A nueve meses de iniciado el gobierno, el papel que jugó el director de la OPP, Isaac Alfie, en el litigio que la minera Aratirí inició contra el Estado uruguayo, continúa generando discusiones a nivel político.

El tema se reavivó el jueves 5, cuando el semanario Búsqueda reseñó un informe redactado por Alfie para el estudio de abogados que lo contrató que, destacó, “incluye varias referencias específicas a la polémica inversión minera”. La nota llevaba este título: "Alfie sostuvo que la inversión de Aratirí calificaba para los beneficios fiscales que le negó el anterior gobierno".

Tras esa publicación el Frente Amplio acusó a Alfie de “mentir” a la opinión pública con las explicaciones que dio inicialmente sobre su participación en el diferendo y reclamó su renuncia. 

Este jueves 12 Alfie remitió una carta a Búsqueda en la que puntualizó que no actuó "ni directa ni indirectamente" contra el Estado.

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Ana Laura Pérez y Daoiz Uriarte.

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Foto en Home: Isaac Alfie, durante una conferencia de prensa por el presupuesto quinquenal en Torre Ejecutiva, Montevideo. Crédito: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

La entrada Alfie volvió a ser cuestionado por su papel en el juicio de Aratirí contra el Estado se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Producción: Rodrigo Abelenda

Se conoció ayer que el grupo empresarial que impulsó el proyecto Aratirí no tuvo éxito con el litigio que, por US$ 3.536 millones, había iniciado contra el Estado uruguayo. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que se rige bajo las normas de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho Mercantil Internacional, desestimó la demanda por razones de forma, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La denuncia había sido presentada en julio de 2018 por dos hijos de Pramod Agarwal, fundador de Zamín Ferrous. En el escrito se alegó que el Estado uruguayo «implementó cambios a las reglas de juego” que afectaron el proyecto e implicaron incumplimientos al tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.

El comunicado oficial

Según un comunicado que emitió ayer Presidencia de la República, la CPA entendió que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares, al momento de los hechos, de un bien protegido” por el tratado de protección de inversiones.  “Por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”. 

Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.

Antecedentes

Veamos algunos detalles de esta resolución y repasemos antecedentes

La defensa uruguaya fue diseñada por el secretario de la Presidencia en el período de gobierno anterior, Miguel Ángel Toma, y por el abogado Paul Reichler, del estudio Foley Hoag (el mismo que asesoró al gobierno en los casos Phillip Morris y Botnia). A nivel local participó el estudio Rueda, Abadie, Pereira. 

Por acuerdo entre las partes, las audiencias del arbitraje se realizaron en Washington, pero el fallo tuvo lugar en La Haya, Holanda, sede de la CPA. La sentencia, de 110 páginas, se mantiene en reserva, salvo que las partes dispongan hacerlo público.

Fuentes vinculadas al litigio consultadas por En Perspectiva resaltaron que el caso se resolvió muy rápido en comparación con otros arbitrajes internacionales entre Estados e inversores.

El tribunal estuvo integrado por el español Andrés Rigo Sureda, el francés Pierre Mayer, que fue el elegido por Uruguay, y O.T. Johnson, que fue el designado por Zamín Ferrous. Los informantes de En Perspectiva señalaron que el dictamen fue unánime a favor de Uruguay, lo que implica que el árbitro escogido por la multinacional también desestimó su demanda.

En esta etapa se debía decidir sobre la primera defensa que había realizado Uruguay centrada en aspectos formales; sólo si se sorteaba ese ángulo se iba a considerar el reclamo

¿Como se llegó a este fallo “rápido”?

Un aspecto curioso y no menor es que la demanda fue iniciada en julio de 2018 por Ritika  Mehta, Prenay Agarwal, y Vinita Agarwal. Estas dos últimas son hijas del fundador de Zamin Ferrous, el indio Pramod Agarwal (Agarwal visitó varias veces Uruguay y de hecho estuvo reunido con José Mujica en la Torre Ejecutiva).

De acuerdo a las averiguaciones que realizó En Perspectiva, la sensación entre los abogados vinculados al arbitraje es que, a través de los hijos de Agarwal, la compañía montó una estructura legal y empresarial específicamente para demandar a nuestro país por un proyecto de inversión que fracasó por razones ajenas al Estado uruguayo.

