La Tertulia de los Lunes con Gonzalo Baroni, Miguel Brechner, Martín Bueno y Elisa Liber

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó hoy la renuncia del ministro del Interior, Laurent Nuñez, cuestionado a raíz de las protestas masivas de este fin de semana, que el sábado derivaron en hechos de violencia graves, saqueos de comercios grandes y pequeños, destrucción de mobiliario urbano e incendios de automóviles y edificios en varias ciudades del país.

El Palacio del Elíseo argumentó que hace falta “un mando continuo de las fuerzas del orden”, pidió transparencia sobre las fallas de previsión y de inteligencia, y le exigió a Nuñez nuevas tácticas contra los violentos.

Más temprano Nuñez confirmó que había ofrecido su renuncia, dijo que es responsable de lo que pasa en el terreno y admitió que hay que mejorar la capacidad de anticipar movilizaciones como esta. Las autoridades esperaban poco más de 200.000 manifestantes pero hubo unos 550.000. Los organizadores hablan de 800.000.

Las manifestaciones del sábado, las más numerosas de la serie de las últimas semanas, fueron convocadas por organizaciones estudiantiles, una central sindical y activistas que buscaban revivir el movimiento de los chalecos amarillos. En las marchas se protestaba por el costo de vida, los recortes en el presupuesto de la educación pública y la violencia policial ante las movilizaciones.

El balance oficial es de casi 2.400 detenidos y más de 500 policías heridos.

En la ciudad de Limoges el fuego alcanzó la alcaldía, un edificio patrimonial del año 1880, cuyo techo se derrumbó. En Lyon se incendió una oficina de turismo.

Ayer domingo a la noche Macron, que se acerca al final de su mandato, habló por primera vez sobre las protestas. En un mensaje por televisión, Macron calificó como legítimas las demandas de los colectivos movilizados y diferenció a quienes “expresaron su preocupación por los precios” de aquellos que “destruyeron, destrozaron y saquearon”.

“Hoy todos sentimos ira y vergüenza. Ver las calles de nuestras ciudades así saqueadas es insoportable. Los que destruyeron tienen que pagar, los que saquearon tienen que reembolsar. Seremos implacables. Escuchar y dialogar no significa impunidad. Necesitamos unidad, calma y respeto”.

En Italia, más de cien mil personas se movilizaron este sábado en Roma contra el alza del costo de vida, y en Milán hubo saqueos, incendios y choques con la policía.

La marcha de Roma, “La Via Maestra”, fue convocada por la central sindical CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) con más de cien organizaciones. La gremial anunció una huelga general para el 20 de noviembre contra el proyecto de presupuesto.

En Milán la marcha empezó en paz, pero encapuchados tiraron piedras a la policía, saquearon negocios y los agentes usaron cañones de agua y gases. La agencia LaPresse contó unos 50 detenidos, muchos de ellos menores. También hubo choques en Turín y Bolonia.

La primera ministra, Giorgia Meloni, dijo que manifestarse es un derecho pero incendiar las ciudades no.

En Portugal, miles de personas marcharon este sábado en Lisboa, Oporto y Coimbra por los salarios y el costo de la vida, convocadas por la central sindical CGTP (Confederación General de los Trabajadores Portugueses).

Piden un aumento general de 15 por ciento, con un mínimo de 150 euros, y un salario mínimo de 1.100 euros.

Según Público, el movimiento por la vivienda armó además decenas de carpas en la plaza del Rossio, en Lisboa, en solidaridad con los campamentos de Oporto.

Ahí la policía desalojó a uno de los grupos y hubo decenas de heridos, dos de ellos graves según los organizadores.

En Bélgica hubo protestas este sábado en Bruselas y en Lieja, con cañones de agua y gases lacrimógenos en la capital.

Cientos de jóvenes, con algunos docentes y sindicalistas, marcharon contra el fascismo y la policía hacia la estación Bruselas-Sur. La manifestación empezó en paz y se volvió caótica al mediodía, después de bloqueos policiales. El alcalde de Bruselas, Philippe Close, dijo que ninguna de las manifestaciones de ese día tenía autorización.

En Lieja, unos 250 jóvenes protestaron contra los recortes en educación, y a la tarde hubo barricadas y la policía los dispersó.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Rodrigo Coniglio, Casilda Echevarría y Gabriel Mazzarovich

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa, controlada mayoritariamente por la multinacional belga Katoen Natie, aceptaron una propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar cuatro meses de conflicto en la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. El documento servirá como base para un convenio colectivo con una vigencia de cinco años y mantiene una cláusula de paz.

