Presenta: Lenovo

Los eventos culturales como festivales de música, las ferias, los espectáculos y las producciones audiovisuales generan empleo, movimiento económico y actividad cultural. Pero también tienen impactos ambientales y sociales: consumen energía y agua, generan residuos y requieren transporte, alimentación, alojamiento, materiales y espacios.

Medir esos impactos es justamente el objetivo de VIRA, una plataforma uruguaya que busca cuantificar y reportar el impacto ambiental, social y económico de eventos, espectáculos y producciones audiovisuales.

La propuesta es que la sostenibilidad no quede solamente en una declaración de principios, sino que pueda medirse y utilizarse para tomar decisiones.

¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Qué mide exactamente? ¿Y qué decisiones puede cambiar un productor cuando empieza a tener esos datos?

Gabriela Pintos conversó con Moriana Peyrou, fundadora de VIRA, magíster en Economía Circular y Desarrollo Sostenible.

La entrada “Con datos es muy distinto”: ¿Cómo la plataforma VIRA mide los impactos ambientales, sociales y económicos de eventos culturales? Con Moriana Peyrou se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Apertura: El anuncio y la historia previa

En Uruguay, Praxis apareció de golpe en las redes y en los portales. La frase que difundió la propia organización fue tan rotunda como llamativa: “Estamos construyendo una nueva ciudad en Uruguay”. Pero Praxis no nació esta semana, ni es una empresa de inteligencia artificial que haya decidido instalar una oficina en Colonia.

Es una organización que existe desde hace varios años y que viene intentando convertir una idea ambiciosa en un lugar físico. Su historia combina una comunidad digital, inversores tecnológicos y de criptomonedas, planes de ciudades en distintos países y preguntas que siguen abiertas sobre cuánto dinero está realmente disponible y qué parte de sus proyectos puede llegar a concretarse.

Qué es Praxis – Y qué no es

Para entender qué es Praxis hay que empezar por una distinción. No es una empresa que desarrolle modelos de inteligencia artificial como OpenAI. Tampoco es una ciudad ya construida, un país reconocido ni una jurisdicción independiente.

Es una compañía y una comunidad internacional que dice querer crear nuevas ciudades para una época transformada por la inteligencia artificial. Su propuesta consiste en reunir primero a personas interesadas en ese proyecto, conseguir financiación y socios, elegir un territorio y, finalmente, desarrollar una comunidad física.

Praxis se describe como una “nación digital”. Esa expresión puede inducir a error. No significa que tenga un territorio soberano ni que sus integrantes sean ciudadanos de un país reconocido. Describe, más bien, una comunidad organizada en internet que busca instalarse en un lugar concreto y construir una vida en común.

El nombre alude a la idea de poner la teoría en práctica. Y esa tensión entre la teoría y la materialización ha acompañado a la organización desde el comienzo: Praxis ha difundido durante años una imagen de ciudades futuras, aunque hasta ahora su recorrido ha sido mucho más extenso en la presentación de proyectos y en la construcción de una comunidad que en la construcción de una ciudad propia.

La empresa fue fundada en 2019 por Dryden Brown y Charlie Callinan. En sus primeros tiempos se llamó Bluebook Cities. Brown, que es estadounidense, se convirtió en la cara más visible del proyecto y asumió como cofundador y director ejecutivo.

La idea: Una comunidad digital y una ciudad física

La idea no salió de la nada. Desde hace décadas existen propuestas para crear nuevas ciudades con reglas diferentes a las de los países donde se encuentran. Algunas apuntan a obtener zonas económicas especiales; otras imaginan comunidades autónomas, ciudades privadas o asentamientos fuera de los Estados tradicionales.

En el ambiente tecnológico, una de las expresiones que ganó fuerza para describir estas ideas es “Estado red”, o “network state”. El concepto plantea que un grupo de personas puede organizarse primero como una comunidad digital, compartir una identidad y objetivos, y luego buscar un territorio donde establecerse.

Praxis se inscribe en esa corriente. Comparte con ella la idea de que las instituciones existentes limitan la innovación y que sería posible ensayar nuevas formas de organización social y económica en comunidades físicas creadas desde cero. En distintas etapas, la compañía ha hablado de autonomía, de menor regulación y de ciudades diseñadas para atraer a emprendedores, inversores, científicos y artistas.

Brown también ha presentado la idea como una respuesta a los cambios que podría provocar la inteligencia artificial. Si las máquinas llegaran a realizar buena parte del trabajo que hoy hacen las personas, sostiene Praxis, cambiarían las razones para vivir en las grandes ciudades. En esa visión, la arquitectura, la vida cultural, la comunidad y el acceso a entornos atractivos ganarían importancia.

La compañía no plantea solamente un parque tecnológico o un barrio de oficinas. Su aspiración, al menos en el discurso, es crear un lugar donde las personas vivan, trabajen y participen de una comunidad con una identidad compartida.

Los primeros planes: De África al Mediterráneo

En los primeros años, sin embargo, la idea seguía siendo muy abstracta. Según una investigación publicada por Mother Jones, Brown y Callinan exploraron en 2019 la posibilidad de levantar una ciudad en África. El plan luego cambió de dirección y se concentró en la costa del Mediterráneo.

