La Tertulia de los Lunes con Matías Bordaberry, Pablo Díaz, Juan Erosa y Patricia González

El senador frenteamplista Daniel Caggiani presentó un proyecto de ley que establece la dedicación exclusiva para diputados y senadores a partir de la próxima legislatura.

La iniciativa del legislador del MPP impediría a los parlamentarios desarrollar otras actividades laborales o profesionales, remuneradas o no, integrar empresas, recibir ingresos comerciales o cobrar jubilaciones, pensiones o retiros. La única excepción prevista es la docencia universitaria no remunerada.

Caggiani sostiene que actualmente alrededor del 25% de los legisladores tiene alguna otra actividad laboral, profesional o empresarial, y que la exclusividad permitiría mejorar la dedicación al Parlamento y evitar posibles conflictos de interés.

La semana pasada, al defender el proyecto, señaló que los legisladores reciben una buena remuneración por su tarea y cuestionó que puedan mantener otros.

La propuesta generó críticas en la oposición. El blanco Juan Martín Rodríguez cuestionó que se pueda limitar de esa manera el derecho al trabajo. El colorado Juan Martín Jorge advirtió que el Parlamento necesita personas que también conozcan “el mundo real” y no una clase política dedicada exclusivamente a la política. Otros legisladores sostuvieron que la medida puede terminar alejando del Parlamento a profesionales, empresarios, productores o trabajadores con experiencia fuera de la política.

¿Qué les parece la propuesta de que diputados y senadores tengan dedicación exclusiva?

¿Ayudaría a evitar conflictos de interés y profesionalizar el trabajo parlamentario, o corre el riesgo de generar una clase política profesional cada vez más alejada de otras actividades y experiencias?

¿Hasta dónde debería llegar esa exclusividad? ¿Alcanza con impedir otros ingresos o corresponde también prohibir que un legislador ejerza gratuitamente su profesión o integre una empresa?

Matías Bordaberry, Pablo Díaz, Juan Erosa y Patricia González discuten el tema en La Tertulia de los Lunes. 

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En esta legislatura, los senadores que integran la comisión de Vivienda del Senado, se propusieron una nueva forma de trabajo: viajar a cada departamento del país para reunirse con autoridades y vecinos y recorrer asentamientos y cooperativas de viviendas.
Cierran el año habiendo visitado 10 departamentos y la idea es retomar esta modalidad en 2026 para llegar a todo el territorio nacional.

Mientras, los legisladores siguen sesionando también en el Palacio Legislativo con la agenda habitual de análisis de distintas normas, por ejemplo, para mejorar el acceso a viviendas y desestimular que haya inmuebles vacíos mientras hay miles de uruguayos sin hogar.

¿Cómo vienen trabajando estos temas? ¿Qué resultado han dado estas visitas a los distintos departamentos? ¿Qué les pide la gente y cómo sigue la atención a esos reclamos? ¿Ha propiciado mayores entedimientos?

Romina Andrioli conversó con tres senadores de distintos partidos que integran la comisión: Óscar Andrade del Frente Amplio, presidente de la comisión, el senador José Luis Falero del Partido Nacional y
Tabaré Viera del Partido Colorado.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Tertulia de los Lunes con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Martín Couto y Teresa Herrera.

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Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Este sábado 15 de febrero se abrirá oficialmente la legislatura 2025-2030 cuando tomarán posesión de sus cargos los diputados y senadores que resultaron electos en los comicios nacionales de octubre pasado.

Según un análisis del Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, el recambio es del 52% del total de integrantes, debido al crecimiento del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado, la caída de Cabildo Abierto y el ingreso por primera vez del partido Identidad Soberana.

El nuevo Parlamento tiene por delante un desafío especial: por primera vez, al menos desde principios de siglo, ninguna de las dos grandes coaliciones cuenta con mayoría propia en las dos cámaras, si bien el FA sí la tiene en el Senado.

