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La entrada Defensores Públicos en Uruguay: Se atiende entre 10 o 12 personas por día; para una defensa de calidad y acceso a la justicia se necesitan “recursos que no tenemos” y “al menos 100 cargos más”, dicen Lucía Long y Estefanía Broggi (ADEPU) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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La entrada Un software para facilitar tareas en la Justicia: ¿Cómo funciona este emprendimiento de dos jóvenes minuanos? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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La entrada En Uruguay la Justicia es “pobre” pero “cumple su función mejor que en otros países”, por eso es “reconocida” en el mundo, dice Doris Morales, ministra de la Suprema Corte de Justicia se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Patricia González, Desireé Pagliarini y Daoiz Uriarte.

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El Frente Amplio cumple 53 años; hay que "estar alertas" con los incendios forestales… y otros telegramas

La entrada Presupuesto de la Justicia es apenas 1,06% del total, advirtieron autoridades de la Suprema Corte se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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El ministro del Interior Luis Alberto Heber, recibió ayer a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, a quien le trasmitió su preocupación por la actuación de la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard en dos casos que involucran a narcotraficantes peligrosos.

Según publicó El País en base a fuentes de la cartera, Heber le aclaró a Morales, que se trata de un problema “puntual” con Mainard, y no así “con todo el Poder Judicial”, con el cual tiene una buena relación, destacó el ministro.

Un día antes, en el Parlamento, Heber criticó a Mainard, por dos fallos recientes: uno el que habilitó al narcotraficante conocido como “Ricardito” a salir del aislamiento en que permanece en condiciones de máxima seguridad y contar con espacios de recreación y acceso a programas sociales, laborales y educativos.

Hablando con la prensa, el ministro sostuvo que Mainard “realmente es una jueza que -dijo- no nos ayuda en la tarea de la lucha contra el narcotráfico” y advirtió sobre la peligrosidad de “Ricardito”.

“Es un narcotraficante que lo tenemos en la prisión de máxima seguridad, donde cumplimos las Reglas Mandela. Dirigía desde la cárcel su organización y mandaba a cortar dedos, orejas, manos y hasta asesinar. Hizo un recurso de Habeas Corpus y la jueza determinó que lo tengo que sacar de allí para cumplir tareas de educación y de trabajo. Que una jueza crea que con este nivel de violencia, un asesino pueda ser rehabilitado y que va a dejar su organización para ser carpintero”.

El otro fallo de Mainard cuestionado por el ministro Heber es el que le otorgó prisión domiciliaria al narcotraficante Juan González Bica, quien luego rompió la tobillera electrónica que tenía puesta y se fugó.

El fallo de Mainard estuvo basado en informes apócrifos del Instituto Técnico Forense y de la oficina del comisionado parlamentario para las cárceles, que solicitaban prisión domiciliaria para Bica aduciendo problemas médicos.
Respecto a ese caso, Heber consideró fundamental que sea la Justicia la que pida y revise las historias clínicas de los presos que solicitan prisión domiciliaria y no “cometer la ingenuidad” de que “con un certificado médico ya estamos admitiendo una enfermedad”.

La Mesa de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Teresa Herrera y Gonzalo Pérez del Castillo.

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La Suprema Corte de Justicia y el Parlamento protagonizaron esta semana pasada un choque de poderes.

El 20 de julio el máximo órgano judicial declaró la inconstitucionalidad de los siete artículos de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales (19.830), una norma aprobada en setiembre de 2019, con votos de todos los partidos, para regular y transparentar los criterios para los ascensos y los traslados de los jueces.

En la sentencia, la SCJ sostuvo que el Poder Legislativo invadió la “soberanía” del Poder Judicial al legislar sobre su organización interna. Incluso, en la sentencia, los magistrados citaron expresiones del constitucionalista Martín Risso que advierten que la intervención de los poderes políticos en la elección de los jueces implica “una politización” de las designaciones y una pérdida de las garantías respecto a la independencia judicial.

El senador frenteamplista Charles Carrera, uno de los redactores de aquella ley, sostuvo ayer que la sentencia es una “infamia” e implica un “retroceso” en la trasparencia del funcionamiento de la Justicia.

Conversamos En Perspectiva a profundizar en estos argumentos con el senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera.

