Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Santiago González renunció el jueves al cargo de director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Lo hizo luego de admitir que se atendió al menos una vez en el Hospital Policial, cuando según el mismo ministerio la normativa se lo prohíbe.

El accionar de González había dejado en una posición incómoda al gobierno y al oficialismo, que sostienen que ni siquiera las jerarquías ministeriales pueden atenderse en el Hospital Policial y que ese centro está reservado para policías en actividad y en retiro, familiares, cónyuges y concubinos a partir del pago de una cuota que se descuenta del salario de los agentes.

González se reunió el jueves con el presidente Luis Lacalle Pou y le presentó su carta de renuncia, en la que se definió como un “hombre de gobierno y de partido” y en la que aludió a la “serie de cuestionamientos” que recibió por haberse atendido en el Policial. El mensaje al presidente fue: “No tengo ningún derecho a ponerlo a usted en la incómoda posición de que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado”.

Apuntó, además: “Jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal, está mal y debe medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo”.

La polémica por el uso del Hospital Policial dio origen el año pasado a la formación de una comisión investigadora en el Senado en torno a la asistencia que el hoy senador frenteamplista Charles Carrera ordenó darle en 2012, cuando era director general de Interior, a un civil que había sido herido por un disparo aparentemente proveniente de la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma, en Rocha.

Este asunto luego dio pie a denuncias y cuestionamientos de otras figuras políticas. Hoy la comisión parlamentaria indaga la presunta atención “irregular” en ese centro de la exesposa de Carrera y de la diputada frenteamplista Susana Pereyra, entonces esposa de Eduardo Bonomi, que era el ministro del Interior. El tema generó en esta administración la renuncia del director general del ministerio, Luis Calabria, luego de haber reconocido que se atendió una vez en el Policial.

La Mesa de los Lunes con Martín Bueno, Santiago Gutiérrez, Teresa Herrera y Martín Vallcorba.

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Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Santiago González renunció ayer al cargo de director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Lo hizo luego de admitir que se atendió al menos una vez en el Hospital Policial, cuando según el mismo ministerio la normativa se lo prohíbe.

El accionar de González había dejado en una posición incómoda al gobierno y al oficialismo, que sostienen que ni siquiera las jerarquías ministeriales pueden atenderse allí y que ese centro está reservado para policías en actividad y en retiro, familiares, cónyuges y concubinos a partir del pago de una cuota que se descuenta del salario de los agentes.

González se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou y le presentó su carta de renuncia, en la que se definió como un “hombre de gobierno y de partido” y en la que aludió a la “serie de cuestionamientos” que recibió por haberse atendido en el Policial. El mensaje al presidente fue: “no tengo ningún derecho a ponerlo a usted en la incómoda posición de que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado”.

De todos modos remarcó: “jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal, está mal y debe medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo”.

Profundizamos en la noticia, conversamos En Perspectiva con Amin Niffouri, senador por el sector Aire Fresco del Partido Nacional y presidente de la comisión investigadora que se creó en el Parlamento sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior.

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

El Ministerio del Interior abrió una investigación interna tras la aparición en redes sociales de videos con imágenes de la detención del conductor de televisión y actor de teatro Humberto de Vargas cuando manejaba alcoholizado la semana pasada.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, dijo, hablando con Telenoche, que se indaga quién hizo circular las grabaciones, que muestran en uno de ellos al comunicador en una seccional policial, y en el otro siendo trasladado en un patrullero.

El hecho será investigado por la fiscal de Flagrancia Angelita Romano, que adelantó que comenzará a trabajar en el caso mañana, 19 de julio.

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Santiago Gutiérrez  y Eleonora Navatta.

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Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

La seguridad pública generó en los últimos días nuevas fricciones entre el oficialismo y el Frente Amplio.

El martes de la semana pasada el Ministerio del Interior divulgó las cifras de denuncias de delitos de todo el año 2021.

