Guardia Republicana desalojó a sindicalistas que impedían acceso al puerto

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Guardia Republicana desalojó ayer a un grupo de trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) que habían cortado la circulación de vehículos en el acceso norte al puerto de Montevideo.

La Policía mantuvo un intercambio verbal con los militantes movilizados para intentar desalojarlos, luego de que la fiscal Silvia Naupp dispusiera que se debía garantizar la libre circulación. En ese momento algunos sindicalistas se sentaron con los brazos encadenados y eso llevó a los agentes a retirarlos del lugar. Algunos de los trabajadores no se resistieron pero otros fueron aprendidoS por varios policías para ser trasladados a una comisaría.

El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que se hizo presente en el puerto, sostuvo que “se bloqueó el ingreso y la salida de camiones”. González recordó que la Ley de Urgente Consideración declara “ilegítimos” los piquetes que cortan la libre circulación. Gonzalez dijo que cuando se constató la situación se dio cuenta a Fiscalía y «Fiscalía es quien intima a que en diez minutos se vayan del lugar; si no, tienen que actuar las fuerzas públicas, sea el gobierno que sea”, aseguró.

González mantuvo un tenso diálogo con los trabajadores mientras era entrevistado por los periodistas:

Vamos a no gritarnos. Yo no mandé a dar palo. Hay una ley que hay que cumplir. Y acá el diálogo tiene que primar como hablé con el PIT CNT. Entonces tengamos diálogo. No nos gritemos. No es el momento para eso.

Javier Benech, encargado de comunicación de la Fiscalía, dijo que la fiscal ordenó a la policía notificar a los manifestantes que debían cumplir «con todos los derechos», o sea, los de manifestación y los de circulación. “Esa fue la orden concreta que dio. Obviamente la fiscal no es la que ejecuta el operativo. Pero eso fue lo que transmitió; quien se encarga de manejar la situación es la Policía” dijo Benech.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que también se hizo presente en el puerto, sostuvo que el procedimiento policial comenzó antes de su arribo y aclaró que la Fiscalía resolvió que se garantizaran los derechos de las partes involucradas, pero no dispuso el desalojo. «No es función de la Fiscalía decidir el procedimiento policial», aclaró.

Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo, Daniel Diverio, dijo en conferencia de prensa que los hechos acontecidos causaron «enorme preocupación» por el escenario que se está viviendo. Diverio remarcó que ante los planteos sindicales, «la respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación, ni la búsqueda de diálogo, sino una brutal represión».

La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Mariella De Marco, Daniel Supervielle y Esteban Valenti.

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Candela Stewart

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4 Comentarios

  • No me pareció adecuado el adjetivo de «brutal»,no obstante, fue sin duda un exceso; la manifestación además de tener motivos mas que legítimos, era claramente, pacífica.

    Lo que si me parece peligroso, es que se use represión contra trabajadores que reclaman con razones atendibles y repito y resalto, pacíficamente.

    Episodios anteriores con sindicatos, de la educación, de ANCAP…delatan una escalada de confrontación política contra el PIT-CNT, los gremios pueden equivocarse, el Gobierno, también.

    ¡Cuidado con el uso de la fuerza pública!
    La convivencia republicana es harto sensible a la violencia, subrayo con énfasis de signos de exclamación y mayúsculas, la palabra:
    ¡CUIDADO!

  • Me da la impresión de que La Tertulia en esto se quedó en una anécdota, desplazando al tema de fondo del eje del debate.

    Hubo una manifestación que aparentemente impedía la circulación y se hizo un operativo bastante civilizado por ambas partes, más allá de que siempre es violento impedir el paso y también que a uno se lo lleven de arrastro. El contacto físico si no es consentido, siempre molesta. También que a uno le «pongan» el cuerpo para cerrarle el paso.

    Pero,… ¿el tema del que debería estar hablando todo el país no es porqué protestan? Lo que plantea Valenti es alarmante porque el Estado estaría «haciendo la vista gorda» para dejar que los patrones contraten en negro y ganen más. Incluso escuché decir a uno de los delegados sindicales que cobran 1200 pesos antes de los descuentos por un jornal de 8 horas de trabajo. Entonces, laburo en negro y mal pago, que es una receta para que la gente, por necesidad, labure 16 horas por día… con lo que eso significa además en términos de seguridad vial.