Destaques de la entrevista:

• "Actuar con discrecionalidad da lugar a abusos".
• "Esta ley que promoví y que fue votada por unanimidad en Senadores y en Diputados tuvo votos de todos los partidos. Es una ley que a esta altura del desarrollo del estado de derecho de la República, no hay ningún argumento válido para decir que no tienen que existir criterios objetivos para ingresar".
• "Si uno tiene una carrera transparente, ¿quien se puede oponer a esto? Nadie, y esto no es violentar la división de poderes. No es un avasallamiento del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Tal es así que la ley de 1985 avanzó sobre una serie de cuestiones de lo que tiene que ver con la organización del sistema de justicia en Uruguay. Avanzó sobre los concursos y la SCJ nunca declaró inconstitucional esa ley".
• "La Asociación de Magistrados realizó muchísimos aportes en su momento, en el mundo se discute muchísimo este tema y no se cuestionan los mecanismos de transparencia para la selección del ascenso y para evitar estos traslados sin fundamento".
• "No estamos dictando, estamos dando criterios objetivos. Estamos coadyuvando para el desarrollo del estado de derecho. No estamos diciendo: "Seleccione a tal juez", porque ahora, ¿qué pasaría si la cámara de senadores no le da venia a ninguno de los ministros propuestos? Nosotros participamos en el proceso de nombramiento de los ministros de los tribunales de apelaciones".
• "Tenemos que tratar que los fallos sean aceptados, y cuando los propios jueces resuelven sus propios asuntos, eso crea suspicacia en la sociedad. Lo mejor es ir por el camino de un sistema de conjueces en el cual por lo menos se le dé tranquilidad a la sociedad que no son los propios jueces los que están resolviendo".
• "Un traslado arbitrario puede violentar la autonomía, la imparcialidad, el principio del juez natural. Antes que llevemos un conflicto a la justicia los jueces ya están establecidos por ley, por un sistema de turnos. Pero si yo a través de mis poderes, como jerarca de turno, lo puedo trasladar, estoy violentando eso".
• "Tenemos que discutir los temas de justicia, exigir que haya mecanismos de transparencia para el ingreso y el ascenso para la carrera judicial. Asegurarle eso a los magistrados, que puedan prevalecer esos principios de imparcialidad que marca nuestra Constitución. Tenemos que buscar mecanismos para resolver esto. Sin ir a la reforma de la Constitución, lo que se puede establecer es un sistema de conjueces. Esto existió en su momento y es la Asamblea General la que nombra un listado de jueces para que nuestros jueces no sean juez y parte en causas de las cuales tienen interés".
• "No hay ninguna violación de poderes. Es una sentencia que parece del siglo XVIII. El Poder Legislativo no le impuso ningún mecanismo de elección de los jueces, sino que lo que estableció fue un conjunto de parámetros objetivos que sea un mecanismo transparente y que asegure la transparencia en el ingreso y ascenso de los jueces. Que les dé herramientas a los jueces de la República para que puedan ascender sin criterios subjetivos y sí con criterios objetivos. El meollo de la discusión es ese".
• "En el estado de derecho actual no existen poderes absolutos porque tienen que existir mecanismos de contralor".
• Mecanismo que aprobó el propio Poder Judicial: "No le da garantías a los jueces, no establece criterios objetivos ni parámetros para que los jueces puedan tener información, y si no están de acuerdo puedan recurrir".
• "Creo que hay que ir hacia la creación de un ministerio de Justicia para que se comiencen a discutir estos temas de evaluación de la justicia".

La entrada Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley Orgánica de la Judicatura: Para Charles Carrera (FA) la sentencia "parece del siglo XVIII" y "no da garantías a los jueces" se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Tampoco quiero dar catedra de la tecnología de Blockchain, que está probada y es muy útil para representar activos reales en la virtualidad.

Pero mi advertencia va sobre los -para mi gusto- mal llamados activos virtuales. En lo personal le llamaría Especulación Virtual, dado que detrás no hay nada, solo una tecnología que lo soporta y que de por sí no tiene valor, más que un valor que si es Virtual y toma/traga dinero real.

Es cierto que en momentos se puede hacer mucho dinero comprando esas criptomonedas, pero también es muy cierto que se puede perder mucho dinero con ellas. El problema es que termina siendo adictivo: si gano algo, más apuesto; y si pierdo, es porque estoy en la mala y debo seguir. Algo similar a la Ludopatía. Ahora entramos en una nueva: la Criptopatía.

Por tanto y haciendo honor al viejo, famoso y tan verdadero dicho “Cuando la limosna es grande, hasta el pobre desconfía”

Cuidado con las Cripto burbujas, nunca se sabe cuándo pueden explotar.

Juan Alberto Garda

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Emiliano, leí con mucha atención la columna vinculada al asunto "Nacho Álvarez".

