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Foto: Presidencia
NACIONALES
Fue inaugurado ayer el nuevo Puerto Capurro, presentado por las autoridades como la obra más importante en este sector en el país en los últimos 30 años.
Se trata de una terminal pesquera, que supuso una inversión de US$ 110 millones, en una obra ejecutada por el consorcio Teyma-Chediack, con financiación de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Se ubica en una superficie de 16 hectáreas de servicios logísticos, con una profundidad de siete metros. Tiene capacidad para 50 buques, incluidos los pesqueros industriales de hasta 2.500 toneladas.
En líneas generales la terminal tiene 1.000 metros de longitud de muelles para atracar embarcaciones, un recinto costero de siete hectáreas ganadas al mar, y una retroárea de 3,3 hectáreas anexa a los muelles.
En un acuerdo con la Intendencia de Montevideo, se instalará el Montevideo Rowing Club en uno de los padrones de esas tres hectáreas, mientras que los otros dos se destinarán a un parque público.
El kilómetro que tiene de longitud corresponde a la obra de abrigo, atraque y defensa de la terminal. Cada uno de los atraques cuenta con agua potable, servicios de energía, iluminación, drenaje pluvial y alarma contra incendios. Asimismo, las obras incluyeron pavimentación en la zona de acceso y en las instalaciones.
En declaraciones a los Medios Públicos, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, dijo que la que acaba de habilitarse es una obra “emblemática” y deal señalar que, hasta hoy, los barcos operaban en malas condiciones.
“Para nosotros significa mucho, por un lado un espaldarazo para la industria de la pesca, a las empresas y a los trabajadores, que van a tener muchísimas mejores prestaciones de lo que venían teniendo hasta ahora”, indicó Curbelo, y agregó que la nueva terminal especializada “va a modificar y mejorar mucho las condiciones y la competitividad pesquera”.
Unos 2.233 maestros y profesores recibieron ayer el grado universitario. Se trata del 60% de los que dieron la prueba para la titulación.
De casi 37 mil personas con formación docente, 5.114 se presentaron como aspirantes y 3.699 rindieron al menos una prueba, en un proceso previsto en la última ley de Urgente Consideración (LUC).
Según los resultados presentados este martes, la prueba de producción escrita y organización textual fue la que más dificultades presentó. Casi la quinta parte no logró aprobarla.
En educación media, los profesores de inglés fueron los que obtuvieron mejor porcentaje de aprobación. La mayoría de ellos tenía estudios por fuera de la formación docente de la ANEP. En cambio, en Geografía solo salvó un tercio de los participantes.
Por otra parte, los resultados demostraron que el nivel de Magisterio es superior al del Instituto de Profesores Artigas. Además los centros de formación de los departamentos fronterizos con Brasil fueron los que tuvieron peores resultados.
En la comisión de Constitución y Legislación del Senado se aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que crea el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. El texto será discutido hoy en el plenario de la cámara alta, donde se prevé su sanción, y luego pasará a Diputados para su confirmación antes del receso parlamentario, que esta vez comienza el 15 de este mes.
La comisión tenía a su estudio dos proyectos sobre el tema, uno presentado por el Frente Amplio y otro por Cabildo Abierto. Lo que se votó fue un texto alternativo propuesto por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
El director de ese instituto, Germán Aller, había advertido que los proyectos originales tenían “visos de inconstitucionalidad”, ya que determinaban “responsabilidades penales objetivas, con una inversión de la carga probatoria, es decir, con una especie de presunción de culpabilidades” desde el momento en que la persona tenía que justificar cómo había obtenido los bienes.
Según el experto, la norma debía ser al revés: “El fiscal es el que debe mostrar que ha habido una actividad ilícita de la persona y tiene que quedar claro que la conducta tiene que ser a título de dolo directo, es decir, que el individuo haya actuado con la intención de beneficiarse”. Tal como está la redacción de ambos, yo entiendo que tienen visos de inconstitucionalidad”, advirtió en su momento.
