar el gasto, mientras que los representantes del Frente Amplio se manifestaron a favor de la operación. El resultado fue 4 a 3.

El dictamen incluyó cuatro observaciones: falta de disponibilidad presupuestal; un gasto que excede la asignación anual del organismo; una aprobación sin la mayoría requerida del directorio para compras directas; y dudas en torno a una prenda vigente sobre el sistema de riego, que podría no haber sido contemplada en el precio de compraventa.

Desde filas opositoras ya se estudian posibles pasos si Colonización decide reiterar el gasto: entre ellas, una interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y hasta la eventual presentación de una denuncia penal.

En este contexto, el nuevo presidente del INC, Alejandro Henry, señaló este martes, aquí En Perspectiva, que el directorio está revisando los fundamentos técnicos y jurídicos antes de adoptar una resolución definitiva que levante las objeciones formuladas por el TCR.

“La decisión la va a reconsiderar el instituto y la va a ratificar o no. Por lo que he conversado con los directores, me parece que la va a ratificar (…) Cuando respondamos (al Tribunal de Cuentas), con toda esta nueva batería jurídica que vamos a ir agregando y con algunos elementos que ya no existen dentro de las observaciones del tribunal, vamos a tener una reunión de directorio y tomar una decisión”.

El papel del Tribunal de Cuentas

Según informó El País este fin de semana, en los primeros cuatro meses de esta legislatura, el TCR remitió al Parlamento 466 casos de compras que habían sido observadas pero en las cuales el organismo correspondiente decidió reiterar el gasto.

Y entre febrero de 2020 y febrero de este año, el TCR emitió casi 3.000 advertencias similares. Sin embargo, ninguna fue tratada por la Asamblea General, que requiere una mayoría especial de dos tercios —87 de los 130 legisladores— para habilitar la discusión.

De hecho, según la misma nota, no hay antecedentes de que ese ámbito parlamentario se haya reunido alguna vez para analizar un informe del TCR.

¿Qué efectos tienen, entonces, los dictámenes del Tribunal de Cuentas? ¿Cuál es el alcance real de sus observaciones? ¿Qué revela esto sobre los mecanismos de contralor en el Estado uruguayo?

Continúa en: El Gobierno presentó un proyecto para mitigar el impacto de la brecha de precios en la frontera

"Sangría del negocio y del comercio" en Uruguay por franquicias del exterior… y otros telegramas

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Carolina Porley.

Continúa en: Debate Biden-Trump generó dudas en los demócratas sobre el estado cognitivo de su candidato

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Darwin Machado, integrante del TCR, aseguró a la diaria que la comunicación no depende de los miembros del organismo sino de su administración, pero confirmó que la resolución fue adoptada ayer, martes.

El fallo indica que se resolvió “observar los gastos del pago del subsidio al ex vicepresidente de la República, dispuesto por una resolución de la presidenta de la Cámara de Senadores” del 3 de octubre de 2017.

La vicepresidenta dialogó esta mañana con En Perspectiva.

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Por Emiliano Cotelo ///

Una intendencia que tiene deudas pero consigue superávit en uno de sus balances anuales, ¿puede usar ese dinero para realizar obras o tiene que liquidar primero todos los préstamos que ha solicitado?

Este debate, interesantísimo, ha ido creciendo y mutando desde comienzos de este mes, al punto que este martes el Congreso Nacional de Intendentes resolvió solicitar una audiencia con el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en busca de un pronunciamiento que dilucide el panorama de manera definitiva.

El superávit de Martínez

La historia empezó a fines de abril cuando el intendente Daniel Martínez anunció, con satisfacción, que en el balance 2016 se había logrado un resultado positivo de $ 1.112 millones (unos US$ 39 millones) y que ello le permitiría realizar obras "no previstas en el Presupuesto pero necesarias" por $ 900 millones.

