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El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realiza este lunes un paro nacional de 24 horas, desde las 7 horas de hoy hasta las 7 del martes, en rechazo a la resolución mediante la cual los ministerios de Trabajo y Transporte establecieron servicios mínimos ante eventuales medidas gremiales en los puertos del país.

La medida alcanza al puerto de Montevideo —incluida la terminal especializada de contenedores— y a otras terminales portuarias, entre ellas Nueva Palmira. En la playa de contenedores se mantienen las guardias mínimas fijadas por el gobierno, mientras que en los demás espacios portuarios se desarrolla el paro.

El conflicto se originó en la negociación del convenio colectivo entre la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de sus trabajadores, pero luego se extendió a toda la rama portuaria.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó en diálogo con En Perspectiva que el objetivo principal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) continúa siendo alcanzar un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores.

“Cuando logremos que las partes encuentren una fórmula que les resulte satisfactoria a ambas, se va a solucionar el fondo”, señaló en entrevista con Emiliano Cotelo.

La opción por los servicios mínimos

Barrios sostuvo que el gobierno evaluó las consecuencias que podía tener una declaración de esencialidad, una herramienta que puede impedir la realización de una huelga. Finalmente, optó por establecer servicios mínimos para asegurar una operativa básica durante eventuales paralizaciones.

“Lo que hubiese limitado el derecho de huelga era la esencialidad, porque la esencialidad llega a prohibir la posibilidad de la huelga”, dijo. En cambio, agregó, la resolución establece que, si se adoptan medidas gremiales, deben garantizarse determinados servicios.

La jerarca sostuvo que el paro se está desarrollando con las guardias mínimas previstas en la terminal de contenedores: “El derecho de huelga lo están pudiendo ejercer”.

Una resolución luego de varios intentos de acuerdo

Uno de los principales cuestionamientos del Supra es que los servicios mínimos, de acuerdo con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deberían surgir de un acuerdo entre las partes y no de una imposición del gobierno.

Barrios reconoció que el Poder Ejecutivo buscó inicialmente que la empresa y el sindicato acordaran cuáles serían las guardias necesarias, pero señaló que las negociaciones no llegaron a buen término.

Según explicó, durante varias jornadas se discutió la cantidad de trabajadores necesarios en áreas como las puertas de ingreso y salida, la logística, el mantenimiento, la atención de contenedores y la operativa de las grúas. En algunos sectores hubo “coincidencias”, pero no se alcanzó un acuerdo en otros puntos. “Se dieron todas las oportunidades, se realizaron todos los intentos y se buscó asesoramiento técnico”, dijo Barrios.

Ante la falta de acuerdo, el gobierno resolvió fijar los servicios mínimos. “El Poder Ejecutivo entendió que también tenía una responsabilidad como gobierno: mantener las guardias mínimas o garantizar un funcionamiento mínimo del puerto”, indicó Barrios.

La resolución contempló no solamente la atención de buques y contenedores, sino también el ingreso de camiones, la operativa con contenedores vacíos y otras áreas de la actividad portuaria. También se priorizó el movimiento de medicamentos y otras cargas consideradas sensibles.

“No necesariamente es un antecedente”

La directora nacional de Trabajo afirmó que la resolución fue adoptada en un contexto particular, luego de cuatro meses de negociación y de varias medidas gremiales, y sostuvo que no implica que el gobierno vaya a utilizar el mismo mecanismo en futuros conflictos.

“No quiere decir que la primera acción que va a tomar el Poder Ejecutivo en un conflicto sea la esencialidad o los servicios mínimos”, señaló.

Barrios remarcó que cada negociación tiene características propias y que no todos los conflictos se desarrollan en actividades de la misma sensibilidad.

“No necesariamente es un antecedente, sino que cada negociación tiene su contexto”, dijo. En ese sentido, dijo que la decisión fue tomada después de “hacer propuestas, contrapropuestas” y mantener abiertas distintas instancias de diálogo entre la empresa y el sindicato.

La jerarca también defendió el trabajo realizado por el Ministerio de Trabajo durante el conflicto. “Hemos hecho nuestros máximos esfuerzos por poner todas las instancias a disposición de la negociación”, sostuvo.