La nueva iniciativa propone que el artículo 159 Bis del Código Penal establezca lo siguiente:
“El funcionario público con la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos que, para beneficio propio o de terceros y durante el ejercicio de su cargo, incluso hasta dos años después de haber cesado en su desempeño, obtenga indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos, por sí o interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de 18 meses a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR a 15.000 UR e inhabilitación de dos a cinco años”. Al valor de la Unidad Reajustable (UR) de este mes, la multa máxima rondaría los US$ 661.000.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, afirmó que un triunfo de la reforma constitucional con cambios al sistema jubilatorio “no es conveniente para el Uruguay” y que “lo peor” es la forma en que está redactada la propuesta.
Orsi respondió ayer una pregunta sobre este tema, formulada por el público que asistió al primer evento de un ciclo con los candidatos organizado por el Comité Central Israelita del Uruguay y la Organización B´Nai Brith Uruguay.
En su contestación, el candidato remarcó su postura contraria a la iniciativa impulsada por el PIT CNT y algunos sectores del FA porque si es aprobada “complicará la economía y complicará el desarrollo, a partir de lo pautado por el programa de gobierno de la fuerza política y sus definiciones”.
“Uno encuentra las diferencias entre lo que plantea la hoja del plebiscito y lo que está en el programa. Podemos compartir objetivos en algún aspecto pero una cosa es lo que se supone que dice, y otra cosa es lo que dice. Lo peor del plebiscito es el texto tal cual está redactado. Participé en las discusiones y lo que terminó resultando no es conveniente para el Uruguay”.
Orsi valoró la libertad de acción resuelta por el FA en este tema, ante la imposibilidad de llegar a una postura común. Recordó que él, personalmente, siempre mostró una postura contraria a esta reforma y consideró lógico que en la izquierda no se haga una campaña frontal, a favor o en contra.
“Cuando me preguntan, no esquivo la respuesta. Creo que la mejor forma de aportar, desde mi honestidad intelectual, es decir lo que pienso. Una y otra vez”.
Al final de su respuesta, Orsi insistió en que un triunfo de esta reforma “complicará la instrumentación” de las “políticas inmediatas y urgentes” que requiere la sociedad uruguaya.
Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, advirtió que, de modo directo o indirecto, el triunfo del plebiscito sobre la seguridad social pondría en riesgo a 15 mil puestos de trabajo en el sector.
Ruibal se presentó ayer en un evento organizado por el Centro de Estudios Económicos sobre la Construcción. Hablando con la prensa, el empresario alertó sobre las consecuencias que tendría esta reforma constitucional propuesta.
“Nos genera una enorme preocupación por todos los puestos de trabajo que se van a perder. Si uno ve lo que invirtieron las AFAP, en los últimos años en proyectos de infraestructura, escuelas, CAIF, ferrocarriles, podemos hablar de casi el 10% de los empleos están ligados a eso”.
Ruibal señaló que el triunfo del plebiscito sería un “sacudón importante” para el financiamiento de proyectos.
Daniel Diverio, dirigente del Sunca (el sindicato de la Construcción), afirmó que lo expresado por Ruibal “confirma” lo que ellos vienen planteando: gran parte de las inversiones se hacen con el ahorro de los trabajadores.
Diverio estuvo presente en el evento de ayer, y utilizó lo afirmado por Ruibal para defender el plebiscito.
“Con tu ahorro se hacen estos puentes, estas carreteras, se hace el Ferrocarril Central. Y el resultado de esa inversión es que vos tenés una prestación de $ 3.500 por mes”.
La última encuesta de la consultora Factum indicó que, si el plebiscito por la seguridad social se realizara el próximo domingo, la papeleta por el Sí sería apoyada por el 53% de los votantes. Se expresaron en contra el 35% de los consultados, mientras que los indecisos representaron el 13%.
La consultora planteó además que el apoyo a la reforma recibe sus mayores respaldos entre las personas de 18 a 32 años años de edad, en los sectores socioeconómicos bajos y en personas de izquierda. Por el contrario, el rechazo es mayoritario entre los mayores de 62 años, en los sectores socioeconómicos altos y muy altos y en personas de derecha.
