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El gobierno comenzó a implementar ayer el programa Más Barrio en La Colina, en la ciudad de Rivera. Es la tercera zona priorizada en esta línea de trabajo después de Cerro Norte, en Montevideo, y Corfrisa-Talca, en Las Piedras.

El programa interviene en barrios con problemas de convivencia, violencia y precariedad habitacional. 

Durante la inauguración, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el programa no viene a ofrecer “soluciones mágicas”, sino a coordinar políticas de vivienda, seguridad, hábitat y convivencia para que “el barrio vuelva a ser de los vecinos”.

Según las autoridades, la zona seleccionada en Rivera abarca a más de 2.200 personas en 657 hogares, con desempleo de 17,6% y 64% de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el intendente Richard Sander.

La entrada Programa Más Barrio se implementa en La Colina, Rivera: Es una zona que tiene “problemas de violencia, desempleo e informalidad” por eso “nos sumamos con alegría al proyecto” del gobierno, dice el intendente Richard Sander se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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Siete de cada diez vecinos de Casavalle y zonas linderas dicen que el principal problema de su barrio es la droga y, en muchos casos, la violencia que ella conlleva: conflictos entre grupos criminales, economías ilegalizadas, violencia cotidiana, inseguridad territorial y deterioro de la convivencia barrial.

Esa misma zona, bajo la jurisdicción de la Seccional 17, tiene más homicidios que cualquier otra de Montevideo, una tasa que casi triplica el promedio de la ciudad: 41,7 cada 100.000 habitantes; mientras que el promedio de la capital: es 16,3 homicidios cada 100.000 habitantes.

Pero en este barrio, que vive una situación tan compleja en torno a la violencia, hay un dato que no aparece generalmente: casi 4 de cada 10 vecinos de Casavalle dicen haber sido víctimas de la propia policía en alguna situación de violencia. Y al mismo tiempo, 6 de cada 10 dicen confiar en ella.

¿Cómo conviven esas dos dimensiones?

Un nuevo estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, busca medir esta realidad, con casi 900 encuestas puerta a puerta en el territorio.

Para profundizar en estos resultados y conocer cómo viven esta realidad los vecinos, Romina Andrioli conversó con:

Luciana Scaraffuni

• Doctora en Antropología por la Universidad de Los Andes, en Colombia
• Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar
• Una de las investigadoras encargada de elaborar este informe: “Percepciones sobre la violencia, el delito y el accionar policial en el territorio bajo la jurisdicción de la seccional de Policía 17”

Fernando Olivera

• Psicólogo
• Director de la Asociación Civil Cippus
• Integrante de la Plataforma de Infancia y Adolescencia (PIAS)

Félix González

• Vecino de la zona 
• Integrante de “La vida vale” un grupo de vecinos organizados

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Un adolescente de 16 años se entregó ayer y dijo ser el autor del homicidio de un repartidor de 31 años, asesinado el viernes en Carrasco Norte, Montevideo, durante un intento de rapiña. 

El menor se presentó junto a su madre en una seccional de Paso Carrasco y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras la investigación está a cargo del Ministerio del Interior.

El caso se dio en un contexto de fuerte preocupación en el sector, tras una seguidilla de hechos violentos.

En 12 días hubo tres casos de repartidores asesinados: el del viernes 25 en Carrasco Norte; otro joven de 22 años en la madrugada de ese mismo viernes en el Prado de Montevideo, también en una rapiña; y el 13 de abril un trabajador de 62 años murió tras una agresión en el tránsito en el Centro de Montevideo, en la intersección de Colonia y Cuareim.

Ante esta situación, unos quinientos repartidores se movilizaron el sábado desde el lugar del crimen hasta Plaza Independencia para reclamar mayor seguridad. 

Los trabajadores denunciaron que desarrollan su trabajo en condiciones “complejas” y sin protección suficiente.

Por su parte, la empresa PedidosYa lamentó el homicidio y anunció que solicitará una reunión con el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro. 

En un comunicado, señaló que los repartidores son “víctimas frecuentes de hechos de inseguridad en las calles”. También indicó que continuará generando espacios de apoyo y contención para su comunidad de trabajadores.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Yornel Argenis Morales Torres, directivo del sindicato de PedidosYa.

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La Tertulia de los Jueves con Rodrigo Coniglio, Cecilia Eguiluz, Daniel Supervielle y Lucía Zapata

Este lunes, el conductor de un automóvil atacó con un arma blanca a un repartidor de PedidosYa durante una discusión por un incidente de tránsito en la zona de Cuareim y Colonia, en Montevideo. Gravemente herido, el hombre fue trasladado al Hospital Maciel, donde falleció horas después. El agresor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido tras darse a la fuga.

La víctima, Juan Carlos, de 62 años y nacionalidad cubana, se desempeñaba en el rubro delivery desde hacía varios  años. 

El sindicato de trabajadores de PedidosYa se movilizó este martes en la Plaza Independencia de Montevideo para repudiar al asesinato. Durante la movilización frente a la Presidencia de la República, el vocero Juan Pintos advirtió que el episodio de esta semana no fue hecho aislado y denunció que los repartidores enfrentan situaciones de violencia en la vía pública, incluso con conductores armados. 