La fórmula establece 21 jornales asegurados a partir de enero de 2027, uno de los principales puntos de discrepancia entre las partes, y evaluaciones anuales para todos los trabajadores. También prevé una partida extraordinaria cuyo monto quedará en un punto intermedio entre las posiciones de la empresa y el sindicato, además de una compensación especial para los trabajadores de mantenimiento y reparación y para quienes operan los vehículos utilizados para levantar, trasladar y apilar contenedores.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la negociación desarrollada por el gobierno y señaló que la propuesta incorporó reclamos del sindicato y posiciones de la empresa. Las partes quedaron en condiciones de avanzar en la redacción del convenio colectivo, mientras la propuesta deberá completar las instancias previstas para su ratificación definitiva.

Castillo recordó que el decreto de servicios mínimos emitido por el Poder Ejecutivo quedará sin efecto cuando la asamblea del sindicato apruebe el convenio colectivo.

“El hecho más importante, si logramos la firma del convenio colectivo es que va a haber un convenio por cinco años de duración. Aquellos que todos los días demandaban la pronta solución del conflicto… bueno en el Ministerio de Trabajo logramos en dos meses acercar a las partes, hacer un preacuerdo y tener la posibilidad de tener un convenio colectivo que va a durar cinco años”.

Los diputados colorados anunciaron su intención de interpelar al ministro Juan Castillo debido a la duración del conflicto portuario.

Según informaron ayer, planean trasladar el tema la semana que viene a la coordinación de bancada de la Coalición Republicana y luego en el Plenario de la Cámara Baja.

Por otro lado, la bancada de senadores del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para modificar la normativa sobre esencialidad y establecer un régimen de servicios mínimos durante conflictos laborales. La iniciativa reforma la Ley Nº 13.720, de 1968, y crea tres categorías: esencialidad estricta, esencialidad sobreviniente y servicios públicos de importancia trascendental.

El proyecto establece que las huelgas o lockouts en servicios públicos o esenciales deberán ser comunicados al Ministerio de Trabajo con al menos siete días hábiles de anticipación. Además, habilita al MTSS a exigir que una huelga sea ratificada mediante votación secreta de los trabajadores, con intervención de la Corte Electoral. Entre los servicios esenciales estrictos incluye hospitales y emergencias médicas, electricidad, agua potable, Bomberos, servicios penitenciarios y control del tráfico aéreo.

La tercera categoría comprende actividades como los puertos y terminales de contenedores, transporte de pasajeros y cargas, producción y distribución de combustibles y determinados servicios de telecomunicaciones. En estos sectores el MTSS podría establecer servicios mínimos sin eliminar el derecho de huelga. El proyecto también prevé reglas específicas para el Puerto de Montevideo y fue presentado en el contexto del conflicto en Terminal Cuenca del Plata.

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Mario Garmendia Arigón, abogado especializado en Derecho Laboral y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAEH, analizó en En Perspectiva la resolución que fijó servicios mínimos para la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Advirtió que la decisión puede ser impugnada porque fue firmada por dos ministerios, aunque se apoya en normas que atribuyen determinadas competencias al Poder Ejecutivo.

La resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, establece los servicios mínimos que deberán cumplirse ante eventuales medidas sindicales en la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, concesionada a Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El texto dispone que deberán garantizarse las tareas necesarias para asegurar el funcionamiento del muelle de carga y descarga de buques, la recepción de contenedores llenos y vacíos, el transporte carretero y eventualmente fluvial, así como las operaciones de importación, exportación, almacenamiento y depósito.

La medida tiene carácter transitorio y limitado, y fue adoptada luego de que la empresa y el gremio de trabajadores no alcanzaran un acuerdo sobre las tareas que deberían mantenerse durante un conflicto.

Garmendia señaló que uno de los aspectos que más llama la atención es que la resolución evita referirse expresamente a los servicios esenciales y a la Ley N.º 13.720, que regula este tipo de situaciones.“Claramente hay una búsqueda por eludir, por evitar el empleo de la expresión esencialidad, servicios esenciales”, dijo en diálogo telefónico con Emiliano Cotelo.

A su entender, aunque el Gobierno optó por hablar de servicios mínimos, el contenido de la medida se aproxima a una declaración de esencialidad: “Más allá de la terminología que se emplea en la resolución, en última instancia esto es bastante próximo a lo que puede ser el significado, la noción de declarar esencial un servicio”.