El informe muestra que, salvo en violencia doméstica, hubo un descenso en todos los delitos con respecto a 2020 y también en la comparación con 2019, el último año de la administración frenteamplista.

El propio presidente, Luis Lacalle Pou, posteó el reporte en su cuenta de Twitter con el hashtag “Se Puede”.

Desde la oposición nuevamente hubo cuestionamientos a la fiabilidad de los números. Ya conversamos el miércoles de la semana pasada con el sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del interior, y ex senador del Frente Amplio.

Lo profundizamos hoy En Perspectiva en la visión del gobierno con Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Guardia Republicana desalojó ayer a un grupo de trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) que habían cortado la circulación de vehículos en el acceso norte al puerto de Montevideo.

La Policía mantuvo un intercambio verbal con los militantes movilizados para intentar desalojarlos, luego de que la fiscal Silvia Naupp dispusiera que se debía garantizar la libre circulación. En ese momento algunos sindicalistas se sentaron con los brazos encadenados y eso llevó a los agentes a retirarlos del lugar. Algunos de los trabajadores no se resistieron pero otros fueron aprendidoS por varios policías para ser trasladados a una comisaría.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que se hizo presente en el puerto, sostuvo que “se bloqueó el ingreso y la salida de camiones”. González recordó que la Ley de Urgente Consideración declara “ilegítimos” los piquetes que cortan la libre circulación. Gonzalez dijo que cuando se constató la situación se dio cuenta a Fiscalía y "Fiscalía es quien intima a que en diez minutos se vayan del lugar; si no, tienen que actuar las fuerzas públicas, sea el gobierno que sea”, aseguró.

González mantuvo un tenso diálogo con los trabajadores mientras era entrevistado por los periodistas:

Vamos a no gritarnos. Yo no mandé a dar palo. Hay una ley que hay que cumplir. Y acá el diálogo tiene que primar como hablé con el PIT CNT. Entonces tengamos diálogo. No nos gritemos. No es el momento para eso.

Javier Benech, encargado de comunicación de la Fiscalía, dijo que la fiscal ordenó a la policía notificar a los manifestantes que debían cumplir "con todos los derechos", o sea, los de manifestación y los de circulación. “Esa fue la orden concreta que dio. Obviamente la fiscal no es la que ejecuta el operativo. Pero eso fue lo que transmitió; quien se encarga de manejar la situación es la Policía” dijo Benech.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que también se hizo presente en el puerto, sostuvo que el procedimiento policial comenzó antes de su arribo y aclaró que la Fiscalía resolvió que se garantizaran los derechos de las partes involucradas, pero no dispuso el desalojo. "No es función de la Fiscalía decidir el procedimiento policial", aclaró.

Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo, Daniel Diverio, dijo en conferencia de prensa que los hechos acontecidos causaron "enorme preocupación" por el escenario que se está viviendo. Diverio remarcó que ante los planteos sindicales, "la respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación, ni la búsqueda de diálogo, sino una brutal represión".

La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Mariella De Marco, Daniel Supervielle y Esteban Valenti.

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

Policía investiga si seguidilla de homicidios en barrio Las Acacias “están encadenados”

En ese barrio cuatro personas fueron asesinadas en diferentes hechos de violencia; para Santiago González la zona no está “descontrolada”.

En apenas una semana el barrio Las Acacias sufrió tres hechos de violencia: en uno de ellos, ocurrido el miércoles 13 de octubre, un adolescente de 14 años fue asesinado en un ataque a balazos; en otro, un joven de 15 años fue baleado, que actualmente está con muerte cerebral; y este miércoles murieron dos mujeres luego de otro ataque con armas de fuego.

Conversamos En Perspectiva con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González.