El colectivo reclama medidas urgentes para mejorar la seguridad y las condiciones laborales del sector.

“Hay un número importante de personas que andan en vehículo que están armadas, no solo con un puñal, sino con armas de fuego. Son muchas las ocasiones en las que nosotros, que hacemos este trabajo, rebasamos un vehículo y la persona se acerca a un lado de nosotros y nos amenaza con un arma de fuego. ¿A cuántos de aquí les ha pasado? ¿Por algo tan minúsculo que una persona pierda la vida? ¿A eso está llegando esta sociedad? Los niveles de tolerancia se perdieron, son cero. ¿No tenemos la capacidad de diálogo y hablar entre nosotros y si hay una circunstancia solucionarla como seres humanos?”.

Ayer, según supo El País, el agresor fue imputado por homicidio a título de dolo eventual y podría cumplir una pena mínima de 4 años y máxima de 18.

Por otro lado, en un caso de violencia similar ese mismo día, una discusión entre dos hombres a las afueras de un casino de Gorlero terminó en una serie de disparos al aire que generó alarma entre los vecinos de Punta del Este. El foco de la discusión había sido un conflicto con dinero.

En base a casos como estos se abren una serie de preguntas: ¿estamos ante una situación de violencia generalizada? ¿Por qué vemos de forma cada vez más frecuente que la forma de solucionar discusiones y problemas en la calle es la violencia? 

Continúa en: Escuelas y colegios, las primeras víctimas del declive demográfico en Uruguay

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El abogado Rodrigo Rey asumió la defensa de Moisés Martínez, el jóven que mató a su padre luego de una vida de abusos y violencia y que fue condenado a 12 años de prisión.

Hasta ahora, Moisés había sido defendido por el abogado Marcos Prieto, quien durante el juicio pidió que se le otorgara el “perdón” jurídico contenido en el artículo 36 del Código Penal. Al igual que la defensa anterior, Rey buscará que se exonere a Moisés de la pena y apelará la decisión en primera instancia, según informó El País este lunes.

¿Qué lo llevó a tomar este caso? ¿Qué cambia en términos de enfoque la estrategia del anterior defensor y la que él propone? ¿Qué rol cree que juega la percepción social en casos como este?

Para profundizar sobre estos y otros puntos, Romina Andrioli conversó con el abogado Rodrigo Rey.

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Miguel Fernández Galeano, Patricia González y Elena Grauert

Está previsto que la jueza María Noel Odriozola dicte sentencia hoy en el caso de Moisés, el hombre que mató a su padre en un contexto de violencia familiar prolongada. La fiscal pidió 18 años de prisión por homicidio especialmente agravado, mientras que la defensa reclama la absolución.

El artículo 36 del Código Penal establece que un juez puede exonerar de pena en casos de homicidio o lesiones cuando el hecho ocurre en un contexto de intensa conmoción provocada por violencia intrafamiliar sostenida. Para que se aplique, el delito debe darse entre personas con vínculos familiares o afectivos, el autor debe haber sufrido —o conocer— una situación de violencia prolongada, y además debe haberse buscado protección previamente sin obtener una respuesta eficaz.

Ayer en diálogo con Subrayado, Sara Pereira, la hermana de Moisés, explicó por qué la defensa de su hermano se ampara en ese artículo y cómo lo ve la Fiscalía.

“Fiscalía sostiene que nuestro hermano no entraría en el artículo 36 porque no hubo más denuncia que la mía. La respuesta a mi denuncia no fue eficaz. El proceso fue muy revictimizante, sumamente violento y mi padre salió al año y medio y no garantizaron que no se acercara a mí. No hubo una contención. Yo no tuve jamás atención psicológica, entonces decir que la respuesta fue eficaz porque la persona fue presa, deja mucho que desear porque la Justicia va mucho más que eso. Y como mi denuncia no fue eficaz, es que ninguno de nosotros se animó a denunciar. Nuestro padre fue siempre una sombra. Este es el primer año que podemos decir que papá por suerte ya no vuelve más. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si con 12 años me animé a denunciar a papá, hoy con 27 años estoy dispuesta y estamos dispuestos como familia a ir hasta lo último porque esta lucha no es solo por nosotros y por nosotras, es por cada niño, niña y adolescente que el Estado no cuidó y sigue sin cuidar”.

En las últimas horas, colectivos feministas pidieron al Poder Judicial que absuelva a Moisés y convocaron a la ciudadanía a movilizarse antes de la sentencia. Plantean que el caso debe analizarse en su contexto y advierten sobre fallas del Estado en la prevención de la violencia.

Viene de: Gobierno presentó estrategia nacional para las personas en situación de calle

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La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Gustavo Calvo, Juan Grompone y María Josefina Plá

Estamos llegando al final de una nueva Semana Santa, y para quienes viven estas fechas desde lo espiritual y religioso el viernes santo es para recordar la muerte de Jesús pero con la esperanza de su resurrección. La Pascua es uno de los momentos claves del año. 