En cuanto al grado de apoyo que recibe cada uno de los aspectos que contempla la papeleta de reforma, Factum detalló: la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional es respaldada por el 79%, la fijación de la edad mínima para jubilarse en 60 años recibe el apoyo del 64%, y la eliminación de las AFAP es respaldada por el 39%.
La encuesta fue realizada entre el 27 de julio y el 8 de agosto.
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El Senado completó ayer la aprobación parlamentaria de la ley que otorga facilidades a los deudores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) para que se pongan al día en el pago de sus obligaciones y de esa forma paliar en algo la crisis que vive el instituto previsional.
La ley surgió de un anteproyecto elaborado por la Cjppu y consensuado con el Poder Ejecutivo.
Según las cifras de la entidad, hay casi 5 mil profesionales morosos, con deudas por unos US$ 1.321 millones. La caja debe abonar US$ 44 millones mensuales por prestaciones, y sus estimaciones indican que cuenta con reservas hasta el primer semestre de año que viene.
La ley prevé dos modalidades: la cancelación por pago único o cancelación realizando un convenio de hasta 120 cuotas mensuales.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) presentó ayer en la Escuela 110 de Montevideo la nueva figura del “facilitador de autonomías” para niños con dependencia moderada o severa en los centros educativos.
El objetivo es promover la autonomía y la inclusión de estos chicos en las escuelas. Se trata de un plan piloto, que comenzará este mes. Cada “facilitador” trabajará con un máximo de tres niños en un mismo centro y su labor será complementaria a la que hasta ahora viene desarrollando el “asistente personal” en los casos de chicos que necesiten asistencia “uno a uno” en los centros.
En esta primera fase, que irá hasta diciembre, 20 escuelas de varios departamentos del país contarán con una o más de estas figuras. Se prevé que a partir de 2025, unas 100 escuelas cuentan con un “facilitador de autonomías”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Uruguay emitió ayer un nuevo bono global en dólares con vencimiento en el año 2060 y recompró deuda que vence a corto plazo.
La emisión total fue por U$S 1.298 millones, de los cuales U$S 1.250 millones fueron a cambio de efectivo, y el remanente para recompra de bonos con vencimientos en 2025, 2027 y 2031.
La demanda superó los U$S 4.500 millones en un contexto de “volatilidad y de amplia oferta registrada en los mercados globales”, destacó el Ministerio de Economía (MEF) en un comunicado.
Añadió que el rendimiento del bono fue de 5.293% anual, con un cupón de 5.25% anual. El diferencial sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos (spread – prima de riesgo) fue de 115 puntos básicos (1,15%). “Esto representa el spread más bajo que pagó Uruguay en su historia para el plazo referido”.
La emisión apuntó a “consolidar la política de pre-financiamiento (…) fortaleciendo el nivel actual de liquidez mediante la obtención de fondos” y “extender la madurez promedio de la deuda recomprando instrumentos con vencimiento en los próximos años, con el objetivo de disminuir el riesgo de refinanciamiento”, destaca el comunicado del MEF.
ANCAP registró una pérdida global de U$S 79 millones en el primer semestre del año como consecuencia de la parada en refinería de La Teja para mantenimiento y obras.
La empresa tuvo una pérdida del lucro cesante del orden de U$S 670.000 por cada día de refinería parada, que en total fueron 297 sin producción completa. Este cálculo surge de la comparación del margen bruto promedio de ANCAP con y sin refinería operando a capacidad plena.
El resultado global de la empresa se compone de una pérdida de U$S 77 millones en el mercado monopólico de combustibles, mientras que los negocios no monopólicos arrojaron una ganancia de U$S 24 millones.
Además, el resultado de operaciones financieras arroja una pérdida de U$S 26 millones (por diferencia del tipo de cambio de USD 14 millones, intereses pagados por U$S 17,8 millones y una ganancia por colocaciones financieras de U$S 5,8 millones).
En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión un 0,09%. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 40,333.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 3,36% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,15 para la compra y $41,55 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,622.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en
AR$ 953,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también aumentó y cotizó en el entorno de los AR$ 1310,00.
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1037.