El especialista explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) distingue entre los servicios esenciales en sentido estricto —aquellos cuya interrupción puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la población— y los servicios públicos de importancia trascendental. Dentro de esta última categoría, señaló, puede ubicarse la actividad portuaria.

En ese sentido, recordó que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha entendido que la actividad portuaria no constituye necesariamente un servicio esencial, aunque puede justificar el mantenimiento de servicios mínimos durante una huelga. También subrayó que, en principio, esos servicios deberían ser acordados por las partes.

El Gobierno estableció las tareas y la dotación mínima de trabajadores luego de otorgarles a la empresa y al sindicato un plazo de 72 horas para alcanzar un entendimiento. “No fue posible, y en definitiva termina el Poder Ejecutivo viéndose ante la necesidad de establecer cuáles son esos servicios”, explicó Garmendia.

La competencia para dictar la resolución

El abogado puso el foco en otro aspecto de la decisión: la resolución se fundamenta en la Ley de Puertos y en su decreto reglamentario, normas que atribuyen determinadas competencias al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el acto administrativo fue firmado por dos ministerios.

“La propia resolución que estamos leyendo hace referencia correctamente a que el decreto reglamentario de la Ley de Puertos le atribuye esa facultad al Poder Ejecutivo”, señaló.

Pero, agregó, “la resolución que está siendo adoptada no es del Poder Ejecutivo, sino que es de dos ministerios, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.

Para Garmendia, esta situación puede generar un cuestionamiento jurídico sobre la competencia de las autoridades que firmaron la resolución. “Creo que ese punto puede ser objetable, atacable, desde la perspectiva de la competencia o no de estos ministerios”.

El especialista vinculó esa posible inconsistencia con la decisión de evitar la referencia a la Ley N.º 13.720. Según explicó, esa norma sí le atribuye al Ministerio de Trabajo la potestad de declarar servicios esenciales.“Por un lado se sustenta la resolución en una ley, en un decreto reglamentario, que le atribuye la facultad al Poder Ejecutivo, y esta no es una resolución adoptada por el Poder Ejecutivo”, resumió.

Por ese motivo, concluyó: “Aquí hay un defecto de carácter formal que seguramente va a dar que hablar”.

También indicó que la resolución puede ser impugnada.

Una medida cercana a la normalidad

Consultado sobre las críticas del movimiento sindical, que consideró excesiva la cantidad de servicios y trabajadores exigidos, Garmendia señaló que es necesario conocer en detalle la operativa portuaria para determinar si la resolución implica una continuidad mínima o si se acerca a la normalidad.

De todos modos, sostuvo que el conflicto refleja la dificultad de las partes para encontrar una salida negociada.

“Las partes no han sido capaces de llegar a un punto de entendimiento”, dijo. Y añadió que se trata de “un conflicto sostenido en un aspecto neurálgico de la actividad nacional”.

A su entender, sería razonable que este tipo de situaciones quedara contemplado en un futuro convenio colectivo, debido a la importancia de la actividad portuaria para el funcionamiento del país.

“No debería quedar sometida a este tipo de situaciones en que un conflicto sostenido durante tanto tiempo provoca un impacto tan importante como el que se está viendo”, concluyó.

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El conflicto entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) continúa bajo la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El diferendo incluye reclamos salariales y la reivindicación de una reducción de la jornada laboral, luego del acuerdo alcanzado por el sindicato de la construcción.

Según datos difundidos esta semana, en lo que va del año el puerto de Montevideo acumuló 33 días de interrupciones totales o parciales. La Unión de Exportadores y la Confederación de Cámaras Empresariales advirtieron sobre el impacto de las medidas en el transporte, la logística, las importaciones, las exportaciones y los transbordos.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, dijo que el conflicto tiene características particulares debido al peso de TCP en la actividad portuaria. La terminal tiene una posición monopólica en el movimiento de contenedores, por lo que una medida de huelga genera un impacto diferente al de un conflicto en una empresa que opera en un sector con mayor competencia.

“Un conflicto puntual en una empresa tiene una dimensión un poco desmesurada por la importancia misma que tiene la empresa en la vida económica”, dijo.

Barretto aclaró que no participa directamente de las negociaciones, aunque realiza un seguimiento por su responsabilidad en el Ministerio. De todos modos, afirmó que la reunión desarrollada el día anterior había sido “positiva” y que se habían registrado avances: “Tengo la expectativa y la esperanza de que en los próximos días podamos redondear de mejor manera un acuerdo que permita salir del conflicto”.

