Foto: AFP
Apuntes
Por Emiliano Cotelo
Flamencos inflables, miles de personas y una consigna que se repite desde hace ya diez jornadas en las calles de Tirana: “Albania no está en venta”. Así se vienen viendo, noche tras noche, las protestas más grandes que la capital albanesa recuerda en años.
Una semana de protestas en Tirana
El motivo original es un proyecto inmobiliario de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y a su esposa, Ivanka Trump. Un desarrollo turístico que, según las distintas estimaciones, ronda entre 1.400 millones y 4.000 millones de dólares, y que se planea construir sobre la isla de Sazán —una ex base militar de la era comunista— y sobre los humedales de Vjosa-Narta, en la costa sur albanesa, frente al mar Adriático.
La chispa que encendió todo esto fue visual. A fines de mayo empezaron a entrar máquinas excavadoras a la zona, sin que estuvieran accesibles los permisos ni el estudio de impacto ambiental. Abrieron caminos, removieron arena, talaron pinos. Los desarrolladores instalaron alambre de púas para bloquear el acceso a una playa, y un video mostró a un guardia de seguridad privado arrastrando a una activista por la arena. Esa imagen circuló y disparó la indignación.
Desde entonces, cada noche a las seis de la tarde, miles de personas se reúnen en la plaza Skanderbeg, la más grande de Tirana, y marchan por el bulevar principal hasta la oficina del primer ministro Edi Rama. Con la bandera albanesa y flamencos de plástico inflados, ocuparon cuadras enteras de la ciudad. Los flamencos no son casuales: la laguna de Narta es una parada migratoria de esa especie, y por eso esas aves se convirtieron en el símbolo de lo que empezó a llamarse la “revolución de los flamencos”.
Quién es Albania
Para entender por qué este episodio tiene el peso político que tiene, conviene situar un poco a Albania, un país que rara vez aparece en nuestra agenda informativa.
Hasta 1990, Albania fue una de las dictaduras comunistas más cerradas del mundo, bajo el liderazgo de Enver Hoxha, con casi nulo contacto con el exterior. Es un país chico: tiene unos 2.793.000 habitantes, según Wikipedia, y una superficie de 28.748 km², similar a la de Bélgica, y está ubicado en el sudeste de Europa, en los Balcanes occidentales, con costas sobre el mar Adriático y el mar Jónico, justo frente a Italia, separado de la península itálica por unos 80 kilómetros de mar. Limita con Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte y Grecia. La salida del comunismo fue traumática: en 1997, el colapso de esquemas piramidales en los que había invertido buena parte de la población llevó al país al borde de la guerra civil, con un saldo de alrededor de dos mil muertos. Desde entonces, Albania reorientó su política exterior hacia Occidente: ingresó a la OTAN en 2009 y desde 2014 tiene el estatus de candidata a la Unión Europea, con el objetivo declarado de convertirse en miembro pleno hacia 2030. Edi Rama, del Partido Socialista, gobierna el país desde 2013: trece años en el poder.
Es decir: Albania está, hoy, en un momento en que necesita mostrarle a Bruselas que cumple con los estándares europeos. Y ahí es donde este proyecto inmobiliario deja de ser solamente una discusión ambiental.
El ángulo judicial: SPAK y la reclasificación de 2024
Porque la pregunta de fondo no es solo si conviene o no construir un resort de lujo en una zona protegida. Es cómo se habilitó ese proyecto. En 2024, el parlamento albanés —con mayoría socialista— votó una reclasificación que sacó a esta zona de su estatus de área protegida y le otorgó a las empresas vinculadas a Kushner la condición de “inversor estratégico”, un régimen que acelera aprobaciones y da beneficios fiscales. En diciembre de ese año, Rama dio la aprobación preliminar al proyecto.
Esa reclasificación es, hoy, objeto de una investigación judicial. La fiscalía especializada en corrupción y crimen organizado de Albania —conocida por su sigla SPAK— abrió una causa por presunto fraude inmobiliario, centrada en cómo se modificó el estatus de protección de la zona y cómo se transfirieron los títulos de propiedad. Como parte de esa causa, se ordenó congelar cuentas bancarias de la empresa que compró los terrenos para el proyecto, controlada por inversores cataríes. Esto es lo que se reportó hacia el fin de la semana pasada; no está confirmado si esa medida sigue vigente o si fue revisada en estos últimos días.