OTRAS NOTICIAS
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena a 25 años de prisión de los militares en situación de reforma Jorge Silveira y Ernesto Ramas por seis delitos de privación de libertad, cuatro delitos de abuso de autoridad contra detenidos, cuatro delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de autores en el caso Óscar Tassino.
En la sentencia, a la que accedió la diaria, los ministros coinciden con lo planteado en agosto de 2023 por el Tribunal de Apelaciones de segundo turno y desestimaron el recurso interpuesto por la defensa de los militares que pretendían revocar la condena de segunda instancia.
“La desaparición forzada se ha configurado, aun cuando no se hallen los restos de Tassino, y además la permanencia del delito es indiscutible, justamente porque, al no aparecer estos, el delito se perpetúa hasta el presente”, cita la sentencia de la SCJ, emitida el 30 de agosto.
Esta es la primera vez que la SCJ admite la tipificación del delito de desaparición forzada, algo que había sido rechazado por diferentes tribunales que entendían que correspondía tipificar el delito de homicidio, por el principio de irretroactividad.
La Policía Judicial de Portugal incautó cerca de 3,6 toneladas de cocaína en un depósito en la región central del país. La droga había llegado días antes por vía marítima en un contenedor cargado con harina de soja proveniente de Paraguay, que además había pasado por el Puerto de Montevideo.
En Portugal, fueron detenidos tres hombres. En Uruguay, las autoridades comenzaron una investigación para establecer la trazabilidad del cargamento en el que se transportó la droga.
INTERNACIONALES
En Ucrania, el canciller Dmytro Kuleba, una de las voces clave de su país desde el inicio de la guerra provocada por la invasión rusa, presentó su renuncia ante el Parlamento en plena remodelación del gobierno.
"Les pido aceptar mi renuncia", escribió Kuleba en una carta dirigida al Poder Legislativo y difundida en redes sociales por el presidente de la asamblea, Ruslan Stefanchuk.
El presidente de la cámara dijo que esta votará rápidamente sobre el pedido de dimisión.
Kuleba, de 43 años, es el titular de Exteriores desde 2020, y es la figura de más alto perfil que ha presentado su renuncia.
"Tal y como se prometió, esta semana cabe esperar una importante reforma del gobierno. Más del 50% del gobierno será reemplazado", declaró ayer David Arakhamia, líder de los parlamentarios del partido gobernante.
Entre otros ministros que presentaron su dimisión figuran el de Industrias Estratégicas, el ministro de Justicia y el ministro de Protección Medioambiental.
Además, el subdirector de la oficina del presidente Volodimir Zelenski y uno de los principales asesores del presidente, Rostyslav Shurma, fueron destituidos, según un decreto presidencial.
El reajuste del Ejecutivo se produce en un momento en que el gobierno se enfrenta a crecientes desafíos, entre ellos los bombardeos rusos diarios y el avance de las tropas de Moscú en el este del territorio.
El presidente Zelenski busca también aumentar la confianza en el gobierno tras dos años y medio de guerra con Rusia, que invadió la ex república soviética en febrero de 2022.
Vladimir Putin visitó ayer a Mongolia, donde fue recibido por su homólogo, en la primera visita oficial del presidente ruso a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que ésta emitió una orden de arresto en su contra.
En el acto de bienvenida, que se desarrolló en la plaza Gengis Kan de la capital, se interpretaron marchas militares y los himnos nacionales de Rusia y Mongolia.
Por la noche, el líder del Kremlin dejó Mongolia en dirección a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, donde participa hoy en un foro económico regional.
El viaje de Putin fue un desafío a la Corte Penal Internacional, que en marzo de 2023 emitió una orden de detención en su contra por la presunta deportación ilegal de niños.
Kiev urgió ayer a Mongolia, que es miembro de la Corte, a que ejecutara la orden de arresto, y acusó al país asiático de "permitir al criminal inculpado escapar a la justicia", al no detenerlo.
El propio tribunal con sede en La Haya recordó la semana pasada que todos sus Estados integrantes tienen la "obligación" de detener a las personas buscadas. Pero, en la práctica, la Corte no dispone de una fuerza coercitiva propia, y poco puede hacer si Mongolia no cumple con su obligación. Rusia, a su vez, no reconoce la jurisdicción de la Corte.