La primera gran visión pública de Praxis fue la de una ciudad mediterránea. Sus fundadores hablaron de una comunidad tecnológica y libertaria, con una estética monumental y futurista. Brown llegó a describir esa estética con la expresión “hero futurism”: un futuro de arquitectura grandiosa, referencias a civilizaciones antiguas y una idea épica de la historia occidental.

En aquellos años, la ubicación exacta no estaba definida. En 2023, un periodista de Mother Jones visitó las oficinas de la compañía en Nueva York y recogió comentarios de sus responsables sobre posibles lugares en Italia, Marruecos y Montenegro. El propio medio subrayó que no estaba claro quién tomaría la decisión final ni cómo se gobernaría esa comunidad.

Financiación, miembros y las primeras dudas

El dinero y los inversores ayudaron a que el proyecto empezara a ser tomado en cuenta. Mother Jones informó que en 2021 Praxis obtuvo una ronda inicial de unos cuatro millones de dólares, con participación de Pronomos Capital, un fondo dedicado a iniciativas de nuevas ciudades.

Meses más tarde, según ese mismo medio, la empresa sumó una ronda de unos quince millones de dólares. Entre los inversores mencionados figuraban fondos y actores del mundo de las criptomonedas. Algunos de ellos, como Alameda Research, vinculada a Sam Bankman-Fried, terminaron posteriormente en quiebra.

A fines de 2023, The New York Times informó que Praxis había recaudado 19,2 millones de dólares. Para una empresa que aspiraba a construir una ciudad, ese era un capital pequeño. Pero el interés de los medios no se debió solamente al dinero. También llamaba la atención la distancia entre el tamaño de la ambición y la experiencia del fundador, que hasta entonces no había construido una ciudad ni desarrollado un gran proyecto inmobiliario.

El reportaje del New York Times se tituló “¿Quién le daría millones a este hombre para construir su propia utopía?”. El diario describió a Brown como un joven que hablaba de fundar una ciudad mediterránea, pero que todavía no podía precisar dónde estaría ni cómo se levantaría.

El artículo también puso el foco en las cifras de la comunidad. Brown decía que Praxis tenía una lista de espera cercana a las 50.000 personas y que unas 12.000 se interesaban en mudarse. Pero el Times informó que, en un registro interno de la compañía que pudo consultar, aparecían 431 miembros.

Esas cifras no necesariamente medían lo mismo: una lista de espera, personas interesadas y miembros registrados son categorías distintas. Pero el contraste puso sobre la mesa una pregunta que ha vuelto a aparecer desde entonces: cuando Praxis habla de decenas o cientos de miles de miembros, ¿a cuántas personas se refiere exactamente y cuántas están dispuestas a vivir e invertir en una ciudad concreta?

Las controversias y el debate político

En septiembre de 2023, Mother Jones publicó una investigación más extensa y crítica. Presentó Praxis como un proyecto de ciudad cripto y libertaria, y relató que sus responsables organizaban fiestas y encuentros para atraer a posibles miembros, inversores y figuras de la cultura digital de Nueva York.

El artículo también describió los vínculos de algunos financiadores con Peter Thiel y con otras figuras del mundo tecnológico. Es una distinción importante: la conexión con Thiel aparece, en buena medida, a través de fondos y redes de inversión como Pronomos; no corresponde convertir automáticamente esa relación en la afirmación de que Thiel financiara personalmente cada etapa de Praxis.

Mother Jones recogió además testimonios de antiguos empleados que atribuían a Brown ideas autoritarias o de extrema derecha, y describió una cultura interna que esos exfuncionarios cuestionaban. Esas afirmaciones fueron presentadas como testimonios de fuentes y ex empleados, no como conclusiones judiciales. Brown no respondió el cuestionario detallado enviado por la revista, aunque emitió una declaración en la que sostuvo que algunas personas mentían sobre la organización y que Praxis existía para construir.

La controversia importa porque Praxis no presenta su ciudad como un proyecto inmobiliario neutral. Su lenguaje habla de civilización, valores occidentales, libertad económica, tecnología y nuevas formas de gobierno. Sus críticos se preguntan si detrás de esa retórica hay solamente una urbanización tecnológica o una propuesta política para que grupos de alto poder económico puedan vivir con menos controles democráticos y regulatorios.

No existe una única descripción aceptada por todos. Para sus promotores, el proyecto permitiría experimentar con formas nuevas de vida y organización. Para sus críticos, la idea puede abrir la puerta a enclaves privados, creados por empresarios, con una influencia muy grande sobre las reglas y la vida de sus habitantes.

2024: Los 525 millones en compromisos

Praxis tuvo otra fecha clave en octubre de 2024. El Wall Street Journal informó que la organización había conseguido compromisos de financiación por 525 millones de dólares para su ciudad “heroica”, todavía sin ubicación definida.

La cifra tuvo una enorme repercusión, pero exige una aclaración. El titular podía hacer pensar que Praxis acababa de recibir medio billón de dólares en efectivo. El propio artículo explicó que se trataba de financiación condicionada a determinados hitos. Una parte importante dependía de que la empresa colocara tokens de criptomoneda en un mercado público.

