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El lanzamiento del videojuego GTA VI es uno de los más esperados de la historia del rubro para los gamers, pero también, se anuncia por los especialistas como uno de los grandes fenómenos del año en materia cultural, tecnológica y económica.

La nueva entrega del estudio Rockstar Games llega más de una década después de GTA V, un título lanzado en 2013 que vendió aproximadamente 230 millones de copias.

Por ejemplo, ahora el lanzamiento de este videojuego entró en la estrategia de retención de una unidad militar de Estados Unidos. Un batallón del Ejército en Georgia decidió entregar cuatro días libres para jugar para quienes renueven su contrato antes de la salida del videojuego, prevista para noviembre, según informó CBS News. Por otro lado, la empresa Burger Motorsports decidió cerrar sus puertas directamente el día del lanzamiento para no tener a sus trabajadores distraídos.

La expectativa aumentó en las últimas semanas con la circulación de videos e imágenes aparentemente filtrados del juego por parte de un perfil identificado como CyberLeek. El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre.

¿Qué representa este juego para la industria del videojuego? ¿Cómo reacciona la comunidad de jugadores? ¿Qué hay detrás de este fenómeno mundial que genera tanta expectativa?

Romina Andrioli conversó con Nacho Martínez, creador de contenido de videojuegos y tecnología.

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Durante años, las empresas tecnológicas defendieron una idea sencilla: las redes sociales son herramientas que las personas utilizan libremente y la responsabilidad por el tiempo de uso corresponde, en última instancia, a cada usuario y a su familia.

El acuerdo alcanzado por Meta con una coalición de estados y territorios de Estados Unidos cuestiona esa explicación. La empresa propietaria de Facebook e Instagram aceptó pagar hasta 18.000 millones de dólares y modificar la forma en que sus plataformas funcionan para los adolescentes.

Meta no reconoció haber cometido irregularidades. La empresa negó las acusaciones y afirmó que está comprometida con la seguridad de los jóvenes. Pero decidió cerrar el juicio antes de exponerse a una eventual condena que podía implicar sanciones cercanas a los 200.000 millones de dólares.

El acuerdo todavía debe ser aprobado por un juez. Si se confirma, será uno de los mayores arreglos judiciales alcanzados por una empresa tecnológica y puede convertirse en una referencia para otros casos contra redes sociales.

De la responsabilidad individual al diseño de las plataformas

El centro de la discusión no es solamente cuánto tiempo pasa un adolescente en Instagram o Facebook. La pregunta es qué hacen las plataformas para conseguir que ese tiempo se extienda.

Los estados que demandaron a Meta sostuvieron que la empresa diseñó sus productos para captar la atención de niños y adolescentes y mantenerlos conectados. Entre las funciones cuestionadas aparecen la reproducción automática de videos, las historias de Instagram y las notificaciones que invitan a volver a la aplicación.

Estas herramientas forman parte de la experiencia cotidiana de cualquier usuario. Un video comienza cuando termina el anterior; una historia lleva a otra; una notificación interrumpe una actividad y propone regresar a la pantalla. El planteo judicial es que ese diseño no es accidental: está orientado a aumentar la permanencia y la frecuencia de uso.

La acusación también sostiene que Meta conocía los posibles efectos negativos de sus plataformas. Durante el proceso aparecieron documentos internos que, según los fiscales generales, mostraban que algunos responsables de la empresa estaban al tanto de problemas vinculados con el uso de las redes y no tomaron medidas suficientes.

La discusión tiene una dimensión económica. Cuanto más tiempo permanece una persona en una plataforma, más oportunidades tiene la empresa de mostrarle publicidad y recopilar información sobre sus intereses y comportamientos. Los menores, por su edad, pueden tener más dificultades para comprender esas dinámicas y para regular su propia exposición.

Qué cambia para los adolescentes

El acuerdo establece restricciones que estarán activadas por defecto para los usuarios menores de 18 años.

Facebook e Instagram deberán establecer un límite diario de dos horas. El acceso quedará bloqueado durante la noche, entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo que exista autorización de los padres o tutores. También se desactivarán la mayoría de las notificaciones durante el horario escolar, entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde.

La empresa deberá reforzar la verificación de edad y eliminar las cuentas de menores de 13 años. Esa edad ya era, en teoría, el límite mínimo para utilizar las plataformas, pero hasta ahora el control dependía en buena medida de la información declarada por el propio usuario.

También se prevén cambios en los mecanismos de denuncia. Meta deberá ofrecer herramientas más eficaces para reportar contenidos dañinos y responder rápidamente a esos avisos.