El impacto sobre las exportaciones

El subsecretario también se refirió a las advertencias empresariales sobre el perjuicio que las medidas pueden generar en sectores como el agrícola, donde una demora puede afectar la calidad de la mercadería, aumentar los costos o hacer perder una ventana comercial.

Barretto reconoció que las huelgas generan dificultades, porque precisamente buscan llamar la atención, presionar y dar mayor efectividad a los reclamos. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se hayan presentado datos concretos sobre las pérdidas provocadas por el conflicto.

“No hay ningún dato empírico que nos diga cuánto se ha perdido. Tampoco me consta que se haya perdido enteramente un embarque”,dijo.

A su entender, las advertencias sobre las consecuencias para las exportaciones constituyen una enumeración general de los efectos que podría tener un conflicto de estas dimensiones, pero no están respaldadas —al menos hasta el momento— por ejemplos concretos.

Respecto a la afirmación del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, quien sostuvo que el puerto de Montevideo podía transformarse en un “puerto sucio” para las navieras, Barretto dijo no le consta que "las compañías navieras hayan planteado esa inquietud en el Ministerio de Trabajo".

Servicios mínimos y guardias gremiales

Barretto sostuvo que la medida aplicada por los trabajadores corresponde a la forma tradicional de huelga: la paralización de actividades y el retiro de los trabajadores del lugar de trabajo.

En ese marco, señaló que es posible acordar servicios mínimos o guardias gremiales, siempre que exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Esa posibilidad está prevista tanto en los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo como en convenios colectivos y resoluciones de los Consejos de Salarios.

El subsecretario recordó que el convenio colectivo reciente de la construcción incluye mecanismos de prevención de conflictos. A su entender, las partes pueden acordar cláusulas de paz y procedimientos previos a la declaración de una huelga.

“Quizás durante la realización del conflicto no sea posible pactar servicios mínimos o guardias gremiales, pero nada impide que en este conflicto o en cualquier otro momento de paz laboral las partes puedan acordar” esos mecanismos, dijo. 

En cuanto al papel del Ministerio, explicó que si existe un acuerdo previo, una cláusula de paz o un mecanismo de prevención, la cartera puede reclamar a las partes que cumplan con lo pactado. Si no existe una previsión de ese tipo, en cambio, el Ministerio puede poner los servicios mínimos a consideración de los negociadores, pero no imponerlos: “El Ministerio de Trabajo no puede obligar desde el punto de vista coactivo o jurídico. No tiene potestades para eso”.

Según Barretto, las partes pueden recurrir a la Justicia si no se cumple un acuerdo previamente establecido. La acción coactiva para exigir su cumplimiento, agregó, queda en manos del Poder Judicial.

Servicios esenciales y derecho de huelga

Consultado sobre la posibilidad de declarar servicios esenciales en el puerto, Barretto explicó que el concepto tiene un alcance específico en la legislación y en los criterios del Comité de Libertad Sindical.

“Cuando hablamos de servicios esenciales en sentido estricto, entendemos que son aquellos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”, señaló.

El subsecretario diferenció esa categoría de los servicios mínimos. Mientras los primeros pueden ser establecidos por una resolución del Ministerio de Trabajo en determinadas circunstancias, los servicios mínimos requieren un acuerdo entre las partes y no implican la suspensión general del derecho de huelga.

En el caso del puerto de Montevideo, Barretto dijo que no considera aplicable, por ahora, la declaración de servicios esenciales: “No veo en el horizonte que podamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”.

Además cuestionó lo que definió como una “discusión un poco desmesurada” sobre la aplicación de esa herramienta. Dijo que no le consta que se haya perdido mercadería como consecuencia de las medidas y sostuvo que, mientras la negociación continúe abierta y existan perspectivas de acuerdo, no corresponde hablar de servicios esenciales.

“Al día de hoy, con una negociación en curso y con perspectivas interesantes de solución, no podríamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”, insistió.

Una actividad podría transformarse en esencial

Barretto explicó que una actividad que inicialmente no es considerada esencial podría adquirir esa condición si la prolongación de un conflicto genera consecuencias graves.

Como ejemplo, mencionó el servicio de recolección de residuos: un día de interrupción no configura, en principio, un servicio esencial, pero una paralización de 15 días podría transformar la situación y poner en riesgo la salud de la población.

