La condena por lavado de activos vinculados al narcotráfico de Pablo Leiva, quien era asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, puso bajo la lupa el régimen de trabajo de los ediles y el uso de recursos de las juntas departamentales. Según se planteó en En Perspectiva, el asesor cobraba $52.000 nominales, no concurría a la Junta Departamental de Montevideo y no tenía tareas asignadas.
El caso abrió un debate que, para Ernesto Nieto, doctor en Ciencia Política y fundador de Ágora Consultores, va más allá de las responsabilidades políticas individuales. “No hay un modelo común”, señaló en diálogo con Romina Andrioli. Las reglas y prácticas cambian entre departamentos y pueden incluir asesores, pases en comisión, partidas para secretaría, gastos de representación o exoneraciones de tributos.
Nieto sostuvo que Montevideo y Maldonado están entre las juntas con mayores presupuestos para esos gastos, aunque aclaró que la situación no se repite de la misma manera en todo el país. A su juicio, esa diversidad, sumada a las dificultades de control, hace necesario que los partidos informen con claridad qué recursos reciben y cómo se utilizan.
“Sería muy sano para la democracia y para la legitimidad de la Junta Departamental de Montevideo que todos los partidos transparenten qué partidas tienen los ediles, cuántos asesores tienen y cuántos pases en comisión”, dijo. También planteó que se debe conocer cómo los partidos generan y usan sus propios recursos.
¿Un sistema que quedó atrás?
El politólogo vinculó parte del problema con el diseño institucional de los gobiernos departamentales. Las juntas tienen funciones legislativas y de control sobre los ejecutivos departamentales, pero los ediles son honorarios. “Le pedimos a alguien que sea legislador departamental y que controle al ejecutivo departamental, pero por esas funciones no le vamos a pagar”, resumió.
Para Nieto, esa situación puede limitar el tiempo y los incentivos para que los ediles se dediquen a la tarea y se especialicen. También abre espacio para distintas formas de compensación, algunas de ellas difíciles de comparar o controlar. “Esto abre la caja para que los actores políticos lleven la regla hasta el límite o la pasen”, dijo.
A eso se suma, según explicó, el desequilibrio entre los poderes departamentales y la debilidad de los mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas puede señalar errores, pero sus observaciones no obligan a las juntas a revertir sus decisiones. “El diseño institucional que tenemos ha quedado bastante atrás en el tiempo”, señaló.
Nieto planteó que una reforma de los gobiernos subnacionales debería revisar, entre otros puntos, las condiciones de trabajo de los ediles y la relación entre los poderes departamentales. Advirtió que los cambios de fondo exigirían una reforma constitucional, pero consideró que, mientras tanto, los partidos pueden avanzar en transparencia y rendición de cuentas.
“Hay que aprovechar las coyunturas”
El especialista dijo que el caso de Montevideo tiene una repercusión mayor porque la capital concentra buena parte de la atención política y mediática del país. “Lo que ocurre en la Junta Departamental de Montevideo tiene más notoriedad, más impacto, molesta más a la ciudadanía”, expresó.
Aunque dijo no tener claro qué cambios concretos pueden surgir, consideró que el momento puede servir para impulsar la discusión. “El sistema de partidos tiene que estar a la altura, tiene que dar respuestas”, sostuvo, y señaló también al Congreso de Intendentes como un actor que debería participar.
Nieto dijo tener expectativas moderadas y advirtió que el tema puede perder espacio en la agenda. Sin embargo, consideró que la difusión del trabajo académico y las investigaciones periodísticas pueden ayudar a sostener el debate y a poner en evidencia problemas que afectan a la democracia departamental.