Otra particularidad es que el Espacio 609 posee la bancada más grande que un sector político ha conformado desde el regreso de la democracia, con nueve senadores y 36 diputados.

Y la presencia en la cámara baja de Identidad Soberana y su líder Gustavo Salle será otra de las novedades a prestarle atención a partir de este fin de semana.

¿Qué desafíos principales ven los tertulianos en esta legislatura que se inicia?

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Las elecciones del 27 de octubre dejó el camino abierto hacia un balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. De todas formas, en la primera vuelta electoral se definió la conformación del Parlamento para el próximo periodo de gobierno.

En el Senado, el Frente Amplio (FA) se llevó dieciséis bancas, nueve el Partido Nacional (PN) y cinco el Partido Colorado (PC). Estos resultados le dan, hasta el momento, mayoría parlamentaria a la coalición de izquierdas, lo que supone una novedad en caso de que Álvaro Delgado sea el próximo presidente; el oficialismo, en ese escenario, gobernaría sin mayorías en la cámara alta. El cuadro en el Senado se completaría con la persona que resultara electa como vicepresidenta de la República: Carolina Cosse (FA) o Valeria Ripoll (PN), que aportaría el voto 31.

En Diputados, en cambio, ninguno de los dos bloques principales lograría mayoría propia. La cámara baja se conformará con 48 bancas del FA, 29 del PN, 17 del PC, dos de Identidad Soberana, dos de Cabildo Abierto y una del Partido Independiente.

Los partidos Ecologista Radical Intransigente (PERI), Unidad Popular, Avanzar Republicano, Constitucional Ambientalista, y Por los Cambios Necesarios, no consiguieron representación en ninguna de las dos cámaras.

¿Quiénes serán los próximos representantes?

De los 130 legisladores que integrarán la próxima legislatura, 45 entran al Parlamento por primera vez.

Eso no quiere decir que sean caras nuevas. En el Senado, la única debutante será Blanca Rodríguez, mientras que en Diputados entrarán figuras como Gerardo Sotelo, María Inés Obaldía, Gustavo Salle y el expresidente de Antel Gabriel Gurméndez.

Por otro lado, algunos legisladores de larga trayectoria que no volverán en este período, como los nacionalistas Jorge Gandini, Beatriz Argimón y Gloria Rodríguez, y el colorado Ope Pasquet.

Cámara de Senadores

Solo tres partidos tendrán representación en el Senado. El FA pasó de 13 a 16 bancas, el PN de 10 a 9 y el PC de 4 a 5.

Cámara de Diputados

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.

Coordinadores de bancada de los partidos con representación en el Parlamento se reunieron ayer a raíz de la denuncia que presentó ante fiscalía el Secretario de Inteligencia Álvaro Garcé, señalando que información confidencial sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado se filtró de una sesión secreta de una comisión especial del Poder Legislativo.

A la investigación que comenzará en Fiscalía se sumó la reunión de ayer, donde la vicepresidenta Beatriz Argimón entregó un “informe de Jurídica” del Parlamento en el que se detallan las consecuencias que podría enfrentar quien haya filtrado la información. 

La situación se desató luego de que TV Ciudad publicara información presuntamente filtrada de una sesión secreta realizada en el Parlamento el 24 de octubre, señalando que el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé, había dado la orden de que la Policía investigara a las organizaciones posiblemente violentas en el país.

La historia empieza con información publicada por TV Ciudad en MVD Noticias. Concretamente allí se dio cuenta del trabajo de la Secretaría de Inteligencia con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia. Se señala que se encarga a la Policía, Cancillería, Aduanas y Defensa Nacional la recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas; así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.

También se indicó que las organizaciones administradoras del Río de la Plata y el Río Uruguay, tienen encargado brindar información sobre ciudadanos o residentes con el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas.

Esto será coordinado por Cancillería. Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.