Destaques de la entrevista

• "Sin dudas nos duele profundamente cuando se dan este tipo de hechos, porque es muy difícil para la policía poder prevenir cuando una persona o un grupo de personas va a matar a otro".
• "Le dispararon a personas que no tenían nada que ver, que fueron a asistir a otros vecinos y resultaron baleados".
• "Ninguna muerte es justificable, sea por el ajuste que sea, por la venganza que sea. Acá hay seres humanos, familias y hechos que no tendrían que suceder".
• "En Las Acacias hay lucha de territorios hace mucho tiempo".
• "No sacamos el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) ni se ha dejado al barrio de costado, ni en manos de nadie. Es un barrio donde han bajado los hurtos, las rapiñas y otros delitos. Además, hay presencia policial".
• "Cuando un hombre va con una cara y un nombre a matar, es difícil que la policía pueda hacer algo".
• "Queremos que los responsables están presos".
• "A veces sabemos dónde están las armas y delincuentes pero no podemos entrar porque no tenemos la orden judicial para realizar un allanamiento".
• "Estamos trabajando en una zona que no es sencilla para que la gente pueda vivir en paz".

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Cuando Jorge Larrañaga asumió como ministro del Interior, llevó consigo a uno de sus asesores más cercanos: Santiago González, a quien designó como director de Convivencia Ciudadana.

González militó dos décadas junto a Larrañaga, lo acompañó en su primera campaña presidencial, fue su secretario personal e incluso su chofer, y llegó a integrar su círculo más cercano.

Hoy En Perspectiva, conversamos con Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, íntimo amigo de Jorge Larrañaga, quien fue su secretario personal y chofer, y un autodenominado “larrañaguista”.

Destaques de la entrevista:

• "El partido, pero sobre todo el sistema político y el país entero, pierde a un gran hombre de Estado. Un hombre que puso siempre al sistema político y al país por encima de él. Dio todo lo que tenía para dar".
• “Él no se sirvió de la política, era un servidor de la gente. Quería que las personas que nacían en las localidades más chiquitas del país, tuviesen las mismas condiciones, posibilidades y el mismo punto de partida que los que nacían en Montevideo”.
• "La puerta gigante por la cual se va Jorge Larrañaga, es por la sumatoria de hechos. Los grandes políticos brillan siempre, desde el lugar donde estén, por el aporte, por el diálogo, por la construcción de ideas".
• “Era un hombre intachable, incorruptible y transparente. Fue un inmenso honor estar tantos años al lado de él”.

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El sábado por la noche, un operativo policial de rutina terminó en incidentes que dejaron a tres efectivos heridos en el balneario Antoniópolis, en la costa de Rocha.

Según la versión de los policías, se acercaron a un grupo de cuatro hombres a pedirles la cédula de identidad. Dos de estas personas se desacataron, los insultaron y agredieron, motivo por el cual los agentes procedieron a arrestarlas, utilizando la fuerza e inmovilizándolas contra el piso.

En ese momento la situación se puso aún más violenta porque los otros dos hombres regresaron repentinamente al lugar y atacaron físicamente a los policías que estaban forcejeando en el piso con los detenidos.

Ese momento del incidente fue filmado por un vecino y el video se difundió en redes sociales.

Puede verse una fuerte patada al rostro de un policía, que se aleja herido. También cómo una mujer policía es violentamente golpeada en el suelo.

Los agresores escaparon, pero fueron detenidos ayer, domingo. Tienen 18, 19, 20 y 25 años.

Para profundizar en el tema, conversamos esta mañana En Perspectiva con Santiago González, quien es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior.

La entrada Agresión a policías en Rocha durante procedimiento de rutina: ¿Qué dicen desde el ministerio del Interior? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Personas fuera de una actividad en el MNAV en octubre de 2020. Crédito: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Producción: Gastón González Napoli y Alejandro Rodríguez Dopico

¿Qué es una aglomeración? ¿A partir de cuánta gente pasa de ser una juntada entre amigos a constituir eso que un decreto presidencial ordena disuadir?

