Por Emiliano Cotelo ///
Entre un gobierno electo que llega y otro que se retira transcurre un largo verano que llamamos transición. Ese período, que esta vez comenzó con la proclamación de Luis Lacalle Pou como ganador del balotaje, el 29 de noviembre, es un intermedio que se extiende, con paso de tortuga, hasta el 1º de marzo. Puede durar tres meses, como ahora, o cuatro, si el presidente se define en la primera vuelta.
Es muy largo. Y puede ser muy ruidoso, como estamos viendo.
Mientras el equipo saliente adopta sus últimas decisiones y el entrante hace anuncios y muestra sus primeros nombres también asistimos a algunas polémicas riesgosas entre las dos partes.
En estos días, como otros medios y periodistas, aquí, En Perspectiva, abordamos esos debates. Y mientras lo hacíamos me puse a pensar que en Uruguay falta algo.
Pese a que en este país sobra vocación regulatoria y vivimos envueltos en una cantidad enorme de normas, no existe un procedimiento determinado que rija la transición de un gobierno al siguiente.
Y como tenemos ese bache, pasan las cosas que hemos visto últimamente.
Tiroteos
En la mañana del 2 de diciembre, Tabaré Vázquez y Lacalle Pou mantienen una reunión cordialísima en la Torre Ejecutiva en la que superan enfrentamientos del pasado. Nos ilusionamos con que el trabajo que se pone en marcha será armonioso. Pero esa sensación dura un rato, nada más. Después del mediodía, las futuras autoridades cambian el talante y se muestran ofendidas al enterarse de una declaración del ministro de Industria, que confirma que no habrá ajuste de las tarifas en enero. Denuncian “una viveza” política y falta de responsabilidad. Desde el oficialismo responden que se está haciendo lo que la oposición reclamó tantas veces cuando llegaba fin de año. La gente de Lacalle Pou replica que una decisión como esta, por su impacto fiscal, debería ser conversada con el gobierno electo. Y desde el Frente Amplio (FA) retrucan que no existe cogobierno sino un solo gobierno que tiene derecho a gobernar hasta el último día.
Parece que las dos partes tienen algo de razón. Cada una de las dos hinchadas vocifera y alienta a los suyos. Pero…¿dónde está escrito de qué manera deben resolverse estos contenciosos?
Paralelamente, la vicepresidente Lucía Topolansky dice: “Estamos haciendo las cosas con una prolijidad envidiable (…) Los informes que se van a presentar en todos los ministerios y el Poder Legislativo son un abismo al lado de los que le presentaron al gobierno entrante en 2005…” Y acá surgen otras preguntas: ¿Por qué Topolansky destaca algo que es lo que corresponde? ¿La prolijidad y la transparencia no deberían ser la norma? Y, por otra parte, ¿fue, efectivamente, deficiente, la base de datos que entregó Jorge Batlle al final de su mandato? ¿Quién evalúa la calidad de estas carpetas que se preparan para los sucesores? ¿Y cómo sabemos que la documentación que prepara el FA es realmente de “una prolijidad envidiable”? ¿Cuáles son los stándares en esa materia?
A todo esto, el equipo de Lacalle Pou insiste en que llevará a cabo auditorías, no en plan “caza de brujas” en busca de irregularidades sino porque necesita un piso firme para apoyarse en el comienzo de su gestión. Eso es lógico. Pero también los que se van deberían estar interesados en que se pasara raya con rigor y seriedad. Incluso, agrego, nosotros, los que votamos a unos o a otros, necesitamos saber cómo están las cosas al último día de febrero. Por eso, otra pregunta: ¿Cuál debe ser la profundidad de las auditorías? ¿Cómo nos garantizamos la máxima cristalinidad?
La herencia maldita
Y, de paso, agrego otra preocupación muy personal: ¿cómo desterramos la tentación de los que están llegando de ampararse en “la herencia maldita”? El FA pasó varios de sus 15 años de gobierno utilizando ese tipo de argumentos para atenuar su responsabilidad en algunas situaciones. Y ahora, en estas semanas después de la segunda vuelta hubo voceros de la coalición multicolor advirtiendo que van a recibir “la casa en desorden” y en una situación más agravada aún por la conservación de las tarifas. ¿Esta costumbre es parte del ritual sacrificial que tenemos que aceptar cada vez que hay alternancia política? Yo digo que no. De ninguna manera.
A regular
En fin. Volviendo a esa regulación que falta…Creo que debería estar claro de antemano quiénes, cómo y cuándo deben intercambiar información sobre las cuestiones del interés común que hay que encarar en este trimestre tan particular. Además, podría, eventualmente, obligarse al gobierno en funciones a consultar con el electo para resolver sobre algunos, pocos, temas muy sensibles. Y debería ser ineludible la realización de inspecciones a fondo, con su método y su alcance bien nítidos, para registrar cómo se encuentra el Estado en el momento del pase de la posta.
Miren que no estaríamos innovando demasiado… La transición está regulada en varios países del mundo. Con variantes, por supuesto, por ley o por decreto, existe, por citar algunos casos, en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil.
Se supone que, una vez expresada la voz popular, ya conformado el Parlamento y electo el nuevo Presidente de la República, hay que “volver a las cosas” con el panorama lo más despejado que se pueda. El hecho de que para la transición entre gobiernos no exista una mecánica establecida, escrita, pública y sujeta a contralor, menoscaba la eficacia del sistema. Y lleva a que en algunos momentos parezca que seguimos en plena campaña electoral.
Hoy, las dos coaliciones, la aún gobernante y la vencedora, tienen liderazgos avezados. Ellos saben que es urgente desmontar cuanto antes, y cada día, esa cultura de confrontación ideológica que envenena a la sociedad y al sistema político con simplificaciones y caricaturas burdas (“fachos” y “focas”), mientras la complejidad de los problemas reales nos desborda por todas partes.
Los dirigentes de una vereda y de la otra cargan con la responsabilidad de fortalecer o debilitar la credibilidad de todos los políticos, de todos los partidos. Y los formadores de opinión, de menor o mayor calibre, tenemos que hacer todo lo necesario para que la transición no termine en ebullición.
Dentro de cinco años
Ya no es de este mundo una transición como la nuestra: estirada en sus plazos, ambigua en sus procedimientos y corta en sus pretensiones y alcances examinatorios. Habría que acortarla, pero eso requeriría una reforma constitucional y, por lo tanto, enfrentaría algunas dificultades. Pero tal vez la abreviación no sea imprescindible si, en cambio, señalizamos nítidamente cómo debe recorrerse esta etapa y, así, la sacamos de la política mezquina. Esta reglamentación es posible y realizable. ¿Por qué no nos la proponemos como objetivo para la próxima?
***
En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 13.12.2019
***