Dicho de otra manera: los 525 millones no equivalían necesariamente a dinero ya desembolsado ni a capital que estuviera listo para financiar una obra. Eran compromisos bajo determinadas condiciones. En las noticias posteriores, la diferencia entre dinero comprometido, crédito disponible, capital invertido y dinero efectivamente gastado es fundamental.

2025: Groenlandia y el Proyecto Atlas

Durante 2025, Praxis volvió a aparecer en medios internacionales al hablar de nuevas localizaciones. Una de ellas fue Groenlandia. Brown viajó allí y defendió la posibilidad de construir una ciudad tecnológica en ese territorio.

En abril de ese año, Reuters informó que inversores tecnológicos conversaban sobre la posibilidad de impulsar en Groenlandia una “ciudad de la libertad”, con una regulación empresarial reducida y actividades vinculadas con inteligencia artificial, vehículos autónomos, energía, lanzamientos espaciales y trenes de alta velocidad.

Reuters aclaró que esas conversaciones estaban en una etapa inicial. También informó que otras empresas habían contactado a Praxis para explorar una posible colaboración. No se trataba de un acuerdo cerrado ni de terrenos comprados. Era una opción en discusión, que adquirió interés internacional en un momento en que el presidente Donald Trump hablaba de adquirir Groenlandia.

Ese mismo año, Praxis presentó otro proyecto, llamado Atlas, para una ciudad enfocada en defensa y tecnología espacial en las proximidades de la base militar de Vandenberg, en California. También se manejó la posibilidad de ubicarla junto a la base.

La propuesta situaba a Atlas cerca de la industria aeroespacial y de defensa estadounidense. Pero, otra vez, había que distinguir entre un anuncio y un desarrollo material. La cobertura del Financial Times y de WIRED se refería a planes anunciados, no a una ciudad construida ni a una obra que estuviera en marcha.

Una marca global, todavía sin ciudad

En 2025, la revista Vanity Fair publicó un perfil extenso de Brown y de Praxis. La describió como una campaña persistente para construir una ciudad que todavía no existía: una combinación de reuniones, fiestas, objetos promocionales, diseños arquitectónicos, promesas de financiación y búsqueda de una ubicación.

Ese perfil destacaba que Praxis ya había logrado crear algo real, aunque distinto de una ciudad: una marca reconocible y una comunidad internacional en torno a una visión tecnológica y política. Para quienes participan, la red de contactos, los encuentros y la posibilidad de formar parte de un proyecto futuro tienen valor por sí mismos. Pero eso no demuestra que la ciudad vaya a construirse ni que todos esos miembros vayan a mudarse.

En septiembre de 2025, WIRED incluyó a Praxis en una investigación sobre empresarios y multimillonarios tecnológicos que quieren crear comunidades propias. El medio señaló que Praxis decía tener más de 100.000 miembros y mencionó el proyecto Atlas.

En diciembre, el Financial Times volvió a abordar el fenómeno de las ciudades tecnológicas con fines de lucro. Situó a Praxis dentro de una tendencia más amplia, en la que aparecen decenas de propuestas de nuevas ciudades o sociedades experimentales. Brown decía entonces que el proyecto tenía unos 150.000 posibles ciudadanos.

Esas cifras crecieron con el tiempo, pero no son directamente comparables con las del New York Times en 2023. Puede haber diferencias entre miembros, aspirantes, seguidores, personas que expresaron interés o potenciales residentes. Hasta ahora, los datos públicos no permiten tratarlas como un censo comprobado de personas que ya hayan comprometido su mudanza.

2026: El acuerdo con +Colonia

Después de ese recorrido, llegamos a Uruguay. El anuncio de septiembre de 2026 es distinto de las versiones anteriores porque, por primera vez, Praxis señala un socio y un desarrollo territorial identificables: +Colonia, el proyecto urbanístico que impulsa el empresario argentino Eduardo Bastitta cerca de Colonia del Sacramento.

La empresa anunció que quiere movilizar mil millones de dólares en los próximos tres años y que espera recibir a sus primeros residentes a mediados de 2027. Bastitta dijo que unas 2.700 personas de la comunidad expresaron interés y compromiso de mudarse e invertir en la futura sede.

El plan difundido combina viviendas, hotelería, servicios, espacios comerciales y culturales, restaurantes, galerías y estudios. Praxis plantea también destinar una parte de los ingresos de la venta de residencias a becas, residencias artísticas e instituciones culturales.

La compañía afirma que eligió Uruguay por su estabilidad institucional, sus condiciones para vivir y la posibilidad de desarrollar el proyecto junto a una comunidad y un emprendimiento urbanístico ya existentes. Y ha dicho que sus instituciones funcionarían dentro de la Constitución, la legislación y el sistema democrático uruguayos.

Eso marca una diferencia respecto de la retórica más radical asociada a los “Estados red”: por lo menos en el anuncio uruguayo, Praxis no reivindica tener soberanía propia ni operar fuera del orden legal nacional.

¿Qué está pendiente en Uruguay?

