«Esto tiene interés público cero» lo que pasa es que hay quienes quieren «hacer un escándalo político», dice Isaac Alfie, futuro director de OPP
Isaac Alfie, que será director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el gobierno de Luis Lacalle Pou, declarará esta semana en Estados Unidos en el litigio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo, que se dirime en la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.
A mediados del año pasado, Alfie fue contratado por el estudio Ferrere para redactar un informe en calidad de experto en asuntos vinculados con inversiones. Sobre ese informe declarará esta semana en Washington.
Ayer domingo, luego de que trascendió su comparecencia en el arbitraje, Alfie aclaró mediante comunicado que no es “actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo”. “No represento a parte alguna”, afirmó. Explicó que su participación no se dará como testigo sino “en carácter de experto” sobre asuntos de su conocimiento. Puntualizó que su intervención “se restringe” al informe técnico que preparó “sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay a partir de 1974”. Aclaró que el informe no se expide “sobre el fondo ni [sobre la] sustancia del caso, es decir, ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o monto de eventuales daños”.
Horas más tarde, también ayer domingo, Alfie escribió en Twitter que estaba en Washington “a requerimiento del Estado uruguayo”, que lo ha citado para la audiencia. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista se refirió a esta situación.
Fuentes del gobierno citadas por La Diaria negaron esta versión y agregaron que los expertos que fueron contratados por Ferrere fueron citados por el estudio y que, “obviamente”, declararán a favor de Aratirí. Además, indicaron que cada parte en el arbitraje se hace cargo de costear los gastos de transporte de los testigos y expertos que convoca a declarar. Por su parte, Alfie dijo que desconoce quién se hace cargo de los gastos.
El gobierno electo también emitió un comunicado en la mañana de ayer. Allí se expresa que Lacalle Pou fue informado desde un primer momento de que Alfie se hacía cargo de una “asesoría técnico-profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. Subraya, como lo hizo Alfie, que ni su informe ni su declaración ante el tribunal “se expiden sobre el fondo de la controversia”, agrega que el economista ha dado “sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público” y reafirma su confianza en el especialista colorado. El texto termina destacando que el gobierno electo “defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan”.
Alfie dijo esta mañana En Perspectiva que, efectivamente, el presidente electo tenía constancia de su participación en el litigio desde antes de su designación como director de OPP.
Por otro lado, el economista afirmó que la situación vivida en torno a su participación en el litigio responde a que alguien, políticamente, quiere hacer «un escándalo».
Según La Diaria, en la audiencia también comparecerá a declarar como experto Carlos Delpiazzo, ex ministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1991-1992), quien elaboró un informe para Aratirí, en su caso sobre aspectos jurídicos y algunas cláusulas del contrato.
La audiencia arbitral tendrá esta semana su primera etapa y, la última será en febrero; luego transcurrirá un tiempo estimado en un año antes de que las partes (Aratirí y el Estado uruguayo) conozcan el dictamen.
El actual presidente Luis Lacalle Pou, como diputado del Partido Nacional durante el gobierno de José Mujica, expresó su rechazo a la instalación de la minera Aratirí.
Las negociaciones entre el Estado y la minera Aratirí para radicar la inversión, concluyeron sin éxito en marzo de 2016 luego de una caída internacional de los precios del hierro. Al año siguiente trascendió que la empresa iniciaría una demanda contra el Estado que, en 2018, se supo que sería en reclamo de US$ 3.536 millones.
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Comunicados del gobierno electo e Isaac Alfie sobre su participación en el litigio Uruguay-Aratirí
Foto: Isaac Alfie. Crédito: Nicolás Celaya / adhocFOTOS
4 Comentarios
A priori, yo siento que nos toma a todos por tontos. En un juicio hay dos partes. Si todos los técnicos son honestos (cosa que yo no dudo), todos dan argumentos técnicamente objetivos, pero no son neutrales.
Cada una de las partes tiene una tesis que probar: Aratirí dice que el Estado Uruguayo le hizo perder 3500 millones de dólares y el Estado Uruguayo dirá que no. O al menos eso espero, porque me tocaría pagar a la prorrata mil dólares de esa factura. Espero entonces que los técncos que yo pago, defiendan mi plata y no la de Aratirí.
Volviendo al asunto, los técnicos que cada uno cite, sean los abogados –que son tan técnicos en derecho como lo es Alfie en economía–, los expertos en economía o cualquier otro peritaje, van para tratar de argumentar a favor de la tesis del que le paga los honorarios. Es decir, de la verdad toda, se tratará de poner en evidencia la parte que le sirve al que contrata al técnico y no hablar de nada que le sirva a la contraparte. Nada deshonesto, pero nada púramente descriptivo, como intenta inducirnos a pensar Alfie con la expresión «informe técnico». «Técnico» no quiere decir «neutro», menos en un litigio en el que nada es neutro.
