Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Leonardo Costa,
Juan Erosa y Eleonora Navatta
El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió el pasado viernes tomarse diez días para analizar la respuesta a las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) a la compra de la estancia María Dolores, un predio de 4.400 hectáreas ubicado en Florida y que se destinaría fundamentalmente a la producción lechera.
La resolución del tribunal fue adoptada por mayoría: los ministros designados por blancos y colorados votaron por observar el gasto, mientras que los representantes del Frente Amplio se manifestaron a favor de la operación. El resultado fue 4 a 3.
El dictamen incluyó cuatro observaciones: falta de disponibilidad presupuestal; un gasto que excede la asignación anual del organismo; una aprobación sin la mayoría requerida del directorio para compras directas; y dudas en torno a una prenda vigente sobre el sistema de riego, que podría no haber sido contemplada en el precio de compraventa.
Desde filas opositoras ya se estudian posibles pasos si Colonización decide reiterar el gasto: entre ellas, una interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y hasta la eventual presentación de una denuncia penal.
En este contexto, el nuevo presidente del INC, Alejandro Henry, señaló este martes, aquí En Perspectiva, que el directorio está revisando los fundamentos técnicos y jurídicos antes de adoptar una resolución definitiva que levante las objeciones formuladas por el TCR.
“La decisión la va a reconsiderar el instituto y la va a ratificar o no. Por lo que he conversado con los directores, me parece que la va a ratificar (…) Cuando respondamos (al Tribunal de Cuentas), con toda esta nueva batería jurídica que vamos a ir agregando y con algunos elementos que ya no existen dentro de las observaciones del tribunal, vamos a tener una reunión de directorio y tomar una decisión”.
El papel del Tribunal de Cuentas
Según informó El País este fin de semana, en los primeros cuatro meses de esta legislatura, el TCR remitió al Parlamento 466 casos de compras que habían sido observadas pero en las cuales el organismo correspondiente decidió reiterar el gasto.
Y entre febrero de 2020 y febrero de este año, el TCR emitió casi 3.000 advertencias similares. Sin embargo, ninguna fue tratada por la Asamblea General, que requiere una mayoría especial de dos tercios —87 de los 130 legisladores— para habilitar la discusión.
De hecho, según la misma nota, no hay antecedentes de que ese ámbito parlamentario se haya reunido alguna vez para analizar un informe del TCR.
¿Qué efectos tienen, entonces, los dictámenes del Tribunal de Cuentas? ¿Cuál es el alcance real de sus observaciones? ¿Qué revela esto sobre los mecanismos de contralor en el Estado uruguayo?
Continúa en: El Gobierno presentó un proyecto para mitigar el impacto de la brecha de precios en la frontera
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