Era, en principio, una muy buena noticia, teniendo en cuenta la historia de déficits anuales de la Intendencia de Montevideo (IM) y los números complicadísimos que Martínez encontró al asumir, en julio de 2015 (*). Pero la polémica se instaló de inmediato. En la Junta Departamental (JDM), varios ediles de la oposición cuestionaron el supuesto logro. Subrayaron, por ejemplo, que buena parte de la mejora se debía a un aumento de recaudación de Patente de Rodados por el crecimiento del parque automotor, algo que a la intendencia le cayó del cielo.

Penadés y el 302

Pero pocas horas después la discusión cobró otra dimensión. El diputado blanco Gustavo Penadés, del sector Todos, advirtió que si el intendente lleva adelante su plan estará incurriendo en un acto inconstitucional. Y, tras cartón, puso sobre la mesa el artículo 302 de la Constitución. Esa disposición, incluida en la Sección XVI, del Gobierno y de la administración de los departamentos, dice textualmente: “Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas”.

Según Penadés, Martínez se expone a que el TCR le observe el gasto. Y si esto no ocurre, él no descarta ampararse en el artículo 303 de la Constitución, que habilita a que, con la firma de 11 ediles, se presente una apelación ante la Cámara de Representantes.

Martínez acorralado

Fue un golpe desconcertante. Muchos directamente no conocían este artículo 302, que viene de la reforma de 1934, que también creó el TCR. Muchos otros no la recordaban. En cualquier caso, hacía mucho, mucho tiempo que nadie esgrimía esta norma.

La IM respondió. Básicamente sus voceros dijeron que tenían presente esa norma y la respetaban, recordaron que una parte del superávit se destinaría a bajar deuda y que, con respecto a los $ 900 millones que se volcaría a nuevas obras, se solicitaría autorización a la JDM.

Pero el artículo 302 no admite dudas, como remarcó Penadés apoyado por expertos en derecho constitucional: “Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de obligaciones departamentales”, y sólo “si dichas obligaciones no existiesen” (o sea, si no hubiese deudas) se podrá aplicar el dinero a obras, para lo cual, recién en ese caso se requerirá el visto bueno de la Junta Departamental. La norma es, efectivamente, muy estricta. Podrá calificársela de exagerada o equivocada, pero es obvio que busca exigir al máximo el rigor administrativo de los gobernantes.

Martínez aparecía acorralado. Y la situación era muy incómoda para un jerarca que no sólo se ha propuesto corregir el rumbo de la gestión frenteamplista en la capital, tan cuestionada en los últimos años, sino que además es visto como un potencial candidato presidencial para 2019.

Intendentes blancos al rescate

Su salvación, increíblemente, llegó desde el Partido Nacional. Primero Sergio Botana de Cerro Largo y luego otros jefes comunales de las dos grandes corrientes blancas, dijeron, palabra más, palabra menos, que todos hacían lo mismo que ahora había resuelto su colega montevideano.

Por supuesto, una de las preguntas que todos nos planteamos fue: ¿Cómo se entiende que el diputado Penadés realice una denuncia contra el Frente Amplio y termine dejando en offside también a figuras importantes de su propio partido?

Hay dos posibilidades: 1) Actuó de manera apresurada y, si hubiera sabido que comprometería a sus correligionarios, se habría callado la boca; 2) Lo hizo conociendo la realidad de los Gobiernos departamentales todos y sin medir costos políticos para su colectividad, simplemente preocupado por el respeto a la normativa vigente.

En cualquier caso, la controversia quedó instalada y no es menor.

Más argumentos

Con el correr de las semanas algunos intendentes se han expuesto mucho con sus declaraciones públicas sobre este tema.

Veamos algunos ejemplos (**), tomados de una conferencia organizada el miércoles por ADM (Asociación de Dirigentes de Marketing), en la que participaron Carlos Moreira (PN), de Colonia, Yamandú Orsi (FA), de Canelones, y Enrique Antía (PN), de Maldonado.