La Unión Europea (UE) lamentó ayer que Mongolia se haya abstenido de arrestar al presidente ruso.
Mientras tanto, si bien Estados Unidos llamó a que Mongolia "respetara sus obligaciones internacionales", al mismo tiempo dijo "entender" su posición "entre sus dos grandes vecinos".
Estados Unidos, insistió ayer en que es "hora de ultimar" un acuerdo de tregua en Gaza.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo además que Washington trabajará "en los próximos días" con los mediadores Egipto y Catar "para impulsar un acuerdo definitivo".
"Nos oponemos a la presencia a largo plazo de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza", dijo Miller el ayer.
"Cerrar un acuerdo requerirá que ambas partes muestren flexibilidad. Requerirá que ambas partes busquen razones para llegar al sí en lugar de razones para decir no", añadió.
El presidente estadounidense, Joe Biden, reprochó el lunes a Netanyahu no hacer lo suficiente para lograr un acuerdo de tregua, que incluya la liberación de rehenes y de prisioneros palestinos detenidos por Israel.
Por su parte, Netanyahu subrayó que no cederá a las presiones y que mantendrá la presión militar sobre Hamás, que gobierna Gaza y es considerado como organización "terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.
Las declaraciones Miller se producen apenas dos días después de que el ejército israelí anunciara el hallazgo de seis cuerpos de rehenes en túneles de la Franja de Gaza, asesinados según el cuerpo armado por impacto de bala a corta distancia.
En México, la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, inició ayer el proceso para una polémica reforma del poder judicial en medio de bloqueos de trabajadores que obligaron a los congresistas a sesionar en un coliseo.
Ayer, cientos de empleados judiciales bloquearon con autos las calles que conducen a la Cámara, mientras otros colocaron cintas para impedir el paso peatonal.
Esto obligó al bloque oficialista a sesionar en un polideportivo del Este de la capital, a donde empezaron a llegar los diputados pasado el mediodía.
Hace dos semanas los jueces y trabajadores de juzgados se mantienen en huelga y se sumaron 1.000 empleados de la Suprema Corte, cuyos ministros suspendieron las sesiones de esta semana en apoyo al paro. Los magistrados del supremo volverán a valorar la situación el próximo lunes, según un comunicado emitido ayer.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, dijo en conferencia de prensa ayer que los funcionarios judiciales tienen derecho a "defender sus privilegios".
En Nicaragua, el Congreso aprobó ayer una ley que permite juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega, incluso si están en el exterior.
Una reforma al Código Penal, aprobada por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, un delito tipificado como "menoscabo de la integridad nacional" cuya interpretación queda en mano de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por Ortega.
La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y ONGs.
La norma abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes. Fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del "grave" deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los "percibidos como disidentes" por el gobierno de Ortega.
Para la oposición nicaragüense, exiliada mayoritariamente en Costa Rica, Estados Unidos y España, la reforma al código penal busca dar un marco jurídico a las prácticas "represivas" de Ortega contra la disidencia.
"Permite al régimen perseguir a cualquier persona, sin importar si se encuentran en Nicaragua o no, y sin necesidad de su presencia en los juicios, consolidando así un marco jurídico que respalda estas prácticas represivas", dijo el excandidato presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos.
Aseguró que Ortega de este modo "extiende su alcance represivo a nivel internacional" para "silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo".
Maradiaga advirtió que las nuevas normas no son "compatibles con el derecho internacional" y que tienen "graves contradicciones" con la Constitución de Nicaragua.
Mientras tanto, la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez afirmó que "estas reformas están encaminadas a fortalecer la labor de las instituciones” de Nicaragua.
En Honduras, la presidenta, Xiomara Castro, denunció ayer que en su país existe un "golpe de Estado" en curso, en medio de una polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió el encarcelamiento de poderosos narcotraficantes.
“Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo […] por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener", dijo la mandataria izquierdista en cadena de radio y televisión, horas después de que se publicara un video en que aparece su cuñado en una reunión con narcos en 2013 pidiendo aportes para la campaña electoral de ella ese año.
Castro puso fin hace seis días al tratado con Estados Unidos, argumentando que buscaba evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado.
El sábado renunciaron un cuñado de la mandataria, el diputado Carlos Zelaya, secretario del Congreso, tras admitir ante la fiscalía que se reunió con narcos en 2013; y su hijo, sobrino de Castro, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
En Ecuador, un comité que aboga por la liberación del exvicepresidente, Jorge Glas, pidió ayer que un grupo médico independiente evalúe su salud en prisión por considerar que ha empeorado y que podría haber un nuevo intento de suicidio.
A Glas le suministran "una cantidad excesiva de medicamentos, más de 40 pastillas diarias", lo que el comité considera una combinación "peligrosa" para su ya "grave" estado de salud, dijo a la prensa Sacha Llorenti, coordinador del Comité Internacional por la Liberación de Jorge Glas.
“Además pueden inducir un cuadro psicótico que podría llevar al suicidio. Como se denunció, las persistentes violaciones a los derechos humanos han provocado en Jorge Glas un cuadro depresivo profundo. Diagnósticos como: transformación persistente de la personalidad, experiencia catastrófica y episodio depresivo grave con síntomas psicóticos que reflejan un estado mental extremadamente grave con un alto riesgo de intentos de suicidio”.
Llorenti solicitó a "la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Sistema de Naciones Unidas que aúnen sus esfuerzos para conformar una misión médica” a Glas para y señalar “los procedimientos más eficaces”.
El organismo encargado de administrar las prisiones en Ecuador, SNAI, no se ha pronunciado sobre el tema.
Glas permanece desde abril en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, a donde fue llevado luego de su arresto durante una cuestionada incursión policial en la embajada mexicana en Quito.
Pocos días después fue hospitalizado brevemente luego de sufrir una descompensación por negarse a comer, según detallaron entonces las autoridades penitenciarias y sus abogados.
De 54 años, Glas está en medio de una disputa entre Ecuador y México, que le otorgó un asilo político que el gobierno ecuatoriano no reconoce. Según Quito su detención es legítima pues el exvicepresidente fue condenado por delitos comunes.
A raíz de la incursión en la embajada, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y sacó a su personal de ese país. También delegó a Suiza su representación diplomática en Quito.
REGIONALES
En Venezuela, el candidato opositor Edmundo González Urrutia descartó por ahora asilarse en alguna embajada luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.
Su abogado, José Vicente Haro, indicó ayer a las afueras de la residencia de González Urrutia en Caracas que el opositor por ahora no ha buscado refugio en ninguna delegación diplomática: "No se ha pedido el asilo. Es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia".
"Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial” agregó respecto a la orden a cargo de la policía judicial, que no ha sido ejecutada.
González Urrutia se encuentra en la clandestinidad desde el 30 de julio y es solicitado por delitos que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje" por denunciar fraudulentas las elecciones del 28 de julio.
Estados Unidos, sin relaciones formales con Venezuela desde hace cinco años, sopesa ahora "una serie de opciones" para demostrar a Maduro "que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias", afirmó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
"Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron ayer su "profunda preocupación" por la orden de detención emitida por la justicia venezolana contra el opositor Edmundo González Urrutia.
"Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia", indicaron las dos administraciones de izquierda en un comunicado conjunto.
La declaración representa un endurecimiento en las posiciones de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), que han liderado los esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición tras los controvertidos comicios del 28 de julio.
La nota añade que la orden de detención "dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas".
Además, se expresó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, que rechazó "categóricamente" la medida contra González Urrutia.
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay igualmente rechazaron "de manera inequívoca y absoluta" la orden de captura.
La disposición busca "silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política", indicó el comunicado conjunto.
"En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales".
La líder opositora María Corina Machado agradeció en sus redes sociales las expresiones de apoyo.
En Venezuela, en medio de la crisis poselectoral, Nicolás Maduro anunció el adelanto de la Navidad.
