El Ministerio del Interior cerró una boca de venta de drogas a una cuadra de Torre Ejecutiva, señal de los problemas que rodean a la esquina; de fondo hay un proceso de expropiación con muchas aristas
Producción: Rodrigo Abelenda y Gastón González Napoli
La esquina de San José y Florida es un punto problemático para la Ciudad Vieja desde hace 35 años.
Un esqueleto de edificio sin terminar degrada una zona que está a metros de sitios de interés turístico como la Plaza Independencia, la peatonal Sarandí, la Torre Ejecutiva, el teatro Solís, o la nueva sede de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Pero además suele traer problemas de seguridad y convivencia para el barrio.
El último ocurrió la semana pasada cuando la Policía allanó y cerró una boca de venta de droga que se había instalado tres meses antes en los locales comerciales de la planta baja del edificio. La Policía había cerrado esa boca el viernes 15, pero los delincuentes volvieron a ingresar para abrirla a través de boquetes en la pared.
Esta vez, el Municipio B, en coordinación con el Ministerio del Interior (MI), ordenó tapiar la entrada al local donde funcionaba la boca. En el operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer.
Gustavo Leal, director de Convivencia del MI, habló con la prensa al final de la intervención:
La zona de la Ciudad Vieja y del Centro hasta hace poco estaba dominada por un grupo criminal que ha sido sistemáticamente diezmado. Esta era una de las últimas que le iban quedando. Las características son el tipo de reja, es el mismo herrero que trabaja para la custodia de casi todas las bocas que este grupo tenía. La última fue la que se cerró en la calle Buenos Aires y Brecha.
Pero, ¿qué es lo que impide recuperar la esquina de San José y Florida? Un gran entrevero.
El caso es complejo porque el edificio acumula una deuda de US$ 26 millones en Contribución Inmobiliaria y no aparece un dueño que se haga cargo de la propiedad.
La historia
Hagamos un poco de historia para ver cómo se llegó a esta situación.
El edificio era un desarrollo del empresario argentino Miguel Dayán, que comenzó a construirse a finales de la década del 70, según recordaba una crónica de El Observador de abril del año pasado. El proyecto preveía alojar oficinas de abogados una vez que estuviera pronta la “nueva” sede de la Suprema Corte de Justicia, que iba a instalarse donde hoy se encuentra la Torre Ejecutiva.
Pero la construcción de aquel inmueble público se fue postergando, con lo que la inversión de Dayán empezó a perder interesados. A eso se le sumó la crisis de la tablita de 1982, que terminó por hundir todo el proyecto. La sociedad anónima que era titular de la torre se fundió, Dayán falleció a mediados de la década de 1990 y nadie más ha reclamado la propiedad del edificio en su conjunto.
A pesar de todos estos problemas, algunos vecinos habían comprado de antemano sus apartamentos y se mudaron al esqueleto aun en el estado muy degradado en que se encontraba. Hoy esas personas no tienen cómo acreditar cuánto pagaron y no hay constancia cierta de quién lo hizo y quién no, pero sí se sabe que hay habitantes que en principio están allí de manera legal.
Para colmo, ni siquiera llegó a realizarse la división de derecho en propiedad horizontal. La propiedad es indivisa, es única. Hay subdivisión en apartamentos de hecho, pero no de derecho. Es decir: en la práctica puede sostenerse que estos habitantes legales son dueños, en cierta forma, del edificio en su conjunto.
La expropiación
¿Se está haciendo algo para cambiar esta situación? Sí.
En mayo del año pasado, la Intendencia de Montevideo (IM) envió a la Junta Departamental (JDM) un proyecto de decreto para empezar un proceso de expropiación del edificio. La expropiación es parte del programa Ciudad Vieja a Escala Humana, una iniciativa que busca mejorar el barrio mediante la reparación de veredas, mejoramiento de iluminación, bicisendas y expropiación de inmuebles en abandono.
La expropiación del edificio reviste interés ya que el municipio y la comuna impulsan la creación de un circuito turístico en torno al nuevo complejo de la CAF, el Teatro Solís y el auditorio del Sodre.