Esas son algunas de las preguntas de fondo que quedan tras un episodio ocurrido el domingo por la noche en la plaza Líber Seregni.

Un operativo que buscaba separar una aglomeración de personas en ese espacio público de Montevideo derivó en un enfrentamiento que terminó con once detenidos y tres policías heridos.

El episodio quedó filmado y se viralizó en redes sociales.

Por supuesto, la otra pregunta al respecto que queda es: ¿hubo abuso policial, actuación ilegítima o un procedimiento legal ante un desacato?

¿Qué ocurrió? La investigación recién comienza, pero pueden repasarse algunos hechos.

La versión de la Policía

Después de las 11 de la noche del domingo, la Policía intervino en la plaza Líber Seregni ante la llamada de vecinos que denunciaron aglomeraciones, según informó el Ministerio del Interior (MI) en un comunicado.

En ese lugar había varios integrantes del llamado Bloque Antirracista, un colectivo feminista integrado por mujeres afro, indígenas, inmigrantes y en general no blancas, que estaban realizando actividades recreativas.

Un patrullero recordó mediante un altoparlante que se exhorta a evitar aglomeraciones debido a la emergencia sanitaria. Según el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elia, esto se hizo en dos oportunidades.

Los efectivos "constataron que había unas 200 personas que no respetaban el distanciamiento social y que tampoco cumplían con ninguna medida de protección personal", expresó el MI.

Según esa narración, al observar que los presentes no desistían de su conducta, los policías intentaron dialogar con ellos, pero fueron insultados y amenazados.

Ante esta situación, los efectivos pidieron apoyo, y varias unidades de la Guardia Republicana llegaron al lugar. Intentaron detener a un hombre, pero otras personas se abalanzaron sobre ellos para evitar su traslado.

Fue en ese entonces que se sucedieron enfrentamientos entre los efectivos y las personas presentes, algunas de ellos registrados en filmaciones por celular que ayer fueron divulgados en varias redes sociales.

Para dispersar a la multitud y “evitar mayores desmanes” se utilizó munición no letal, informó el MI.

D’Elia, el jefe de Policía de Montevideo, dijo en conferencia de prensa que se recurrió a balas de goma porque “no había más margen de maniobra”.

Las detonaciones se escuchan en algunos de los videos difundidos en redes sociales.

Como resultado, en total 11 personas fueron detenidas, siete hombres y cuatro mujeres, todos mayores de edad.

“Racismo explícito”

Desde el Bloque Antirracista se emitió un comunicado respaldado por varios otros colectivos en los que se denuncia un “hecho racista, autoritario, violento y totalmente repudiable”.

“Este gobierno se armó legalmente para ejercer toda esta violencia con mayor legitimidad e impunidad”, sostiene el texto.

“La represión y la violencia fueron direccionadas a jóvenes y especialmente a las personas afro. Exigimos respuesta inmediata de los responsables”, añade el comunicado.

De los once detenidos, nueve eran afro. En diálogo con En Perspectiva, desde el Bloque Antirracista denunciaron “racismo explícito” de parte de la Policía.

Sostienen que a uno de los detenidos lo tiraron al piso entre cuatro oficiales, le pisaron la cabeza y le pegaron en el piso.

Niegan, además, que hubiese 200 personas aglomeradas. “El número que se maneja no es real”, dijo una militante.

¿Abusos?

La viralización de videos en redes sociales provocó fuertes reacciones de la oposición.

Bettiana Díaz, diputada del MPP, cuestionó el accionar policial: “¿Este es el protocolo contra aglomeraciones del ministro Jorge Larrañaga? ¿A balazos?”, preguntó en Twitter.

El senador frenteamplista Mario Bergara afirmó por la misma vía: “Llegan noticias de acciones excesivas de la Policía”, “nos preocupan y nos duelen”, y apuntó contra la Ley de Urgente Consideración.

