Senado aprobó el Código de Ética en la Función Pública
En las últimas semanas del año se logró en el Parlamento un acuerdo multipartidario para tratar varios proyectos vinculados con el combate a la corrupción.
El miércoles pasado el Senado dio media sanción por unanimidad a un Código de Ética en la función pública que regirá para los empleados de personas públicas estatales y no estatales, y para los representantes del Estado en instituciones públicas que operen en el derecho privado.
El proyecto define a la corrupción como “la oferta que realice una persona física o jurídica a un funcionario público, de un beneficio de cualquier especie, para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas”.
Entre otras disposiciones el texto prohíbe a los funcionarios “intervenir por razones de parentesco” en los procedimientos de contratación administrativa; fija un plazo para que los funcionarios que “culminan su actividad en la administración controladora no pasen automáticamente al ente controlado” e incluye el “deber de rendición respecto de los gastos en los que se incurriese en el uso de tarjetas de crédito corporativas”.
Además, oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo para impulsar otras normas vinculadas a la función pública. Hoy por ejemplo será votado en el Senado un proyecto de ley presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry que crea el delito de enriquecimiento ilícito.
La Mesa de los Miércoles con Hoenir Sarthou, Gabriel Mazzarovich, Verónica Piñeiro y Fernando Scrigna.
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4 Comentarios
Veo en diferido lo expuesto en la mesa con cierta incredulidad; parece increíble que el Senado – sin duda bien inspirado – proponga este texto sin hacer una mínima autocrítica. La transparencia y la ética deben tomar ejemplo de la caridad, que comienza por casa.
Por lo que escuché me inclino por la posición de Hoenir, pero agregaría lo siguiente. Adjunto algunos parrafos de un ensayo que me propongo publicar en enero; hacen específica mención a ello.
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j) Responsabilidad en el Parlamento. Un buen comienzo sería replantear, sin concesiones, el estudio de los privilegios adquiridos – auto concedidos – en las últimas décadas por los políticos. Es posible, democrático, republicano, transparente y ético. Reivindica el elemental sentido común. Veamos el combo legislativo mínimo de probidad que podemos exigirles a nuestros representantes:
Licencias parlamentarias: Volver a las fuentes, regresar con mínimas modificaciones a la ley 10.618 de 1945, por la cual se reguló el tema. Las licencias serán por misiones oficiales, enfermedad o si la pide el partido. Ley justa, criteriosa y equilibrada. Conceptualmente legal, legítima y ética.
Descartar lo aprobado en 1993, licencias “por motivos personales”, un despropósito. Si desean mantener motivos personales, que sea sin goce de sueldo. A nadie en su sano juicio se le ocurre dar licencias por motivos personales sin justificar. Votamos por un legislador para que cumpla su mandato, y pagaremos sólo por uno – el titular o el suplente. Lo otro es abuso de confianza y de funciones. Legal porque lo votaron, pero ilegítimo y no ético. Patético.
Partidas parlamentarias adicionadas al sueldo: Es sabido y reconocido que es un atajo para suplementar el sueldo básico, ya razonablemente alto. Las partidas de a) Representación, b) Prensa, c) Secretaría y d) Celulares y otras eventuales deben cesar o recortarse al máximo. Y de paso, con comprobantes. Cualquier similitud con las tarjetas corporativas es mera coincidencia…
El pago, ¿por el cargo o la función? El ejemplo del Ministro que opta por cobrar su sueldo como legislador es un artilugio que la ciudadanía no merece. Detalle menor demasiado significativo. Prueba de la confusión que tienen entre legal, legítimo y ético. Tipo “Cómo te digo una cosa hago la otra”.
El pago de cargas sociales de secretaría: Que en el parlamento hubieran deudas con el BPS es un escándalo. No pasó nada. Demasiados involucrados. Barren debajo de la alfombra. El descontrol institucionalizado.
Pases en comisión. Secreto a voces. Guste o no, se abusa: nepotismo, amiguismo, “compañerismo”. Mal de muchos, consuelo de inescrupulosos.
Subsidios al cesar la legislatura. Imposible digerir que una institución, que firma un contrato a término por 5 años – con fecha de vencimiento precisa – siga pagando un suculento estipendio durante un tiempo extenso. Nos toman el pelo. Máximo, reconózcanse dos meses con un solo sueldo mínimo nacional. Y no es de recibo que “eso no mueve la aguja” como supo decir alguno.
Subsidios al renunciar en medio de la legislatura. Una duda adicional: ¿Es proporcional al tiempo trabajado?
¿Cómo han sucedido estos desvíos? Simple, fue una época – ¿que hoy se pretende superar? – sin transparencia ni control. Más simple, porque los propios interesados estaban – están – a ambos lados del mostrador. No tuvieron noción de la RSE, RSC o la RSIP. Es tiempo de revisar errores y reencaminarse. Sin versos, con acciones.
“Quo vadis” es la inagotable interrogante que interpela y desafía la inteligencia de las naciones. En nuestro caso persiste la duda: ¿Cómo se establece y cuál es la relación entre los ciudadanos y sus representantes en el quehacer de la república? ¿Hasta dónde delegamos potestades y en cuales áreas y casos no debemos ni queremos delegarlas a los gobernantes? De esto trata la cuestión.
La responsabilidad, transparencia y ética que impere de aquí en más en el Parlamento darán la pauta para saber si vamos por el camino correcto o seguimos desorientados. Es la “prueba del nueve” a aplicarle a los políticos. De ello depende que se recupere la confianza en la política, hoy lamentablemente cuestionada.
Adjunto notas que vale la pena consultar; hay muchas más. Avalan todo lo dicho. La desvergüenza nacional:
http://www.busqueda.com.uy/nota/en-lo-que-va-de-la-actual-legislatura-los-diputados-tomaron-3544-dias-de-licencia-extra-36-dias
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/editorial/licencias-y-suplencias-de-parlamentarios-y-la-transparencia/
http://www.elpais.com.uy/informacion/diputados-admiten-partidas-otros-fines.html
La copiosa integración del Parlamento uruguayo (I), Zoom Politikon, Daniel Chasquetti Montevideo Portal, 24.03.2015
El audio no corresponde a la mesa del miércoles.
Estimados,
Estoy 100% de acuerdo con Hoenir, técnicamente no había necesidad de sancionar 1 ley de estas características porque el derecho positivo ya existía.
Lo que si creo es que el Parlamento con la sanción de esta ley puso una mise en scene de modo de justificar su pasividad y abulia ante los actos de corrupción de pública notoriedad.
Insisto ya exisitia un cuerpo normativo y debió realizarse más de un juicio político.
Saludos
El Sr. Mazzarovich es un cara dura importante: ¿resulta que la corrupción es culpa exclusiva de los privados? ¿Y la URSS por qué se vino abajo entonces? ¿O piensa descaradamente negar la corrupción que imperaba en ese régimen burocrático? ¿O en sus satélites?