
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realiza este lunes un paro nacional de 24 horas, desde las 7 horas de hoy hasta las 7 del martes, en rechazo a la resolución mediante la cual los ministerios de Trabajo y Transporte establecieron servicios mínimos ante eventuales medidas gremiales en los puertos del país.
La medida alcanza al puerto de Montevideo —incluida la terminal especializada de contenedores— y a otras terminales portuarias, entre ellas Nueva Palmira. En la playa de contenedores se mantienen las guardias mínimas fijadas por el gobierno, mientras que en los demás espacios portuarios se desarrolla el paro.
El conflicto se originó en la negociación del convenio colectivo entre la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de sus trabajadores, pero luego se extendió a toda la rama portuaria.
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó en diálogo con En Perspectiva que el objetivo principal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) continúa siendo alcanzar un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores.
“Cuando logremos que las partes encuentren una fórmula que les resulte satisfactoria a ambas, se va a solucionar el fondo”, señaló en entrevista con Emiliano Cotelo.
La opción por los servicios mínimos
Barrios sostuvo que el gobierno evaluó las consecuencias que podía tener una declaración de esencialidad, una herramienta que puede impedir la realización de una huelga. Finalmente, optó por establecer servicios mínimos para asegurar una operativa básica durante eventuales paralizaciones.
“Lo que hubiese limitado el derecho de huelga era la esencialidad, porque la esencialidad llega a prohibir la posibilidad de la huelga”, dijo. En cambio, agregó, la resolución establece que, si se adoptan medidas gremiales, deben garantizarse determinados servicios.
La jerarca sostuvo que el paro se está desarrollando con las guardias mínimas previstas en la terminal de contenedores: “El derecho de huelga lo están pudiendo ejercer”.
Una resolución luego de varios intentos de acuerdo
Uno de los principales cuestionamientos del Supra es que los servicios mínimos, de acuerdo con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deberían surgir de un acuerdo entre las partes y no de una imposición del gobierno.
Barrios reconoció que el Poder Ejecutivo buscó inicialmente que la empresa y el sindicato acordaran cuáles serían las guardias necesarias, pero señaló que las negociaciones no llegaron a buen término.
Según explicó, durante varias jornadas se discutió la cantidad de trabajadores necesarios en áreas como las puertas de ingreso y salida, la logística, el mantenimiento, la atención de contenedores y la operativa de las grúas. En algunos sectores hubo “coincidencias”, pero no se alcanzó un acuerdo en otros puntos. “Se dieron todas las oportunidades, se realizaron todos los intentos y se buscó asesoramiento técnico”, dijo Barrios.
Ante la falta de acuerdo, el gobierno resolvió fijar los servicios mínimos. “El Poder Ejecutivo entendió que también tenía una responsabilidad como gobierno: mantener las guardias mínimas o garantizar un funcionamiento mínimo del puerto”, indicó Barrios.
La resolución contempló no solamente la atención de buques y contenedores, sino también el ingreso de camiones, la operativa con contenedores vacíos y otras áreas de la actividad portuaria. También se priorizó el movimiento de medicamentos y otras cargas consideradas sensibles.
“No necesariamente es un antecedente”
La directora nacional de Trabajo afirmó que la resolución fue adoptada en un contexto particular, luego de cuatro meses de negociación y de varias medidas gremiales, y sostuvo que no implica que el gobierno vaya a utilizar el mismo mecanismo en futuros conflictos.
“No quiere decir que la primera acción que va a tomar el Poder Ejecutivo en un conflicto sea la esencialidad o los servicios mínimos”, señaló.
Barrios remarcó que cada negociación tiene características propias y que no todos los conflictos se desarrollan en actividades de la misma sensibilidad.
“No necesariamente es un antecedente, sino que cada negociación tiene su contexto”, dijo. En ese sentido, dijo que la decisión fue tomada después de “hacer propuestas, contrapropuestas” y mantener abiertas distintas instancias de diálogo entre la empresa y el sindicato.
La jerarca también defendió el trabajo realizado por el Ministerio de Trabajo durante el conflicto. “Hemos hecho nuestros máximos esfuerzos por poner todas las instancias a disposición de la negociación”, sostuvo.
Una negociación avanzada, pero trancada
Consultada sobre el impacto del paro y la posibilidad de que esta medida fuera el último episodio antes de un acuerdo, Barrios dijo que quería ser optimista, aunque reconoció que las partes permanecen estancadas desde hace varias semanas.
“La negociación ha avanzado bastante”, dijo. Sin embargo, señaló que la empresa considera que ya presentó su “última mejor propuesta” y que el sindicato no la aceptó.
“Estamos desde el 28 de agosto prácticamente plantados en esa foto”, explicó. De todos modos, Barrios sostuvo que la negociación no parte de cero: “Hay un acumulado de cuatro meses de negociación de cosas muy interesantes que se han avanzado”.
“No es que estemos en cero. Estamos en mínimas diferencias en relación con cómo se inició la negociación”, agregó, aunque reconoció que todavía quedan “puntos sensibles” por resolver.
Según la directora nacional de Trabajo, ya existe un documento y un borrador de convenio colectivo sobre el cual las partes pueden seguir trabajando. “En algún momento habrá que poner en valor todo ese trabajo y encontrar el punto de entendimiento”, dijo.
El Ministerio de Trabajo convocó a una nueva instancia de negociación tripartita para este martes, con la participación de la empresa y el sindicato. Barrios dijo que el gobierno mantiene el optimismo de que esa instancia permita avanzar hacia una solución de fondo.
La resolución de servicios mínimos, sostuvo, dejará de regir cuando se alcance un acuerdo entre TCP y sus trabajadores.

