Mientras tanto, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, aseguró ayer en conferencia de prensa que no hubo ningún abuso y respaldó el accionar policial.

Lo normal es que la gente ante el exhorto se vaya, lo que pasa en la rambla, lo que pasa en una feria, lo que pasa en distintos lugares. Ayer ante el exhorto lo que se tuvo por parte de este grupo de personas fue insultos, ataques, tenemos tres policías lastimados. De los once detenidos no hay un solo civil lastimado, sí tres policías. Tenemos móviles de Policía lastimados por lanzamiento de piedras y botellas, y detenciones lógicas y razonables con un procedimiento a la altura del tiempo que vive el país y que este Ministerio ha llevado adelante. 

En tanto, otros dirigentes de la coalición multicolor también respaldaron el accionar.

El senador nacionalista Gustavo Penadés sostuvo que “hay un grupo de gente, que todavía no se identifica el origen, que está aprovechando esta situación para dar manija. Están en la posición de cuanto peor, mejor”.

También lo hizo Andrés Ojeda, dirigente del Partido Colorado y abogado penalista del sindicato de funcionarios policiales:

Yo exhorto directamente, sobre todo a las personas que tienen micrófono delante, legisladores de la oposición, actores sociales, a que paren por favor la manija antipolicía. Es muy peligroso envalentonar a la gente a enfrentar a la Policía. Es la autoridad legítima del Estado, es la gente que nos cuida. El gobierno viene empatado un partido difícil con el coronavirus, ayudemos. No todo vale por conseguir un voto, no todo vale para pegarle al gobierno, hay cosas que están por encima. Esta manija es un acto de irresponsabilidad mayúsculo, por favor pidan disculpas por los desmanes que acaban de decir y tratemos de tirar todos para el mismo lado. 

¿Cuándo hay aglomeración?

Fuera de si hubo un accionar ilegítimo de la Policía, la pregunta que queda es: ¿a partir de cuánta gente no se puede estar en conjunto en una plaza u otro espacio público?

Desde el sindicato policial explicaron a En Perspectiva que ellos se guían por el decreto 114/020, emitido en marzo, que en su artículo 1 establece la “intensificación” del patrullaje “a los efectos de evitar y disuadir aglomeraciones”.

En el texto del decreto no se establece cuánta gente supone una aglomeración.

Desde el Ministerio de Salud Pública dijeron a la producción de En Perspectiva que la cantidad de personas que suponen aglomeración varía según qué espacio haya y cuánto sea posible cumplir con el distanciamiento. Pero no hay un número definido de antemano.

Desde la Intendencia de Montevideo, explicaron que se habla de “fiesta clandestina” siempre que haya un componente comercial o un local no habilitado. Si la reunión es en una vivienda privada y no se está cobrando entrada, la IM no puede intervenir. Y si la aglomeración se da al aire libre, por ejemplo en una plaza, la IM no tiene jurisdicción sino que le corresponde al MI.

Y desde el MI dijeron a En Perspectiva que para definir si se está o no ante una aglomeración se apela al “sentido común”.

Así lo explicó el jefe de Policía Mario D’Elia en conferencia de prensa:

-Lo que hacemos es: observamos una cantidad de gente que está en un espacio bastante reducido, y evidentemente estamos comunicando… Vuelvo a repetir: para la toma de conciencia, eso es lo que estamos haciendo. Estamos recordando permanentemente cuáles son las medidas que tenemos que tomar en esta emergencia.

-Queda a criterio de cada efectivo…

-Se comunica y las autoridades disponen desplegar móviles en esa zona, leer el exhorto y en caso de que sea necesario, bajarse a dialogar con la gente.

-¿Pero una plaza, un espacio público, es un lugar reducido?

-Nos podemos encontrar mucha gente en un corto espacio…

Cómo sigue la investigación

El hecho fue elevado al fiscal de Flagrancia que se encontraba de turno, Rodrigo Morosoli, pero a partir de esta jornada las actuaciones las continúa la fiscal María Eugenia Rodríguez Ford.