Me surge una reflexión en referencia al asunto del celular y otros artefactos electrónicos de un periodista y de la libertad de prensa de la que haces mención.

Creo que faltó aclarar -en esa columna- que es reprochable en defensa de dicha libertad que el procedimiento judicial referido al celular se realice “en función del ejercicio periodístico” como tutela del derecho de reserva de las fuentes.

O sea, si la actuación judicial se hace en función de la actividad periodística, coincidiremos en que el periodista tiene derecho a reservar y proteger las fuentes.

Ahora bien, eso no significa que los aparatos de un periodista “gocen de algo así como inmunidad”.

Si por ejemplo en medio de una escucha autorizada por -por ejemplo- narcotráfico, aparece involucrado un celular de un “periodista” y luego la actuación judicial que ordena allanamientos y requisa de celulares se efectúa en función de la presunta actividad delictiva de esa persona "periodista" supongo que coincidiremos que allí no podemos hablar de derecho de reserva de fuentes, y allí estará justificada la actuación judicial.

De lo contrario, bajo el manto de la libertad de prensa podemos estar cobijando delincuentes comunes.

Así como no debieran cobijarse bajo el manto, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria posibles delincuentes comunes tampoco los justifico en este ámbito.

Mis saludos y respetos de siempre,

Álvaro Debali

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La actividad de los jueces en redes sociales ha sido tema de discusión esta semana.

El martes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó un procedimiento disciplinario con separación del cargo a la jueza de Paz de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, a raíz de la actividad de la magistrada en redes sociales.

La magistrada, según el diario El Observador, había publicado fotos selfies acompañadas de leyendas como «¿no te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá p’al juzgado». La jueza Ferreyra también compartió una imagen del escudo de Policía que agregaba: «Decime estúpida, pero a mí me emocionó ver el desfile de la Escuela Nacional de Policía. Será porque trabajando con ellos uno ve, que hacen lo que pueden y más… y les pasan las mismas cosas que a nosotros. GRACIAS POR TODO ‘HAY ORDEN DE NO AFLOJAR’… dicen por ahí».

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia le ordenó a la jueza especializada en Violencia de Género Ada Siré que remita un informe con explicaciones acerca de un video que la magistrada subió a la red social Tik Tok, en que habla de “estereotipos machistas”.

La Tertulia de los Viernes con Juan Grompone, Marcia Collazo, Alejandro Abal y Gonzalo Pérez del Castillo.

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Telegramas

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó ayer un procedimiento disciplinario con separación del cargo a la jueza de Paz de Treinta y Tres Florencia Ferreyra, a raíz de la actividad de la magistrada en redes sociales.

Según el diario El Observador, Ferreyra había publicado fotos selfies acompañadas de leyendas como: «¿no te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá p’al juzgado». También compartió una imagen del escudo de la Policía en la cual agregaba: «Decime estúpida, pero a mí me emocionó ver el desfile de la Escuela Nacional de Policía. Será porque trabajando con ellos uno ve, que hacen lo que pueden y más… y les pasan las mismas cosas que a nosotros. GRACIAS POR TODO ‘HAY ORDEN DE NO AFLOJAR’… dicen por ahí».

Esta misma semana, el lunes, la SCJ envió un pedido de informes a la jueza de la ciudad de Pando Ada Siré, especializada en Violencia de Género, debido a un video que ella publicó en Tik Tok y que se hizo viral en los últimos días.

En esa grabación, de la cual informó este domingo el diario El País, Siré habla de “estereotipos machistas” que se “observan en ruedas de hombres” y menciona una serie de “títulos” que, según ella, son comentados en esos encuentros.

Siré dice en una parte de la publicación: “Del título ‘las hijas de los otros porque la mía es una santa’, llega ‘uh, la violaron; debe de ser la culpa de ella’. Pero existen otros títulos también, como por ejemplo: “Esa mina está histérica; debe de estar menstruando’, o ‘¡qué mal cogida!’ por Dios”, comentó la jueza de Violencia Doméstica de Pando en Tik Tok. Finalmente, señaló la magistrada: “Lo único que pido es que algún día se termine con los estereotipos machistas y se dejen de elaborar construcciones teóricas a partir de seguimientos patriarcales”.

Estos dos casos plantean varias preguntas: ¿los jueces pueden manejar sus redes sociales como el resto de los ciudadanos? ¿Cuáles son las restricciones para su presencia en esos espacios?

Lo analizamos con el abogado Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo,  expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, un instituto técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Enlace relacionado: Documento referente a la participación de jueces en las redes sociales, emitido por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial

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