Oficialismo aprobó en comisión reparación para víctimas de grupos políticos armados
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó, solo con votos oficialistas, un proyecto de ley para reparar a las víctimas de grupos políticos armados que operaron en Uruguay entre 1962 y 1976.
De esta manera, el texto será tratado después de Semana de Turismo en el plenario de la cámara baja, donde es un hecho que saldrá adelante porque, luego de los cambios introducidos en los últimos días, la iniciativa cuenta con el apoyo de todos los partidos de la coalición. Luego deberá volver al Senado, donde se había aprobado sobre fin de año, para que se avale la nueva redacción.
El proyecto, promovido desde el Poder Ejecutivo, es una de las prioridades de Cabildo Abierto a nivel del Parlamento.
En el articulado ahora aparecen los montos que el Estado pagará por la reparación, en una escala que depende del daño que haya sufrido la víctima, algo no contemplado en el proyecto original, que dejaba librado este asunto al decreto reglamentario.
El diputado Ope Pasquet recordó ayer que “se han hecho muchas leyes para reparar a grupos de víctimas”. Este, agregó, “es un eslabón más en esta cadena de esfuerzos de la democracia uruguaya para cerrar las heridas de un tiempo muy doloroso en la vida del país”.
El Frente Amplio no acompañará la iniciativa. Hablando con La Diaria, el diputado del MPP, Mariano Tucci, dijo entre otras cosas que “en el proyecto hay una flagrante violación del principio de igualdad” al prever montos para la reparación “sustantivamente” superiores a los que establece la Ley 18.596, de 2009, de compensación a víctimas del terrorismo de Estado.
La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Diego Irazábal, Gloria Robaina y Esteban Valenti.
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3 Comentarios
Que interesante eso de que yo hablo con autoridad porque lo viví, sin duda la experiencia vital de cruzar un tiempo es importante, otra cosa es que tal autoridad se erija por encima de los que no lo vivieron o los inhiba directamente; yo no crucé el Rubicón con Julio César ni vi arder a Giordano Bruno…capaz me tenga que callar entonces.
Y aquello primero de negar, de ocultar después es de vida corta, luego hay que disfrazar, si no resulta se intenta disimular y como decía doña Legrand «que el público se renueva» nunca falta entonces el intento de reciclar (porque si no gusta y tampoco conviene y anda con el traste sucio) hay que reciclar la historia.
Vaya uno a saber porque el todopoderoso olvido cede su gobierno a la memoria cuando las cuentas siguen pendientes, como pendientes siguen de sepulcro digno y duelo unos huesos que llevaban carne encima y además también llevaban alma y abrazos y padre y madre e hijos…
Entre los pendientes está el Nunca Mas, el asunto elegido para hablar en la tertulia pasa ahora en la sociedad por otro capítulo de intento político de reciclaje histórico y no es por la plata que es lastimoso, es por entre muchos y por ejemplo, por doña Luisa Cuesta que se fue sin saber.
Disculpen, pero esta es una de las tantas cosas que en el Uruguay de hoy no logro entender. ¿El Estado uruguayo tiene que indemnizar a los familiares de las víctimas de una organización revolucionaria? ¿Porqué? ¿Cuál es el principio general por el cuál eso debería ser así? ¿Indemniza el Estado a los familiares de los asesinados que a diario tenemos en la crónica roja? Creo que no les corresponde ni más ni menos que a familiares de quienes hayan muerto en un atraco por esos años. Ojalá eso fuera así, porque el Estado falla en cuidarnos del delito cada vez que alguien sufre un delito. Pero me temo que con ese criterio no alcanza el presupuesto nacional para indeminizar a la población. Si alguien me puede explicar en qué el Estado fue más responsable de esos delitos que de los delitos comunes, creo que podría por lo menos considerarlo.
Puedo entender lo de indemnizar a las familias de las víctimas del terrorismo de Estado porque eso lo hizo deliberadamente el Estado empleando sus medios. Puedo también entenderlo para familiares de policías o miliatares que cayeron cumpliendo órdenes, siempre que estas fueran legales y siempre que eso no distinga entre el policía que cayó en un tiroteo con los tupas y el que cayó en un tiroteo con un ladrón.