A través de una sociedad basada en las Islas Caimán, Pramod Argawal designó a sus hijos como beneficiarios de un fideicomiso que administraba la inversión en Uruguay. Este fideicomiso fue armado luego de que la multinacional se instalara en Valentines.  

Según estiman las fuentes, la intención de esta operación era “armar”, luego de que el proyecto fracasara, un arbitraje internacional relativo a inversiones.

Este tipo de litigios ocurre cuando un inversor denuncia una violación a un tratado de protección de inversiones vigente entre su país de origen y el país donde invierte. Como Zamin Ferrous tiene oficinas en Londres y los hijos de Pramod Argawal tienen ciudadanía en el Reino Unido, la demanda se amparó en una supuesta violación de Uruguay al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido.

Los hijos de Agarwal presentaron en julio de 2018 su demanda contra Uruguay ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

En aquel momento, sostuvieron que Uruguay “cambió las reglas de juego” lo que derivó en la cancelación del proyecto Aratirí en la localidad de Valentines. Alegaron, entre otras cosas, que fueron perjudicados por: la decisión del gobierno de modificar la ubicación del proyecto de puerto de aguas profundas por el cual la compañía preveía sacar la producción de la mina; la no concesión de beneficios tributarios; y la fijación de nuevos topes impositivos en la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013.

Fuentes con conocimiento del fallo, dijeron a En Perspectiva que el tribunal entendió que los hijos de Agarwal no eran titulares de una inversión en los términos establecidos en el tratado Uruguay-Reino Unido. Por el contrario, son beneficiarios de un fideicomiso creado luego de que Zamín Ferrous se instalara en Uruguay y lo único que tenían era una “mera expectativa” de generar ganancias a futuro. Los informantes explicaron que estos familiares hijos del multimillonario indio ni siquiera fueron considerados “inversores” ya que se convirtieron en beneficiarios del fideicomiso que administraba Aratirí de forma totalmente discrecional y podían perder ese derecho por la sola voluntad del padre.

Por lo tanto, se entendió que no estaban legitimados a iniciar la demanda. Por eso se dispuso el rechazo.

Repercusiones políticas 

En el gobierno la noticia fue bien recibida. De todos modos, varios jerarcas consultados por En Perspectiva prefirieron el silencio respecto a un litigio cuya defensa fue diseñada por el gobierno de Tabaré Vázquez.

El senador nacionalista Gustavo Penadés celebró la resolución, pero advirtió que el Frente Amplio (FA) y su política de inversiones fueron responsable del litigio:

Me parece una muy buena  noticia. Hubiera sido una tragedia nacional que hubiera sucedido lo contrario porque era un juico por más de 3 mil millones de dólares. En algún momento la errática política de inversiones que lamentablemente el FA llevó adelante nos expuso a esta situación, acompañada a otra serie de anuncios y de proyectos que quedaron por el camino "Aratirí venía, no vino.

Por su lado, el senador frenteamplista Charles Carrera valoró las gestiones realizadas en el anterior gobierno con respecto a esta demanda pero además disparó contra un jerarca del gobierno actual. Carrera recordó que antes de asumir en su cargo, el actual director de la OPP, Isaac Alfie, realizó un informe en calidad de experto a solicitud de uno de los estudios de abogados que defendía a Aratirí:

Agradecer al gobierno de Tabaré Vázquez que tuvo una gran profesionalidad en el manejo de estos temas tan complejos y salió triunfante el Uruguay. A pesar de Isaac Alfie que estuvo siendo testigo en contra de los intereses nacionales.

El ex presidente José Mujica dijo a Radio Universal que la coalición multicolor hizo “bulla electoral”, cuando se sabía desde hace tiempo que el litigio iba a ser favorable a Uruguay:

Se informaba en los consejos de ministro del doctor Vázquz. Se sabía perfectamente lo que pasaba. Lo que pasa que hicieron una bulla electoral, y se creyeron el verso ellos mismos. Y ahora salen: "¡Ay, qué novedad!" ¡Por favor!.

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Foto: Presidencia de la República.