En ese sentido, reconoció que la extensión de un conflicto puede llevar a revisar sus efectos, aunque remarcó que el análisis debe realizarse de acuerdo con los criterios establecidos por la OIT.

El subsecretario también aclaró que los servicios esenciales no se establecen mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, habilitada por la Ley 13.720.

Admitió que existe una discusión jurídica de larga data sobre la posibilidad de que una resolución ministerial limite un derecho fundamental como el derecho de huelga, pero sostuvo que actualmente se reconoce la competencia del Ministerio para resolver en esa materia.

De todos modos, Barretto concluyó que la declaración de servicios esenciales no resulta viable por ahora en el conflicto portuario. “Si se llega a la conclusión de que son servicios esenciales, hay que aplicarlos. Lo que ocurre es que no estamos en el momento de que se haya llegado a esa conclusión respecto de una paralización en el puerto”, concluyó.

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Foto: Sitio oficial del Museo del Louvre

La Tertulia de los Viernes con
Víctor Ganón, Juan Grompone,
Carolina Porley y Ana Ribeiro

El Museo del Louvre, el más visitado del mundo, cerró de forma inesperada a comienzos de esta semana debido a una huelga de su personal.

Los trabajadores encargados de la recepción, vigilancia y atención al público, decidieron detener sus actividades para denunciar las “condiciones insostenibles” que, dicen, enfrentan en su actividad de cada día.

El principal reclamo gira en torno al “sobreturismo”, que desbordó la capacidad del museo y deterioró tanto su infraestructura como el bienestar del personal.

Miles de personas que tenían previsto ingresar ese día fueron sorprendidas por la decisión y debieron esperar frente a las puertas cerradas del museo, sin información oficial, bajo la emblemática pirámide de cristal.

La experiencia de muchos de los turistas se resume en aglomeraciones, calor, empujones y una breve y frustrante visión de las obras más famosas, como la Mona Lisa.

Para los empleados, la situación llegó a un límite: denuncian escasez de personal, instalaciones precarias, baños insuficientes y riesgos para las obras debido a filtraciones y fluctuaciones térmicas.

Este episodio plantea interrogantes más amplios sobre la sostenibilidad del turismo global, el cuidado del patrimonio y la dignidad del trabajo en el ámbito cultural.

¿Es el turismo masivo una amenaza para el patrimonio cultural? ¿Dónde se traza el límite? ¿Qué papel tienen los gobiernos en proteger no solo los bienes culturales, sino también a quienes los preservan día a día?

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Los docentes y funcionarios de la Universidad de la República (Udelar) inician hoy una huelga que se prolongará, al menos, hasta el próximo viernes.

La medida, según informaron los gremios, se adoptó en “defensa del presupuesto” de la Udelar, para mejorar las “condiciones de estudio y trabajo” y por “la recuperación salarial” de los funcionarios.

La paralización, especialmente dura y sin antecedentes cercanos, ocurre en la misma semana que el Senado vota el articulado del proyecto de Rendición de Cuentas, que según los sindicatos refuerza de manera insuficiente los recursos de la institución.

A propósito del alcance de esta decisión y sus consecuencias conversamos En Perspectiva con Agustín Cano, secretario general de ADUR, Asocación de Docentes de la Universidad de la República.

Destaques de la entrevista:

