El conflicto entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) continúa bajo la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El diferendo incluye reclamos salariales y la reivindicación de una reducción de la jornada laboral, luego del acuerdo alcanzado por el sindicato de la construcción.
Según datos difundidos esta semana, en lo que va del año el puerto de Montevideo acumuló 33 días de interrupciones totales o parciales. La Unión de Exportadores y la Confederación de Cámaras Empresariales advirtieron sobre el impacto de las medidas en el transporte, la logística, las importaciones, las exportaciones y los transbordos.
En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, dijo que el conflicto tiene características particulares debido al peso de TCP en la actividad portuaria. La terminal tiene una posición monopólica en el movimiento de contenedores, por lo que una medida de huelga genera un impacto diferente al de un conflicto en una empresa que opera en un sector con mayor competencia.
“Un conflicto puntual en una empresa tiene una dimensión un poco desmesurada por la importancia misma que tiene la empresa en la vida económica”, dijo.
Barretto aclaró que no participa directamente de las negociaciones, aunque realiza un seguimiento por su responsabilidad en el Ministerio. De todos modos, afirmó que la reunión desarrollada el día anterior había sido “positiva” y que se habían registrado avances: “Tengo la expectativa y la esperanza de que en los próximos días podamos redondear de mejor manera un acuerdo que permita salir del conflicto”.
El impacto sobre las exportaciones
El subsecretario también se refirió a las advertencias empresariales sobre el perjuicio que las medidas pueden generar en sectores como el agrícola, donde una demora puede afectar la calidad de la mercadería, aumentar los costos o hacer perder una ventana comercial.
Barretto reconoció que las huelgas generan dificultades, porque precisamente buscan llamar la atención, presionar y dar mayor efectividad a los reclamos. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se hayan presentado datos concretos sobre las pérdidas provocadas por el conflicto.
“No hay ningún dato empírico que nos diga cuánto se ha perdido. Tampoco me consta que se haya perdido enteramente un embarque”,dijo.
A su entender, las advertencias sobre las consecuencias para las exportaciones constituyen una enumeración general de los efectos que podría tener un conflicto de estas dimensiones, pero no están respaldadas —al menos hasta el momento— por ejemplos concretos.
Respecto a la afirmación del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, quien sostuvo que el puerto de Montevideo podía transformarse en un “puerto sucio” para las navieras, Barretto dijo no le consta que "las compañías navieras hayan planteado esa inquietud en el Ministerio de Trabajo".
Servicios mínimos y guardias gremiales
Barretto sostuvo que la medida aplicada por los trabajadores corresponde a la forma tradicional de huelga: la paralización de actividades y el retiro de los trabajadores del lugar de trabajo.
En ese marco, señaló que es posible acordar servicios mínimos o guardias gremiales, siempre que exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Esa posibilidad está prevista tanto en los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo como en convenios colectivos y resoluciones de los Consejos de Salarios.
El subsecretario recordó que el convenio colectivo reciente de la construcción incluye mecanismos de prevención de conflictos. A su entender, las partes pueden acordar cláusulas de paz y procedimientos previos a la declaración de una huelga.
“Quizás durante la realización del conflicto no sea posible pactar servicios mínimos o guardias gremiales, pero nada impide que en este conflicto o en cualquier otro momento de paz laboral las partes puedan acordar” esos mecanismos, dijo.
En cuanto al papel del Ministerio, explicó que si existe un acuerdo previo, una cláusula de paz o un mecanismo de prevención, la cartera puede reclamar a las partes que cumplan con lo pactado. Si no existe una previsión de ese tipo, en cambio, el Ministerio puede poner los servicios mínimos a consideración de los negociadores, pero no imponerlos: “El Ministerio de Trabajo no puede obligar desde el punto de vista coactivo o jurídico. No tiene potestades para eso”.
Según Barretto, las partes pueden recurrir a la Justicia si no se cumple un acuerdo previamente establecido. La acción coactiva para exigir su cumplimiento, agregó, queda en manos del Poder Judicial.
Servicios esenciales y derecho de huelga
Consultado sobre la posibilidad de declarar servicios esenciales en el puerto, Barretto explicó que el concepto tiene un alcance específico en la legislación y en los criterios del Comité de Libertad Sindical.
“Cuando hablamos de servicios esenciales en sentido estricto, entendemos que son aquellos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”, señaló.
El subsecretario diferenció esa categoría de los servicios mínimos. Mientras los primeros pueden ser establecidos por una resolución del Ministerio de Trabajo en determinadas circunstancias, los servicios mínimos requieren un acuerdo entre las partes y no implican la suspensión general del derecho de huelga.
En el caso del puerto de Montevideo, Barretto dijo que no considera aplicable, por ahora, la declaración de servicios esenciales: “No veo en el horizonte que podamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”.
Además cuestionó lo que definió como una “discusión un poco desmesurada” sobre la aplicación de esa herramienta. Dijo que no le consta que se haya perdido mercadería como consecuencia de las medidas y sostuvo que, mientras la negociación continúe abierta y existan perspectivas de acuerdo, no corresponde hablar de servicios esenciales.
“Al día de hoy, con una negociación en curso y con perspectivas interesantes de solución, no podríamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”, insistió.
Una actividad podría transformarse en esencial
Barretto explicó que una actividad que inicialmente no es considerada esencial podría adquirir esa condición si la prolongación de un conflicto genera consecuencias graves.
Como ejemplo, mencionó el servicio de recolección de residuos: un día de interrupción no configura, en principio, un servicio esencial, pero una paralización de 15 días podría transformar la situación y poner en riesgo la salud de la población.
En ese sentido, reconoció que la extensión de un conflicto puede llevar a revisar sus efectos, aunque remarcó que el análisis debe realizarse de acuerdo con los criterios establecidos por la OIT.
El subsecretario también aclaró que los servicios esenciales no se establecen mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, habilitada por la Ley 13.720.
Admitió que existe una discusión jurídica de larga data sobre la posibilidad de que una resolución ministerial limite un derecho fundamental como el derecho de huelga, pero sostuvo que actualmente se reconoce la competencia del Ministerio para resolver en esa materia.
De todos modos, Barretto concluyó que la declaración de servicios esenciales no resulta viable por ahora en el conflicto portuario. “Si se llega a la conclusión de que son servicios esenciales, hay que aplicarlos. Lo que ocurre es que no estamos en el momento de que se haya llegado a esa conclusión respecto de una paralización en el puerto”, concluyó.
