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Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
NACIONALES
Un informe de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) indicó que, durante este mes, unos 7.800 alumnos faltaron a clases y unos 1.000 docentes no están concurriendo a impartirlas. La razón es la ola de casos de gripe.
Los datos, divulgados ayer, fueron presentados por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, a partir de los relevamientos de las inspecciones departamentales.
La mayor cantidad de casos de ausentismo, unos 6 mil, se observó en Montevideo, seguido de la zona fronteriza: Salto, Paysandú, Rivera y Cerro Largo.
La más afectada fue la región Centro de Canelones, donde faltaron a clases el 16,5% de los alumnos. Le sigue Rio Negro (15%), Treinta y Tres (14%) y Flores (12%).
La mayor cantidad de casos se produjo entre los niños de educación inicial, de entre cuatro a seis años, y en la franja de 9 a 12 años de edad.
Entre los docentes, en Canelones Centro y en Río Negro se observó un ausentismo del 11%.
La ANEP aseguró que hasta el momento no hubo inconvenientes para cubrir las correspondientes suplencias y que, hasta ahora, no se discute adelantar el período de vacaciones de invierno.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ordenó archivar las solicitudes de reconocimiento universitario de carreras de Formación Docente presentadas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) porque resultaba “incompleta e inconsistente” la documentación aportada por el Consejo de Formación en Educación (CFE).
Según la resolución del MEC, firmada por el ministro Pablo da Silveira y publicada ayer por La Diaria, las solicitudes de reconocimiento de nivel universitario archivadas —referidas a las carreras Maestro de Primera Infancia, Maestro de Educación Primaria y Profesor de Enseñanza Media— contienen información insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos formales requeridos legalmente.
La decisión también fue notificada al Consejo Directivo Central de la ANEP y al CFE..
Fuentes políticas del MEC consultadas por Búsqueda explicaron que las carreras de formación docente presentadas por ANEP “no pasaron ni a la primera etapa de evaluación”. En consecuencia, ni siquiera llegaron al Consejo Consultivo de Formación Universitaria en Educación, ámbito encargado de estudiar las solicitudes de las carreras presentadas por las instituciones para que el MEC proceda o no a reconocerlas.
Según indicaron los informantes, existe molestia entre las autoridades de la cartera ante lo que califican como “inoperancia” de Formación Docente en este proceso. La decisión de archivar, relataron, se tomó tras más de un año de “idas y vueltas” en el que estuvieron solicitando “más documentación” sin lograr resultados. Durante ese tiempo, los funcionarios del Área de Educación Superior del MEC intentaron resolver los problemas de la información que recibían.
Si más adelante ANEP hace una presentación “adecuada” de sus carreras, el ministerio desarchivará las solicitudes y continuará el proceso.
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República dispuso la creación de un “comité de expertos” para que lo asesore sobre el funcionamiento del Consultorio Jurídico de esa institución.
Según la resolución aprobada esta semana, ese grupo recomendará las “mejoras prácticas en materia de atención a consultantes del consultorio jurídico de la facultad”, y en particular realizará aportes sobre una serie de aspectos, entre ellos:
- "Requisitos de admisión de casos, teniendo en cuenta los puntos indicados por el Consejo de Abogados del Uruguay" en una nota que la facultad recibió el 9 de mayo.
- "Condiciones para admitir casos de interés académico".
- "Condiciones y formas de comunicación mediática de casos por parte de docentes actuando en ejercicio de su función en la Facultad de Derecho".
El diario El Observador, que da esta noticia hoy, agrega que en las últimas reuniones del Consejo de la Facultad de Derecho varios integrantes manifestaron reparos a la actuación del Consultorio Jurídico, sobre todo a partir del alto perfil mediático que éste tomó con la defensa de Romina Papasso y otros denunciantes del exsenador Gustavo Penadés.
En la resolución se designó como miembros del comité de expertos al exdecano Alejandro Abal Oliú, el exdocente Rafael Biurrum y el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie van Rompaey.
El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi declaró a mediados de mes como víctima ante la fiscal Sandra Fleitas, por la investigación sobre la denuncia falsa que, en su contra, había presentado una mujer trans, Paula Díaz.