Por momentos la entrevista es patética: Cotelo le pregunta para qué parte trabaja Ferrere en el juicio, si es para Aratiri. Entrecortado, Alfie responde que sí, que «es para el juicio». Mmmm, para el juicio trabajan las dos partes y también el tribunal. ¿Será que Cotelo le preguntó si se iba a usar en el juicio, nada más? Creo que Alfie entendió mal: todos ya sabemos que es un insumo del juicio, la pregunta es a quién beneficia. Cotelo afirma, por las dudas, que es para Aratirí y Alfie responde lacónicamente «sí». Se lo ve incómodo para reconocer que trabaja para Aratirí en un juicio contra el Estado Uruguayo.
Otra cosa extrañísima: no sabe ni le importa saber quién le paga sus honorarios y pasajes, pero sabe que está trabajando para Ferrere, que a su vez trabaja para Aratirí. ¿Quién pagará la factura de honorarios y pasajes de Alfie, entonces? ¿El que contrató a Ferrere, no será? ¿Aratirí?
Al final, «ya está», como dijo Alfie en 3 o 4 ocasiones. No quiere ni hablar del tema porque lo incomoda. Uno lo escucha y también se incomoda al oirlo declarar. Mitad por la incomodidad que transparenta, mitad porque uno siente que nos toma por tontos.
Para bailar el tango se precisan dos, para hacer una entrevista dos por lo menos y aunque Emiliano y Romina lo intentaron quedó como más jugoso lo que en forma pertinaz y contundente el Sr. Alfie jamás contestó.
Supongo que el editor de la nota en esta página, debe haber rascado bastante en las magras declaraciones elusivas y por descarte optó titular con:
«Esto tiene interés público cero»
Creo yo, que esto tiene interés público de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE DÓLARES.
Creo yo que de eso se trata.
Yo no sé cómo son los juicios internacionales, pero me imagino que deben tener mucho de similar con los juicios en el ámbito interno, y yo en mi vida como empleado tuve oportunidad de ver y participar varias veces. Un informe técnico no es un testimonio de parte, favorable a una u otra de las mismas; es una opinión general del conocimiento de un especialista, que luego cada parte tratará de usar en su provecho, si puede. Por lo tanto, en este caso no se puede decir que Alfie está declarando contra el Estado uruguayo. Además, cuando le hicieron la consulta, estaba muy lejos de pensar que posteriormente le ofrecerían un cargo público como el de Director de la OPP; él era un economista en la órbita privada, y como tal, tenía todo el derecho de emitir los informes que le pidieran, y esto incluye el tener que explicar a posteriori su informe ante algún tribunal de justicia.
Estimado Jorge,
Un técnico que va a pedido de una de las partes y designado y pagado por esa parte es un testimonio de parte. Testimonio de parte no significa deshonesto, significa selectivo. Elige de qué hablar y de qué no hacerlo a menos que no tenga más remedio.
Otra cosa muy diferente es cuando la sede designa a un técnico para asesorarlo. Yo insisto porque al fin y al cabo, los abogados también son técnicos. Técnicos en leyes a sueldo para tratar de defender los intereses de una de las partes. Con honestidad, pero eligiendo sobre qué hablar y sobre qué no hablar. Tendemos a pensar que técnico significa más allá del bien y del mal, pero todos, hasta los científicos, cuando se ponen a redactar un artículo saben qué es lo que quieren probar.
Me parece perfecto que Alfie lucre asesorando a una empresa en un juicio contra el Estado. Es su trabajo y trabaja para el que le paga. Lo que me parece poco ético es que entre en OPP mientras el juicio todavía está corriendo. Sobre todo porque tendrá acceso a información sensible, que en manos de la contraparte podría perjudicar al Estado. No alcanza con ser honesto, hay que parecerlo. Podría perfectamente haber un director interino de OPP hasta que el juicio termine y luego nombrarlo. ¿Cuál es la prisa?
Es más, la ley debería establecer la imposibilidad de los jerarcas del Estado para litigar o asesorar a litigantes con el Estado durante el ejercicio y luego, por un período frontera durante el cual la información que tienen se vuelva menos sensible. Seguro que Aratirí jamás nombraría como director ejecutivo a un abogado que esté defendiendo a Uruguay, por ejemplo. Estas cosas pasan porque es el Estado y a nadie parece dolerle la plata que es de todos. Si fuera como lo planteo, con los roles cambiados, este tema no resistiría el menor análisis.
Lo peor es que Alfie se había negado a agarrar esa changa y al final le insistieron, aún sabiendo que estaba contratado por Aratirí.
Saludos cordiales,