"Si yo le digo a un vecino que no le arreglo la calle o que no le levanto la basura porque tengo que pagar un fideicomiso que vence en el 2022, me cuelgan en la plaza", explicó, muy gráficamente, Moreira. Y aclaró que, utilizando superávit, él ha pagado deudas vencidas de la comuna.

Lo que dijo Moreira es razonable. Su planteo enriqueció la discusión, sin duda. Pero, como marcaba ayer el doctor Carlos Ramela en La Mesa de los Jueves, en su lectura estricta el artículo 302 no distingue entre obligaciones vencidas o al día. Por el contrario, dice que todo el superávit deberá dedicarse a “amortizaciones extraordinarias” de obligaciones. Así que, en teoría, el superávit debería aplicarse incluso a adelantar pagos de un fideicomiso que vence en el 2022, si esa fuera la única deuda existente.

Por su parte, Orsi hizo notar que "hay constitucionalistas que dicen una cosa y la otra” sobre el artículo 302, y agregó: “Negarle a la gente las obras que necesita para ver si esto es constitucional o no, es un error. Hay que cumplir con los compromisos pero más importante es cumplir con la gente".

Eso sí que es polémico; se supone que primero está el cumplimiento de la Constitución y recién después los compromisos asumidos por un candidato con la población.

De todos modos, rescato otra frase de Orsi: "sería bueno destacar que las intendencias están cumpliendo con sus obligaciones mucho más que antes". Eso es cierto. En los últimos años se viene dando un “emprolijamiento” de las cuentas de los Gobiernos departamentales. Han ido regularizándose, por la vía de convenios, deudas grandes, algunas de ellas monstruosas, que se habían ido acumulando con bancos u organismos públicos, como UTE.

Por último, Antía indicó que se propone dejar "el nombre de Maldonado bien alto" en lo que refiere a deudas, “pero eso no significa que se hará cargo de toda la mora que generó la comuna en períodos anteriores”. Explicó que "no fue fácil arrancar de menos 20″, aludiendo al pasivo con el que se encontró en 2015, de US$ 93 millones. Enfatizó que en su departamento "hay muchas obras" que no se pudo realizar en el último tiempo por falta de ingresos y que, en particular, es "fundamental" trabajar en su infraestructura.

Como se ve, Antía añadió otro ángulo al debate: ¿Qué ocurre cuando un intendente enfrenta un endeudamiento grande que viene de su antecesor, que además, es su más acérrimo enemigo político? En ese caso, ¿igual queda atado de pies y manos por el artículo 302 de la Constitución?

Para terminar, sumo lo que dijo esta semana otro intendente nacionalista, el de Flores, Fernando Echeverría: “Cuando hay un déficit que no es importante, que muchas veces puede ser heredado, y cuando uno logra comenzar a estabilizar la economía del Gobierno departamental, si se empieza a trabajar con superávit, sin descuidar determinadas deudas, es importante poder volcar en obras el superávit”. Según Echeverría, “depende de la responsabilidad de cada uno y de las deudas, y de no dejar de cumplir con acreedores o con las obligaciones del normal funcionamiento departamental”.

El futuro

¿Qué es lo positivo de todos estos dichos que estuve reseñando? Que todos coinciden en su determinación firme de ordenar las finanzas de las intendencias, en la búsqueda de superávits y en el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma. Y en todos esos capítulos, hay que reconocerlo, estamos observando avances importantes en los últimos años.

Pero me llama la atención la flexibilidad que los intendentes se atribuyen para interpretar el artículo 302 de la Constitución. A la hora de resolver el uso del superávit, todo queda librado a la “responsabilidad” de cada gobernante y la “racionalidad de lo proyectado”, como dice Echeverría. El resumen sería algo así como esto: “está muy bien intencionada esa norma de la Constitución, comprendemos su llamado a la austeridad y el rigor fiscal, compartimos su espíritu, pero vamos a ir cumpliéndola gradualmente, como podamos, porque hemos tenido que enfrentar dificultades muy serias con las cajas de nuestros Gobiernos”. O, si ustedes prefieren, “lo necesario está por encima de lo jurídico”.