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La entrada Corte Permanente de Arbitraje desestimó demanda de minera Zamin Ferrous contra Uruguay se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Se conoció ayer que el grupo empresarial que impulsó el proyecto Aratirí perdió el litigio multimillonario que había iniciado hace dos años contra el Estado uruguayo.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se rige bajo las normas de la comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, desestimó una demanda de la minera Zamin Ferrous contra Uruguay por US$ 3.536 millones.

El escrito había sido presentado en julio de 2018 por hijos de Pramod Agarwal, fundador de Zamín Ferrous, la compañía impulsora del proyecto minero Aratirí en la localidad de Valentines. En la presentación se alegaba que el Estado uruguayo había implementado "cambios a las reglas de juego" que afectaron el proyecto e implicaron incumplimientos al tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Uruguay y Reino Unido, donde la minera tiene oficinas.

Sin embargo, la corte de arbitraje desestimó la acción por razones de forma, sin llegar a pronunciarse sobre el fondo de la denuncia.

Según un comunicado de Presidencia de la República, la corte entendió que “los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos, de un bien protegido” por el tratado de protección de inversiones. “Por tanto, carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión”.

Además, el tribunal ordenó a los demandantes el reembolso al Estado uruguayo de 4.097.149 dólares, por los gastos del juicio.

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Teresa Herrera y Gonzalo Pérez del Castillo.

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Foto en Home: "Frente a Aratirí". Crédito: Flickr.

La entrada Aratirí perdió demanda contra Uruguay por 3.500 millones de dólares se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El rol del economista, designado para la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el próximo período, en el arbitraje por 3.500 millones de dólares levantó polémica y llevó a ambas aclaraciones

Acceda aquí al comunicado del gobierno electo y aquí al de Alfie (ambos en formato PDF)

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Isaac Alfie, que será director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno de Luis Lacalle Pou, declarará esta semana en Estados Unidos en el litigio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo, que se dirime en la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.

A mediados del año pasado, Alfie fue contratado por el estudio Ferrere para redactar un informe en calidad de experto en asuntos vinculados con inversiones. Sobre ese informe declarará esta semana en Washington. 

Ayer domingo, luego de que trascendió su comparecencia en el arbitraje, Alfie aclaró mediante comunicado que no es “actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo”. “No represento a parte alguna”, afirmó. Explicó que su participación no se dará como testigo sino “en carácter de experto” sobre asuntos de su conocimiento. Puntualizó que su intervención “se restringe” al informe técnico que preparó “sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay a partir de 1974”. Aclaró que el informe no se expide “sobre el fondo ni [sobre la] sustancia del caso, es decir, ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o monto de eventuales daños”.

Horas más tarde, también ayer domingo, Alfie escribió en Twitter que estaba en Washington “a requerimiento del Estado uruguayo”, que lo ha citado para la audiencia. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista se refirió a esta situación.

Fuentes del gobierno citadas por La Diaria negaron esta versión y agregaron que los expertos que fueron contratados por Ferrere fueron citados por el estudio y que, “obviamente”, declararán a favor de Aratirí. Además, indicaron que cada parte en el arbitraje se hace cargo de costear los gastos de transporte de los testigos y expertos que convoca a declarar. Por su parte, Alfie dijo que desconoce quién se hace cargo de los gastos.

El gobierno electo también emitió un comunicado en la mañana de ayer. Allí se expresa que Lacalle Pou fue informado desde un primer momento de que Alfie se hacía cargo de una “asesoría técnico-profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. Subraya, como lo hizo Alfie, que ni su informe ni su declaración ante el tribunal “se expiden sobre el fondo de la controversia”, agrega que el economista ha dado “sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público” y reafirma su confianza en el especialista colorado. El texto termina destacando que el gobierno electo “defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan”. 

Alfie dijo esta mañana En Perspectiva que, efectivamente, el presidente electo tenía constancia de su participación en el litigio desde antes de su designación como director de OPP.

Por otro lado, el economista afirmó que la situación vivida en torno a su participación en el litigio responde a que alguien, políticamente, quiere hacer "un escándalo".

Según La Diaria, en la audiencia también comparecerá a declarar como experto Carlos Delpiazzo, ex ministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1991-1992), quien elaboró un informe para Aratirí, en su caso sobre aspectos jurídicos y algunas cláusulas del contrato.

