Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Rodrigo Coniglio, Casilda Echevarria y Gabriel Mazzarovich
El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa, controlada mayoritariamente por la multinacional belga Katoen Natie, aceptaron una propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar cuatro meses de conflicto en la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. El documento servirá como base para un convenio colectivo con una vigencia de cinco años y mantiene una cláusula de paz.
La fórmula establece 21 jornales asegurados a partir de enero de 2027, uno de los principales puntos de discrepancia entre las partes, y evaluaciones anuales para todos los trabajadores. También prevé una partida extraordinaria cuyo monto quedará en un punto intermedio entre las posiciones de la empresa y el sindicato, además de una compensación especial para los trabajadores de mantenimiento y reparación y para quienes operan los vehículos utilizados para levantar, trasladar y apilar contenedores.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la negociación desarrollada por el gobierno y señaló que la propuesta incorporó reclamos del sindicato y posiciones de la empresa. Las partes quedaron en condiciones de avanzar en la redacción del convenio colectivo, mientras la propuesta deberá completar las instancias previstas para su ratificación definitiva.
Castillo recordó que el decreto de servicios mínimos emitido por el Poder Ejecutivo quedará sin efecto cuando la asamblea del sindicato apruebe el convenio colectivo.
“El hecho más importante, si logramos la firma del convenio colectivo es que va a haber un convenio por cinco años de duración. Aquellos que todos los días demandaban la pronta solución del conflicto… bueno en el Ministerio de Trabajo logramos en dos meses acercar a las partes, hacer un preacuerdo y tener la posibilidad de tener un convenio colectivo que va a durar cinco años”.
Los diputados colorados anunciaron su intención de interpelar al ministro Juan Castillo debido a la duración del conflicto portuario.
Según informaron ayer, planean trasladar el tema la semana que viene a la coordinación de bancada de la Coalición Republicana y luego en el Plenario de la Cámara Baja.
Por otro lado, la bancada de senadores del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para modificar la normativa sobre esencialidad y establecer un régimen de servicios mínimos durante conflictos laborales. La iniciativa reforma la Ley Nº 13.720, de 1968, y crea tres categorías: esencialidad estricta, esencialidad sobreviniente y servicios públicos de importancia trascendental.
El proyecto establece que las huelgas o lockouts en servicios públicos o esenciales deberán ser comunicados al Ministerio de Trabajo con al menos siete días hábiles de anticipación. Además, habilita al MTSS a exigir que una huelga sea ratificada mediante votación secreta de los trabajadores, con intervención de la Corte Electoral. Entre los servicios esenciales estrictos incluye hospitales y emergencias médicas, electricidad, agua potable, Bomberos, servicios penitenciarios y control del tráfico aéreo.
La tercera categoría comprende actividades como los puertos y terminales de contenedores, transporte de pasajeros y cargas, producción y distribución de combustibles y determinados servicios de telecomunicaciones. En estos sectores el MTSS podría establecer servicios mínimos sin eliminar el derecho de huelga. El proyecto también prevé reglas específicas para el Puerto de Montevideo y fue presentado en el contexto del conflicto en Terminal Cuenca del Plata.
