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Apuntes

Por Romina Andrioli y Emiliano Cotelo

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) compareció este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para rendir cuentas de su gestión 2025. El organismo, encabezado por la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, llegó con un informe centrado en la modernización tecnológica y organizativa, pero la sesión terminó dominada por el reclamo opositor sobre el manejo político de denuncias sensibles y el rol devaluado de la Asesoría Letrada.

Reestructura, Observatorio de la Corrupción y nueva unidad de denuncias

El primer eje que presentó la delegación fue el proceso de reestructura interna, encarado con asistencia técnica de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). El resultado es un nuevo organigrama que, según explicó Ferraris, no modifica sustancialmente la estructura anterior pero incorpora dos novedades centrales: la creación del Observatorio de la Corrupción del Uruguay, desarrollado junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, y una Gerencia de División de Gestión de Denuncias, que concentra la instrucción de expedientes que hasta ahora quedaban en la órbita de la entonces Asesoría Letrada, hoy reducida en el organigrama a un Departamento Jurídico Notarial.

Ferraris justificó el rediseño describiendo el punto de partida de su gestión, iniciada en junio de 2025: “Nuestros sistemas, en particular el de declaraciones juradas, eran absolutamente obsoletos… ¡Un gran retraso!”, afirmó, y señaló que el organismo arrastraba “una plantilla particularmente reducida” y un fuerte atraso tecnológico 

El crédito del BID y el sistema DeclaraBID

Un componente central de la comparecencia fue el anuncio de una cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implantar un nuevo sistema de gestión de declaraciones juradas, denominado DeclaraBID, ya instrumentado en Guatemala, Honduras y Paraguay. El sistema actual data de 2017 y, según reconoció la propia delegación, está tecnológicamente obsoleto: apenas cumple funciones de registro y no permite el análisis patrimonial que exige la Ley N.º 19.797 desde 2019. DeclaraBID apunta a resolver ese déficit con alertas automáticas de riesgo, trazabilidad completa por usuario, encriptación reforzada y, eventualmente, interoperabilidad con organismos como Catastro o el Sucive. La economista Nerena Bárcena, parte del equipo que negocia con el BID, precisó que el cruce de datos se hace mediante códigos y que el sistema no habilita a ningún funcionario a “abrir” declaraciones juradas por nombre y apellido.

La meta original era poner el sistema en marcha a mediados de 2027, pero Ferraris admitió que el ritmo de trabajo con el equipo técnico del BID podría adelantar esa fecha. Fue justamente esa dinámica, dijo, la que llevó a la Jutep a presentar sobre la hora tres artículos aditivos en esta Rendición de Cuentas —cuando el mensaje del Poder Ejecutivo ya estaba cerrado— para habilitar jurídicamente el nuevo sistema, el tratamiento automatizado de datos personales y la migración de información.

132 denuncias y un plan para destrabar el stock atrasado

En materia de denuncias, la Jutep gestionó 132 casos en 2025, el 61% presentados de forma anónima. Desde el 1° de agosto entra en vigencia un protocolo de tramitación con plazos definidos —hasta ahora el único mecanismo formal era una resolución que derivaba todas las denuncias, sin trazabilidad ni asignación clara, a la entonces Asesoría Letrada—. El nuevo esquema fija una instrucción que no debería superar los 90 días, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de entre 100 y 120 días, y activa un plan de “abatimiento de stock” para denuncias atrasadas desde 2021, cuando el área operaba con apenas tres funcionarias, dos de ellas en régimen de pase en comisión.

El incidente de seguridad y el retraso en la publicación

Trascendió también la confirmación de un incidente de seguridad informática que afectó el sistema de declaraciones juradas entre el 13 de abril y mediados de julio. Asti explicó que hubo un intento de intrusión al servidor de Agesic —donde se aloja el sistema— que no tuvo consecuencias, pero que dejó la plataforma fuera de servicio durante tres meses y retrasó la publicación de declaraciones juradas de entes autónomos y servicios descentralizados, regularizada recién la víspera de la comparecencia.