El Observador informa hoy que Fleitas también tomó declaración al senador Alejandro Sánchez (MPP) y al expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. En los próximos días declarará el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
Fleitas busca determinar si, además de Díaz y de Romina Papasso, hubo más personas detrás de la denuncia falsa contra Orsi.
La fiscal general interina, Mónica Ferrero, amplió ayer la investigación de urgencia que ordenó la semana pasada para esclarecer de qué modo se filtraron los chats entre Gustavo Penadés y Pablo Iturralde.
En esas conversaciones, divulgadas el jueves pasado en Búsqueda, Iturralde se jactaba de haber incidido en la designación de la fiscal que debía investigar las denuncias contra el ex senador por abuso sexual de menores. Su difusión provocó la renuncia de Iturralde al Directorio del Partido Nacional.
Basado en fuentes de fiscalía, El País informa hoy que la ampliación definida por Ferrero se basa en que, a raíz de la indagatoria urgente determinada el jueves pasado, surgieron elementos que vuelven necesaria una investigación administrativa a fondo.
Lo que se busca determinar, además de la filtración, es si hubo un arreglo irregular para lograr que el caso, tal como sucedió, recayera en la fiscal Alicia Ghione. Si se concluye que existieron irregularidades, serán derivadas a una fiscalía penal.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación ante la inminente aprobación de la nueva ley de Medios.
A través de un comunicado, esa entidad dijo compartir una serie de inquietudes expresadas anteriormente por otros organismos locales e internacionales, y advirtió que la promulgación del proyecto “podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana”.
Sobre la nueva ley también se pronunció ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que rechazó la “regulación sobre los contenidos” de los medios audiovisuales que se incluye en el texto
La SIP reparó en el artículo 72 del proyecto, incluido a instancias de Cabildo Abierto, que establece que los servicios regulados por la ley “tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Según la SIP, “esta imposición a los medios audiovisuales y a sus periodistas” ¡es inadmisible”, limitaría y lesionaría el derecho a la información de los ciudadanos y “constituye un flagrante ataque a la libertad de expresión en todos sus alcances”.
El proyecto tendrá la semana que viene la última etapa de su trámite parlamentario. Al respecto, la SIP recordó que la Cámara de Diputados solo podrá aprobar o rechazar todo el texto, sin posibilidad de modificarlo parcialmente, por lo que señaló que el artículo en cuestión “solo puede ser anulado por veto del Poder Ejecutivo”.
Carolina Cosse dijo ayer que no la van a “distraer” con las “dudas” expresadas en la interna sobre si el Frente Amplio puede ganar las elecciones nacionales con ella como candidata a la presidencia.
Al participar en el ciclo de Desayunos con los candidatos organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Cosse fue consultada ayer varias veces sobre las objeciones señaladas en los últimos días por José Mujica y Lucía Topolansky.
Al tener que responder, la precandidata se refirió a problemas como la seguridad pública, la salud mental o el alto índice de suicidios en el Uruguay. Esas, dijo, son las preocupaciones que tiene el país, para cuya solución, aseguró, es necesaria la unidad del Frente Amplio.
“No porque esto sea un club de amigos…sino porque son “un partido de proyecto, y lo importante es eso. No me cabe la menor duda de que todos nos vamos a encontrar detrás del que gane o la que gane el 30 de junio. Somos así. Somos militantes maduros, que ponemos por delante el problema, no el individuo. No me voy a distraer. Seguiré abrazando el entusiasmo y la esperanza y vamos a seguir metiendo con todo para poder transformar al Uruguay”.
Dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, y del Nuevo Espacio, que respaldan la candidatura de Cosse han salido al cruce de Topolansky y Mujica, acusándolos de romper con el clima de unidad en la campaña.
Ayer por ejemplo, el dirigente del Nuevo Espacio Pablo Ferreri, escribió en X. “Tenemos que imprimirle más Seregnismo a la campaña interna, pensar en la mañana siguiente. Porque el 1 de Julio gane quien gane, nos vamos a precisar todos para lo más importante, que es darle al Uruguay un gobierno del Frente Amplio. Tenemos tres candidatos buenísimos, no es necesario sembrar dudas sobre los demas para justificar nuestra opción”.
