Fiscal de Corte aseguró que no se incautará el celular de Ignacio Álvarez ni se allanará su domicilio

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

El fiscal de Corte, Juan Gómez, aseguró este martes que no se incautará el celular del periodista Ignacio Álvarez ni se allanará su domicilio mientras la justicia penal investiga si el comunicador cometió un delito al divulgar audios grabados durante los hechos del 23 de enero que una joven denunció como un caso de violación.

Gómez recibió el lunes a una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que había solicitado la audiencia luego del allanamiento que la fiscal ordenó el viernes pasado en la radio Azul FM y la vivienda del conductor del programa La Pecera. 

En conferencia de prensa luego de la reunión, el fiscal de Corte aclaró que con el operativo policial “de modo alguno se estaba intentando vulnerar fuentes” periodísticas y destacó que no se llegó a cumplir con las medidas de allanamiento, ya que solo se obtuvo el audio de dos programas periodísticos, entregado por la dirección de la emisora:

“Esa medida no se cumplió, no se habrá de cumplir, no hay ninguna razón a esta altura de los acontecimientos para que ningún periodista pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo, que sin dudas lo puede ser el aparato celular”.

El jerarca indicó que la fiscal a cargo del caso, Mariana Alfaro, “consideró luego innecesarias las medidas que había impulsado”, en referencia a los allanamientos.  Resaltó la «gran honestidad intelectual» de Alfaro, de quien dijo que cuando ordenó las medidas «no analizó, y es un obrar humano, que podría vulnerar otros derechos que no fueron vulnerados en forma alguna».

Por su parte, el dirigente de APU Luis Curbelo dijo luego del encuentro con el fiscal de Corte: “Gómez nos repitió enfáticamente que este tipo de procedimientos no se va a volver a aplicar en ningún caso que involucre algún tipo de investigación periodística”.

 

La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Agustín Iturralde y Valentina Perrota.

 

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Candela Stewart

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2 Comentarios

  • Ya tanto el fiscal general como la fiscal que pidió el allanamiento dijeron que fué un exceso. Si quieren juzgar a Álvarez por pasar esos audios, no precisan más prueba que la propia difusión. Al tipo que compartió el video ya se lo acusó de haberlo hecho y ese juicio está en marcha. Todo esto está muy bien, aclaro. Y no porque haya una mujer. Un video de sexo (o de cualquier situación propia de la vida privada) debería ser igual de ilegal divulgarlo sin el consentimiento de TODAS las partes que allí aparecen.

    Creo que hay como una sobreactuación con todos estos temas de las leyes llamadas ¨de género¨. Todo aquél que entiende en un caso así tiene como la necesidad de mostrar ¨mano dura¨, so pena de que se lo tilde de ¨defender el patriarcado¨. Ya vimos hace poco el lío que se armó con ese profesor que querían destituir por una denuncia de acoso sexual. Sus propias colegas mujeres salieron a aclarar que las habían presionado al dar testimonio para que declararan en contra del profesor. Porque la sociedad hoy en día no está preparada para pensar en clave de presunción de inocencia ante una denuncia de este tipo. Alguna gente por convicción y otra por miedo al escarnio público actúan para corroborar prejuicios y generar castigos ejemplarizantes.

    Hay dos varas para medir la violencia. Piensen en el chico que golpearon en Pinares. El padre tiene que irse de la casa que alquiló porque el tipo sigue amedrentándolo y presionándolo para que se vaya. Nadie consideró del caso darle prisión preventiva o por lo menos ponerle una tobillera y obligarlo a no acercarse a la familia denunciante mientras legítimamente esté vacacionando en la casa que alquiló. Si esa agresión la hubiera sufrido una mujer, no hay dudas de lo que hubiera hecho la justicia. En este caso la culpabilidad está ya admitida públicamente por el propio agresor (que sin embargo no cree que lo que hizo est´e mal y se cree ¨ gente de bien¨). No hay siquiera dudas sobre lo que objetivamente hizo, pero se lo deja porque pegarle a un hombre no es algo grave si no lo mató o lo dejó en CTI. Algo me huele a injusticia en este doble rasero.

  • Comparto la opinión de Leonardo, además agrego que la presunción del «error» de un acto no necesario por parte de un fiscal me parece una actuación pésima,porque demuestra el uso desmedido, arbitrario, es la discreción del Estado actuando con exceso, esto es preocupante que no tenga consecuencias para quién las comete.
    Es claro que errar es humano, pero hacer uso de la potestad discrecional innecesariamente , que la ley le otorga es abuso a mi entender.

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