Pero el anuncio también debe leerse con cautela. Según la cobertura de El Observador, The New York Times describió el acuerdo como "en gran medida no vinculante". Forbes Uruguay informó que la compra de los terrenos todavía no se había concretado. Praxis dice que quiere movilizar mil millones de dólares: eso no significa que ese monto ya esté invertido, desembolsado o garantizado.

Además, hay que separar tres proyectos distintos: Praxis como comunidad digital; +Colonia como desarrollo inmobiliario más amplio; y el sector específico que Praxis pretende ocupar dentro de ese desarrollo. Las obras que ya se ven en +Colonia no son, automáticamente, obras de Praxis.

Balance: ¿Qué ha hecho Praxis y qué le falta?

Entonces, ¿qué es Praxis después de siete años de historia? Es una compañía que nació con la idea de crear una nueva ciudad, reunió una comunidad en internet, atrajo inversores tecnológicos y cripto, y ha presentado distintas localizaciones y proyectos. Su trayectoria demuestra que ha sabido construir una marca y generar atención internacional. Pero hasta el anuncio uruguayo no había demostrado que pudiera construir una ciudad propia.

Y Uruguay es, por ahora, su intento más concreto de pasar del discurso al territorio. Hay un socio local, un lugar definido, un acuerdo anunciado y una cifra de inversión proyectada. Todavía faltan las compras de tierra, la ejecución del financiamiento, las obras específicas y, sobre todo, la llegada efectiva de residentes.

La historia de Praxis no es la de una ciudad que ya existe. Es la historia de una promesa de ciudad que lleva años buscando dónde hacerse realidad. La novedad es que ahora apunta a Colonia. La pregunta que queda abierta es si esta vez el proyecto podrá cumplir, en el terreno, todo lo que durante años prometió en internet.

Materiales complementarios

The New York Times, diciembre de 2023: [perfil de Dryden Brown y Praxis]( https://www.nytimes.com/2023/12/12/style/praxis-city-dryden-brown.html)

Mother Jones, septiembre de 2023: [historia, financiación y controversias]( https://www.motherjones.com/politics/2023/09/praxis-society-city-dryden-brown-peter-thiel/)

Wall Street Journal, octubre de 2024: [compromisos financieros condicionados por US$ 525 millones]( https://www.wsj.com/articles/tech-utopian-project-praxis-gets-525-million-in-commitments-for-planned-heroic-city-f4623e98)

Reuters, abril de 2025: [conversaciones sobre una posible ciudad tecnológica en Groenlandia]( https://www.reuters.com/world/europe/greenland-freedom-city-rich-donors-push-trump-tech-hub-up-north-2025-04-10/)

Vanity Fair, junio de 2025: [perfil de Brown y de la campaña para crear Praxis]( https://www.vanityfair.com/news/praxis-dryden-brown)

WIRED, septiembre de 2025: [Praxis dentro de la tendencia de comunidades tecnológicas privadas]( https://www.wired.com/story/tech-billionaires-communities/)

Financial Times, diciembre de 2025: [el fenómeno de las ciudades tecnológicas con fines de lucro]( https://www.ft.com/content/b127ee7a-5ac4-4730-a395-c9f9619615c7?syn-25a6b1a6=1)

Comunicado de Praxis, septiembre de 2026: [anuncio del proyecto en Uruguay]( https://www.praxisnation.com/content/praxis-uruguay-announcement)

El Observador, septiembre de 2026: [antecedentes, acuerdo y situación del proyecto en +Colonia]( https://www.elobservador.com.uy/nacional/la-comunidad-tecnologica-praxis-eligio-uruguay-construir-su-ciudad-del-futuro-y-su-fundador-preve-reunirse-orsi-nueva-york-n6058042)

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Nuevocentro Shopping inauguró un sistema de almacenamiento de energía en baterías.

El evento de presentación contó con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. El sistema permite una gestión más eficiente del consumo energético del establecimiento, sin depender de factores climáticos.

La iniciativa se suma a otros proyectos de almacenamiento de energía que existen o están en desarrollo en Uruguay y en distintas áreas de actividad. Estas tecnologías buscan mejorar la gestión del consumo eléctrico y reducir la presión sobre el sistema en los horarios de mayor demanda.

¿Qué implica el proyecto? ¿Cómo funciona? ¿Qué resultados se esperan obtener?

En un nuevo espacio de DTI, Gabriela Pintos conversó con Alex Malachowski, gerente general de Nuevocentro Shopping.

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Presenta: Lenovo

El lanzamiento del videojuego GTA VI es uno de los más esperados de la historia del rubro para los gamers, pero también, se anuncia por los especialistas como uno de los grandes fenómenos del año en materia cultural, tecnológica y económica.

La nueva entrega del estudio Rockstar Games llega más de una década después de GTA V, un título lanzado en 2013 que vendió aproximadamente 230 millones de copias.

Por ejemplo, ahora el lanzamiento de este videojuego entró en la estrategia de retención de una unidad militar de Estados Unidos. Un batallón del Ejército en Georgia decidió entregar cuatro días libres para jugar para quienes renueven su contrato antes de la salida del videojuego, prevista para noviembre, según informó CBS News. Por otro lado, la empresa Burger Motorsports decidió cerrar sus puertas directamente el día del lanzamiento para no tener a sus trabajadores distraídos.

