El Código del Proceso Penal y el riego por goteo
Por Emiliano Cotelo ///
En este primer editorial de 2019 quiero comenzar por casa.
El viernes pasado, cuando todavía estaba de vacaciones, escuché La Mesa de En Perspectiva. Y me pareció muy bueno el aporte que hicieron Alejandro Abal, Juan Grompone, Oscar Sarlo y Oscar Ventura, con la conducción de Romina. ¡Realmente, muy bueno…!
Yo rechazo el autobombo. Pero esta vez no me corresponden las generales de la ley, porque estaba en la playa. Ese oyente que era yo, interesado en las peripecias del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), escuchó y aprendió. Ninguno de los contertulios montó en cólera ni proclamó indignación: ellos explicaron, argumentaron y discreparon con agudeza. Esto me resultó aún más valioso porque conversaban sobre el funcionamiento de la Justicia Penal y el estado de la opinión pública ante la delincuencia, cuestiones en las que el debate público serio es insuficiente o enseguida se desequilibra y termina en griteríos sin salida.
Ustedes conocen el panorama: la delincuencia aumenta, la eficiencia policial no es suficiente y el nuevo CPP apenas da sus torpes primeros pasos. Mientras tanto se agudiza la polarización partidaria, que aprovecha cualquier excusa para estigmatizar al adversario. Y de telón de fondo están las redes sociales, en las que todo, todo queda expuesto en un espejo deformante. Si los medios de comunicación cuentan los episodios criminales desde una óptica voyeurista alientan en el público la mirada menos pensada. Por eso esa edición de La Mesa me hizo sentir orgulloso.
Allí, Abal empezó explicando las cinco hipótesis en las que, según el CPP, no se llega a tramitar el juicio normal. Con su notoria habilidad docente, en esa y en otras intervenciones de ese día contribuyó a que de ahora en adelante opinemos con más fundamento sobre por qué y cómo actúa la Justicia Penal.
Sarlo, por su parte, enfatizó que la reforma del CPP se realizó, más o menos, siguiendo la tendencia internacional, pero descuidando aspectos clave que ahora derivan en problemas serios. Destacó, por ejemplo, que si bien la ley tuvo el apoyo de todos los partidos, se dejó al margen a la sociedad: no se hizo un esfuerzo informativo y educativo previo. Según Sarlo, esa fue una omisión muy seria porque un cambio tan profundo como este debe incluir una intensa campaña de comunicación. En Chile, acotó, lo hicieron y dedicaron dos años a esos efectos. Aquí no hubo nada de eso.
Grompone le dio contexto a esta polémica, se fue cuatro mil años atrás e hizo la historia del dilema entre castigar o reparar.
A su turno, Ventura insistió sobre falencias evidentes, tanto conceptuales como prácticas, que contribuyen a que ahora la Justicia Penal resulte menos justa y penalizadora de lo que el público y la situación reclaman. Y se detuvo en el caso reciente de abigeato, donde, más allá de los matices entre académicos y entre ciudadanos enterados, hubo una irritación generalizada cuando se conocieron los acuerdos entre la fiscalía y los 13 empresarios acusados de receptación, que permitieron que, al pagarle a la víctima, estas personas zafaran del juicio (y quedaran sin antecedentes).
Abal opinó que en un expediente como este, además de devolver las vacas, a los imputados se les debería imponer, por lo menos, penas alternativas: que asistieran a un curso, limpiaran una plaza o cooperaran en un comedor escolar. Con esas sanciones menores, pero ejemplarizantes, mucha gente no habría sentido lo que sintió: que la justicia no es igual para todos.
Pero el caso de los connotados ganaderos no fue el único que se comentó el viernes pasado. También estuvo sobre La Mesa la actuación de la fiscal Brenda Puppo, que dejó libre a un adicto veinteañero que robó una bicicleta, quedó registrado “en cámara” y fue capturado in fraganti unos minutos después por marineros. La doctora Puppo, al igual que su colega el fiscal Romero, que hace algunas semanas permitió que un manifestante violento vacacionara en Valizas antes de cumplir su sanción, se vieron en la obligación de explicar ante la población el fundamento de sus decisiones.
Ventura advertía que la aplicación de estas nuevas reglas genera desconcierto: ¿hasta qué punto le conviene a las víctimas denunciar y querellar para defender sus derechos? Y si denuncian, ¿no se meten en un proceso mayormente inútil y claramente incómodo, cuando no peligroso?
Así, avanza la sensación de indefensión y crece la desconfianza respecto a la captura y castigo de los delincuentes. Y esas son señales que no deben desatenderse. Un caldo de cultivo de ese estilo tiene consecuencias, por ejemplo: el gasto desmesurado en medidas de protección de la propiedad, la tendencia inquietante a tener armas de fuego en el hogar, la tentación de la “justicia por mano propia”, la desvalorización de los esfuerzos de rehabilitación o la insensibilidad ante el destino de los presos. Son todos problemas graves y síntomas de deterioro de la cultura ciudadana.
Mayor o menor, esa cultura ciudadana es imprescindible para vivir juntos en una república democrática. Muchas veces sufre menoscabos, y hay que señalarlo. Pero no todo es negativo en ese sentido. La cultura ciudadana de convivencia sobrevive cuando, tanto en la política como en el trabajo y la vida, cada uno siembra y riega.