Por otro lado, la situación geopolítica genera mucha incertidumbre, el mundo está en guerra, ha aumentado la violencia y la gente en situación de calle.

En este contexto la pregunta es: ¿Dónde encontramos esperanza?

Viene de: Expedición Artemis II: ¿Qué implica esta nueva aventura lunar para la humanidad?

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“El horror de este hecho nos interpela porque esta muerte fue el punto final de una vida de sufrimiento en soledad y desamparo institucional”.

Así termina el comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió esta semana sobre el asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, ocurrido el pasado viernes.

En este caso espantoso de violencia intrafamiliar que se extendió durante más de diez años hubo numerosas denuncias, intervinieron varios organismos, todas las alarmas se activaron pero nada de eso impidió que los golpes continuaran y que la tragedia culminara de la peor manera.

Ahora, una vez que sucedió el fallecimiento, se fueron produciendo reacciones: una investigación administrativa en el Ministerio del Interior, un informe que pidió la Suprema Corte de Justicia, una convocatoria al Parlamento de las autoridades del INAU y otras instituciones involucradas. Esas líneas de trabajo permitirán obtener información sobre la ominosa omisión en la que incurrió el Estado en esta historia. Y ojalá deriven en aprendizajes y reformas para el futuro.

De todos modos, este drama deja también otras preguntas.

¿Qué más se puede hacer cuando se denuncia y no hay respuesta de las instituciones responsables? ¿Existe alguna forma alternativa para rescatar a una víctima de un ciclo de violencia así? ¿La comunidad educativa y/o los vecinos tienen herramientas para hacer algo más? ¿Cómo se puede ayudar?

Emiliano Cotelo conversó con Teresa Herrera, socióloga especializada en Violencia de Género, consultora de organismos internacionales en estos temas.

Teresa Herrera

• Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires)
• Posgrado en Comunicación Social  (Ciespal)
• Licenciada y profesora de Sociología (Universidad de Buenos Aires)
• Coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh

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Sobre mediados del siglo pasado, Uruguay se miraba al espejo y veía una excepción. Éramos la "Suiza de América", un país de instituciones sólidas, clases medias consolidadas y una convivencia que parecía a prueba de balas. Pero, a comienzos de los años 60, esa visión comenzó a cambiar. 

Era un Uruguay de café y tertulias en el Sorocabana, pero también de una efervescencia política que empezaba a desbordar los cauces tradicionales. En el mundo, la guerra fría marcaba el ritmo, aquí, en nuestras calles, una violencia nueva, de raíz ideológica, empezaba a marcar la vida de una sociedad que no sabía cómo reaccionar.

“El primer disparo. Víctimas invisibles en el Uruguay de la guerrilla”, la última obra de Ruperto Long pone el foco en aquel momento histórico y explora cómo la irrupción de la lucha armada transformó una sociedad históricamente pacífica mucho antes de que se instalara la dictadura militar.

El autor indaga, sobre todo, en la vida de las víctimas de la guerrilla que, en general, han quedado olvidadas en la historia y en los relatos predominantes. Personas comunes y corrientes, que, de la noche a la mañana, quedaron inmersos en esa violencia y pagaron con su vida. 

Es así que el autor recrea situaciones reales como el Asalto al Club de Tiro Suizo en 1963, considerado la primera acción armada de los Tupamaros; recorre la vida del peón rural Pascasio Báez que fue víctima de la guerrilla; de Roque Arteche, un delincuente común que se unió al MLN y termina siendo asesinado; o la vida de Hilaria Quirino, la limpiadora del Bowling de Carrasco que resultó gravemente herida en el atentado en ese lugar. 

Romina Andrioli conversó con Ruperto Long, ingeniero, escritor, autor de varios libros como “La niña que miraba los trenes partir”, que fue publicada en 20 países; pero además político, entre varios cargos fue presidente del Latu en varios períodos. 

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En México, la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera en un operativo del Ejército sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varios puntos del país.

El líder del cártel Jalisco Nueva Generación era uno de los narcos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura. Tras la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, El Mencho había consolidado su poder.

El narcotraficante, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco, y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", dijo el ejército.

La Secretaría de Defensa Nacional de México confirmó que hubo ayuda de Estados Unidos en el operativo. En el marco de la cooperación bilateral, dice el comunicado oficial, “se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación”. La nota menciona trabajos de inteligencia militar e “información complementaria”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a comentar el suceso en sus redes sociales, y pidió a la población mantenerse en calma tras el estallido de violencia que generó la muerte de El Mencho. "Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados", dijo la presidenta.

La muerte de “El Mencho” desató múltiples incendios de ómnibus, vehículos particulares y comercios, entre ellos estaciones de servicio, y también bloqueos de vías de tránsito en acciones desarrolladas por sujetos armados en al menos siete estados del México entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas.

Ante los ataques, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público. Los ataques en Jalisco se concentraron en su capital, Guadalajara, la ciudad turística de Puerto Vallarta y la localidad de Chapala.

Por su parte, la oficina de Asuntos Consulares del Departamento del Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León que busquen refugio.

Emiliano Cotelo conversó con Alberto Nájar, periodista mexicano y director del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio.

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