Al momento, la Fiscalía cuenta con varios elementos para indagar sobre lo ocurrido:

-El registro de llamadas al 911 dando cuenta de la aglomeración de personas en la plaza Seregni.

-Imágenes de las cámaras GoPro de la Policía que realizó el procedimiento.

-Imágenes de vigilancia de las cámaras del MI.

-Imágenes de los comercios de la zona.

-Testimonio de los vecinos.

-Pericia de las armas con munición no letal utilizadas por los efectivos.

El relevamiento de esta prueba se va a prolongar por varios días, según dijeron a la producción de En Perspectiva fuentes a cargo de la investigación.

De todos modos, desde la Divaru (Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano) del Ministerio del Interior se dio cuenta que las cámaras de videovigilancia registran seis de las 11 detenciones realizadas por los efectivos.

No quedaron registrados en esas cámaras los hechos que dieron origen a los incidentes, se explicó.

A partir de esas imágenes, más las que se visualicen de los comercios del lugar y de los registros de la propia Policía, se procurará determinar cómo comenzó la revuelta y las agresiones entre las partes.

“Es un episodio muy confuso” que va a llevar varios días investigar, se dijo a la producción de En Perspectiva.

El fiscal Morosoli dispuso la liberación de todos los detenidos en la mañana del lunes por entender que no hay riesgo de fuga y porque ninguno tiene antecedentes penales. Quedaron emplazados, a disposición para declarar.

Por otra parte, se informó que los tres policías afectados en el enfrentamiento tienen lesiones menores. A última hora de ayer –según consignan varios medios- los efectivos radicaron una denuncia contra los agresores.

Los daños a los vehículos policiales son de poca entidad.

Derechos humanos

Según supo la producción de En Perspectiva, varias de las personas presentes en la plaza Líber Seregni el domingo por la noche se contactaron con integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Trasladaron imágenes registradas en los celulares y su intención de presentar una denuncia bajo la carátula de presunto abuso policial.

Los miembros del organismo deliberaron durante la pasada jornada y resolvieron recibir a los damnificados hoy martes en la sede central, informó Juan Faroppa, miembro del Consejo Directivo. Después, dispondrán que los equipos técnicos inicien su propia pesquisa, como ocurrió en otras oportunidades.

El trámite puede prolongarse por varios días y hasta semanas.

Este es otro caso de presunto abuso policial que recibe la Inddhh, que ya analizó otras causas y que se encuentra enfrentada al MI por sus pronunciamientos.

Interpelación

¿Y cómo sigue esto en tiendas políticas?

Hoy martes a las 17 horas se reunirá la bancada de senadores del Frente Amplio.

Allí terminarán de acordar la interpelación al ministro Jorge Larrañaga, que será planteada esta misma semana al pleno del Senado, pero sin la intención de presentar una moción de censura al secretario de Estado.

Estos hechos se suman a otros motivos que tenía el Frente Amplio para llamar a sala al ministro del Interior, como el relevo del jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz.

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El primer foco de contagio de coronavirus en Uruguay fue durante un casamiento en un salón de fiestas. A los pocos días, el 13 de marzo, estos negocios cerraron y aún permanecen en esa situación.

La Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay (ASFU) presentó dos protocolos de reapertura para distintos tipos de festejos hace dos meses. Propuso, entre varias cosas, tres horas de festejo y trazabilidad para controlar cualquier contagio.

Desde el Ministerio de Salud Pública se objetó parte de las medidas sugeridas por la gremial, y en cambio se propusieron controles más férreos que, para la Asociación, hacen inviable toda realización de festejos.

Para profundizar en la situación y en cuál es la perspectiva del sector estuvimos con Javier Abal, presidente de ASFU y con Daniel Serrato, directivo y vocero oficial.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

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