En otro de los incisos, MVD Noticias señaló que el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre grupos o personas que inciten a la violencia y a la usurpación de espacios públicos o privados; así como los bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios.

Para Argimón se trató de un "hecho gravísimo". "Evidentemente hay alguien o algunos que no estuvieron a la altura de lo que es el mandato", advirtió.

Conversamos En Perspectiva con la senadora Liliam Kechichian, coordinadora de bancada del Frente Amplio.

Destaques de la entrevista:

• "Este tipo de documentos que podemos llamar reservados, clasificados, tienen trazabilidad. Todos quienes hemos estado en el gobierno sabemos que a veces recibíamos documentos que tenían, para cada uno de los que lo recibía, una trazabilidad; un número, una letra o incluso una marca de agua. Justamente el protocolo dice que debe registrarse así. Cada uno de los que se hace debe tener una identificación".
• "Ayer quisimos saber si estaban realmente con trazabilidad, el director de Servicios de Inteligencia puede saber perfectamente quién fue el que trasladó esa información. Eso no se nos contestó. Otra cosa que al menos yo no sabía, es que Garcé no había llevado suficientes copias para todos los senadores y pidió en ese momento que se hicieran fotocopias".
• "La trazabilidad de la documentación no estuvo asegurada".
• "Compartimos contribuir y colaborar con todas las investigaciones que se quieran hacer, es lo que corresponde. No compartimos que el foco esté puesto sólo en el parlamento. Este es un documento que estuvo unos días en Presidencia para que lo firmara el Presidente, se trabajó con cuatro ministerios (Interior, Defensa, Cancillería y Economía) que a su vez coordinan con varias agencias del Poder Ejecutivo. En todos esos lugares estamos seguros que otras personas manejaron esa información. Son muchos otros los ámbitos donde se debería instalar una investigación o en todo caso, si a Garcé le parece que debería ampliar la denuncia, que se convoque a Fiscalía a otras personas y no solo a los parlamentarios".
• "Fue una sesión desprolija, el Dr. Garcé no pudo comprobar la trazabilidad de la información, tampoco presentó un plan, sino un punteo. Se le está dando un volumen a esta información que nos da la sensación que no corresponde".

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Los senadores de la coalición de gobierno llegaron a un acuerdo la semana pasada en torno a un proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, una de las prioridades legislativas del presidente Luis Lacalle Pou. 

El oficialismo aspira a votar el texto este martes en comisión para que pase al plenario de la cámara alta en los próximos días. Mientras tanto, el Frente Amplio entiende que el texto implica un retroceso en los derechos de los niños y adolescentes y pidió citar nuevamente a varias organizaciones que se oponen al proyecto.

La iniciativa regula el proceder de la justicia en los casos de parejas separadas con menores a cargo que no lleguen a un acuerdo para su tenencia. La primera solución que establece el proyecto es que los padres acuerden el régimen que entiendan conveniente. En caso de que no se pongan de acuerdo, el juez interviene privilegiando la tenencia compartida siempre y cuando esto proteja al mismo tiempo el interés superior del menor. De hecho, el proyecto instaura el principio de corresponsabilidad en la crianza y establece que el “Estado y las instituciones y organismos públicos deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar y hacer efectiva la aplicación de este principio”.

Sin embargo, desde el Frente Amplio y distintas organizaciones sociales entienden que privilegiar la tenencia compartida prioriza a los padres respecto al derecho a la opinión de los niños y los adolescentes. Además entienden que el proyecto ignora las situaciones de violencia y abuso a las que están expuestos los menores en Uruguay. En ese sentido, uno de los principales reproches que se le hace a la iniciativa es que establece que la existencia de medidas cautelares no impedirá el derecho a las visitas de los hijos al padre o la madre denunciados. De ser necesario, el proyecto establece que esas visitas puedan ocurrir en lugares públicos, en presencia de otros miembros de la familia o en reparticiones estatales.

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Pablo Carrasco y Eleonora Navatta.

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