Los artículos aditivos: el punto de mayor fricción

El cuarto eje de la exposición —habilitar por ley el sistema electrónico de análisis de riesgo, una transformación de vacantes para incorporar personal técnico e informático, y el tratamiento de datos personales— fue, paradójicamente, el que generó el debate político más duro de la jornada. La oposición cuestionó tanto el fondo como la forma: que se incluyan artículos de naturaleza legislativa —y no estrictamente presupuestal— en una Rendición de Cuentas, sin que fueran recogidos por el propio Poder Ejecutivo en su mensaje, ya que la Jutep tiene iniciativa presupuestal pero no legislativa. Abdala recordó que no es la primera vez que ocurre: el año pasado el Directorio ya había intentado, por esta misma vía, modificar la Ley Cristal para alterar los contenidos de las declaraciones juradas e introducir el doble voto de la presidencia en caso de empate, una iniciativa que terminó frenada en la Comisión de Constitución y Códigos tras ser desglosada.

Los cruces políticos: confianza, Asesoría Letrada y el caso Danza

La sesión estuvo atravesada por un fuerte reproche del Partido Nacional hacia la mayoría oficialista del Directorio. El diputado Pablo Abdala fue el más duro: “Nos cuesta un poco, porque no practicamos el cinismo ni la hipocresía —o por lo menos lo intentamos—, dar la bienvenida a un organismo cuya mayoría del Directorio, como es notorio, público y sobradamente anunciado y dicho, ha perdido la confianza del Partido Nacional”, dijo, y vinculó ese planteo al archivo de dos denuncias —contra una figura del Frente Amplio y contra un senador de la oposición— pese a que, según trascendió en la propia sesión, la Asesoría Letrada había recomendado lo contrario en uno de los casos.

Abdala describió así la relación entre la mayoría del Directorio y su propia Asesoría Letrada: “A esta altura ya hay como una especie de guerra declarada o no declarada entre la mayoría del Directorio, su presidenta y la Asesoría Letrada”. También cuestionó el reciente pase en comisión de una abogada que se incorporaría justamente a esa Asesoría, en momentos en que el área es objeto de las críticas de la propia presidenta, pese a existir una vacante que podría cubrirse por concurso. Y objetó un convenio firmado con la Dirección General de Registros: “Esos tres funcionarios… podrán empezar a navegar por los registros públicos, consultar números de padrón o la situación patrimonial de cualquier persona”.

El director por la oposición en el Directorio, Luis Calabria, señaló por su parte que en 27 casos la mayoría del Directorio se apartó del criterio consolidado sin fundamentación reforzada. “Cuando nos apartamos de un criterio hay que fundamentar reforzadamente”, sostuvo.

Calabria no cuestiona que la mayoría se aparte de las recomendaciones de la Asesoría Letrada en sí mismo —dice explícitamente que eso es una facultad legítima de los directores y que él mismo la ejerció alguna vez—. Lo que cuestiona es la inconsistencia: que la mayoría trate de forma distinta a expedientes idénticos, sin explicar por qué.

También advirtió sobre una eventual antinomia legal entre los artículos propuestos y el artículo 15 de la Ley N.º 17.060 (Ley Cristal), que regula las causales de apertura de declaraciones reservadas, y cuestionó, por una razón procedimental, no haber acompañado la votación en Directorio de los tres artículos.

La diputada Mercedes Long y el diputado Gabriel Gurméndez respaldaron los planteos de Abdala. Gurméndez insistió con el retraso en la publicación de declaraciones juradas de jerarcas —en particular las del Directorio de ASSE, tras el caso Danza— y recordó que en noviembre de 2025 la Jutep había informado por escrito al Parlamento que “estaban publicadas todas” las declaraciones de organismos de control y entes autónomos, algo que, según demostró con una constancia notarial, no era cierto en ese momento. Puso como ejemplo el caso de la declaración jurada del presidente del Banco Central —que identificó como “Tolosa”—, no publicada hasta la víspera de la comparecencia pese a la polémica pública que generaron sus dichos sobre desdolarización de la economía.

Conrado Rodríguez remarcó que la delegación tenía obligación constitucional de responder las preguntas de los legisladores —en réplica a un pasaje de Valdomir— y consultó por los protocolos de actuación del organismo y su rol de asesoramiento a la Justicia Penal. Recordó, además, que existen denuncias pendientes contra el propio presidente de la República sobre las cuales los legisladores desconocen qué actuaciones lleva adelante la Jutep.