La expectativa aumentó en las últimas semanas con la circulación de videos e imágenes aparentemente filtrados del juego por parte de un perfil identificado como CyberLeek. El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre.

¿Qué representa este juego para la industria del videojuego? ¿Cómo reacciona la comunidad de jugadores? ¿Qué hay detrás de este fenómeno mundial que genera tanta expectativa?

Romina Andrioli conversó con Nacho Martínez, creador de contenido de videojuegos y tecnología.

La entrada El furor por el videojuego GTA VI: ¿Por qué la saga mantiene su vigencia desde hace más de dos décadas y genera tanta expectativa? Con Nacho Martínez, creador de contenido de videojuegos y tecnología se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Presenta: Lenovo

Durante años, las empresas tecnológicas defendieron una idea sencilla: las redes sociales son herramientas que las personas utilizan libremente y la responsabilidad por el tiempo de uso corresponde, en última instancia, a cada usuario y a su familia.

El acuerdo alcanzado por Meta con una coalición de estados y territorios de Estados Unidos cuestiona esa explicación. La empresa propietaria de Facebook e Instagram aceptó pagar hasta 18.000 millones de dólares y modificar la forma en que sus plataformas funcionan para los adolescentes.

Meta no reconoció haber cometido irregularidades. La empresa negó las acusaciones y afirmó que está comprometida con la seguridad de los jóvenes. Pero decidió cerrar el juicio antes de exponerse a una eventual condena que podía implicar sanciones cercanas a los 200.000 millones de dólares.

El acuerdo todavía debe ser aprobado por un juez. Si se confirma, será uno de los mayores arreglos judiciales alcanzados por una empresa tecnológica y puede convertirse en una referencia para otros casos contra redes sociales.

De la responsabilidad individual al diseño de las plataformas

El centro de la discusión no es solamente cuánto tiempo pasa un adolescente en Instagram o Facebook. La pregunta es qué hacen las plataformas para conseguir que ese tiempo se extienda.

Los estados que demandaron a Meta sostuvieron que la empresa diseñó sus productos para captar la atención de niños y adolescentes y mantenerlos conectados. Entre las funciones cuestionadas aparecen la reproducción automática de videos, las historias de Instagram y las notificaciones que invitan a volver a la aplicación.

Estas herramientas forman parte de la experiencia cotidiana de cualquier usuario. Un video comienza cuando termina el anterior; una historia lleva a otra; una notificación interrumpe una actividad y propone regresar a la pantalla. El planteo judicial es que ese diseño no es accidental: está orientado a aumentar la permanencia y la frecuencia de uso.

La acusación también sostiene que Meta conocía los posibles efectos negativos de sus plataformas. Durante el proceso aparecieron documentos internos que, según los fiscales generales, mostraban que algunos responsables de la empresa estaban al tanto de problemas vinculados con el uso de las redes y no tomaron medidas suficientes.

La discusión tiene una dimensión económica. Cuanto más tiempo permanece una persona en una plataforma, más oportunidades tiene la empresa de mostrarle publicidad y recopilar información sobre sus intereses y comportamientos. Los menores, por su edad, pueden tener más dificultades para comprender esas dinámicas y para regular su propia exposición.

Qué cambia para los adolescentes

El acuerdo establece restricciones que estarán activadas por defecto para los usuarios menores de 18 años.

Facebook e Instagram deberán establecer un límite diario de dos horas. El acceso quedará bloqueado durante la noche, entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo que exista autorización de los padres o tutores. También se desactivarán la mayoría de las notificaciones durante el horario escolar, entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde.

La empresa deberá reforzar la verificación de edad y eliminar las cuentas de menores de 13 años. Esa edad ya era, en teoría, el límite mínimo para utilizar las plataformas, pero hasta ahora el control dependía en buena medida de la información declarada por el propio usuario.

También se prevén cambios en los mecanismos de denuncia. Meta deberá ofrecer herramientas más eficaces para reportar contenidos dañinos y responder rápidamente a esos avisos.

El número de “me gusta” y reacciones dejará de estar visible para los usuarios menores de 18 años. Además, se prohibirán ciertos filtros vinculados con procedimientos cosméticos.

La lógica del acuerdo es modificar la configuración inicial. El adolescente no tendrá que activar manualmente un límite o pedir a sus padres que bloqueen las notificaciones: las restricciones estarán aplicadas desde el comienzo y solo podrán flexibilizarse con autorización adulta.

Un cambio importante, pero no una transformación total

El acuerdo no obliga a Meta a abandonar su modelo de negocio. La empresa podrá continuar utilizando recomendaciones personalizadas y publicidad dirigida. Tampoco se establece que todos los contenidos relacionados con salud mental, imagen corporal o trastornos alimentarios deban desaparecer de las plataformas.

Por eso, el pacto tiene un alcance relevante, pero limitado. Cambia los horarios, las notificaciones, el control de edad y algunos elementos de la interfaz. No modifica completamente la lógica de funcionamiento de Facebook e Instagram.