"En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad"
Maduro lo dijo el lunes en la noche durante su programa televisivo en el que previamente celebró la "paz" instaurada en el país tras los "ataques criminales" contra su gobierno.
"Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido, este señor el enconchado (escondido), el cobarde de Edmundo González Urrutia", dijo Maduro en su programa. "¡No pudieron, ni podrán!", "¡ni hoy ni nunca ni jamás!".
Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, llamó ayer "estúpidos" a los "líderes" demócratas después de que Estados Unidos confiscara un avión del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
"El avión de Maduro acaba de ser confiscado por Estados Unidos. No pasa nada, ahora puede salir y conseguir uno mucho más grande y mejor con todo el dinero que pagamos a Venezuela por petróleo que no necesitamos", afirmó Trump en sus redes sociales.
Cuando gobernaba en 2019, Trump impuso a Venezuela una batería de sanciones, incluido un embargo al petróleo y al gas, como medida de presión para intentar provocar la caída de Maduro, reelegido entonces en elecciones consideradas fraudulentas.
Biden apostó, por el contrario, por una diplomacia del diálogo con Caracas pero usó las sanciones como moneda de cambio.
Las aflojó como recompensa por concesiones de Maduro, para sentar las bases de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, y las reimpuso cuando Caracas incumplió sus promesas. No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol.
"Tenemos más ORO LÍQUIDO que ninguna otra Nación", protesta Trump en su mensaje. "¡QUÉ ESTÚPIDOS SON NUESTROS ‘LÍDERES’! ¡¡¡SOMOS EL HAZMERREÍR DE TODO EL MUNDO!!!!", añade en mayúsculas.
Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, dijo ayer que cumplirá la orden de la justicia brasileña de bloquear la red social X en el país.
En primera instancia, la compañía aseguró que obedecería el dictamen de apagado, ordenado el viernes por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, una vez se descongelaran sus cuentas financieras, bloqueadas por el magistrado antes de que el antiguo Twitter saliera del aire la madrugada del sábado.
Starlink, que tiene más de 250.000 clientes en Brasil, en especial en zonas remotas, había informado el domingo a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que no acataría la orden de suspensión, según manifestó entonces el presidente de la entidad estatal, Carlos Baigorri.
Pero ayer anunció que se unirá al resto de empresas proveedoras de internet que ya bloquearon el medio social, muy utilizado en Brasil, donde hasta el momento de la suspensión tenía más de 22 millones de usuarios.
"Independientemente del trato ilegal dado a Starlink al congelar nuestros activos, estamos cumpliendo la orden de bloquear el acceso a X en Brasil", indicó Starlink en un mensaje en X.
Moraes restringió las cuentas financieras de Starlink al considerarla "responsable" del pago de multas no asumidas por X, sostuvo la firma el jueves.
La compañía de internet satelital, que opera en el mayor país de Latinoamérica desde 2022, en especial en comunidades alejadas de la Amazonía, ha acudido a la corte suprema en busca de que sus activos sean descongelados, sin éxito de momento. De no cumplir la orden de bloqueo, Starlink se arriesgaba a multas y a perder el permiso para operar en el país, explicó el presidente de Anatel.
La economía de Brasil creció 1,4% en el segundo trimestre frente al anterior, y 3,3% en la comparación interanual, impulsada por el sector industrial, un mayor gasto de los hogares y las inversiones.
Los datos, divulgados ayer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), muestran un repunte de la economía brasileña por encima de lo esperado por el mercado, tras resultados cercanos a cero en los dos últimos trimestre de 2023 y de 1,0% en el primero de 2024 en la comparación trimestral.
A nivel sectorial, la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre estuvo liderada por la industria, que creció 1,8% sobre el trimestre anterior, seguida por los servicios (1,0%). La agricultura se contrajo 2,3%, indicó el Instituto.
"Crecimiento que se suma al aumento de los empleos, el consumo de las familias y mejor calidad de vida", celebró Lula en la red Bluesky.
En declaraciones a periodistas, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el Ejecutivo podría recalcular su previsión de crecimiento para este año, que actualmente es de 2,5%.