Gerardo Sotelo, por su parte, pidió precisiones sobre quiénes intervienen hoy en el trámite de las denuncias más allá de la Asesoría Letrada, y resumió el patrón que observa en los apartamientos de sus dictámenes: “Para la mayoría de la Jutep, lo que dice la asesoría letrada es ley… salvo en unos pocos casos… [cuando] no coincide con… la interpretación favorable al gobierno o al oficialismo”.

El vicepresidente Asti salió a responder directamente los señalamientos sobre el caso Danza, del que dijo sentirse orgulloso: “Me siento muy representado y orgulloso del fallo de la mayoría del Directorio de la Jutep en el caso Danza”. Aclaró que el fallo incluyó una recomendación —poco mencionada, según él— para que el presidente de ASSE y su Directorio no intervinieran en situaciones de conflicto de interés. Para relativizar la idea de un alineamiento estrictamente político, citó dos casos en sentido inverso, ambos referidos a personas ajenas al gobierno actual: uno en que la mayoría siguió el dictamen de la Asesoría Letrada y fue el propio Calabria quien votó en contra, y otro en que el Directorio se apartó del dictamen jurídico por unanimidad.

Desde el oficialismo, los diputados Sebastián Valdomir y Alejandro Zavala salieron a respaldar la gestión del Directorio. Valdomir cuestionó que se planteen reproches sobre casos puntuales en una instancia de Rendición de Cuentas y defendió la potestad de la mayoría para apartarse de la Asesoría Letrada, cuyos dictámenes —recordó— no son vinculantes en ningún organismo del Estado: “No le veo mucho sentido hacerle preguntas a alguien en quien uno no confía”, dijo, en referencia a los cuestionamientos opositores. Zavala, por su parte, pidió cautela institucional, comparó la situación con el respeto que se debe a los fallos judiciales aun cuando no gusten, y llamó a discutir los artículos propuestos en función de su utilidad concreta para fortalecer al organismo.

Qué queda planteado

La comparecencia dejó una Jutep que exhibe avances concretos en modernización —el convenio con el BID, la nueva unidad de denuncias, el protocolo con plazos— pero que enfrenta una crisis de confianza abierta con la oposición parlamentaria, alimentada por el manejo de casos de alto perfil político y por la tensión interna con su propia Asesoría Letrada. Los tres artículos aditivos, que necesitan del respaldo legislativo para habilitar el nuevo sistema de análisis de riesgo, quedan ahora sujetos a esa discusión política, con la Comisión de Constitución y Códigos como posible destino para parte del articulado.

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Por Emiliano Cotelo

Flamencos inflables, miles de personas y una consigna que se repite desde hace ya diez jornadas en las calles de Tirana: “Albania no está en venta”. Así se vienen viendo, noche tras noche, las protestas más grandes que la capital albanesa recuerda en años.

Una semana de protestas en Tirana

El motivo original es un proyecto inmobiliario de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y a su esposa, Ivanka Trump. Un desarrollo turístico que, según las distintas estimaciones, ronda entre 1.400 millones y 4.000 millones de dólares, y que se planea construir sobre la isla de Sazán —una ex base militar de la era comunista— y sobre los humedales de Vjosa-Narta, en la costa sur albanesa, frente al mar Adriático.

La chispa que encendió todo esto fue visual. A fines de mayo empezaron a entrar máquinas excavadoras a la zona, sin que estuvieran accesibles los permisos ni el estudio de impacto ambiental. Abrieron caminos, removieron arena, talaron pinos. Los desarrolladores instalaron alambre de púas para bloquear el acceso a una playa, y un video mostró a un guardia de seguridad privado arrastrando a una activista por la arena. Esa imagen circuló y disparó la indignación.

Desde entonces, cada noche a las seis de la tarde, miles de personas se reúnen en la plaza Skanderbeg, la más grande de Tirana, y marchan por el bulevar principal hasta la oficina del primer ministro Edi Rama. Con la bandera albanesa y flamencos de plástico inflados, ocuparon cuadras enteras de la ciudad. Los flamencos no son casuales: la laguna de Narta es una parada migratoria de esa especie, y por eso esas aves se convirtieron en el símbolo de lo que empezó a llamarse la “revolución de los flamencos”.

Quién es Albania

Para entender por qué este episodio tiene el peso político que tiene, conviene situar un poco a Albania, un país que rara vez aparece en nuestra agenda informativa.