Una negociación avanzada, pero trancada

Consultada sobre el impacto del paro y la posibilidad de que esta medida fuera el último episodio antes de un acuerdo, Barrios dijo que quería ser optimista, aunque reconoció que las partes permanecen estancadas desde hace varias semanas.

“La negociación ha avanzado bastante”, dijo. Sin embargo, señaló que la empresa considera que ya presentó su “última mejor propuesta” y que el sindicato no la aceptó.

“Estamos desde el 28 de agosto prácticamente plantados en esa foto”, explicó. De todos modos, Barrios sostuvo que la negociación no parte de cero: “Hay un acumulado de cuatro meses de negociación de cosas muy interesantes que se han avanzado”.

“No es que estemos en cero. Estamos en mínimas diferencias en relación con cómo se inició la negociación”, agregó, aunque reconoció que todavía quedan “puntos sensibles” por resolver.

Según la directora nacional de Trabajo, ya existe un documento y un borrador de convenio colectivo sobre el cual las partes pueden seguir trabajando. “En algún momento habrá que poner en valor todo ese trabajo y encontrar el punto de entendimiento”, dijo.

El Ministerio de Trabajo convocó a una nueva instancia de negociación tripartita para este martes, con la participación de la empresa y el sindicato. Barrios dijo que el gobierno mantiene el optimismo de que esa instancia permita avanzar hacia una solución de fondo.

La resolución de servicios mínimos, sostuvo, dejará de regir cuando se alcance un acuerdo entre TCP y sus trabajadores.

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El conflicto entre la empresa Katoen Natie y el sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) continúa bajo la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El diferendo incluye reclamos salariales y la reivindicación de una reducción de la jornada laboral, luego del acuerdo alcanzado por el sindicato de la construcción.

Según datos difundidos esta semana, en lo que va del año el puerto de Montevideo acumuló 33 días de interrupciones totales o parciales. La Unión de Exportadores y la Confederación de Cámaras Empresariales advirtieron sobre el impacto de las medidas en el transporte, la logística, las importaciones, las exportaciones y los transbordos.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, dijo que el conflicto tiene características particulares debido al peso de TCP en la actividad portuaria. La terminal tiene una posición monopólica en el movimiento de contenedores, por lo que una medida de huelga genera un impacto diferente al de un conflicto en una empresa que opera en un sector con mayor competencia.

“Un conflicto puntual en una empresa tiene una dimensión un poco desmesurada por la importancia misma que tiene la empresa en la vida económica”, dijo.

Barretto aclaró que no participa directamente de las negociaciones, aunque realiza un seguimiento por su responsabilidad en el Ministerio. De todos modos, afirmó que la reunión desarrollada el día anterior había sido “positiva” y que se habían registrado avances: “Tengo la expectativa y la esperanza de que en los próximos días podamos redondear de mejor manera un acuerdo que permita salir del conflicto”.

El impacto sobre las exportaciones

El subsecretario también se refirió a las advertencias empresariales sobre el perjuicio que las medidas pueden generar en sectores como el agrícola, donde una demora puede afectar la calidad de la mercadería, aumentar los costos o hacer perder una ventana comercial.

Barretto reconoció que las huelgas generan dificultades, porque precisamente buscan llamar la atención, presionar y dar mayor efectividad a los reclamos. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se hayan presentado datos concretos sobre las pérdidas provocadas por el conflicto.

“No hay ningún dato empírico que nos diga cuánto se ha perdido. Tampoco me consta que se haya perdido enteramente un embarque”,dijo.

A su entender, las advertencias sobre las consecuencias para las exportaciones constituyen una enumeración general de los efectos que podría tener un conflicto de estas dimensiones, pero no están respaldadas —al menos hasta el momento— por ejemplos concretos.

Respecto a la afirmación del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, quien sostuvo que el puerto de Montevideo podía transformarse en un “puerto sucio” para las navieras, Barretto dijo no le consta que "las compañías navieras hayan planteado esa inquietud en el Ministerio de Trabajo".