El número de “me gusta” y reacciones dejará de estar visible para los usuarios menores de 18 años. Además, se prohibirán ciertos filtros vinculados con procedimientos cosméticos.

La lógica del acuerdo es modificar la configuración inicial. El adolescente no tendrá que activar manualmente un límite o pedir a sus padres que bloqueen las notificaciones: las restricciones estarán aplicadas desde el comienzo y solo podrán flexibilizarse con autorización adulta.

Un cambio importante, pero no una transformación total

El acuerdo no obliga a Meta a abandonar su modelo de negocio. La empresa podrá continuar utilizando recomendaciones personalizadas y publicidad dirigida. Tampoco se establece que todos los contenidos relacionados con salud mental, imagen corporal o trastornos alimentarios deban desaparecer de las plataformas.

Por eso, el pacto tiene un alcance relevante, pero limitado. Cambia los horarios, las notificaciones, el control de edad y algunos elementos de la interfaz. No modifica completamente la lógica de funcionamiento de Facebook e Instagram.

Además, las medidas se aplicarán como consecuencia de un acuerdo con autoridades estadounidenses. No significa automáticamente que las mismas restricciones vayan a regir en Uruguay o en el resto del mundo.

Meta puede decidir extenderlas internacionalmente, especialmente si busca presentar el acuerdo como un nuevo estándar de la industria. Pero también podría aplicar condiciones diferentes según la legislación de cada país.

Por qué el acuerdo puede afectar a toda la industria

Meta no es la única empresa involucrada en la discusión. Los jóvenes utilizan varias plataformas y se trasladan de una a otra. Si Instagram limita el tiempo de uso, el usuario puede pasar a TikTok, YouTube, Snapchat, Discord o cualquier otro servicio.

La propia Meta utilizó ese argumento para pedir que sus competidores adopten medidas similares. Parte del acuerdo económico quedaría condicionada a que TikTok y YouTube establezcan restricciones comparables.

Esto plantea un problema de coordinación. Si una empresa limita el acceso de los adolescentes pero las demás mantienen sus prácticas, los usuarios pueden desplazarse a otra plataforma. Si todas las empresas aplican controles semejantes, el efecto puede ser mucho mayor.

La decisión de Meta también puede influir en los miles de juicios que se tramitan en Estados Unidos contra empresas de redes sociales. Muchos fueron iniciados por jóvenes y familias que sostienen que las plataformas provocaron adicción o agravaron problemas psicológicos.

El acuerdo no determina que toda utilización intensa de una red social produzca un daño ni establece una relación automática entre el uso de una plataforma y un problema de salud mental. Pero sí acepta que el diseño del producto puede ser relevante para evaluar la responsabilidad de la empresa.

La diferencia es importante desde el punto de vista jurídico. No se trata de afirmar que una aplicación cause por sí sola depresión, ansiedad o una conducta adictiva en todos los adolescentes. La tesis de los estados es más concreta: si una empresa conoce que determinadas funciones favorecen el uso compulsivo, oculta esa información o las dirige especialmente a menores, el modo en que construyó el producto puede convertirse en evidencia de negligencia o de una práctica empresarial dañina. El foco pasa así del comportamiento aislado del usuario a las decisiones de diseño y la información que la empresa tenía disponible.

Las dudas sobre la verificación de edad

Uno de los mayores desafíos será saber cómo se implementará el control de edad.

Para evitar que un niño de 12 años abra una cuenta declarando que tiene 18, las plataformas deberán recurrir a mecanismos más precisos. Pero esos sistemas pueden exigir información personal adicional y generar nuevos riesgos para la privacidad.

También existe el riesgo de los errores. Un control puede bloquear a un adolescente que sí tiene la edad permitida o permitir el acceso a alguien menor. Otra posibilidad es que los usuarios intenten eludirlo utilizando cuentas ajenas, datos falsos o dispositivos de otras personas.

La autoridad británica Ofcom, que estudió los sistemas de verificación de edad, concluyó que no existe un método único capaz de eliminar por completo el riesgo de evasión. Por eso, se plantea combinar distintas capas de protección: las plataformas, las tiendas de aplicaciones, los sistemas operativos y los dispositivos.

La idea de las capas busca evitar que toda la responsabilidad recaiga en un único control, fácilmente burlable. Una plataforma puede estimar la edad a partir de una cuenta; una tienda de aplicaciones puede exigir una autorización; el sistema operativo puede aplicar controles horarios, y el dispositivo puede incorporar límites familiares. En conjunto, esos filtros permitirían detectar inconsistencias y reducir los atajos, aunque también multiplican los actores que manejan datos sensibles. El desafío es lograr una protección efectiva sin crear una infraestructura de vigilancia permanente ni obligar a los jóvenes a entregar más información personal de la necesaria.