Y yo creo que eso hicieron, justamente, los tertulianos del viernes 18 de enero. Se los digo como lo que fui ese día: un oyente.
Si no escucharon esa edición de La Mesa, les sugiero que la busquen en nuestro sitio web. Después me cuentan.
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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, lunes 25.01.2019
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5 Comentarios
Según mi interpretación, las cinco hipótesis se reducen a tres estrategias de regulación que no plantean una dicotomía excluyente, sino una combinación entre el criterio de la sanción y el criterio de la reparación. En la hipótesis (1), no se sigue el juicio por la irrelevancia del asunto. En las hipótesis (2)-(3), se evita el proceso ordinario del juicio siguiendo el criterio punitivo y lo que se busca negociar es solamente la reducción o el contenido de la pena al imputado. En las hipótesis (4)-(5), se evita el proceso ordinario del juicio, pero aquí si, siguiendo el criterio de la reparación y en este último caso, el acuerdo sobre la reparación requiere necesariamente el consentimiento de la víctima; en este sentido, la «reparación» puede no reducirse a la simple devolución, sino que también puede incluir compensaciones por otros daños eventuales. De este modo y en términos generales (sin entrar en las particularidades de la implementación), el «dilema» no lo sería tanto: (a) cuando la víctima se puede individualizar y acuerda la reparación, se sigue ese criterio; (b) cuando la víctima es el conjunto social, o no es fácilmente individualizable, o siéndolo, no acepta la reparación propuesta, se sigue el criterio de la punición (negociar la reducción o el contenido de la pena, implica de por sí, aceptar este criterio).
yo qué sé…bajando por Rufini, nadie compra o no un arma de fuego por lo que diga el Código del Proceso.
Se habla y se tertulea mucho sobre el Código, que es parte de la agenda política, y no se analizan lo que genera los goteos y las cataratas.
Pero para eso hace falta tertulias del siglo XXI y no del siglo XIX. Por más floridas que sean.
Se llega o no se llega al hueso. Y eso no es tan difícil, pero hay que salir de la retórica e ir a la imaginación sociológica.
Y para llegar al hueso hay que salir de la agenda mediática. Y eso no es responsabilidad de los medios de comunicación.
La ley -su hondo e imprescindible espíritu de impartir Justicia-, el sistema todo que le sustenta, si no es percibido socialmente como equitativo y por ende respetable o por lo menos, aceptable; erosiona un cimiento fundamental de la norma que rige la convivencia.
Se pueden entender los fundamentos técnicos del nuevo código -soy lego en la disciplina-, y aún así tener la sensación de que falla.
Si el código no resulta creíble a muchas o pocas personas -no se cuántas- que al fin, somos quienes somos pasibles de su uso y efecto, puede suceder que la ley sea sentida como una enemiga.
Y tampoco es que el viejo código fuera gran amigo de la justicia -al revés-, si parece obvio que hay trabajo pendiente y urgente sobre el nuevo código y su aterrizaje seguro sobre la ciudadanía.
El sistema político todo ha discutido sobre el CPP desde siempre. El viejo Código de Instrucción Criminal es de fines del SXIX y fue retocado, deformado y finalmente «pasado en limpio»….. En plena dictadura 1980.Aun así sufrió retoques, si las»penas alternativas» si o no, si la»prevención sin presión» era una facultad o un deber del Juez etc etc A partir de 1998 (lo digo de memoria xq no tengo el texto a mano) empiezan los intentos de»modernizar»el CPP siguiendo la tendencia que en 1989 reformó (no sin pánicos variados) el proceso civil que fue muy bueno y que recientemente fuera «re reformado» por ley 19090. Pues bien, por un lado, la resistencia del PJ de «perder»el dominio del proceso penal a manos de la Fiscalía.Por el otro, la estructura del proceso introduciendo a la víctima como parte, cosa de por sí muy buena. Pero, fuera de los modos de evitar el»juicio» está el problema de fondo: el acuerdo Fiscal – reo (termino usado aquí x practicidad) a mi modesto entender mezcla lo que sugirió Grompone (delito y pena o daño y reparación) .Si seguimos así como dijo recientemente el mejor penalista del Uruguay «se acabo el Derecho ahora se regatea» Y creo que tiene razón. Si a eso unimos el sistema carcelario que – con esfuerzos encomiables – sigue siendo una «universidad Dell crimen» y no se eli mmmm na de una buena vez la corruptela que permite entrar drogas, celulares y hasta armas….. No habrá CPP ni Fiscales ni víctimas «resarcidos» que reeduquen al delincuente,pero sobre todo NO HABRA CONFIANZA EN EL SISTEMA TODO, lo que significa un fallo mayúsculo y un daño irreparable a la institucionalidad democratica.
Disculpas, pero olvide mencionar lo que faltaba en este tema: la policía. A juzgar x el reciente reportaje a SGuarteche (desconozco si representa el sentir general del cuerpo,) y a la luz de los primeros fogonazos de 2017 entre Fiscales y Policías que obligaron a retoques legislativos desordenados, se completa el cuadro de dificultades: articular los institutos judicial (juez y fiscal) con el policial es una asignatura pendiente.