Servicios mínimos y guardias gremiales

Barretto sostuvo que la medida aplicada por los trabajadores corresponde a la forma tradicional de huelga: la paralización de actividades y el retiro de los trabajadores del lugar de trabajo.

En ese marco, señaló que es posible acordar servicios mínimos o guardias gremiales, siempre que exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Esa posibilidad está prevista tanto en los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo como en convenios colectivos y resoluciones de los Consejos de Salarios.

El subsecretario recordó que el convenio colectivo reciente de la construcción incluye mecanismos de prevención de conflictos. A su entender, las partes pueden acordar cláusulas de paz y procedimientos previos a la declaración de una huelga.

“Quizás durante la realización del conflicto no sea posible pactar servicios mínimos o guardias gremiales, pero nada impide que en este conflicto o en cualquier otro momento de paz laboral las partes puedan acordar” esos mecanismos, dijo. 

En cuanto al papel del Ministerio, explicó que si existe un acuerdo previo, una cláusula de paz o un mecanismo de prevención, la cartera puede reclamar a las partes que cumplan con lo pactado. Si no existe una previsión de ese tipo, en cambio, el Ministerio puede poner los servicios mínimos a consideración de los negociadores, pero no imponerlos: “El Ministerio de Trabajo no puede obligar desde el punto de vista coactivo o jurídico. No tiene potestades para eso”.

Según Barretto, las partes pueden recurrir a la Justicia si no se cumple un acuerdo previamente establecido. La acción coactiva para exigir su cumplimiento, agregó, queda en manos del Poder Judicial.

Servicios esenciales y derecho de huelga

Consultado sobre la posibilidad de declarar servicios esenciales en el puerto, Barretto explicó que el concepto tiene un alcance específico en la legislación y en los criterios del Comité de Libertad Sindical.

“Cuando hablamos de servicios esenciales en sentido estricto, entendemos que son aquellos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”, señaló.

El subsecretario diferenció esa categoría de los servicios mínimos. Mientras los primeros pueden ser establecidos por una resolución del Ministerio de Trabajo en determinadas circunstancias, los servicios mínimos requieren un acuerdo entre las partes y no implican la suspensión general del derecho de huelga.

En el caso del puerto de Montevideo, Barretto dijo que no considera aplicable, por ahora, la declaración de servicios esenciales: “No veo en el horizonte que podamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”.

Además cuestionó lo que definió como una “discusión un poco desmesurada” sobre la aplicación de esa herramienta. Dijo que no le consta que se haya perdido mercadería como consecuencia de las medidas y sostuvo que, mientras la negociación continúe abierta y existan perspectivas de acuerdo, no corresponde hablar de servicios esenciales.

“Al día de hoy, con una negociación en curso y con perspectivas interesantes de solución, no podríamos estar hablando de servicios esenciales propiamente dichos”, insistió.

Una actividad podría transformarse en esencial

Barretto explicó que una actividad que inicialmente no es considerada esencial podría adquirir esa condición si la prolongación de un conflicto genera consecuencias graves.

Como ejemplo, mencionó el servicio de recolección de residuos: un día de interrupción no configura, en principio, un servicio esencial, pero una paralización de 15 días podría transformar la situación y poner en riesgo la salud de la población.

En ese sentido, reconoció que la extensión de un conflicto puede llevar a revisar sus efectos, aunque remarcó que el análisis debe realizarse de acuerdo con los criterios establecidos por la OIT.

El subsecretario también aclaró que los servicios esenciales no se establecen mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, habilitada por la Ley 13.720.

Admitió que existe una discusión jurídica de larga data sobre la posibilidad de que una resolución ministerial limite un derecho fundamental como el derecho de huelga, pero sostuvo que actualmente se reconoce la competencia del Ministerio para resolver en esa materia.

De todos modos, Barretto concluyó que la declaración de servicios esenciales no resulta viable por ahora en el conflicto portuario. “Si se llega a la conclusión de que son servicios esenciales, hay que aplicarlos. Lo que ocurre es que no estamos en el momento de que se haya llegado a esa conclusión respecto de una paralización en el puerto”, concluyó.