Hasta 1990, Albania fue una de las dictaduras comunistas más cerradas del mundo, bajo el liderazgo de Enver Hoxha, con casi nulo contacto con el exterior. Es un país chico: tiene unos 2.793.000 habitantes, según Wikipedia, y una superficie de 28.748 km², similar a la de Bélgica, y está ubicado en el sudeste de Europa, en los Balcanes occidentales, con costas sobre el mar Adriático y el mar Jónico, justo frente a Italia, separado de la península itálica por unos 80 kilómetros de mar. Limita con Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte y Grecia. La salida del comunismo fue traumática: en 1997, el colapso de esquemas piramidales en los que había invertido buena parte de la población llevó al país al borde de la guerra civil, con un saldo de alrededor de dos mil muertos. Desde entonces, Albania reorientó su política exterior hacia Occidente: ingresó a la OTAN en 2009 y desde 2014 tiene el estatus de candidata a la Unión Europea, con el objetivo declarado de convertirse en miembro pleno hacia 2030. Edi Rama, del Partido Socialista, gobierna el país desde 2013: trece años en el poder.

Es decir: Albania está, hoy, en un momento en que necesita mostrarle a Bruselas que cumple con los estándares europeos. Y ahí es donde este proyecto inmobiliario deja de ser solamente una discusión ambiental.

El ángulo judicial: SPAK y la reclasificación de 2024

Porque la pregunta de fondo no es solo si conviene o no construir un resort de lujo en una zona protegida. Es cómo se habilitó ese proyecto. En 2024, el parlamento albanés —con mayoría socialista— votó una reclasificación que sacó a esta zona de su estatus de área protegida y le otorgó a las empresas vinculadas a Kushner la condición de “inversor estratégico”, un régimen que acelera aprobaciones y da beneficios fiscales. En diciembre de ese año, Rama dio la aprobación preliminar al proyecto.

Esa reclasificación es, hoy, objeto de una investigación judicial. La fiscalía especializada en corrupción y crimen organizado de Albania —conocida por su sigla SPAK— abrió una causa por presunto fraude inmobiliario, centrada en cómo se modificó el estatus de protección de la zona y cómo se transfirieron los títulos de propiedad. Como parte de esa causa, se ordenó congelar cuentas bancarias de la empresa que compró los terrenos para el proyecto, controlada por inversores cataríes. Esto es lo que se reportó hacia el fin de la semana pasada; no está confirmado si esa medida sigue vigente o si fue revisada en estos últimos días.

Esta no es la primera vez que el entorno de Rama queda bajo la lupa. A comienzos de este año, su entonces vicepresidenta, Belinda Balluku, quedó procesada por corrupción; Rama terminó destituyéndola, aunque eso no alcanzó para despejar la desconfianza hacia el resto de su gobierno.

La presión de la Unión Europea

El otro actor que entró en escena esta semana fue la Unión Europea. Un portavoz de la Comisión Europea le pidió esta semana al gobierno albanés que “actúe sin demora”, en referencia puntual al capítulo de la negociación de adhesión que tiene que ver con medio ambiente. El mensaje fue claro: lo que pase con este proyecto puede afectar el cronograma de ingreso de Albania a la Unión Europea.

De la protesta ambiental al pedido de renuncia

Y ahí está, probablemente, la clave de por qué el gobierno empezó a moverse: la combinación de una movilización callejera que no para de crecer con una advertencia explícita de Bruselas, justo cuando Albania más necesita mostrarse alineada con la Unión Europea.

Pero las cosas no quedaron allí. En estos últimos días la protesta cambió de naturaleza. Lo que empezó como un reclamo puntual contra un proyecto inmobiliario se transformó, hacia la novena y décima jornada de movilizaciones, en un pedido de renuncia de Rama y de recambio de toda la clase política albanesa. Las consignas que se escuchan ahora ya no son solo “Albania no está en venta”: también se grita “renuncia” y “revolución”. Los grupos que organizan las marchas rechazaron, además, una oferta de Rama de reunirse con una delegación de manifestantes, y optaron por seguir en la calle. Un politólogo de la Universidad Europea de Tirana lo definió como, posiblemente, la primera protesta albanesa en treinta años que surge espontáneamente desde la ciudadanía, sin que ningún partido la esté empujando desde atrás.