La indemnización por la expropiación es la cancelación de la deuda por Contribución Inmobiliaria, según explicó a En Perspectiva, el alcalde del municipio B, Carlos Varela.
Tras la aprobación de la JDM, el decreto fue promulgado por el intendente Daniel Martínez el 28 de mayo del año pasado. Seguidamente, la comuna inició ante la Justicia el trámite para obtener la urgente posesión del bien, una posibilidad prevista por la ley que implica el pago de una indemnización provisoria al dueño de la propiedad a partir de una tasación, mientras la indemnización definitiva se dilucida en un juicio expropiatorio.
Hasta ahí parece relativamente sencillo. Sin embargo, Ramón Méndez, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, dijo a En Perspectiva que el caso es “extraordinariamente complejo” por la dificultad para determinar quiénes tienen derechos adquiridos y quiénes no. Por eso cuesta pensar en un fallo judicial cercano.
Desde la IM explicaron que, por este motivo, el solo comienzo del trámite de expropiación resulta arduo, porque no hay claridad de a quién enviar el cedulón. A esto se suma que también existen ocupantes ilegales, y que es muy difícil separar a estos de quienes pagaron originalmente.
Con la toma de posesión la comuna podrá ingresar al inmueble para hacer estudios de estructura que determinen si el esqueleto se puede preservar para ser reciclado, o hay que demolerlo, explicó el alcalde Carlos Varela.
Varela dijo a En Perspectiva que el municipio coordinará un censo con el MI para determinar la cantidad de personas que habitan en el edificio, entre las que se detectó, por ejemplo, población migrante en situación irregular y transitoria.
Más herramientas
Ahora, ¿no hay mecanismos más ágiles para resolver este tipo de problemas que afectan a un barrio o a una ciudad? Desde hace poco tiempo sí.
Para solucionar casos como el del edificio en San José y Florida, el Estado cuenta desde del año pasado con una nueva herramienta: la Ley Nº 19.676, sobre Inmuebles Urbanos Vacíos y Degradados.
Esta norma, sin embargo, no se está aplicando al caso del edificio que ha sido noticia en estos días ya que se aprobó luego de haberse iniciado el trámite expropiatorio y se consideró que no era conveniente cambiar de estrategia, dijo a En Perspectiva el alcalde Varela.
Esta ley, promulgada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2018, obliga a privados a rehabilitar inmuebles que se encuentren vacíos y degradados por un período superior a los 24 meses.
El texto establece que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) pueden solicitar a un juez civil que declare vacío y degradado un inmueble urbano. Si el abandono y el deterioro se comprueba luego de las pericias, la Justicia da a los propietarios un plazo de un año para rehabilitar el inmueble. Si no se cumple en ese lapso se procede al remate judicial de la propiedad.
La ley hasta ahora no se ha utilizado ya que no está reglamentada. De todos modos, en el Municipio B, donde está concentrado el problema de los inmuebles abandonados, ya se está trabajando con la ANV para identificar lugares en donde sería conveniente aplicar esa norma.
Según un informe realizado entre 2014 y 2016 por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, hay más de 500 viviendas abandonadas entre los Municipios B, C y Ch. Solo el municipio B -que abarca Aguada, parte de La Comercial y de Tres Cruces, Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja y Centro- hay unos 300 inmuebles abandonados.
Antes de la aprobación de la ley, en el Municipio B se han podido resolver otros casos notorios de abandono usando otras estrategias. Por ejemplo, el de la ex mutualista Comaec (Bulevar Artigas y Maldonado), que estuvo ocupado por intrusos durante más de 10 años hasta que los vecinos la compraron y lo demolieron. Otro fue el del esqueleto en 18 de julio y Tacuarembó, una obra sin concluir por 40 años a la que la IM perdonó deudas tributarias para atraer a inversores privados.
Varela se mostró convencido de que la ley 19.676 dará un impulso a la recuperación de estos “agujeros negros” que afectan al tejido urbano: "No es ‘la’ herramienta, pero es una herramienta importante en tanto hasta el momento teníamos pocos recursos. Seguimos yendo caso a caso pero ahora con una herramienta que es muy interesante".
***
Foto: Unicom
***