En Argentina, el nuevo debate en la economía es si Javier Milei tendrá éxito en su propósito de frenar la inflación, que ahora ronda el 4%, gracias al recorte de un impuesto que gravaba a las importaciones.
Según los cálculos oficiales, debería notarse un impacto de 0,7%, de forma tal que en septiembre el IPC registre poco más de un 3%. Pero los economistas se han mostrado escépticos respecto de que ese efecto pueda concretarse.
Hasta ahora, el llamado impuesto PAIS, gravaba con un 17,5% a los productos importados. Es decir, en los hechos, funcionaba como un arancel extraoficial. Pero a partir de este mes el impuesto se reducirá al 7,5%. Y a partir del año próximo será eliminado por completo.
De esta forma, las importaciones tendrán un abaratamiento efectivo de 8,5%. Y el gobierno aspira a que los empresarios trasladen ese recorte a los precios al consumidor. Así lo dijo el ministro Luis Caputo en las redes sociales, y el propio presidente Milei en un acto ante los principales dirigentes industriales.
Como primera reacción, hubo algunos productos en los que ya se verificó una baja, sobre todo en autos importados. Pero tanto los economistas como los empresarios manifestaron su escepticismo sobre que las cosas salgan tal como las prevé el gobierno.
Ya hay antecedentes históricos al respecto, por ejemplo cuando hubo rebajas en el IVA. Lo habitual es que, en esas situaciones, los empresarios recompongan márgenes de rentabilidad, o que hagan caja como para hacer frente a futuras subas de costos en los servicios públicos.
La cuestión es que la relación entre el gobierno y los industriales parece estar deteriorándose rápidamente. En el acto de la Unión Industrial, Milei les recordó a los industriales que durante años el Estado protegió a la industria, generalmente a expensas de la rentabilidad del agro. Y que ahora, con las medidas de desregulación y con el equilibrio fiscal, empezará una economía más basada en la competencia.
La respuesta no se hizo esperar. Apenas un día después, el presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, criticó el discurso de Milei. Dijo que los industriales “somos víctimas y no victimarios”. Y recordó que la industria argentina tiene una presión fiscal superior al casi 50%, y costos logísticos un 40% superiores a los de los países vecinos.
En todo caso, lo que los economistas están observando es que esta medida aperturista del gobierno podría traer, al menos en el inicio, una consecuencia negativa para el gobierno, porque el impuesto PAIS representa un 7% del total de la recaudación, con lo cual se pondrá en riesgo la continuidad del superávit fiscal. Y todo esto sin que haya certeza de una mejora efectiva en la inflación.
Para colmo, a partir del año próximo, este impuesto tampoco se aplicará a los pagos que hagan los turistas argentinos fuera del país. Esto implica que viajar al exterior se hará más barato, y los turistas le demandarán más dólares al banco Central.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)
DEPORTES
Esta semana se cerró el período de pases para lo que resta del año en el fútbol uruguayo, con algunas incorporaciones relevantes en varios clubes.
Peñarol, que había incorporado a Alan Medina, sumó a Damián Suárez. La Diaria informa que el futbolista se desvinculó de Botafogo y firmó por el carbonero. Se sumará para el torneo Clausura, pero no podrá disputar la Copa Libertadores porque ya había sido inscripto en ese torneo por el Fogão.
Gonzalo Nápoli jugará nuevamente en Liverpool y llega a préstamo desde León de México hasta diciembre de 2024. Tras consagrarse campeón uruguayo en el negriazul en 2023, el 8 de enero fichó por el equipo mexicano, donde no tuvo la continuidad deseada; jugó 12 partidos y dio una asistencia. En la institución de Belvedere el volante jugó 46 partidos en 2023, anotó seis goles y dio cinco asistencias.
Por otra parte Gastón Rodríguez, el delantero con pasado en Wanderers, Peñarol y Liverpool llegó a Cerro para el Clausura. Llega desde Cobreloa de Chile, donde disputó diez encuentros e hizo un gol. Antes estuvo en Blooming de Bolivia, Deportivo Cali de Colombia y Avaí de Brasil.