Además, las medidas se aplicarán como consecuencia de un acuerdo con autoridades estadounidenses. No significa automáticamente que las mismas restricciones vayan a regir en Uruguay o en el resto del mundo.

Meta puede decidir extenderlas internacionalmente, especialmente si busca presentar el acuerdo como un nuevo estándar de la industria. Pero también podría aplicar condiciones diferentes según la legislación de cada país.

Por qué el acuerdo puede afectar a toda la industria

Meta no es la única empresa involucrada en la discusión. Los jóvenes utilizan varias plataformas y se trasladan de una a otra. Si Instagram limita el tiempo de uso, el usuario puede pasar a TikTok, YouTube, Snapchat, Discord o cualquier otro servicio.

La propia Meta utilizó ese argumento para pedir que sus competidores adopten medidas similares. Parte del acuerdo económico quedaría condicionada a que TikTok y YouTube establezcan restricciones comparables.

Esto plantea un problema de coordinación. Si una empresa limita el acceso de los adolescentes pero las demás mantienen sus prácticas, los usuarios pueden desplazarse a otra plataforma. Si todas las empresas aplican controles semejantes, el efecto puede ser mucho mayor.

La decisión de Meta también puede influir en los miles de juicios que se tramitan en Estados Unidos contra empresas de redes sociales. Muchos fueron iniciados por jóvenes y familias que sostienen que las plataformas provocaron adicción o agravaron problemas psicológicos.

El acuerdo no determina que toda utilización intensa de una red social produzca un daño ni establece una relación automática entre el uso de una plataforma y un problema de salud mental. Pero sí acepta que el diseño del producto puede ser relevante para evaluar la responsabilidad de la empresa.

La diferencia es importante desde el punto de vista jurídico. No se trata de afirmar que una aplicación cause por sí sola depresión, ansiedad o una conducta adictiva en todos los adolescentes. La tesis de los estados es más concreta: si una empresa conoce que determinadas funciones favorecen el uso compulsivo, oculta esa información o las dirige especialmente a menores, el modo en que construyó el producto puede convertirse en evidencia de negligencia o de una práctica empresarial dañina. El foco pasa así del comportamiento aislado del usuario a las decisiones de diseño y la información que la empresa tenía disponible.

Las dudas sobre la verificación de edad

Uno de los mayores desafíos será saber cómo se implementará el control de edad.

Para evitar que un niño de 12 años abra una cuenta declarando que tiene 18, las plataformas deberán recurrir a mecanismos más precisos. Pero esos sistemas pueden exigir información personal adicional y generar nuevos riesgos para la privacidad.

También existe el riesgo de los errores. Un control puede bloquear a un adolescente que sí tiene la edad permitida o permitir el acceso a alguien menor. Otra posibilidad es que los usuarios intenten eludirlo utilizando cuentas ajenas, datos falsos o dispositivos de otras personas.

La autoridad británica Ofcom, que estudió los sistemas de verificación de edad, concluyó que no existe un método único capaz de eliminar por completo el riesgo de evasión. Por eso, se plantea combinar distintas capas de protección: las plataformas, las tiendas de aplicaciones, los sistemas operativos y los dispositivos.

La idea de las capas busca evitar que toda la responsabilidad recaiga en un único control, fácilmente burlable. Una plataforma puede estimar la edad a partir de una cuenta; una tienda de aplicaciones puede exigir una autorización; el sistema operativo puede aplicar controles horarios, y el dispositivo puede incorporar límites familiares. En conjunto, esos filtros permitirían detectar inconsistencias y reducir los atajos, aunque también multiplican los actores que manejan datos sensibles. El desafío es lograr una protección efectiva sin crear una infraestructura de vigilancia permanente ni obligar a los jóvenes a entregar más información personal de la necesaria.

Pero claro…. La verificación de edad tampoco resuelve por sí sola el problema del contenido dañino. Un adolescente puede tener la edad permitida para acceder a una red y, aun así, encontrarse con material perjudicial o con recomendaciones que refuercen conductas problemáticas.

Tres modelos internacionales

El acuerdo con Meta forma parte de una tendencia internacional que busca limitar la exposición de los menores a los riesgos de internet, aunque los países están tomando caminos diferentes.

Australia adoptó el modelo más restrictivo. Desde el 10 de diciembre de 2025, muchas plataformas no pueden permitir que los menores de 16 años tengan cuentas. La norma obliga a las empresas a tomar medidas razonables para impedir la creación y el mantenimiento de esas cuentas.

La obligación recae sobre las plataformas, no sobre los adolescentes ni sobre sus familias. Las empresas deben demostrar que adoptan medidas razonables de comprobación y pueden enfrentar sanciones si no lo hacen. El modelo australiano es atractivo para quienes priorizan una regla clara y fácil de comunicar, pero deja abiertas preguntas difíciles: cómo se comprueba la edad sin construir bases de datos invasivas, cómo se contemplan los errores y qué ocurre con los jóvenes que usan esas plataformas para informarse, expresarse o pedir ayuda.

Estados Unidos, a través del acuerdo con Meta, avanza por otra vía: mantiene el acceso de los adolescentes, pero fija horarios, límites de uso y restricciones en determinadas funciones.

