Análisis de Exante: ¿Qué asuntos económicos están involucrados en el referéndum contra la LUC?

En particular, en la mañana de hoy les proponemos enfocar el análisis en los aspectos económicos de la LUC que están involucrados en el referéndum. ¿Cuáles son las disposiciones económicas que se buscan derogar? ¿Qué implicancias tendría que eventualmente se dejaran sin efecto esos artículos? ¿Qué pasa con la agenda de la política económica del gobierno si se diera una derrota en el referéndum? Les proponemos conversar sobre este tema con el economista Luciano Magnífico, de Exante.

ROMINA ANDRIOLI (RA): ¿Te parece si empezamos ubicando a la audiencia sobre cuáles son los grandes temas económicos sobre los que la población debería decidir en el referéndum del año que viene, si efectivamente se confirma su realización?

LUCIANO MAGNÍFICO (LM): Perfecto. Como bien decía Emiliano al principio, la iniciativa plantea la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada el año pasado, de los cuales 16 son los que refieren directamente a temas económicos.

Es una proporción baja. La mayor parte de los 135 artículos están centrados en asuntos que refieren a la seguridad, la educación y la vivienda. Es probablemente en esos temas que se jugará buena parte del debate público. Dicho eso, igual hay varios asuntos relevantes en lo económico. Estos 16 artículos “económicos” que mencionábamos recién están incluidos en 4 grandes capítulos de la LUC: regla fiscal, libertad financiera, mercado de combustibles y sociedades anónimas de participación estatal.

RA:Y en términos más específicos, ¿a qué refieren concretamente los artículos que se buscan derogar?

LM: En el caso de la regla fiscal, la consulta apunta a derogar directamente todo lo que es la nueva institucionalidad fiscal. Esto es, la propia regla de balance estructural, el tope indicativo de crecimiento real del gasto público, así como otras disposiciones accesorias a estas herramientas (por ejemplo, la creación de un Consejo Fiscal Asesor y de un Comité de Expertos que brindará los insumos para realizar los cálculos de resultado estructural).

En el plano del mercado de combustibles, el referéndum eliminaría el mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo comenzó formalmente a utilizar el cálculo de Precio de Paridad de Importación (PPI) de la URSEA como insumo clave de fijación de precios. De esta forma, se trabaría lo que es la pieza inicial de la reforma del mercado de los combustibles que ha planteado el gobierno.

Por el lado de la llamada libertad financiera, la consulta impulsa un regreso a la obligatoriedad en el uso de medios electrónicos para el pago de remuneraciones, honorarios profesionales, provisión de servicios al sector público y realización de determinadas transacciones por montos importantes. Vale destacar que todas estas operaciones habían sido flexibilizadas en la LUC, permitiendo el uso del efectivo en la mayor parte de estos casos (con un tope expresado en unidades indexadas equivalente a más o menos US$ 100.000).

Finalmente, en el plano de las sociedades anónimas de propiedad estatal se plantea derogar la posible apertura de una parte minoritaria del capital accionario de estas organizaciones a inversores, mediante la emisión pública de acciones.

RA: ¿Cuáles serían las implicancias para el gobierno de que se pudieran derogar estas disposiciones que mencionabas recién?

LM: Lógicamente, el primer gran impacto que hay que considerar en este tipo de consultas es el político. En ese sentido, probablemente el referéndum sea tomado desde las distintas tiendas como una consulta de aprobación de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Por lo tanto, un apoyo popular a la Ley de Urgente Consideración significaría un espaldarazo importante a la gestión del gobierno, mientras que una derrota podría implicar un condicionamiento para el oficialismo en lo que queda del mandato.

De todos modos y yendo al análisis concreto de los artículos en cuestión, los efectos prácticos de la derogación de cada uno de ellos probablemente serán diferentes.

RA:  ¿A qué te referís con eso?

LM: En el caso de la regla fiscal, derogar estos artículos no significa que el gobierno dejará de tener una política restrictiva, o que va a ir marcha atrás con el ajuste fiscal. Como mencionamos otras veces en el programa, la institucionalidad que trajo la LUC en materia fiscal es más bien modesta, en el sentido de que determina un conjunto de reglas de máxima para algunas variables y una serie de mecanismos de vigilancia, pero no obliga al gobierno a nada. Si se quita el tope de crecimiento que puede tener el gasto público, si la ley ya no obliga a computar y reportar metas de resultado estructural o si ya no se convoca un Consejo Fiscal Asesor, el actual gobierno igual puede seguir con su plan de manejo de las finanzas públicas igual a como lo viene desarrollando hasta ahora.