Pero claro…. La verificación de edad tampoco resuelve por sí sola el problema del contenido dañino. Un adolescente puede tener la edad permitida para acceder a una red y, aun así, encontrarse con material perjudicial o con recomendaciones que refuercen conductas problemáticas.

Tres modelos internacionales

El acuerdo con Meta forma parte de una tendencia internacional que busca limitar la exposición de los menores a los riesgos de internet, aunque los países están tomando caminos diferentes.

Australia adoptó el modelo más restrictivo. Desde el 10 de diciembre de 2025, muchas plataformas no pueden permitir que los menores de 16 años tengan cuentas. La norma obliga a las empresas a tomar medidas razonables para impedir la creación y el mantenimiento de esas cuentas.

La obligación recae sobre las plataformas, no sobre los adolescentes ni sobre sus familias. Las empresas deben demostrar que adoptan medidas razonables de comprobación y pueden enfrentar sanciones si no lo hacen. El modelo australiano es atractivo para quienes priorizan una regla clara y fácil de comunicar, pero deja abiertas preguntas difíciles: cómo se comprueba la edad sin construir bases de datos invasivas, cómo se contemplan los errores y qué ocurre con los jóvenes que usan esas plataformas para informarse, expresarse o pedir ayuda.

Estados Unidos, a través del acuerdo con Meta, avanza por otra vía: mantiene el acceso de los adolescentes, pero fija horarios, límites de uso y restricciones en determinadas funciones.

Europa utiliza principalmente un modelo regulatorio. El Reglamento de Servicios Digitales establece obligaciones de transparencia, mecanismos de denuncia y mayor supervisión sobre las plataformas de gran tamaño. La Unión Europea también elaboró orientaciones específicas para mejorar la protección de los menores en internet.

En la práctica, el modelo europeo no establece una única edad de prohibición para todas las redes. Exige que las plataformas de muy gran tamaño identifiquen y reduzcan riesgos vinculados con la seguridad, la salud mental y la exposición de los menores; que expliquen mejor cómo funcionan sus sistemas de recomendación; y que ofrezcan mecanismos accesibles para denunciar contenidos o decisiones de moderación. Las orientaciones de la Comisión Europea también apuntan a que las cuentas de menores tengan configuraciones privadas por defecto, que se reduzca el contacto no deseado y que no se utilicen los datos de los niños para publicidad personalizada. Este es un enfoque que intenta actuar sobre el entorno digital completo, no solamente sobre la cantidad de horas de conexión.

El Reino Unido avanza hacia una combinación de ambos enfoques. Ofcom informó que los controles de edad están creciendo, pero advirtió que todavía es necesario fortalecerlos. En junio de 2026, el gobierno anunció que las plataformas de redes sociales no podrán ofrecer sus servicios a menores de 16 años, con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027. La discusión británica, sin embargo, no se limita a la edad: también incluye qué servicios quedarían comprendidos, cómo se tratarían los videojuegos y los chats, qué excepciones habría y cómo se evitaría que los controles expongan la identidad de los menores. El caso muestra que una prohibición puede ser políticamente contundente, pero su eficacia dependerá de la definición técnica de “red social” y de la capacidad para hacerla cumplir en servicios globales.

Estos casos muestran que todavía no existe una respuesta internacional unificada. La discusión oscila entre prohibir el acceso, limitar el uso o exigir que las plataformas sean más seguras desde su diseño.

Un caso regional en Brasil

La discusión también llegó a América Latina. El gobierno de Brasil presentó una demanda contra Discord por 500 millones de reales, unos 97 millones de dólares, debido a presuntas fallas en la protección de niños y adolescentes.

La acción brasileña se apoya en un problema distinto del que aparece con más frecuencia en Instagram: Discord combina servidores privados, comunidades abiertas, chat de voz, videojuegos y transmisiones en vivo. Esa arquitectura puede dificultar la detección de abusos y hacer que el contenido problemático circule dentro de grupos que no son visibles para una moderación convencional. Por eso, el reclamo no se limita a pedir que se borre material ilegal: busca que la empresa conozca mejor a sus usuarios, refuerce la prevención y responda con rapidez cuando aparecen denuncias.

La demanda reclama mejoras en la verificación de edad, las herramientas de supervisión parental, la moderación de contenidos y los mecanismos de comunicación. También solicita una multa diaria si la empresa no cumple con las obligaciones que eventualmente establezca la Justicia.

El caso surgió después de que la autoridad brasileña de protección de datos suspendiera las transmisiones en vivo de Discord por preocupaciones vinculadas con la seguridad de menores.