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La Tertulia de los Miércoles con Juan Erosa, Elena Grauert, Teresa Herrera y Martín Moraes

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) prepara un proyecto de ley que obliga a las empresas a notificar con anticipación al gobierno y a los trabajadores sobre despidos o el cese de sus operaciones.

Según explicó el lunes el ministro Juan Castillo en diálogo con Canal 5, esta iniciativa surgió debido a la forma repentina en que algunas firmas han comunicado despidos en los últimos meses, llegando al extremo de informar a los empleados a través de mensajes de Whatsapp o videos institucionales.

El objetivo principal, según el jerarca, es otorgar un plazo suficiente para que las autoridades de gobierno y los sindicatos puedan explorar alternativas viables y buscar soluciones antes de que las medidas más drásticas se concreten.

Castillo explicó que el proyecto se basará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exigen comunicación previa en estos casos.

Con respecto a si esta medida afectaría a las intenciones de inversión en Uruguay, dado que complejiza la forma de salir de un negocio ante una eventual dificultad, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, desestimó esa posibilidad cuando habló ayer aquí, En Perspectiva.

“Lo que se está proponiendo, no es de ningún modo una especie de estabilidad del trabajador en la empresa. Es simplemente que una empresa pueda dar explicaciones -de hecho muchas veces lo hacen, ¿verdad?–, dar explicaciones razonables, razones que tienen que ver con la situación del mercado… O razones a veces que tienen que ver con el comportamiento del trabajador. O sea, la causa justificada, tendrá que tener relación con la capacidad, o la conducta del trabajador, o las necesidades de funcionamiento de la empresa. Así lo dice el convenio 158. No hay ningún sesgo de que esto signifique una estabilidad para el trabajador. Simplemente es una cuestión que tiene que ver con el sentido común de conocer las razones por las cuales se me priva un derecho ;conocer las razones por las cuales quedo despedido como se dice”.

Además, Barreto indicó que este proyecto de ley generaría un “mayor margen de igualdad” entre empleador y trabajador en Uruguay donde está instalada la “tradición de despido libre, sin previo aviso y sin justificación”.

Viene de: Partido Nacional presenta medidas en seguridad ciudadana

Continúa en: ¿Qué va a pasar si se encuentra petróleo en el mar uruguayo?… y otros telegramas

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) prepara un proyecto de ley que obliga a las empresas a notificar con anticipación al gobierno y a los trabajadores sobre despidos colectivos o el cese de sus operaciones.

Esta iniciativa, que fue anunciada por el ministro Juan Castillo en diálogo con Canal 5, surge en respuesta a la preocupación por la manera "de un minuto para el otro" en que algunas compañías han comunicado despidos recientemente, llegando a utilizar incluso estados de redes sociales, explicó el ministro. 

El objetivo principal, según el jerarca, es otorgar un plazo de tiempo suficiente para que las autoridades de gobierno y los sindicatos puedan explorar alternativas viables y buscar soluciones antes de que las medidas se concreten.

Castillo explicó que la iniciativa se basará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exigen notificación previa en estos casos. El ministro argumentó que la notificación anticipada es clave, ya que si el gobierno es informado formalmente, puede intervenir inmediatamente como mediador, facilitar el diálogo o buscar nuevos inversores, algo que "cuesta muchísimo tiempo más" que el cierre mismo.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y abogado laboralista.

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Fundación Telefónica Movistar y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer la empleabilidad de los jóvenes en Uruguay.
Al evento asistieron por parte del Ministerio el Subsecretario, Daniel Pérez, y la Directora Nacional de Empleo, Rossana Fagalde; por parte de Fundación Telefónica Movistar estuvieron presentes el presidente José Luis Aiello, y la directora Leticia Lago, quienes formalizaron esta alianza.
El acuerdo busca dar apoyo, a través de Fundación Telefónica Movistar, a los jóvenes mediante la oferta de cursos virtuales y gratuitos que contribuyan a su formación y desarrollo profesional. Además, la Fundación se comprometió a realizar un seguimiento activo de los ingresos de los participantes en sus cursos, mientras que el Ministerio de Trabajo se suma a la certificación de los cursantes.
Se estima que el Ministerio cuenta con una base de alrededor de 50.000 jóvenes inscritos en programas como "Yo Estudio y Trabajo" y otros similares. Esta colaboración entre Fundación Telefónica Movistar y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene como objetivo beneficiar a este amplio grupo de jóvenes, brindándoles la oportunidad de acceder a estos cursos virtuales y gratuitos para que puedan mejorar sus habilidades digitales y acceder al mercado laboral.