Qué hizo el gobierno hasta ahora

¿Qué resolvió, hasta ahora, el gobierno, frente a todo esto? Por un lado, revocó las licencias de las dos empresas de seguridad privada involucradas en los incidentes iniciales con manifestantes. Por otro, el ministro de Ambiente anunció que la construcción queda en pausa y que se va a realizar una evaluación de impacto ambiental con consulta pública, algo que no existió en la etapa inicial del proyecto. Y según los reportes de estos últimos días, las excavadoras se retiraron del lugar, se sacó el alambre de púas y la laguna de Narta —que había quedado cortada del mar por los trabajos— fue reconectada.

Rama, de todos modos, no dio señales de que el proyecto se vaya a cancelar. Hace unos días había dicho que no había “ninguna chance de que esta inversión se detenga” mientras él esté al frente del gobierno, y que Albania no debería ser un país que le tenga miedo a una inversión de esta magnitud. Y esta misma semana, en una entrevista con la agencia Reuters, fue todavía más directo: dijo que el proyecto va a seguir adelante y que se va a completar “de manera responsable”. De paso, mencionó los avances de su gobierno contra la corrupción a través de SPAK como prueba de buena gestión —la misma SPAK que, por estos días, tiene abierta una causa sobre este proyecto.

La pregunta que queda abierta

A partir de estos apuntes, que armé leyendo varios reportes de prensa, queda planteada la pregunta que hacen las propias organizaciones ambientalistas que vienen documentando el caso desde el principio: ¿lo que pasó esta semana con el proyecto es un freno real —con el desarrollo rediseñado, sometido a controles que antes no tuvo— o es un repliegue táctico, para bajar la temperatura, con la idea de retomar apenas las cámaras dejen de mirar para otro lado? La laguna se reconectó al mar, dicen, pero las dunas que se aplanaron y los árboles que se talaron no se recuperan solos.

Y a esa pregunta ambiental se le sumó, en los últimos días, una pregunta política mucho más grande: si Edi Rama, después de trece años en el poder, puede sobrevivir a una protesta que ya no le pide que frene un resort, sino que se vaya.

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Por Emiliano Cotelo

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Por Emiliano Cotelo

¿Cuánto tiempo puede un país compartir organización con otro Estado que lo está bombardeando?

Los Emiratos Árabes Unidos encontraron su respuesta el martes 28 de abril: dos meses. Eso fue lo que aguantaron antes de anunciar su salida de la OPEP, con efecto inmediato desde el viernes 1° de mayo. 59 años de membresía. Una declaración que habló de "interés nacional". Y ni una llamada previa a Arabia Saudita.

La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada en Bagdad en 1960 y con sede en Viena. Ultimamente agrupaba a 12 naciones que en conjunto controlan cerca del 30 % de la producción mundial de crudo. Su mecanismo central es sencillo: los miembros acuerdan cuotas de producción para regular la oferta y, con ella, influir en el precio internacional del petróleo. A través del marco ampliado conocido como OPEP+, que incorpora a Rusia y otros productores, la institución representa al 41 % de la producción. Durante décadas, esa capacidad de coordinación convirtió a la organización en uno de los actores más poderosos de la economía global.

La grieta que venía de antes

Para entender lo que pasó hay que retroceder al menos una década. Los Emiratos y Arabia Saudita parecían inseparables: aliados en la guerra de Yemen desde 2015, pilares conjuntos del mundo árabe sunita, socios en el manejo de la OPEP. Pero esa alianza fue erosionándose. Primero llegaron las diferencias sobre Yemen: la coalición que habían construido juntos se quebró cuando Arabia Saudita bombardeó lo que describió como un cargamento de armas destinado a separatistas yemeníes apoyados por Abu Dabi. Después vinieron las rivalidades por influencia regional en el Mar Rojo y en África, donde ambos países fueron construyendo esferas de interés propias, no siempre complementarias.

Dentro de la OPEP, la tensión tenía un nombre concreto: las cuotas de producción. Los Emiratos habían invertido miles de millones de dólares para aumentar su capacidad de producción de 3 a 5 millones de barriles diarios de cara a 2027. Pero el sistema de la OPEP los mantenía encorsetados: con una capacidad instalada de 4,8 millones de barriles por día, su cuota acordada los limitaba a producir 3,2 millones. Esa diferencia no era un detalle técnico: eran ingresos que Abu Dabi veía evaporarse cada mes por respetar unas reglas que sentía cada vez menos propias.