Por su parte, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, señaló ayer que Topolansky y Mujica "se están equivocando" con Cosse y anunció que planteará que el tema se discuta "orgánicamente". Castillo consideró "preocupante" que sean "líderes" quienes cuestionan a la precandidata. “Por ahora" no vamos a "entrar", pero "todas las cosas tienen un límite", dijo.
El presidente del FA, Fernando Pereira, en tanto, dijo que “trabaja” para que “las desavenencias no escalen”, y pidió resolver estas diferencias en la interna. Pereira aseguró que conversará del tema con Topolansky.
El ex presidente José Mujica y su esposa Lucía Topolansky vienen sosteniendo que el triunfo del Frente Amplio (FA) en las elecciones nacionales puede estar en duda si la candidata de la coalición de izquierdas es Cosse. Topolansky había sido consultada el martes en Radio Universal, y citó encuestas que muestran un escenario más favorable para el FA con Orsi como candidato. Allí enfatizó que Cosse no tiene “llegada” en la población del interior.
"Porque hay un modo de hacer política que es muy montevideano y el país no termina en el Río Santa Lucía. El país va hasta allá, hasta San Javier, hasta Javier de Viana, hasta Pirarajá, hasta Laureles. Hay mucha cosa en este territorio. Es muy diverso", añadió.
Topolansky también cuestionó la escasa capacidad de diálogo de Cosse, que a su juicio hizo que fracasara en la Junta Departamental de Montevideo un fideicomiso que la Intendencia de Montevideo procuraba para desarrollar obras de saneamiento y limpieza.
En los mismos términos se ha expresado Jose Mujica, quien sostuvo que Cosse “es buenísima pero no le gana a los blancos". “No la bancan en el interior, y perdimos las elecciones (en 2019) por el interior", sostuvo el ex presidente.
La jueza de Familia de séptimo turno, Lilián Elhorriburu, dispuso ayer el cese de las medidas cautelares que se le habían impuesto al diputado frenteamplista Gustavo Olmos, denunciado por acoso sexual y laboral por su suplente, Martina Casás.
Desde el pasado 12 de diciembre Olmos tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de Casás. Esa restricción quedará sin efecto a partir del 6 de junio.
La jueza desestimó un pedido del patrocinante de Casás, Juan Raúl Williman, de extender las medidas cautelares. Casás apelará el fallo ya que pretende que las restricciones se mantengan hasta noviembre, para evitar coincidir con Olmos en algún acto del Frente Amplio.
El final de las medidas cautelares no interfiere con los procesos que Casás entabló contra Olmos a nivel penal y civil, y que deberán determinar si efectivamente el diputado incurrió en acoso sexual y laboral.
La directora de Cultura en Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Mariana Wainstein, denunciará penalmente por “difamación” a Carlos Musso, un docente grado 5 de la Facultad de Artes, que esta semana la calificó de “nazi” en una publicación en Instagram.
Hablando ayer con la prensa, Wainstein -de origen judío- explicó que iniciará la acción a “título personal” pero dijo tener conocimiento de que tanto el ministerio como el Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) harán lo mismo a nivel institucional.
“Creo que es un acto de odio que está prohibido en nuestro país; es un insulto que me expone al escarnio público y creo que es un acto de antisemitismo. Me parece que es momento de hacer denuncias ante cualquier hecho de este tenor”, expresó Wainstein.
Musso pidió disculpas en diálogo con Telemundo y dijo que, el día que realizó la publicación, “no andaba bien”.
Wainstein expresó que el docente nunca se comunicó con ella. La jerarca destacó el gesto del decano de Artes, Fernando Miranda, que le pidió “disculpas institucionales” y que se mostró de acuerdo con la denuncia que presentará.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, reclamó ayer en una carta que el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se exprese sobre el tema y adopte contra Musso medidas “simbólicas” y “disciplinarias” que permitan “reparar al menos en parte el daño que ha sido causado”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
En el mercado local, el dólar subió, en esta ocasión 0,56%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,744.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una baja acumulada de 0,71% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,65 para la compra y $40,05 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 5,197.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial se mantuvo y cotizó en AR$893,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1230,00.
Por su parte, el Euro ayer bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0806.
El precio del barril Brent cerró ayer a U$S 83,60 para su entrega en julio. En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizó ayer a U$S 79,23 también para entrega en julio.