La audiencia arbitral tendrá esta semana su primera etapa y, la última será en febrero; luego transcurrirá un tiempo estimado en un año antes de que las partes (Aratirí y el Estado uruguayo) conozcan el dictamen.

El actual presidente Luis Lacalle Pou, como diputado del Partido Nacional durante el gobierno de José Mujica, expresó su rechazo a la instalación de la minera Aratirí.

Las negociaciones entre el Estado y la minera Aratirí para radicar la inversión, concluyeron sin éxito en marzo de 2016 luego de una caída internacional de los precios del hierro. Al año siguiente trascendió que la empresa iniciaría una demanda contra el Estado que, en 2018, se supo que sería en reclamo de US$ 3.536 millones. 

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Como parte del proceso de arbitraje en La Haya, la vicepresidenta Lucía Topolansky resolvió que toda la información "presentada o intercambiada" sea confidencial

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La compañía minera Aratirí, del grupo indio Zamin Ferrous, concretó a inicios de julio la presentación de su demanda por daños y perjuicios contra el Estado uruguayo. El monto de su reclamo: US$ 3.536 millones.

El pleito se basa en el Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y el Reino Unido. Uno de los argumentos centrales de la demanda es que la Ley de Minería a Cielo Abierto, votada luego de la llegada de la empresa a Uruguay, cambió las reglas del juego. También, había hecho notar en su momento Zamin Ferrous, la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores, sobretodo por los cambios de la ubicación de un puerto en el departamento de Rocha.

La Mesa de los Jueves con Edgardo Rubianes, Hernán Bonilla, Carlos Ramela y Esteban Valenti.

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Foto en Home: Mina a cielo abierto en Uruguay. Créditos: Presidencia de la República.

La entrada Minera Aratirí formalizó juicio contra Uruguay por US$ 3.536 millones se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Los inversores de la empresa Aratirí y sus subsidiarias iniciaron una demanda millonaria contra el Estado uruguayo “por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay", en relación con las inversiones en el Proyecto de mineral hierro Valentines, "uno de los más grandes yacimientos a nivel mundial".

En un comunicado difundido el jueves y en el que confirmaron el litigio internacional, enumeraron algunos de los perjuicios que dicen haber sufrido y que configurarían violaciones al tratado, entre ellos varios cambios en las reglas de juego en cuanto al derecho exclusivo en la concesión de explotación del Proyecto Valentines y reiteradas reubicaciones de la que sería su terminal portuaria.

El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como Uncitral.

Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que se opone a la minería metalífera a cielo abierto, advirtió desde el comienzo que este proyecto no era buen negocio para Uruguay. Hoy conversamos con el activista sobre esta situación.

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Los inversores de la empresa Aratirí y sus subsidiarias confirmaron ayer que iniciaron una demanda millonaria contra el Estado uruguayo “por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay, en relación a las inversiones en el Proyecto de mineral hierro Valentines, uno de los más grandes yacimientos a nivel mundial”

Como ejemplo de las violaciones que denuncian, citan en el comunicado cambios en las reglas de juego en cuanto al derecho exclusivo en la concesión de explotación del Proyecto Valentines, y reiteradas reubicaciones de la que sería su terminal portuaria.

Esta mañana dialogamos con el abogado Gonzalo Lorenzo, doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Bremen (Alemania), profesor de Derecho Internacional Privado en la UdelaR y la Universidad de Montevideo.

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Foto Home: presidencia.gub.uy

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Entre las intervenciones del público que se hicieron el Consejo de Ministros abierto que tuvo lugar ayer en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, estuvo la de Ariosto Bonsanto, un vecino que pidió retomar las actividades mineras para solucionar el problema del desempleo en esa zona del país.

En diálogo con En Perspectiva, Bonsanto dijo que muchas personas quedaron "postergadas" y "con ganas de algo grande" tras el fin del proyecto Aratirí. "Aquí hubo un tornado en el estómago de la gente que no tiene empleo y sabe de la importancia de los recursos económicos que hay en los yacimientos mineros de la región", aseguró. Bonsanto reclamó un diálogo nacional para que el Estado tome cartas en el asunto y fomente y la inversión en este rubro.

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Foto en Home: Intervención del público durante el Consejo de Ministros abierto que se realizó en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres. Crédito: Presidencia de la República.

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