Un analista de Rystad Energy lo formuló con precisión: esperar tu turno dentro de un sistema de cuotas empieza a parecerse a dejar dinero sobre la mesa.

Y entonces llegó la guerra

Lo que venía gestándose en cámara lenta se precipitó con el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. Para los Emiratos, el conflicto no fue una crisis lejana: fue una crisis propia. Debido a que es uno de los países de la región que tienen bases militares norteamericanas en su territorio, Irán los atacó con misiles y drones durante semanas. Y, al mismo tiempo, el cierre del Estrecho de Ormuz amenazó los cimientos mismos de su economía.

La geometría se volvió insostenible: Irán era al mismo tiempo el país que los bombardeaba y un miembro de la OPEP. Los Emiratos se encontraron compartiendo organización petrolera con su agresor.

El ministro de Energía de los Emiratos, Suhail Al Mazrouei, fue la única voz oficial que habló ese martes. En declaraciones a la cadena CNBC dijo que la salida era el resultado de una revisión larga y cuidadosa, que el mundo está subabastecido de energía, y que salir en ese momento —con el Estrecho de Hormuz bloqueado— era precisamente lo que causaría menos daño a sus socios dentro de la organización.

La guerra también aceleró otra tendencia que venía de 2020: Abu Dabi fue el primer país árabe en normalizar relaciones con Israel a través de los Acuerdos de Abraham, y ve ese vínculo como una palanca crítica de influencia regional y un canal único de acceso a Washington. En plena guerra contra Irán, esa apuesta adquirió una urgencia existencial. Salir de la OPEP era, también, una señal de alineamiento.

Qué pierde la OPEP

Arabia Saudita no tardó en reaccionar, aunque eligió hacerlo a través de un ex funcionario antes que de manera oficial. Mohammad al-Sabban, durante años el principal asesor petrolero del reino, dijo en Al Jazeera que la salida no representaba ningún golpe serio y que detrás de la decisión había influencia occidental. Pero los analistas de mercado leen el episodio de otra manera.

Para ellos, la pérdida más concreta no es política sino técnica. Los Emiratos eran uno de los dos únicos miembros —junto con Arabia Saudita— con capacidad de reserva real: ese colchón de producción que se activa rápido para estabilizar el mercado en momentos de crisis. Chris Weafer, director ejecutivo de la consultora Micro-Advisory Partners, lo planteó en términos muy directos, hablando también con la cadena Al Jazeera.

Sin esa herramienta, el peso de estabilizar precios recae casi exclusivamente sobre Riad. Y cuando la guerra termine y el Estrecho de Ormuz vuelva a abrirse, Arabia Saudita tendrá que manejar sola el inevitable rebote de la sobreoferta.

El precio que nadie quiere pagar

La pregunta que nadie sabe responder todavía es si otros seguirán. La OPEP ha sobrevivido otras salidas —Qatar, Indonesia, Ecuador, Angola— y seguirá siendo menos influyente que antes, pero no va a desaparecer. Puede ser. Pero ninguna de esas salidas anteriores venía acompañada de una guerra que reconfiguró el mapa de alianzas del Golfo de un solo golpe.

Este domingo hubo un primer indicio de cómo piensa manejarse la organización sin Abu Dabi. Los siete países que aún participan en las decisiones de producción —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— se reunieron de forma telemática y anunciaron un incremento de 188.000 barriles diarios para junio. Fue la primera reunión de la OPEP+ con la silla de los Emiratos vacía. Y el comunicado no los mencionó ni una vez.

El detalle que lo dice todo: el incremento es en gran medida simbólico. Las cuotas suben en papel, pero mientras el Estrecho de Hormuz siga cerrado por la guerra, ninguno de los grandes productores del Golfo puede exportar más de lo que ya exporta. Arabia Saudita tiene en este momento una cuota asignada de 10,3 millones de barriles diarios y produce 7,8 millones. La diferencia no es disciplina: es que los barcos no pueden salir. Los mercados, que ya anticipaban la decisión, no se movieron.

La OPEP+ está enviando una señal de normalidad institucional. El mensaje es: seguimos funcionando, seguimos decidiendo, la salida de los Emiratos no nos detuvo. Pero la señal llega en un contexto en que el barril Brent, que llegó a tocar los 126 dólares en su pico, cotizaba este lunes en torno a los 108 dólares —casi el doble de lo que costaba el día antes de que comenzara la guerra— y el galón de nafta en Estados Unidos alcanzó los 4,33 dólares.