OTRAS NOTICIAS
El último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó que, a 25 días del comienzo de las evacuaciones por las recientes inundaciones, 1.231 personas aún permanecen fuera de sus hogares en seis departamentos del país.
En Paysandú continúan 882 personas desplazadas, en Salto 154, en Artigas 62, en Cerro Largo 55, en Soriano 39 y en Tacuarembó 39.
En los tres primeros departamentos se viene desarrollando desde hace varios días el operativo retorno.
Un joven de 26 años fue asesinado ayer en la zona de Punta de Rieles, en Montevideo.
La víctima fue atacada en la calle. Recibió al menos diez disparos, la mayoría en la cabeza. Hasta el momento los homicidas no fueron identificados, y no hay detenidos.
INTERNACIONALES
El presidente de China, Xi Jinping, pidió hoy durante un encuentro con países árabes en Pekín la celebración de una conferencia de paz para resolver el conflicto entre Israel y el pueblo palestino.
"Oriente Medio es una tierra dotada de amplias posibilidades de desarrollo, pero la guerra la está arrasando", dijo el presidente chino Xi en este foro al que asistieron el presidente egipcio y otros líderes árabes.
China "respalda la plena integración de Palestina en la ONU, y apoya una conferencia internacional de paz con una amplia base, autorizada y eficaz", declaró.
Además el líder chino afirmó que "la máxima prioridad ahora es un alto el fuego inmediato, para evitar que se extienda el conflicto e impacte en la paz y la estabilidad regionales, y (…) evitar una crisis humanitaria más grave".
Xi se mostró dispuesto a trabajar con Egipto, que ha actuado como mediador por una tregua junto a Catar y Estados Unidos, para seguir ayudando al pueblo de Gaza "y para presionar por una solución de la cuestión palestina rápida, integral, justa y duradera".
Israel advirtió que su operación militar en la Franja de Gaza para neutralizar al grupo islamista palestino Hamás continuará, por lo menos, hasta fin de año.
“Tenemos otros siete meses de lucha para lograr la destrucción de las capacidades gubernamentales y militares de Hamás”, afirmó el asesor de seguridad nacional israelí, Tzachi Hanegbi. Agregó que para Israel la victoria significa, además, “traer de vuelta a todos los rehenes y garantizar que al final de la guerra no haya más amenazas desde Gaza”. “En otras palabras, no habrá más ejércitos terroristas financiados por Irán en nuestra frontera", subrayó Hanegbi en declaraciones dadas desde Chipre ayer a la emisora pública israelí Kan.
El asesor también dio cuenta de las discusiones sobre el futuro de la Franja de Gaza en la posguerra. "Estamos tratando de planificar lo que sucederá después de la guerra para que los palestinos sean responsables de sus propias vidas", afirmó, y puntualizó: “Seremos responsables de la seguridad de Israel, pero no queremos gobernar en Gaza”.
Casi ocho meses después del inicio de la guerra, Israel está confrontado a una creciente presión internacional para alcanzar una tregua y a demandas en su contra ante las cortes internacionales con sede en La Haya.
Pero el primer ministro Benjamin Netanyahu se mantiene inmutable en su determinación de "aniquilar" a Hamás, después del ataque lanzado por el grupo palestino en suelo israelí el pasado 7 de octubre. Ese operativo de Hamás dejó 1.189 fallecidos, en su mayoría civiles, y 252 personas secuestradas, de las cuales 121 permanecen como rehenes en Gaza aunque se sospecha que más de 30 habrían muerto.
En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra Gaza, que ha dejado hasta el momento 36.171 muertos, en su gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás en el territorio palestino.
El ejército israelí anunció que tomó el "control operativo" del corredor Filadelfia, que se despliega a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
"Esto no significa que tengamos fuerzas sobre el terreno en todo el corredor, pero sí que podemos controlar y tenemos la capacidad de cortar la línea" de suministros de Hamás en la zona, explicó ayer un funcionario militar israelí.
El corredor Filadelfia es una zona de seguridad de 14 kilómetros de largo que era patrullada por tropas israelíes hasta 2005, año en que se retiraron del territorio palestino. Desde entonces, Israel manifiesta temores de que los grupos armados palestinos de Gaza reciban armas a través de túneles cavados bajo el corredor.