Esta no es la primera vez que el entorno de Rama queda bajo la lupa. A comienzos de este año, su entonces vicepresidenta, Belinda Balluku, quedó procesada por corrupción; Rama terminó destituyéndola, aunque eso no alcanzó para despejar la desconfianza hacia el resto de su gobierno.
La presión de la Unión Europea
El otro actor que entró en escena esta semana fue la Unión Europea. Un portavoz de la Comisión Europea le pidió esta semana al gobierno albanés que “actúe sin demora”, en referencia puntual al capítulo de la negociación de adhesión que tiene que ver con medio ambiente. El mensaje fue claro: lo que pase con este proyecto puede afectar el cronograma de ingreso de Albania a la Unión Europea.
De la protesta ambiental al pedido de renuncia
Y ahí está, probablemente, la clave de por qué el gobierno empezó a moverse: la combinación de una movilización callejera que no para de crecer con una advertencia explícita de Bruselas, justo cuando Albania más necesita mostrarse alineada con la Unión Europea.
Pero las cosas no quedaron allí. En estos últimos días la protesta cambió de naturaleza. Lo que empezó como un reclamo puntual contra un proyecto inmobiliario se transformó, hacia la novena y décima jornada de movilizaciones, en un pedido de renuncia de Rama y de recambio de toda la clase política albanesa. Las consignas que se escuchan ahora ya no son solo “Albania no está en venta”: también se grita “renuncia” y “revolución”. Los grupos que organizan las marchas rechazaron, además, una oferta de Rama de reunirse con una delegación de manifestantes, y optaron por seguir en la calle. Un politólogo de la Universidad Europea de Tirana lo definió como, posiblemente, la primera protesta albanesa en treinta años que surge espontáneamente desde la ciudadanía, sin que ningún partido la esté empujando desde atrás.
Qué hizo el gobierno hasta ahora
¿Qué resolvió, hasta ahora, el gobierno, frente a todo esto? Por un lado, revocó las licencias de las dos empresas de seguridad privada involucradas en los incidentes iniciales con manifestantes. Por otro, el ministro de Ambiente anunció que la construcción queda en pausa y que se va a realizar una evaluación de impacto ambiental con consulta pública, algo que no existió en la etapa inicial del proyecto. Y según los reportes de estos últimos días, las excavadoras se retiraron del lugar, se sacó el alambre de púas y la laguna de Narta —que había quedado cortada del mar por los trabajos— fue reconectada.
Rama, de todos modos, no dio señales de que el proyecto se vaya a cancelar. Hace unos días había dicho que no había “ninguna chance de que esta inversión se detenga” mientras él esté al frente del gobierno, y que Albania no debería ser un país que le tenga miedo a una inversión de esta magnitud. Y esta misma semana, en una entrevista con la agencia Reuters, fue todavía más directo: dijo que el proyecto va a seguir adelante y que se va a completar “de manera responsable”. De paso, mencionó los avances de su gobierno contra la corrupción a través de SPAK como prueba de buena gestión —la misma SPAK que, por estos días, tiene abierta una causa sobre este proyecto.
La pregunta que queda abierta
A partir de estos apuntes, que armé leyendo varios reportes de prensa, queda planteada la pregunta que hacen las propias organizaciones ambientalistas que vienen documentando el caso desde el principio: ¿lo que pasó esta semana con el proyecto es un freno real —con el desarrollo rediseñado, sometido a controles que antes no tuvo— o es un repliegue táctico, para bajar la temperatura, con la idea de retomar apenas las cámaras dejen de mirar para otro lado? La laguna se reconectó al mar, dicen, pero las dunas que se aplanaron y los árboles que se talaron no se recuperan solos.
Y a esa pregunta ambiental se le sumó, en los últimos días, una pregunta política mucho más grande: si Edi Rama, después de trece años en el poder, puede sobrevivir a una protesta que ya no le pide que frene un resort, sino que se vaya.