Y mientras esto se discutía, ayer llegó la noticia que le da al episodio una dimensión todavía más cruda. Irán atacó con drones un petrolero de la empresa estatal emiratí ADNOC en el estrecho de Ormuz e incendió un puerto petrolero en territorio de los Emiratos. La situación obligó a las autoridades de Abu Dabi a activar por primera vez desde la tregua el sistema de alerta nacional: un mensaje que llegó simultáneamente a todos los teléfonos móviles del país pidiendo a la población que buscara refugio de inmediato ante la amenaza de misiles. Además, los Emiratos dijeron que se reservan el derecho de responder. Los países árabes del Golfo los respaldaron en bloque.

En síntesis…

La salida de los Emiratos fue a la vez el resultado de fricciones acumuladas durante años, una respuesta a la guerra que los convirtió en blanco, y una apuesta calculada por un nuevo orden energético donde Washington pesa más que Viena.

¿Cuánto tiempo puede un país compartir organización con el Estado que lo está bombardeando? Los Emiratos dieron su respuesta hace una semana. Y los hechos de este lunes remacharon su decisión. 

El resto del mundo todavía está procesando las consecuencias.

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El rey dijo lo que otros no se atreven a decir

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Por Emiliano Cotelo

Hay discursos que se recuerdan por lo que dicen. Y hay discursos que se recuerdan por lo que dicen sin decirlo. El que pronunció Carlos III ante el Congreso de los Estados Unidos este martes, 28 de abril, pertenece, con elegancia notable, a esta segunda categoría.

El rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte llegó a Washington en visita de Estado, oficialmente para celebrar los 250 años de la independencia norteamericana. Nada más oportuno, nada más simbólico: el descendiente directo del rey Jorge III —aquel monarca que los Padres Fundadores desafiaron— viajaba a la capital del imperio que nació de esa rebelión. El propio Carlos lo reconoció con humor al abrir su disertación, bromeando sobre "una historia de dos Jorges" y aclarando que no venía "como parte de ninguna acción de retaguardia". La sala rió. Y e hizo bien en reír, porque lo que vendría después tenía poco de entretenimiento y mucho más de advertencia.

El telón de fondo: una relación en crisis

Para entender el peso político real de la alocución, hay que repasar cuál era el estado de la llamada "relación especial" entre Washington y Londres en el momento en que Carlos habló. No estaba bien.

La guerra contra Irán —iniciada el 28 de febrero— ha causado una tensión considerable entre ambos países. La negativa del primer ministro británico, Keith Starmer, a involucrarse activamente y sus dudas iniciales sobre permitir el acceso estadounidense a bases británicas le valieron reproches públicos de Donald Trump. Durante un evento de Pascua en la Casa Blanca, Trump se burló de Starmer por supuestamente haber dicho que necesitaba "consultar con su equipo" cuando le pidieron que enviara barcos británicos al Medio Oriente. 

El Reino Unido también se negó a participar en el bloqueo del Estrecho de Ormuz anunciado por Trump. "No apoyamos el bloqueo", dijo Starmer públicamente, añadiendo que su país "no va a dejarse arrastrar" a esa guerra. Londres permitió finalmente el uso de bases conjuntas para operaciones "limitadas y defensivas", pero la lentitud de esas concesiones generó una disputa significativa con la Casa Blanca. 

"Arruina las relaciones", sostuvo Trump sobre el líder laborista el mes pasado. "No es con Winston Churchill que estamos tratando”. Era en ese clima que llegaba a Washington el rey.

El arte de hablar sin mencionar al elefante

Carlos defendió la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), enfatizó la importancia de los contrapesos al poder ejecutivo y advirtió contra el aislacionismo, todo mientras evitaba cuidadosamente la confrontación directa con el presidente. Ese es el arte que domina un monarca constitucional que lleva décadas navegando entre la necesidad de hablar y la obligación de no meterse en política. Carlos lo ha practicado toda su vida. Pero nunca, quizás, con tanta urgencia.

Usó ese gran escenario para corregir sutilmente el registro sobre el pasado de la OTAN, defender a la Armada Real británica luego de que Trump la ridiculizara, hacer un llamado a proteger la naturaleza en momentos de indiferencia norteamericana ante el cambio climático, y elogiar los controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo. 