Egipto considera que Israel está utilizando estas acusaciones “para justificar la continuación de la operación en la ciudad palestina de Rafah y la prolongación de la guerra con fines políticos", dijo una fuente egipcia de alto rango citada por el medio Al Qahera News, vinculado a los servicios de seguridad de ese país.
En Siria, al menos una niña murió y varios civiles resultaron heridos como consecuencia de un ataque aéreo israelí, según informaron autoridades sirias.
"El enemigo israelí lanzó un ataque aéreo (…) contra un sitio en el centro y un edificio residencial en la ciudad de Banyas, en la costa, matando a una niña e hiriendo a diez civiles", indicó el ministerio sirio de Defensa en un comunicado.
Antes, la agencia de prensa oficial Sana afirmó que la defensa aérea siria actuó e "interceptó objetivos enemigos en el cielo de la ciudad de Homs", en el centro del país.
Además, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido que tiene una red de fuentes en Siria, indicó que en el ataque israelí en Homs murieron "tres miembros sirios del Hezbolá libanés".
Canadá y Polonia autorizaron a Ucrania a usar en territorio ruso las armas que le suministraron en los últimos meses para enfrentar la invasión de Moscú. El tema genera diferencias entre los países occidentales, ante la posibilidad de que una medida de ese tenor haga escalar el conflicto con Rusia.
El viceministro polaco de Defensa, Cezary Tomczyk, confirmó ayer que Ucrania es libre de utilizar en territorio ruso las armas que ha recibido de Polonia, e instó a los otros países aliados a permitir lo mismo con el armamento suministrado a Kiev. El jerarca pidió que "los países occidentales levanten sus restricciones" al respecto, una cuestión que, según reconoció, es "compleja" porque entraña "diversos problemas".
Del mismo modo, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, indicó que los ucranianos pueden usar las armas que recibe de su país para atacar suelo ruso. Joly también señaló que durante la reunión de la OTAN que se celebrará en Praga el 30 y 31 de mayo tiene previsto abogar en favor de que Ucrania pueda utilizar sin límites las armas que recibe.
Rusia prevé aumentar los impuestos a las altas rentas y a las empresas, en momentos en que el país busca ingresos adicionales para financiar su ofensiva en Ucrania.
El gasto público superó los ingresos en decenas de miles de millones de dólares desde que las tropas rusas entraron en Ucrania en febrero de 2022, sumiendo al país en un importante déficit presupuestario.
El Ministerio de Finanzas propuso aumentar el impuesto de sociedades del 20% al 25% y subir el tope impositivo para las rentas más altas.
"Estos cambios buscan establecer un sistema fiscal justo y equilibrado", declaró el ministro de Hacienda, Anton Siluanov.
El jerarca indicó que habrá excepciones para los soldados que combaten en Ucrania y estimó que las reformas podrían ser aprobadas por el Parlamento este año, para entrar en vigor en 2025.
Rusia registró un déficit presupuestario combinado de 73.000 millones de dólares en 2022 y 2023. Para este año, prevé un déficit de 18.000 millones de dólares, un 0,9% de su PIB.
Corea del Norte envió ayer globos con bolsas repletas de basura, papel higiénico y presuntas heces de animales hacia las zonas fronterizas de Corea del Sur.
La prensa surcoreana publicó numerosas fotografías de globos blancos atados a bolsas de basura llenas de residuos y lo que parecen ser excrementos.
Desde el fin de la guerra de Corea, en 1953, los dos países están separados por una zona desmilitarizada. Activistas surcoreanos a menudo lanzan desde allí globos con panfletos de propaganda y dinero hacia el territorio controlado por Kim Jong Un. Estas campañas de propaganda molestan al régimen de Pyongyang, que el domingo advirtió que tomaría medidas de represalia y aseguró que iba a cubrir las zonas fronterizas de su vecino del sur con "montones de papel usado y suciedad".
En Estados Unidos, el jurado encargado del veredicto en el juicio penal contra Donald Trump por la supuesta falsificación de documentos para silenciar a una actriz porno no llegó ayer a un consenso sobre la culpabilidad del expresidente.
Los 12 miembros del jurado de Nueva York se reunieron durante casi cinco horas en su primer día de deliberación, antes de que el juez Juan Merchan los enviara a casa para reanudar las tareas este jueves.