Fundación Telefónica Movistar se enfoca en mejorar las oportunidades educativas y laborales de las personas a través de formaciones gratuitas que las preparan para el empleo del futuro y las nuevas profesiones emergentes. Mediante su plataforma ConectaEmpleo, ofrece una amplia variedad de cursos virtuales gratuitos dirigidos a todo el público interesado. Durante el año 2023, más de 25.000 personas navegaron por la plataforma en busca de oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.
En esta oportunidad, se estarán ofrecieron a los jóvenes cursos que abarcan diversas temáticas relevantes para el mercado laboral actual y futuro, tales como: Programación, Office, Habilidades Socioemocionales, Habilidades para el Empleo, Entrevistas exitosas, Marketing Digital, Ciberseguridad, entre otras.
Los cursos están abiertos a jóvenes que se hayan inscripto a algún programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a partir del 15 de junio. Son gratuitos con una carga horaria entre 20 y 40 horas y el listado será proporcionado por el Ministerio. Los interesados podrán acceder a la oferta de cursos virtuales gratuitos a través del sitio web www.fundaciontelefonica.uy
“Con este acuerdo, Fundación Telefónica Movistar refuerza su compromiso con el desarrollo socioeconómico de Uruguay, contribuyendo a la formación y el empoderamiento de los jóvenes del país. Nos parece de suma importancia brindarles herramientas digitales y habilidades sociales para que puedan mejorar sus oportunidades de empleo”, comenta María Noel Orellano, gerente de Fundación Telefónica Movistar.

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¿Hasta cuánto deben extenderse los jornales solidarios?

¿Deben transformarse en una política de empleo permanente?

La continuidad de este programa que otorga un trabajo temporal en las Intendencias a personas en situación de vulnerabilidad económica, está en la agenda política en los primeros días del año.

Desde la semana pasada, un grupo de beneficiarios de los jornales se está manifestando frente a la Torre Ejecutiva porque consideran demasiado extenso el período de espera para el comienzo de la nueva fase del programa, ya definido por el gobierno para el 1 de mayo. Los beneficiarios reclaman poder acceder a los jornales desde el mes de febrero hasta mayo ya que según afirman, están pasando dificultades económicas extremas desde que terminó el segundo llamado el 31 de diciembre.

La semana pasada discutimos el tema en la tertulia y surgieron varias inquietudes respecto a este programa que surgió para paliar los efectos de la pandemia de covid 19 pero que ya lleva dos ediciones. ¿Cómo hacer para que los beneficiarios dejen de depender de estas oportunidades laborales? Los jornales, solidarios ¿están siendo efectivos para reinsertar a esa población en el mercado de trabajo? Este programa, ¿debería transformarse en una herramienta de empleo permanente?

Conversamos En Perspectiva con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

Destaques de la entrevista:

• "No está en línea con el diseño del programa que se pretenda siempre una prórroga. Tenemos el programa Accesos del Mides, y son oportunidades de mejora de CV".
• "Son un apoyo pero siempre con la idea de que sean un apoyo para las oportunidades más permanentes, que no es el caso de los Jornales Solidarios".
• "Si hay una nueva convocatoria hay un nuevo sorteo y a esas personas les podrá o no tocar. No es justo tampoco que las personas que ya salieron sorteadas en una oportunidad, pretendan una continuidad permanente sobre la base de un programa que desde el principio fue establecido como una oportunidad laboral de corta duración".
• "En el tiempo que se trabaja en Jornales Solidarios se busca que haya acceso a otras opciones y capacitación, se busca la capacitación con INEFOP, en algunos departamentos se logró, en otros no".
• "Fue muy difícil lograr que se generara la oportunidad de capacitación, en algunos casos fue exitoso pero en otros las personas no tienen la continuidad o la constancia".
• "El carácter temporal está en la naturaleza de este programa. En 2021 estábamos en plena emergencia sanitaria y parecía difícil discontinuarlo cuando la situación de empleo era mucho más complicada. Ahora en 2022, el empleo se ha reconfigurado y no tiene lógica que esas prórrogas se produzcan, por eso no ocurrieron este año".