Europa utiliza principalmente un modelo regulatorio. El Reglamento de Servicios Digitales establece obligaciones de transparencia, mecanismos de denuncia y mayor supervisión sobre las plataformas de gran tamaño. La Unión Europea también elaboró orientaciones específicas para mejorar la protección de los menores en internet.

En la práctica, el modelo europeo no establece una única edad de prohibición para todas las redes. Exige que las plataformas de muy gran tamaño identifiquen y reduzcan riesgos vinculados con la seguridad, la salud mental y la exposición de los menores; que expliquen mejor cómo funcionan sus sistemas de recomendación; y que ofrezcan mecanismos accesibles para denunciar contenidos o decisiones de moderación. Las orientaciones de la Comisión Europea también apuntan a que las cuentas de menores tengan configuraciones privadas por defecto, que se reduzca el contacto no deseado y que no se utilicen los datos de los niños para publicidad personalizada. Este es un enfoque que intenta actuar sobre el entorno digital completo, no solamente sobre la cantidad de horas de conexión.

El Reino Unido avanza hacia una combinación de ambos enfoques. Ofcom informó que los controles de edad están creciendo, pero advirtió que todavía es necesario fortalecerlos. En junio de 2026, el gobierno anunció que las plataformas de redes sociales no podrán ofrecer sus servicios a menores de 16 años, con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027. La discusión británica, sin embargo, no se limita a la edad: también incluye qué servicios quedarían comprendidos, cómo se tratarían los videojuegos y los chats, qué excepciones habría y cómo se evitaría que los controles expongan la identidad de los menores. El caso muestra que una prohibición puede ser políticamente contundente, pero su eficacia dependerá de la definición técnica de “red social” y de la capacidad para hacerla cumplir en servicios globales.

Estos casos muestran que todavía no existe una respuesta internacional unificada. La discusión oscila entre prohibir el acceso, limitar el uso o exigir que las plataformas sean más seguras desde su diseño.

Un caso regional en Brasil

La discusión también llegó a América Latina. El gobierno de Brasil presentó una demanda contra Discord por 500 millones de reales, unos 97 millones de dólares, debido a presuntas fallas en la protección de niños y adolescentes.

La acción brasileña se apoya en un problema distinto del que aparece con más frecuencia en Instagram: Discord combina servidores privados, comunidades abiertas, chat de voz, videojuegos y transmisiones en vivo. Esa arquitectura puede dificultar la detección de abusos y hacer que el contenido problemático circule dentro de grupos que no son visibles para una moderación convencional. Por eso, el reclamo no se limita a pedir que se borre material ilegal: busca que la empresa conozca mejor a sus usuarios, refuerce la prevención y responda con rapidez cuando aparecen denuncias.

La demanda reclama mejoras en la verificación de edad, las herramientas de supervisión parental, la moderación de contenidos y los mecanismos de comunicación. También solicita una multa diaria si la empresa no cumple con las obligaciones que eventualmente establezca la Justicia.

El caso surgió después de que la autoridad brasileña de protección de datos suspendiera las transmisiones en vivo de Discord por preocupaciones vinculadas con la seguridad de menores.

Discord calificó la demanda de desproporcionada y afirmó que había propuesto cambios técnicos y una inversión para mejorar la seguridad de sus operaciones en Brasil. Las autoridades entendieron que esas propuestas no alcanzaban para cerrar un acuerdo.

El ejemplo brasileño es importante porque muestra que el problema no se limita a Instagram, Facebook o TikTok. También alcanza a plataformas de conversación, videojuegos y transmisión en vivo, donde pueden existir riesgos diferentes, pero igualmente graves.

En el resto de América Latina, el panorama es más fragmentado. No hay todavía un régimen regional único comparable al europeo: cada país combina normas de protección de datos, derechos de niños y adolescentes y obligaciones generales para los intermediarios digitales.

Pero volvamos al comienzo… Qué puede ocurrir a partir de ahora con el acuerdo de Meta…

El primer paso será la aprobación judicial del acuerdo. Luego Meta deberá aplicar las medidas y demostrar que puede hacerlas funcionar en sus plataformas.

También habrá que observar si YouTube, TikTok y Snapchat aceptan condiciones similares. Si lo hacen, el acuerdo puede convertirse en una especie de referencia informal para la industria. Si no lo hacen, quedará como una regulación importante para Meta, pero con efectos más acotados sobre el ecosistema digital.

Otro punto será la evaluación de los resultados, dicen los expertos. No alcanza con establecer un límite de dos horas si los adolescentes pueden trasladarse a otras cuentas o plataformas. Tampoco basta con verificar la edad si los mecanismos de moderación no actúan con rapidez.

El futuro de la regulación dependerá de varios factores: la capacidad de los gobiernos para controlar a empresas globales, la precisión de las herramientas de verificación, la protección de los datos personales y la posibilidad de exigir explicaciones sobre los algoritmos que recomiendan contenidos.

La experiencia también obligará a discutir el papel de las familias, las escuelas y los propios jóvenes. Hay cierta coincidencia en los expertos en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los padres, porque muchas de las decisiones que determinan la experiencia digital ocurren dentro de sistemas diseñados por empresas y difíciles de comprender desde afuera.