No hay límite de tiempo para las deliberaciones, pero una absolución o una condena requieren unanimidad. Si un solo miembro del jurado se niega a unirse a los demás, el juez instructor del caso tendría que declarar nulo el juicio.
Trump está acusado de falsificar documentos contables de su grupo empresarial, la Organización Trump, para ocultar un pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno Stormy Daniels. El objetivo, según la acusación, era que la mujer no revelara un supuesta relación sexual extramarital que habría mantenido con el líder republicano, y así evitar un escándalo al final de la campaña presidencial de 2016.
El martes, día en que se plantearon los alegatos finales, el equipo defensor de Trump insistió en que las pruebas para una condena simplemente no existen, mientras que la fiscalía replicó, por el contrario, que estas son "voluminosas" e "ineludibles".
En caso de ser declarado culpable, Trump se enfrenta a hasta cuatro años de prisión por cada uno de los 34 cargos que se le imputan, pero expertos legales aseguran que al no contar con antecedentes es poco probable que sea trasladado a la cárcel.
Una condena no le impediría presentarse a las elecciones de noviembre y es casi seguro que apelaría. En caso de juicio nulo, los fiscales podrían solicitar un nuevo proceso.
En México, ayer cerró la campaña de cara a las elecciones generales previstas para el próximo domingo. Serán los comicios más grandes en la historia del país, con más de 98 millones de personas convocadas a votar para renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, el Congreso y nueve gobernaciones.
Según las encuestas, se espera el triunfo de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, que lidera la intención de voto con más de 10 puntos de ventaja sobre sus rivales, Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), y Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer, en su última conferencia antes de la veda electoral, que la Guardia Nacional desplegará un operativo especial para que el 2 de junio haya elecciones limpias, libres y con seguridad, en medio de la violencia política que azota al país.
"Para garantizar que no haya violencia y que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad y seguridad, sin temor porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y pacíficas. Ese es mi pronóstico".
La campaña electoral mexicana ha estado marcada por la violencia de los grupos criminales. El último informe oficial indica 22 aspirantes asesinados desde setiembre del año pasado, a los que hay que sumarle otros dos candidatos muertos entre el martes y el miércoles. En tanto, grupos independientes contabilizan más fallecidos, como los 34 reportados por la Consultora Integralia y los 39 de la consultora Dataint.
En este contexto, más de 27.000 militares y miembros de la Guardia Nacional serán desplegados para garantizar la seguridad de los comicios. Estos efectivos se sumarán a los 233.543 agentes que ya realizan tareas de seguridad pública.
En Chile, el gobierno anunció que en marzo de 2025 comenzará una nueva negociación sobre el salario mínimo, que hoy se ubica en 460.000 pesos (unos 511 dólares, al cambio de hoy).
La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, afirmó que la negociación “no será solo sobre un monto, como ha sido históricamente”, sino que tendrá una “mirada más integral”. En ese sentido, detalló que implicará “criterios que tengan a la vista el costo de vida, el nivel de endeudamiento de las familias, las posibilidades de las empresas, las brechas de género y los niveles de informalidad en el país”.
Con ese fin, la ministra anunció que se acordó con el principal sindicato del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), crear un “Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida”, que estará integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno.
El observatorio tendrá “carácter técnico” y está previsto que se configure a más tardar en enero, para que pueda entregar su primer informe en marzo de 2025, agregó Jara.
En Paraguay, el Poder Ejecutivo autorizó el envío de tropas militares a los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, en el sur del país, donde en los últimos meses se han producido asaltos bancarios y ataques a la Policía.
Un decreto firmado por el presidente Santiago Peña dispone “el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación” en esas zonas, “con la finalidad de garantizar la seguridad interna”.
El secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), almirante Cíbar Benítez, indicó que el motivo del decreto “es la creciente criminalidad”. Además, remarcó que los elementos militares actuarán“siempre dentro del Estado de Derecho” y “complementariamente” a la función de la Policía, que tiene a su cargo el orden público.
"Este decreto da cuenta del convencimiento del Gobierno Nacional, del señor Presidente, de poner todas las instituciones del Poder Ejecutivo en coordinación siempre con el Ministerio Público para mayor defensa de la ciudadanía. El objeto de este decreto es darle mayor seguridad a la ciudadanía, nada más".