Discord calificó la demanda de desproporcionada y afirmó que había propuesto cambios técnicos y una inversión para mejorar la seguridad de sus operaciones en Brasil. Las autoridades entendieron que esas propuestas no alcanzaban para cerrar un acuerdo.

El ejemplo brasileño es importante porque muestra que el problema no se limita a Instagram, Facebook o TikTok. También alcanza a plataformas de conversación, videojuegos y transmisión en vivo, donde pueden existir riesgos diferentes, pero igualmente graves.

En el resto de América Latina, el panorama es más fragmentado. No hay todavía un régimen regional único comparable al europeo: cada país combina normas de protección de datos, derechos de niños y adolescentes y obligaciones generales para los intermediarios digitales.

Pero volvamos al comienzo… Qué puede ocurrir a partir de ahora con el acuerdo de Meta…

El primer paso será la aprobación judicial del acuerdo. Luego Meta deberá aplicar las medidas y demostrar que puede hacerlas funcionar en sus plataformas.

También habrá que observar si YouTube, TikTok y Snapchat aceptan condiciones similares. Si lo hacen, el acuerdo puede convertirse en una especie de referencia informal para la industria. Si no lo hacen, quedará como una regulación importante para Meta, pero con efectos más acotados sobre el ecosistema digital.

Otro punto será la evaluación de los resultados, dicen los expertos. No alcanza con establecer un límite de dos horas si los adolescentes pueden trasladarse a otras cuentas o plataformas. Tampoco basta con verificar la edad si los mecanismos de moderación no actúan con rapidez.

El futuro de la regulación dependerá de varios factores: la capacidad de los gobiernos para controlar a empresas globales, la precisión de las herramientas de verificación, la protección de los datos personales y la posibilidad de exigir explicaciones sobre los algoritmos que recomiendan contenidos.

La experiencia también obligará a discutir el papel de las familias, las escuelas y los propios jóvenes. Hay cierta coincidencia en los expertos en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los padres, porque muchas de las decisiones que determinan la experiencia digital ocurren dentro de sistemas diseñados por empresas y difíciles de comprender desde afuera.

Lo que está claro, es que el acuerdo con Meta no significa que las redes sociales vayan a desaparecer de la vida de los adolescentes ni que se haya encontrado una solución definitiva. Pero sí marca un cambio importante: por primera vez, una de las mayores empresas tecnológicas acepta pagar una suma millonaria y modificar elementos centrales de sus plataformas para responder a acusaciones vinculadas con el daño a menores.

La discusión dejó de ser solamente cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. Ahora también se pregunta quién diseña esa experiencia, con qué objetivos, qué información recopila y qué responsabilidad debe asumir cuando el producto puede afectar la salud y el bienestar de sus usuarios más jóvenes.

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La Inteligencia Artificial (IA) facilita mucho la redacción de textos, el resumen de documentos, la búsqueda de información y distintos aspectos de organización de nuestro día a día ¿Qué implica utilizar estas herramientas en el Sistema de Justicia?

En ese contexto, la discusión no pasa solamente por saber si son recursos eficientes sino también por determinar quién responde por sus resultados y qué decisiones podrían quedar en manos de una máquina.

En Uruguay, este debate se plantea frente a un sistema judicial que muchas veces está colapsado, que busca mejorar sus tiempos, facilitar el acceso y administrar grandes volúmenes de expedientes, pero que también debe preservar garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, la privacidad y la independencia de los jueces.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, invitamos a los participantes de la Mesa de Juristas para discutir sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, sus posibles aplicaciones, los riesgos que plantea y los límites necesarios para proteger los derechos fundamentales.

Romina Andrioli conversó con Diego Gamarra, Matías Jackson, Cristina Vázquez y Óscar Sarlo.

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Antel anunció este martes, una inversión de 70 millones de dólares para la creación de un data center especializado en Inteligencia Artificial, que se sumaría al que la empresa pública ya tiene en Pando, y al que prevé inaugurar la gigante tecnológica Google.

Empresas como Microsoft, Google, Amazon y otras bigtech dedican cada vez más presupuesto a la construcción de estos espacios. Para nuestro país, la discusión sobre la creación de estos centros no es solamente tecnológica, también es económica y estratégica.

¿Para qué necesita Uruguay contar con data centers propios? Hoy en día, como infraestructura nacional, ¿estos centros de datos pueden ser tan importantes como un puerto o la red eléctrica?

Romina Andrioli conversó con el ingeniero Pablo García, director de I+D de Urudata, docente en la Universidad ORT y Udelar, pero además con una larga trayectoria en empresas como Microsoft y Telefónica.