Lo que cambia es la señal. Decía antes que la institucionalidad es más bien modesta, pero sacarla a nuestro juicio es una mala señal, sobre todo pensando en las agencias calificadoras y pensando en el hecho de que con la regla fiscal probablemente se compra algo de espacio para que el ajuste del actual desequilibrio sea más gradual y progresivo, con menos impactos negativos sobre la economía. Y lógicamente, pensando más allá de este gobierno, también se estaría eliminando un dispositivo que a nuestro juicio es positivo para que haya un manejo menos discrecional de la política fiscal y que ayuda a preservar la sostenibilidad de la deuda (más allá de que otras veces comentamos en el programa que la regla tal como está planteada en la LUC tiene, a nuestro juicio, varios espacios de mejora).

RA: ¿Y en el tema de los combustibles? ¿Cuáles serían las implicancias prácticas de la derogación de los artículos referidos a ese tema?

LM: Pasa algo similar en el sentido de que el gobierno igual podría seguir adelante con su propuesta de reformar el mercado de los combustibles y eventualmente avanzar por decretos en las cosas en las que lo precise. Podría también continuar con una práctica de fijación de los precios de los combustibles siguiendo los cálculos de la URSEA (que, de hecho, ya eran elaborados previo a la LUC). No lo haría por una obligación legal sino haciendo uso de su discrecionalidad, pero nada impide hacer lo mismo.

Dicho eso, claramente el gobierno tendría menos sustento político para hacerlo. Me refiero a críticas de la oposición, pero también a eventuales dudas en la coalición. A nuestro juicio, en este plano existe un escenario de que haya una marcha atrás en el camino que ha emprendido el gobierno si el resultado del referéndum es adverso. Al menos lo hay en lo que hace a la forma de determinación de los precios, porque en otras dimensiones de la reforma del mercado de los combustibles (como por ejemplo en lo que hace a la necesidad de que la URSEA explicite una regulación del mercado y esa regulación deje  de estar embebida en contratos entre ANCAP y las compañías distribuidoras de combustibles) no vemos que haya mucho espacio de retorno.

RA: ¿Qué sucede con los demás temas económicos que estarían sujetos al referéndum? Parece claro que no todos los artículos tienen la misma importancia para el gobierno.

LM: Tal cual. El gobierno ha puesto mucho énfasis en la necesidad de lograr mejoras tangibles en el plano fiscal y se ha comprometido también a mejorar el funcionamiento del mercado de combustibles, por lo que claramente la derogación de esos artículos implicaría un golpe más fuerte que en lo referente a los otros artículos que mencionaba al inicio. Vale marcar además, que las propias agencias calificadoras de riesgo han destacado las reformas introducidas en estos dos temas y las han puesto como elementos que han ayudado a mantener el grado inversor (Moody’s fue la última a mediados de la semana pasada).

Ni lo asociado a la flexibilización de la inclusión financiera ni en lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir el capital accionario de las sociedades anónimas estatales implican temas medulares de la agenda del gobierno. En particular, el capítulo de la llamada libertad financiera parece atender más al cumplimiento de una vieja promesa electoral, que constituir un buque insignia del Poder Ejecutivo.

RA: Para ir cerrando, en el principio mencionabas que este referéndum es de alguna manera una prueba para toda la agenda de política económica del gobierno. ¿Puede afectar otras iniciativas, por fuera de estas que particularmente están involucradas en el articulado que se vota?

LM: Sí y seguramente será así casi con independencia del resultado. El debate sobre el referéndum conlleva el riesgo para el gobierno de quitar trascendencia y urgencia a otras reformas que el gobierno ha planteado como claves para este período. También podemos ver un gobierno que se quiera “guardar” algunas iniciativas para evitar que se vayan agregando al debate del referéndum. La reforma de la seguridad social puede ser un ejemplo en este sentido, pero parece bastante probable que el hito del referéndum se va a llevar buena parte de la agenda del debate público en los próximos meses.