Lo que está claro, es que el acuerdo con Meta no significa que las redes sociales vayan a desaparecer de la vida de los adolescentes ni que se haya encontrado una solución definitiva. Pero sí marca un cambio importante: por primera vez, una de las mayores empresas tecnológicas acepta pagar una suma millonaria y modificar elementos centrales de sus plataformas para responder a acusaciones vinculadas con el daño a menores.

La discusión dejó de ser solamente cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. Ahora también se pregunta quién diseña esa experiencia, con qué objetivos, qué información recopila y qué responsabilidad debe asumir cuando el producto puede afectar la salud y el bienestar de sus usuarios más jóvenes.

La entrada Redes sociales y menores de edad: ¿El acuerdo de Meta puede cambiar la responsabilidad de las plataformas? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Presenta: Lenovo

La Inteligencia Artificial (IA) facilita mucho la redacción de textos, el resumen de documentos, la búsqueda de información y distintos aspectos de organización de nuestro día a día ¿Qué implica utilizar estas herramientas en el Sistema de Justicia?

En ese contexto, la discusión no pasa solamente por saber si son recursos eficientes sino también por determinar quién responde por sus resultados y qué decisiones podrían quedar en manos de una máquina.

En Uruguay, este debate se plantea frente a un sistema judicial que muchas veces está colapsado, que busca mejorar sus tiempos, facilitar el acceso y administrar grandes volúmenes de expedientes, pero que también debe preservar garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, la privacidad y la independencia de los jueces.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, invitamos a los participantes de la Mesa de Juristas para discutir sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, sus posibles aplicaciones, los riesgos que plantea y los límites necesarios para proteger los derechos fundamentales.

Romina Andrioli conversó con Diego Gamarra, Matías Jackson, Cristina Vázquez y Óscar Sarlo.

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Presenta: Lenovo

Antel anunció este martes, una inversión de 70 millones de dólares para la creación de un data center especializado en Inteligencia Artificial, que se sumaría al que la empresa pública ya tiene en Pando, y al que prevé inaugurar la gigante tecnológica Google.

Empresas como Microsoft, Google, Amazon y otras bigtech dedican cada vez más presupuesto a la construcción de estos espacios. Para nuestro país, la discusión sobre la creación de estos centros no es solamente tecnológica, también es económica y estratégica.

¿Para qué necesita Uruguay contar con data centers propios? Hoy en día, como infraestructura nacional, ¿estos centros de datos pueden ser tan importantes como un puerto o la red eléctrica?

Romina Andrioli conversó con el ingeniero Pablo García, director de I+D de Urudata, docente en la Universidad ORT y Udelar, pero además con una larga trayectoria en empresas como Microsoft y Telefónica.

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Presenta: Lenovo

La Intendencia de Flores presentó la semana pasada su nueva herramienta de inteligencia artificial llamada “Inés”, que creó en colaboración con la empresa de tecnología GeneXus. 

Esta asistente virtual del departamento, es una iniciativa innovadora en materia de gestión pública, y busca aportar transparencia, hacer una gestión más cercana, ágil e inteligente y simplificar trámites para el contribuyente. 

El nombre elegido no es casual: hace 222 años, Inés ayudó a fundar la ciudad de Trinidad. Hoy, INÉS —destaca la Intendencia— invita a imaginar la comunidad que Flores puede llegar a ser, uniendo la memoria histórica del departamento con las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, vamos a profundizar sobre esta novedad que va más allá de los chatbots de atención al usuario a los que estamos acostumbrados.

Romina Andrioli con Pablo Mazzilli de GeneXus, encargado de impulsar la adopción de inteligencia artificial en empresas y organismos públicos, y con Gustavo Bejerez, Jefe de la División de Tecnología de la Información e Innovación de la Intendencia de Flores. 

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Presenta: Lenovo

Foto: AFP

Con el avance de la tecnología y el protagonismo que ha tomado el celular en nuestras vidas, ya no tiene mucho sentido recordar el número fijo de nuestras casas ¿Sucederá lo mismo en un futuro cercano con nuestro número móvil?

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación explicamos de qué se trata uno de los principales cambios que está generando Whatsapp y del que conviene que todos estemos al tanto.

Se trata de la opción de cambiar nuestros números telefónicos por nombres de usuario, al estilo de los que utilizamos en las distintas redes sociales.

¿Es obligatorio este cambio? ¿A partir de cuándo empieza a funcionar? ¿Qué se busca resolver?

Romina Andrioli conversó con Ana Karina Lucero, especialista en Ciberseguridad y miembro de la Comisión Directiva de CUTI.

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Presenta: Lenovo

Foto: Wikimedia Commons

Mientras los drones aéreos concentran buena parte de la atención sobre la guerra en Ucrania, otra transformación avanza sobre el terreno. Robots terrestres ya transportan suministros, evacuan heridos, defienden posiciones e incluso participan en operaciones de combate.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli profundiza sobre hasta dónde puede llegar esta tecnología y qué cambia en la forma de hacer la guerra.

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