Cada uno de esos temas es una herida abierta en la relación entre Washington y Londres. Pero Carlos no respondió a ninguno de los ataques directamente. Los ignoró por las vías del protocolo. Y los refutó por las vías de la historia.

La lección de historia 

El momento más potente de la exposición fue, en apariencia, el más sencillo. El rey recordó que la única vez en la historia que la OTAN invocó el Artículo 5 —el de defensa colectiva— fue en 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, en apoyo a los Estados Unidos. "Respondimos al llamado juntos", dijo Carlos, "como nuestros pueblos lo han hecho durante más de un siglo, hombro a hombro, a través de dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y los momentos que definieron nuestra seguridad compartida". 

Era una respuesta directa, documentada y elegante a la afirmación de Trump de que la OTAN "no estuvo ahí cuando la necesitamos". Trump había llegado a decir falsamente que las tropas canadienses, británicas y de otros aliados en Afganistán "se quedaron un poco atrás" en las líneas de combate. El rey no citó esas palabras. Simplemente recordó los hechos. 

Algunos analistas anotan que la diferencia entre un político y un monarca es que el monarca puede darse el lujo de confiar en que la historia hable por sí sola.

El cambio climático que no se puede nombrar

Carlos III es, desde hace décadas, uno de los defensores más consistentes del mundo en materia de medioambiente. Y, del otro lado, su anfitrión, Trump, fue el presidente que  retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. En ese contexto, ¿cómo habla un rey de lo que más le importa frente a quien más se opone a ello?

La respuesta fue: evitar por completo las palabras "medioambiente", “ambiente” o "cambio climático", mientras argumentaba con fuerza la necesidad de una acción más ambiciosa para salvar el planeta. Mencionó, en cambio, "la naturaleza". Y nadie en la sala pudo objetar nada, porque nadie puede declararse en contra de "la naturaleza". 

Fue, en su modestia verbal, un acto político de gran habilidad, según indicaban algunos comentaristas en la prensa.

El regalo del submarino

Aparte, en la cena en la Casa Blanca, Carlos tuvo su momento de diplomacia simbólica. Le regaló a Trump la campana de un antiguo submarino de la Marina Real llamado HMS Trump, botado en un astillero británico en 1944. Un submarino que lleva el nombre del presidente, construido por los aliados que Trump dice que no estuvieron ahí. El gesto es tan elegante que casi duele.

Otros temas

En su speecho en el Congreso Carlos también elogió la importancia de un "poder judicial independiente" en momentos en que la administración Trump ejecutaba a regañadientes un fallo de la Corte Suprema que había declarado ilegales sus aranceles, mientras buscaba vías alternativas para reimponerlos. Y además llamó a Washington a que evite volverse "cada vez más introvertida", en oposición concreta al enfoque "America First" de Trump. 

Todo eso lo planteó desde el estrado del Congreso. Con el vicepresidente J.D. Vance y el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, sentados a sus espaldas. Y con una sala que aplaudió de pie, incluyendo republicanos.

A veces la monarquía…

Las circunstancias de esta visita estaban lejos de las que rodearon a la reina Isabel II cuando habló ante el Congreso en 1991, donde destacó la importancia de la democracia, la cooperación internacional y las organizaciones multilaterales. En aquel momento, el mundo occidental navegaba con viento a favor. Hoy el viento sopla en otra dirección, y el rey lo sabe.

Algún columnista marcó que había una “paradoja hermosa” en todo esto: el rey de un país monárquico viajó a la república más poderosa del mundo para recordarle la importancia de los contrapesos al poder, el valor de las alianzas, la necesidad de no ignorar la naturaleza y el peligro del aislacionismo. Lo hizo con humor, con datos históricos y sin perder la compostura.

En tiempos en que muchos líderes electos callan lo que piensan sobre Trump por miedo a las consecuencias, un rey hereditario, sin votos que perder ni cargo que defender, fue a decírselo en su propia casa.

A veces la monarquía tiene sus ventajas.

Mirá aquí el discurso completo del rey Carlos III ante el Congreso de los Estados Unidos | AFP

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Apuntes de Emiliano a propósito del aniversario cumplido el lunes y conmemorado con un nuevo acto en el Obelisco.

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La crisis que se vive en Uruguay, específicamente en la zona metropolitana, con el agua potable pasó en estos últimos días a repercusión internacional.

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