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La Intendencia de Flores presentó la semana pasada su nueva herramienta de inteligencia artificial llamada “Inés”, que creó en colaboración con la empresa de tecnología GeneXus. 

Esta asistente virtual del departamento, es una iniciativa innovadora en materia de gestión pública, y busca aportar transparencia, hacer una gestión más cercana, ágil e inteligente y simplificar trámites para el contribuyente. 

El nombre elegido no es casual: hace 222 años, Inés ayudó a fundar la ciudad de Trinidad. Hoy, INÉS —destaca la Intendencia— invita a imaginar la comunidad que Flores puede llegar a ser, uniendo la memoria histórica del departamento con las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, vamos a profundizar sobre esta novedad que va más allá de los chatbots de atención al usuario a los que estamos acostumbrados.

Romina Andrioli con Pablo Mazzilli de GeneXus, encargado de impulsar la adopción de inteligencia artificial en empresas y organismos públicos, y con Gustavo Bejerez, Jefe de la División de Tecnología de la Información e Innovación de la Intendencia de Flores. 

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Foto: AFP

Con el avance de la tecnología y el protagonismo que ha tomado el celular en nuestras vidas, ya no tiene mucho sentido recordar el número fijo de nuestras casas ¿Sucederá lo mismo en un futuro cercano con nuestro número móvil?

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación explicamos de qué se trata uno de los principales cambios que está generando Whatsapp y del que conviene que todos estemos al tanto.

Se trata de la opción de cambiar nuestros números telefónicos por nombres de usuario, al estilo de los que utilizamos en las distintas redes sociales.

¿Es obligatorio este cambio? ¿A partir de cuándo empieza a funcionar? ¿Qué se busca resolver?

Romina Andrioli conversó con Ana Karina Lucero, especialista en Ciberseguridad y miembro de la Comisión Directiva de CUTI.

La entrada WhatsApp deja de basarse en los números de teléfono: ¿Qué cambia con los "nombres de usuario"? ¿Es obligatorio? ¿Qué se busca resolver? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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Foto: Wikimedia Commons

Mientras los drones aéreos concentran buena parte de la atención sobre la guerra en Ucrania, otra transformación avanza sobre el terreno. Robots terrestres ya transportan suministros, evacuan heridos, defienden posiciones e incluso participan en operaciones de combate.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli profundiza sobre hasta dónde puede llegar esta tecnología y qué cambia en la forma de hacer la guerra.

La entrada ¿El fin del soldado de infantería? Ucrania acelera la revolución de los robots terrestres se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Presenta: Lenovo

Foto: Presidencia

La Policía Nacional anunció el despliegue de drones en la zona metropolitana y la frontera con Brasil

El director del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres, declaró al portal de Presidencia de la República, que los drones son utilizados para apoyar los operativos policiales, las emergencias y los incendios. 

Además, estas aeronaves, tanto de operación manual como autónoma, serán utilizadas próximamente para reforzar la vigilancia en la zona rural, adelantó el director.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli profundiza sobre con Víctor Torres, director del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior.

La entrada Drones en cada comisaria serán la primera respuesta mientras va la Policía en camino: Ministerio del Interior usará esta tecnología para frontera y zona rural se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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Foto: AFP

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli profundiza sobre la noticia de que la empresa automovilística Ford volvió a contratar 300 ingenieros para corregir fallas que sus herramientas de Inteligencia Artificial no lograron resolver por sí solas.

La entrada Ford y el límite de la Inteligencia Artificial se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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Foto: Dominio Público

La semana pasada, durante la comparecencia de jerarcas del Ministerio del Interior a la Comisión de Seguridad de Diputados, el criminólogo Diego Sanjurjo se refirió a un nuevo tipo de armamento: las armas fabricadas con impresoras 3D.

El jerarca del ministerio describió estas armas como "un factor de riesgo enorme" que aparece en casi todos los países de la región, donde hay grupos criminales que tienen sus propias impresoras y crean armas semiautomáticas y automáticas "de manera casi industrializada".

Y allí advirtió: "no es un problema menor; es un problema enorme que se nos viene en el futuro próximo".

¿En qué está la impresión 3D? ¿Cómo ha evolucionado esta tecnología en los últimos años? ¿Podemos pensar en producir armas en nuestras casas? ¿Y qué otros avances se han dado en áreas más edificantes, como en la salud y la educación? 

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli conversó con Marcelo Berruti, diseñador, capacitador y asesor en impresión 3D. 

La entrada Impresoras 3D permiten hacer armas, casas, piezas dentales y prótesis: ¿Cuánto ha avanzado esta tecnología en los últimos años? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.