Vamos a ver qué responde el TCR cuando le planteen la consulta formalmente. Pero me parece que acá hay dos alternativas. Una, que todas las intendencias rebobinen, vuelquen los superávits a bajar deuda y dejen obras por el camino. Pero como esa no la veo, lo que se impone es que los intendentes, a través de sus partidos, promuevan en el Parlamento una reforma constitucional, que le quite al artículo 302 su austeridad idealista y romántica, y lo haga chocar con la realidad. Después, la población deberá pronunciarse en un plebiscito.

(*) En la IM el déficit acumulado histórico en 2015 era de US$ 426 millones.

(**) Fuentes: Crónicas de El País y El Observador, publicadas el 25.05.2017

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 26.05.2017, hora 08.05

Mesa relacionada
Intendentes consultan al TCR sobre uso de superávit en obras cuando hay deudas

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El Congreso de Intendentes realizará una consulta al Tribunal de Cuentas para que este organismo determine si las comunas que tienen superávit pueden utilizar ese saldo para invertirlo en obras antes de destinarlo al pago de deudas.

La inquietud surgió cuando el diputado nacionalista Gustavo Penadés advirtió que el intendente Daniel Martínez iba a incurrir en una inconstitucionalidad al destinar a varias obras el superávit que el gobierno de Montevideo obtuvo en 2016. Penadés, que fue apoyado por expertos en derecho constitucional, basó su posición en el artículo 302 de la Constitución que establece que "todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales".

En respuesta a Penadés, Martínez dijo que la utilización de un saldo a favor en obras se hizo “mil veces” y “nunca pasó nada”. El intendente capitalino opinó que es “surreal” que no se pueda utilizar el dinero en “beneficio” de la gente. Una opinión similar tuvo el intendente nacionalista de Colonia, Carlos Moreira. "Si yo le digo a un vecino que no le arreglo la calle o que no le levanto la basura porque tengo que pagar un fideicomiso que vence en el 2022, me cuelgan en la plaza", dijo el intendente Moreira. El jefe comunal aclaró si bien su administración mantiene deudas, está pagándolas en fecha, según los convenios realizados oportunamente.

La Mesa de los Jueves con Fernando Butazzoni, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Antonio Mercader.

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Crédito foto en Home: Sesión del Congreso de Intendentes en Rocha, mayo de 2017. Crédito: Congreso de Intendentes/ci.gub.uy.

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Para conocer los fundamentos de uno de los integrantes de la posición mayoritaria en el tribunal, en la entrevista central conversamos con León Lev, uno de los ministros que representan al oficialismo en este organismo de contralor.

Transcripción de la entrevista con León Lev

Para algunos ministros del Tribunal de Cuentas, y también para algunos técnicos de ese organismo, la resolución del miércoles pasado marcará “un antes y un después”, en su tradición y en su vida institucional.

Este día el Tribunal de Cuentas levantó – por cuatro votos contra tres – las observaciones que había planteado el 30 de noviembre al proceso licitatorio en busca de un avión presidencial y multipropósito, que culmina en la compra de una aeronave Hawker, del año 1978, que había sido ofrecida a la Fuerza Aérea en marzo de 2015 y que el Poder Ejecutivo procuró inicialmente adquirir de manera directa.

El fallo dio vía libre al Poder Ejecutivo para concretar la operación. Sin embargo, reabrió una polémica que ya lleva casi dos años. Porque se produjo contradiciendo un informe de los servicios jurídicos del Tribunal de Cuentas, que aconsejaba rechazar la adquisición. Y porque ocurre luego que renunciara uno de los ministros que, aunque representaba al oficialismo, se había pronunciado en contra de la intención del gobierno.