Lo peor de todo es que esto se hace probablemente como una operación simbólica. El igualar el estatus de unos y otros crímenes es el objetivo, porque la gente normalmente piensa que hechos que se tratan como iguales son iguales. Con esta operación se igualan crímenes cometidos por gente que quería subvertir el orden institucional y gente que estaba rentada por el Estado para defender ese orden.
Parece como si la gente discutiera desde el «pathos» y el «ethos» y que los principios generales ya no le importaran a nadie. Cada día falta más «logos» en el debate político uruguayo. El debate de hoy sobre este tema en la tertulia es de una visceralidad que da miedo. Por cierto, el hostigamiento de Robaina a Couto y Valenti, desautorizándolos para opinar e impidiéndoles decir lo que ella no aceptaba escuchar fue inquietante. Por cierto, si un hombre adoptara esa actitud contra dos mujeres, sé perfectamente de qué se lo acusaría. El «ethos» y el «pathos» le dan privilegios en la sociedad de hoy que el «logos» no podría justificar.
Yo tampoco soy partidario, en principio, de que el Estado indemnice a personas que fueron víctimas de acciones terroristas de particulares. Esa indemnización, si acaso, corresponde que las víctimas o sus deudos la reclamen a quienes fueron causantes de los daños. Sin embargo, dado que dudo de la capacidad de éstos en responder a los eventuales reclamos, atendiendo al extenso tiempo transcurrido, y pensando que también el Estado es responsable por la seguridad de los habitantes de nuestro país, puede ser de recibo que le corresponda indemnizar por esa causa, si antes no se lo ha hecho. El monto no debe ser lo esencial; dicen que las cifras propuestas las tomaron de un proyecto de Tabaré Vázquez en su primer gobierno. Para mí, discutir por tanto más o tanto menos es bastardizar el tema, como si se tratara de un regateo comercial. Lo importante debe ser que se recuerde la ocurrencia de esos hechos, de los cuales hasta ahora no se ha ocupado el discurso político.
Y atento a que hay quienes señalan que también hubo víctimas de acciones de grupos de derecha, hay que formular un par de observaciones.
Primero, que las tales organizaciones, si bien existieron y cometieron tropelías, no tuvieron ni de cerca el alcance de los grupos subversivos de derecha. Hay que tener presente que, en nuestro medio, proclamarse de derecha nunca estuvo bien visto; especialmente luego de la segunda guerra mundial. Por ejemplo, recuerdo que los pachequistas en la campaña electoral de 1971 decían que su gobierno era de izquierda, y citaban como ejemplos la congelación de alquileres, las suspensiones de lanzamientos o la cantidad de tierras expropiadas para el Instituto de Colonización.
En segundo término, el objetivo de esas organizaciones siempre fue contrarrestar la influencia que hacían los grupos de izquierda, pero nunca propusieron alterar nuestro sistema de gobierno republicano democrático como sí lo hicieron las agrupaciones de izquierda. Por ejemplo, la JUP iba dirigida contra los grupos que se movían en el ámbito juvenil y de estudiantes (UJC, FER 68, etc.). Cuando en 1971 el MLN-Tupamaros se largó a reclutar personas comunes en los Comandos de Ayuda a los Tupamaros (CAT), apareció para contrarrestarlos otro grupo con la sigla CCT (Comando Caza Tupamaros). Y cuando la dictadura se instaló y se afianzó, que esas agrupaciones podrían haber «hecho su agosto», en lugar de ello dejaron de actuar: su objetivo había desaparecido. En cambio, la izquierda nuestra siempre renegó de nuestro sistema de gobierno y abogó por implantar un régimen como el que impuso Fidel Castro en Cuba; ése era su ideal. En lo que diferían era en la forma de llegar al mismo: desde ir ganando espacios dentro de las posibilidades de nuestro sistema (estrategia del Partido Comunista), hasta los grupos de «acción directa», que fueron el MLN y otros de menos trascendencia (OPR 33. ROE, etc.)
En fin; si alguien pretende que se indemnice también a víctimas de organizaciones particulares de derecha, puede atenderse el reclamo. Lo que no es admisible es despreciar los reclamos de las víctimas de agrupaciones de izquierda, ni tampoco ocultar las mismas por conveniencia política o ideológica.