• "Se llega a esta medida que es la última en el repertorio de acción, luego de varios meses en que hemos recurrido a otras medidas de movilización y comunicación con la sociedad. Es una huelga de toda la universidad ante una política presupuestal de la Rendición de Cuentas que es absolutamente hostil con la universidad. Le da un trato discriminatorio y va a tener consecuencias muy negativas en el desarrollo universitario del país".
• "La Universidad era la única institución del sistema educativo, científico y de salud que no recibía partidas incrementales. A su vez había una propuesta de recorte muy importante".
• "Muchas veces se habla de la crisis de la educación pero aquí hay una política de desfinanciamiento que pareciera estar generando las condiciones para una crisis de la educación a nivel terciario".
• Quita de adicional de Fondo Solidaridad: "Nos parece que una reforma de esa naturaleza debería hacerse por fuera de la Rendición de Cuentas, debería hacerse con un análisis de la estructura dispositiva general del país para tomar mejores decisiones en la materia. La solución que el Parlamento se apronta a aprobar tiene al menos tres complicaciones, una es que establece como un objetivo para la próxima legislatura (algo que no puede hacer) que termine de eliminar un impuesto. Segundo, en lo que hace a cómo va a redistribuir a la universidad existen dos problemas: Por una parte congela las partidas a lo que el impuesto le da a la universidad hoy, pero esto es un impuesto que tiende a crecer. Es una herramienta que la universidad tiene donde recibe financiamiento que va creciendo con los años pero aquí queda congelado. Por otro lado, hoy esos fondos la universidad los tiene de libre disponibilidad, o sea, que los puede ahorrar de un ejercicio a otro. Esto es muy importante porque le permite a la universidad ahorrar esos fondos y luego invertirlos en obra nueva de alta magnitud. Sobre todo para el desarrollo en el interior pero también para la mejora edilicia en Montevideo. Ahora ya no sería fondo de libre disponibilidad, sino de ejecución anual con lo cual se le quita a la universidad un instrumento muy importante".
• Duración de la huelga: "Va a depender de lo que pase en la negociación colectiva del miércoles, en la votación del Senado y en las vías de comunicación que podamos abrir. No puedo al día de hoy, con la posición que tiene nuestro sindicato, aventurar más allá de eso porque sería excederme en mis posibilidades de representación. nuestra idea es que en esta fase final de Rendición de Cuentas en el Senado, tomar este paso ante la falta de respuesta y el viernes evaluar".
• "Las facultades estarán cerradas, las plataformas digitales no van a estar cerradas pero no se va a actualizar, no se realizarán evaluaciones ni se revisará bibliografía. Va a estar lo que hasta el día de ayer estaba subido a la plataforma".
• "Es una última medida luego de tres meses de conflicto".

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No se discute la gravedad de un accidente laboral, pero ¿hay proporción con el perjuicio que causa el desabastecimiento de combustible? Si el trabajador hubiera fallecido ¿cuánto debería ser el paro: una semana? Y si hay un incendio y fallecen cuatro personas ¿hay que parar un mes para mantener la proporcionalidad? Ahí está el centro de la discusión.

Ing. Agr. Ricardo Varela Estellano
Vía correo electrónico

La medida tomada también me perjudicó, pero luego de escuchar la entrevista de la mañana me convencí de que estuvieron bien en realizarla. El accidentado salió regalado y pudo ser mucho más grave. Vienen planteando la situación desde hace varios meses pero las autoridades  “mutis por el foro”.

¿Por qué la prensa no puede ingresar y mostrar en que situación trabajan los camioneros ?

Elder Juan José Coirolo Hunter
Vía correo electrónico

En todas las explicaciones del conflicto y del accidente me queda una duda. ¿Es necesario que los camioneros carguen sus propios camiones? ¿No hay un sistema automatizado para hacer eso? ¿Ancap no realiza una mejora en el sistema sólo como excusa para tener fuentes de trabajo que no son necesarias?

Luis Fernando Arispe
Vía correo electrónico

La causa del accidente es la misma que pudo haber causado una herida mucho peor o tal vez la muerte.

La existencia de la causa genera todas las probabilidades de consecuencias posibles. Si ocurrió el evento, fue porque el análisis de riesgos no lo consideró o lo hizo de forma insuficiente.

Esta gente no está para la bobada, deja de ganar y de verdad deja de ganar por no trabajar. Y no soy abogado de nadie.

Daniel Jorge
Vía correo electrónico

En cuanto a la medida de paro, más que la desproporción con el hecho quiero destacar la disparidad de los dos paros planteados por los sindicatos: por un lado el reclamo de mejores condiciones de trabajo ante el peligro de vida de un trabajador, y por el otro el festejo o conmemoración de un hecho histórico.

Para ambos casos la misma medida. Debemos replantearnos si la única opción para todo sea el paro. Está desnaturalizada la medida y la pérdida de fuerza de este instituto es responsabilidad de quienes lo invocan sin necesidad.

Seba Cabrera
Vía correo electrónico

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Se dan ahora diferencias entre los propios camioneros, dado que uno de los líderes sindicales aceptó ya las medidas del presidente Michel Temer, y denunció a quienes impulsan mantener la protesta por presuntos motivos políticos.

Brasil estuvo al borde del colapso por desabastecimiento de combustible. El conflicto comenzó por un aumento en el precio del combustible y de los peajes de carreteras.

Para profundizar más en el tema, En Perspectiva se comunicó con Rafael Repetto, oyente del programa ubicado en Río Grande.

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Foto: AFP PHOTO / DOUGLAS MAGNO

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