Sobre este asunto hablábamos el jueves con el Ing. Ruperto Long, uno de los ministros del TCR en representación de la oposición. Esta mañana, en la entrevista central escuchamos la otra campana con León Lev, uno de los ministros que representan al oficialismo en este organismo de contralor.

Transcripción de la entrevista con León Lev

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Crédito Foto: Execflyer

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Por Emiliano Cotelo ///

No entendí por qué el Gobierno se aferró a su idea de comprar el avión presidencial o “multipropósito”. Sobre todo, no entendí por qué encaró este asunto en esta coyuntura en particular y de la manera que eligió. No entendí por qué se metió en este lío que ya lleva casi dos años.

Lo nuevo

Ustedes conocen la noticia de esta semana. El miércoles el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) no observó, y por lo tanto habilitó, la adquisición por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de un jet Hawker HS 125-700 del año 1978 ofrecido por el empresario Carlos Bustin. El pronunciamiento salió por mayoría: 4 a 3. En noviembre, y también por 4 a 3, el TCR había observado la operación. ¿Qué pasó entre una instancia y la otra? Primero, que el Poder Ejecutivo, legítimamente, decidió insistir con el gasto pese a la observación, para lo cual adjuntó una consulta realizada a la Fiscalía de Gobierno, favorable a la transacción. Segundo, que a fin de año dejó su cargo uno de los ministros frenteamplistas del TCR que en noviembre había votado a favor de la observación y el suplente que lo relevó aceptó la argumentación de la administración y volcó la mayoría en la otra dirección, pese a que en los días previos el Departamento Jurídico del TCR había emitido un informe fuertemente crítico de la compra.

Una vez comunicado el fallo, el mismo miércoles de tarde, el presidente Tabaré Vázquez se mostró “reconfortado”, confirmó que la aeronave será incorporada a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y afirmó que el tema está “terminado” desde los puntos de vista “jurídico, legal y administrativo”. Sin embargo, no lo está en el plano político ni tampoco en la opinión pública. En ese sentido fue muy elocuente el debate que se dio ayer en La Mesa de los jueves de En Perspectiva. Pero además, entre otras cosas, está pendiente una interpelación al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que llevará adelante el 24 de este mes el senador Pedro Bordaberry.

Hace falta

Yo creo que el Presidente de la República Oriental del Uruguay debería contar con un avión digno que le permitiera desplazarse con comodidad para cumplir con sus compromisos en el exterior. De esta carencia se han quejado, de manera reservada, varios mandatarios desde el regreso a la democracia. Y tenían razón. No es lo mismo viajar en vuelos comerciales, dependiendo de horarios y conexiones que definen otros, y sin la privacidad de una nave propia en la cual el jefe de Estado, si hace falta, puede aprovechar el tiempo para adelantar trabajo o mantener reuniones con los jerarcas que lo acompañan en la comitiva. (Es claro, por otra parte, que no están a la altura de las circunstancias los dos aviones de la FAU que más de una vez se han empleado a esos efectos.)

Y, si además, el aparato puede cumplir otras funciones, mejor. En este caso, el Gobierno ha insistido en que el que se gestiona sería útil desde el punto de vista sanitario, para el traslado de enfermos o heridos en determinadas circunstancias delicadas y especiales, algo muy conveniente para el país y la población en general.

Pero, habiéndose postergado tantos años esta compra, ¿era este período de gobierno el momento adecuado para resolverla? Y, suponiendo que la respuesta fuera sí, ¿por qué se eligió encarar el asunto de esta forma tan enredada?

Muchas objeciones

El proceso que se siguió en pos de este avión fue sumando demasiados flancos, sobre los cuales la oposición ha cargado una y otra vez, colocando en una posición incómoda a los voceros del oficialismo que han tenido que salir a ejercer la defensa.