En Argentina, la justicia ordenó congelar los bienes de un dirigente social de izquierda investigado por presunto fraude y malversación de asistencia social, en una ofensiva del gobierno contra lo que califica como el "negocio de la pobreza".
Un juez federal pidió la inhibición de los bienes de Eduardo Belliboni, de 64 años, una figura emblemática de la izquierda argentina y líder de Polo Obrero, movimiento social trotskista que lleva meses a la cabeza de las manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei.
Belliboni fue citado por la justicia el lunes y comparecerá en junio ante el magistrado federal Sebastián Casanello, junto a una veintena de dirigentes de comedores y movimientos sociales que a menudo son gestores de programas de ayuda pública, en un país donde la mitad de la población está en la pobreza.
La citación se produjo tras una serie de allanamientos realizados a mediados de mayo, en línea con la intención del gobierno de "auditar" la asistencia social y sus presuntos abusos. En particular, el gobierno alega que el 47% de los comedores sociales inscritos para recibir ayudas eran "fantasmas" o no identificables.
En el caso de Polo Obrero, documentos presentados en el tribunal por servicios gubernamentales afirman que solo fueron debidamente justificados el 30% de los 360 millones de pesos (395.000 dólares) en manos de la organización entre 2020 y 2023 como parte del programa de ayuda social "Potenciar Trabajo".
En un comunicado emitido este miércoles, el Polo Obrero afirmó que los recursos "fueron rendidos integralmente al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los programas para los que fueron asignados”. "Se ensañan contra las organizaciones independientes y combativas", afirma el documento, que denuncia una "política persecutoria", por parte del gobierno de Milei.
Por su parte, Belliboni afirmó que no tiene “nada que esconder” y consideró que la causa es "una cortina de humo para ocultar que la economía se está derrumbando" y que cada día se pierden miles de puestos de trabajo.
Belliboni afirmó que aprovechará su citación ante el juez para presentar una denuncia contra la inmovilización durante meses, por parte de las autoridades, de 5.000 toneladas de ayuda alimentaria que está guardada en depósitos.
El mismo juez Casanello ordenó el lunes la distribución inmediata de estas ayudas, pero el Gobierno, que presentó un recurso de apelación, afirma que se trata de "reservas" dedicadas "a emergencias y catástrofes".
En el gesto más fuerte hacia Israel desde el comienzo de la guerra en Gaza, el gobierno de Lula da Silva oficializó el retiro de su embajador en Tel Aviv.
La decisión fue oficializada ayer en el diario oficial, con el nombramiento de Frederico Meier, quien ocupó el cargo de embajador en Israel hasta febrero, como enviado especial a la agencia de desarme de la ONU en Ginebra.
La decisión no implica una ruptura diplomática con Israel, como sí hicieron países como Colombia y Bolivia, ni el cierre de la embajada, pero reduce la representación de Brasilia en ese país, disminuyendo un escalón la representación.
La salida de Meier, según fuentes de la presidencia, es una respuesta a lo que el gobierno brasileño entendió en febrero pasado como una “humillación” al embajador, cuando fue citado por el canciller israelí Israel Katz en el museo del Holocausto.
En hebreo, lengua que Meier no domina, Katz criticó al gobierno brasileño y dijo que Lula sería persona no grata hasta que retirara sus dichos, que poco antes habían comparado la ofensiva israelí en gaza contra el grupo Hamás con el holocausto nazi.
La decisión fue confirmada ayer porque desde entonces nada cambió en la relación y se intentaba desde hace tiempo encontrar una salida para Meier.
La oficina en Tel Aviv queda a cargo del diplomático Fábio Moreira Farias, encargado de negocios y número dos de la embajada.
La Conib, que es la confederación israelita de Brasil, criticó la decisión del gobierno. En lo que considera un “momento tan importante” y el impacto en las relaciones bilaterales.
Los dos países tienen historia de cooperación y afecto y que la decisión aleja la tradición diplomática brasileña de “equilibrio y búsqueda de diálogo” al mismo tiempo que impide el buscado papel de mediador de Brasil en Oriente Medio.
Por tiempo indeterminado, Brasil se mantendrá sin embajador.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal de Brasil)