Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti
En inglés existe una palabra que no tiene traducción al español sino mediante el uso de una expresión equivalente. Para ser más preciso, sí puede traducirse de forma literal, pero ese ejercicio termina por esconder las connotaciones que encierra su significado.
La palabra en cuestión es accountability, y se utiliza en casos en los que una persona debe hacerse o ser hecha responsable de sus actos. Es una expresión que se utiliza típicamente cuando un funcionario público abusa de su poder de alguna forma y esto lo hace ética, moral o legalmente responsable. Es una concepción de arraigo profundo en las democracias más antiguas en las que, por ejemplo, dejar un cargo público para permitir una investigación de la Justicia es más bien una sana costumbre, valorada por los ciudadanos. El caso contrario, esto es, la permanencia en el puesto, es mal visto, pésimamente considerado para hablar claro.
Cuando reflexionamos sobre el principio básico de que en una democracia la soberanía reside en el pueblo, o modernizando los términos, en la ciudadanía, entonces es perfectamente lógico que exista un concepto de responsabilidad en el ejercicio de la función pública que suponga la rendición de cuentas a los ciudadanos, que en definitiva sería la aproximación más exacta a lo que supone el término accountability.
Aunque Uruguay es percibido dentro y fuera de fronteras como un país con bajos niveles de corrupción, no hay garantías totales, y por lo tanto cualquier herramienta que permita a los organismos pertinentes de control y a los poderes del Estado cumplir con esa función de contralor, debería ser valorado positivamente.
Por eso, ante la inminente discusión en el Parlamento del proyecto de ley que busca derogar el artículo 162 del Código Penal, que refiere al abuso de funciones en casos no previstos por la ley, cabe formularnos algunas preguntas. Quedó claro en los últimos días que entre los especialistas en la materia, hay más de una biblioteca. También se hizo evidente que se trata de una cuestión politizada, que divide aguas entre Gobierno y oposición.
Claro, el hecho de que sea desde tiendas oficialistas que más se promueve esta iniciativa, y en particular que un antiguo defensor de este instrumento como el senador Rafael Michelini, para quien el artículo era una herramienta para los jueces, haya cambiado de parecer sobre la utilidad de la norma tal como está, le da argumentos de sobra a la oposición para cuestionar los motivos de este intento de acabar con el delito de abuso de funciones.
Dejando algo de lado ambas discusiones, la jurídica y la política, la gran pregunta, inevitable, es por qué tener este debate ahora. ¿Es realmente prioritario para el Parlamento utilizar tiempo en derogar este artículo en este momento en Uruguay? Además, cuando existen denuncias en la órbita judicial que podrían llevar a los jueces a, eventualmente, apelar a esta figura, ¿es oportuno este debate? ¿No se está dando un mensaje equivocado, inapropiado a la ciudadanía ante la cual quienes trabajan en la función pública deben ser responsables?
Es posible entender los argumentos de los especialistas que defienden la derogación, tanto como pensar en que tal vez en estos tiempos en que los delitos cobran nuevas formas y recorren nuevos caminos ayudados por la tecnología, también tendría sentido apenas modificar el texto para que pudiera cubrir aquello que antes, simplemente no existía y sí ocurre hoy o podría ocurrir en el futuro.
En definitiva, como ciudadano, uno se queda con la impresión de que no es el momento indicado, de que no le hace bien al sistema político en general este debate. Queda la sensación de que son muchos los que creen que hay un intento del Legislador de autopreservarse, de curarse en salud.
Gandhi decía que rehuir las consecuencias de lo que uno hace no solo está mal, sino que es inmoral. Ninguna imagen le quedaría peor a un Parlamento, ninguna percepción se me ocurre más grave.
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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 07.06.2017
Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.