Esta lista que viene ahora es incompleta pero, por ejemplo, se ha cuestionado:

– Que inicialmente se optó por la compra directa, aceptando un ofrecimiento que, además, Bustin había formulado el 2 de marzo de 2015, un día después de la instalación de la segunda presidencia de Vázquez.

– Que recién luego de una primera observación del TCR el gobierno optó por el camino de la licitación internacional.

– Que en esa licitación se incluyeron condiciones que, aparentemente, favorecían a Bustin, que de hecho fue el único que se presentó. Especialmente se cuestiona la cláusula que premiaba con 20% aquella propuesta que incluyera un avión con permiso de navegación ya otorgado por la Dirección Nacional de Aviación Civil (DINACIA), lo que requiere un trámite muy difícil de cumplir en los 60 días de plazo que había para presentar las ofertas.

– Que Bustin tiene una larga relación comercial y de amistad con Juan Salgado, asesor honorario del presidente Vázquez. Bustin es propietario de la firma Autolíder, representante en Uruguay de la marca Mercedes Benz, principal proveedora de los ómnibus de la flota de CUTCSA, que Salgado preside.

– Que el avión, si bien se encuentra en perfecto estado, tiene 40 años y corresponde a un modelo que ya no se fabrica, lo que complica la posibilidad de que se lo use mucho más que cuatro años.

– Que habría en el mercado internacional aviones iguales o mejores que este por la mitad de precio.

– Que no se puede olvidar que en el período pasado Ancap compró un avión (más chico que este, es cierto) para el transporte de sus autoridades y técnicos, que poco tiempo después cayó en desuso y permanece guardado en un hangar.

– Que si bien el gasto, de poco más de un millón de dólares, no es exorbitante, resulta inoportuno cuando el déficit de las cuentas públicas se ha disparado y están entrando en vigor las medidas de ajuste fiscal aprobadas el año pasado, que incluyen aumentos del IRPF, el IASS y otros tributos.

– Que el cambio de integración en el TCR no habría sido casual sino propiciado para que en la votación de esta semana se diera vía libre a la compra.

Mis preguntas

¿Por qué el presidente Vázquez optó por enfrentar todo este desgaste que, en buena medida, le pega a él de manera directa? Y, suponiendo que inicialmente estuviera convencido, ¿por qué no cambio de parecer luego, cuando iban amontonándose las objeciones? Pudo haberlo hecho cuando salieron a luz problemas serios de la administración anterior, como los de Ancap, que le costaron tanto dinero a las arcas del Estado. O pudo haberlo hecho a mediados del año pasado, cuando el equipo económico tuvo que redactar el proyecto de ley de con las medidas de ajuste fiscal. La población hubiese aplaudido que Vázquez diera marcha atrás con el avión en cualquiera de esas dos instancias.

¿Por qué volvió a insistir a fines de año, forzando un nuevo análisis del TCR, cuando, por otro lado, ya sabía que el Frente Amplio perdía su mayoría propia en la Cámara de Representantes y eso implicaba dificultades serias para este año a nivel parlamentario, en particular con la nueva Rendición de Cuentas?

¿La incorporación de un avión multipropósito –y de este aparato en particular- justifica el tiempo y la energía que Vázquez y sus colaboradores le han dedicado en estos dos años? ¿Qué necesidad había de complicarse de esta forma?

No entendí.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 03.02.2017, hora 08.05

La entrada El Poder Ejecutivo y este avión presidencial: No entendí se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El cambio en la postura del tribunal se produce luego de que el ministro Oscar Grecco, que en dos instancias anteriores estuvo a favor de observar la compra, decidiera jubilarse y fuera sustituido por Miguel Aumento, quien ayer se expidió a favor de no objetar la operación. Además el dictámen desconoce un informe de los servicios jurídicos del Tribunal que recomienda objetar la operación. Para saber cómo fue el proceso por el cual se llegó al dictámen conversamos con el ministro Ruperto Long, que representa al Partido Nacional.

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Crédito Foto: MilborneOne

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