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Destaques de la entrevista:

• "Siempre que después de una crisis la economía se recupera, el salario y el empleo vienen más tarde, es inevitable porque hay un delay, un retraso, un rezago, entre el crecimiento de la economía y su impacto en los niveles salariales".
• "Las pérdidas salariales, la no pérdida o la pérdida menor, está relacionada con el dinamismo de cada sector. Habla bien de las negociaciones salariales, que más allá de las pautas, a la hora de sentarse a negociar, cada sector negocia en función de una realidad. Esa realidad habla de que hay sectores que les fue mejor que a otros. En la otra punta tenemos a aquellos que sí fueron muy afectados, incluso más de 4%. Hay algunos bastante más de 4%, que son los sectores que fueron muy golpeados por la pandemia y ahora se inicia un proceso de negociación porque fueron dos períodos puente".
• "No es lo mismo perder menos del 1%, que puede ser 0,5% o 0,3%, que perder 4,5% o 5%. Nos pareció necesario establecer esa diferencia, porque es una diferencia que nos parece muy evidente y muy fuerte".
• "No se puede atribuir responsabilidad al gobierno (de la inflación). El compromiso está en pie, el compromiso fue que en el transcurrir del período de gobierno se iba a recuperar la pérdida de salario, se iba a volver al nivel de salario real, y sigue siendo el compromiso".
• "Lo novedoso no es que 3/4 partes registran pérdidas con respecto a 2019, lo novedoso es que hay una cuarta parte que no perdió. Cosa que no estaba en el análisis ni en el discurso de nadie. Otra cuarta parte perdió menos de un punto. Esa es la novedad, por eso parecía importante que se conociera".

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El Ministerio de Trabajo (MTSS) convocó para el mediodía del próximo viernes al Consejo Superior Tripartito del sector público y para la tarde al del sector privado.

El subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, aclaró, hablando con El País, que el correctivo salarial a regir desde julio “es un adelanto a cuenta pero”, dijo, “el comunicado de Presidencia habla de aumento porque termina siendo un incremento salarial”.

Las mesas de negociación del sector privado que se convocarán son las que celebraron acuerdos salariales por dos años con el correctivo de ajuste por inflación que se activa en junio de 2023 al finalizar el convenio.

Arizti dijo que si trabajadores y empresarios no alcanzan un acuerdo, o sea si una parte está a favor de dar el aumento y la otra no, el Poder Ejecutivo no va a incidir votando por una de las posiciones. “Lo que vamos a hacer es ayudar a la negociación. Pero será una decisión entre las dos partes que esperemos lleguen a un acuerdo”, manifestó el subsecretario de Trabajo.

El presidente Lacalle Pou recomendó el lunes pasado la convocatoria a la negociación en el sector laboral privado; ese mismo día anunció un ajuste salarial adicional del 2% para los empleados públicos y de 3% para los jubilados y pensionistas, como medidas para recuperar el poder adquisitivo.

Hoy En Perspectiva conversamos con el ministro de  Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

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Se habilitó la web para solicitar certificaciones médicas y el subsidio por enfermedad exclusivamente por covid-19.

Estará vigente por 30 días, con posibilidad de prórroga dependiendo de la situación epidemiológica del país; representante de los trabajadores en el BPS afirma que la medida “es un avance” pero “no resuelve todas las situaciones”.

El procedimiento consiste en que la persona que está diagnosticada mediante un test antigénico o un PCR positivo efectúa la solicitud electrónica a través de la página web: https://certificado.coronavirus.gub.uy.

Esa solicitud se coteja con la base de datos de resultados positivos del Ministerio de Salud Pública, verificando la fecha del diagnóstico, el número de cédula de identidad y el estado de vacunación. 

En ese momento, se expide de forma tácita el certificado y se determinan los días de licencia médica.

Hoy, En Perspectiva, conversamos con Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.

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