    Sugiero que inviten a un delegado sindical y a alguien de la patronal o del gobierno (da igual) y les hagan entrevistas para tratar de entender el problema que realmente importa, que es el conflicto y sus causas.

  • Los trabajadores tienen todo el derecho a manifestarse y a hacer huelga, pero no tienen derecho a cortar la circulación. ¿Qué es un derecho en una República? Pues algo que el resto de la sociedad nos reconoce y por tanto (a través del Estado) garantiza que nadie nos limite en su ejercicio. Cuando se ejerce la fuerza violando la ley (cortar la entrada al puerto), pocas veces se piensa en que las personas afectadas por esa medida también podrían ejercer la fuerza violando la ley (quienes quieran circular pueden sacar del medio violentamente a los que obstruyen el paso). ¿Por qué una fuerza es legítima y la otra no? La realidad es que ninguna lo es, por tanto (como dice Mariella), lo que corresponde en una República es que el Estado intervenga (como hizo).
    Eso sobre el corte y el desalojo.
    Luego, ante la comparación de Supervielle con el corte de los puentes en tiempos de la ex Botnia, Couto y Valenti dicen que no son medidas comparables. Discrepo profundamente.
    En los últimos meses el Puerto de Montevideo ha estado sometido a paros semanales de distintos sindicatos, que en todos los casos bloquearon los accesos y/o suspendieron la operativa en los muelles. ¿Qué consecuencias ha traído eso? Pues que muchos buques portacontenedores que estaban a muro (en el muelle) esperando para operar, se hayan ido sin cargar o descargar, que otros tantos hayan pasado de largo saltándose el Puerto de Montevideo y que, incluso, haya navieras que hayan empezado a considerar dejar de operar en Montevideo. Las consecuencias que ha tenido esta seguidilla de paros son pérdidas millonarias y lo que podría causar que una naviera dejara de operar acá es simplemente mejor ni pensarlo. Estamos hablando de cientos de miles de empleos en juego, en contexto de pandemia, con fletes costando el doble, cuando no se consiguen contenedores para exportar. Para los que no están vinculados directamente al mundo de las exportaciones e importaciones esto puede parecer una abstracción, pero en la práctica son miles de estibadores, camioneros, operarios que se quedan sin ganar el jornal. Son trabajadores mandados al seguro de paro pro falta de insumos, empresas que el no poder exportar tienen que pagar frío por conservar la mercancía, incumplir con clientes y desfinanciarse, justo en épocas de aguinaldos, licencias, BPS etc.
    Seguramente Couto y Valenti me van a dar todas las justificaciones de que el derecho de los que bloquean (ilegalmente) importa más que el de cientos de miles de personas, simplemente generando una falsa oposición. Me recuerda aquel artículo llamado «¿Cuántos muertos vale tu causa?».
    Con respecto a la aplicación del SICTRAC, vale la pena meterse un poco en el ambiente y averiguar quiénes son los principales afectados. No son particularmente las grandes empresas (con capacidad financiera, administrativa y económica para asumir todos los costos del pesado Estado uruguayo) sino los fleteros pequeños independientes. Como pasa muchas veces en Uruguay, las regulaciones, acuerdos de entre gremiales, etc. terminan protegiendo al grande y destruyendo al pequeño.

  • Los dirigentes sindicales siempre han visto el ejercicio de los derechos ajenos a través del cristal de su interpretación del derecho de huelga y del de manifestación. Sólo han reconocido para éstos, las limitaciones que ellos mismos entendieron, según su leal entender (o su conveniencia). Entonces, es un poco como indica el comentario del Sr. Carlos Olivera. Y la LUC lo que vino a hacer es reglamentar por ley hasta dónde van unos y dónde comienzan los otros, permitiendo así que ante un conflicto de esos derechos puedan intervenir los órganos de Justicia (lo que vimos en esta instancia con la participación de la Fiscal de turno), evitando que la intervención se hiciera simplemente «a lo Pacheco». No tuvimos entonces situaciones de violencia, más allá de que la Policía tuvo que retirar físicamente a quienes se negaban a hacerlo por sus propios medios. Pensemos que también, en el mismo día y a la misma hora, los trabajadores de COPSA (que estaban de paro) realizaron una asamblea en la Terminal de ómnibus «Baltasar Brum». Pero no cortaron el acceso a la misma, ni tampoco bloquearon la circulación por la calle Galicia. ¿Alguien vio allí actuar a la Policía? No fue necesario.

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