La Administración Nacional de Educación Pública (Anep) aprobó ayer el protocolo sanitario que se aplicará desde el lunes próximo cuando comience la primera etapa del regreso a las clases presenciales.
El documento establece, por ejemplo, que la distancia entre los alumnos dentro de las aulas deberá ser de un metro y medio.
Al ingresar a cada centro, los estudiantes deberán responder un cuestionario que permitirá a los docentes conocer si tienen algún síntoma de coronavirus. Las preguntas son: "¿Te sientes bien? ¿Estás resfriado? ¿Estás con tos? ¿Has tenido fiebre? ¿Estás con algún dolor?".
En caso de que alguna respuesta sea afirmativa, se le tomará la temperatura al alumno y si es de 37.5° o superior deberá contactarse a su familia para que retire al alumno del centro educativo.
La división de los grupos y la forma en que se organizará las entradas y salidas de alumnos quedarán a criterio de cada instituto, que definirá según sus capacidades e infraestructura.
El uso de tapaboca no será obligatorio para los alumnos mientras estén en los centros educativos. Según el protocolo, sólo está recomendado en caso de que "no se pueda respetar la distancia recomendada o existan aglomeraciones, así como para los viajes en ómnibus". El Ministerio de Salud Pública (MSP) desaconseja el uso de tapaboca en niños menores de 3 años.
Durante el período de educación física, deporte y al aire libre, no se desarrollarán prácticas o juegos que faciliten el contacto interpersonal, siendo de vital importancia mantener el distanciamiento correspondiente.
Los recreos serán organizados por las comunidades educativas de forma escalonada a efectos de lograr la menor aglomeración de estudiantes.
El servicio de cantinas podrá ser habilitado, atendiendo las circunstancias del centro educativo y en el marco de un protocolo de aplicación específica que se apruebe en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
En caso de que se detecte síntomas de COVID-19, el alumno deberá permanecer en un salón aislado, con tapaboca, y sólo tendrá contacto con el funcionario que se haya designado para supervisarle, mientras se espera que lleguen los padres o tutores a buscarlo. El edificio deberá ser desinfectado por completo y el centro educativo, “salvo resolución expresa del MSP, continuará funcionando una vez que se haya realizado la desinfección” y de que haya transcurrido “24 horas” desde entonces.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que ayer jueves fueron procesados 1.240 tests del nuevo coronavirus, la mayor cantidad diaria desde que se declaró la emergencia sanitaria.
En la víspera se sumaron ocho casos nuevos, uno de ellos en el departamento de Cerro Largo, que hasta ahora se mantenía al margen de la epidemia.
En Rivera, en tanto, se agregaron dos casos que, a su vez, tienen hilo epidemiológico con otros casos confirmados.
En ese departamento hay 38 casos activos del nuevo coronavirus registrados, de los cuales, según El Observador, un paciente se encuentra en estado delicado, con oxígeno, pero no está en terapia intensiva.
La preocupación del gobierno por la situación sanitaria en la frontera llevó ayer al presidente Luis Lacalle Pou a viajar a Rivera por segunda vez en cuatro días.
En su recorrida observó cómo están funcionando los piquetes sanitarios y qué ocurre con la realización de tests y el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los riverenses.
"Hay un acatamiento muy grande de los riverenses; también lo vimos del lado brasileño, la utilización de tapabocas, la distancia. Nos vamos tranquilos de que se está haciendo un uso responsable de la libertad, que se está cumpliendo con la exhortación", dijo Lacalle Pou.
Las autoridades uruguayas aguardan que Brasil formalice la reactivación del acuerdo binacional firmado en 2008 que permite atender a pacientes en ciudades como Rivera y Santana do Livramento.
Al amparo de aquel convenio se buscará que ciudadanos de las localidades fronterizas brasileñas puedan recibir asesoramiento médico y hacerse el test de PCR del lado uruguayo, ya que Brasil utiliza mayoritariamente los test serológicos, que detectan anticuerpos en la sangre varios días después de que la persona contrajo la infección.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que de ese modo se “permitirá un aislamiento precoz y un seguimiento epidemiológico” adecuado a cada paciente, independientemente de cuál sea su nacionalidad.
Según la directora de Coordinación del MSP, Karina Rando, los tests de diagnóstico que utiliza el gobierno brasileño en Santana do Livramento, no sirven para detectar si una persona está cursando la Covid-19 en el momento.
Rando explicó, según El Observador, que en Livramento, hasta el miércoles pasado, solo se hacía tests serológicos (también llamados tests rápidos o de anticuerpos). Estos análisis únicamente son capaces de determinar si una persona tuvo coronavirus tiempo atrás, pero dan negativo al testear a una persona que al momento de ser examinada está infectada.
Estos tests no permiten saber con exactitud cómo está la situación epidemiológica actual en la frontera del lado brasileño y, pueden generar un subregistro de casos positivos.
Rafael Radi, un de los científicos asesores del gobierno uruguayo, también comentó, en nota con Telenoche, que los diagnósticos que se hacen en Río Grande do Sul tienen “un menor nivel de confiabilidad”. Indicó además que tampoco sabe cuánto “subregistro” hay en esa parte de Brasil, de casos sintomáticos “que puedan estar fuera del radar de las principales ciudades” donde se realizan los tests. “No podemos tener tests de calidad A de un lado y de calidad B del otro, con gente que se está moviendo en ambos lados de la frontera”, dijo Radi.
El primer caso de Covid-19 en el departamento de Cerro Largo corresponde a un joven de 18 años que está en la ciudad de Melo desde el mes de marzo, según la intendente Carmen Tort.
La autoridades siguieron el hilo epidemiológico, es decir los contactos que mantuvo el joven en los últimos días, y decidieron que otras 18 personas fueran aisladas de forma preventiva.
La directora departamental de Salud de Cerro Largo, Mariela Anchen, dijo a El País sobre este caso: “Como todo joven, (el contagiado) tiene un montón de amigos con los que estuvo en contacto en los últimos días. Sobre todo fueron contactos en espacios abiertos, pero contactos al fin, donde los chiquilines compartían el mate por ejemplo. Según el protocolo, lo correcto es hacerle el hisopado a estos chicos a la semana de que este caso detectado tuvo los síntomas. Este joven empezó el lunes, o sea que entre el próximo domingo y el próximo lunes habría que hisopar a estos muchachos si tuvieran síntomas. Si no tuvieran síntomas, tienen que completar 14 días de aislamiento”, indicó.
Actualmente, en todo el país, hay 135 pacientes cursando la enfermedad COVID-19; cinco de ellos se encuentran en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios.
Los casos positivos suman 811 desde que comenzó la emergencia, de los cuales 654 pacientes se recuperaron y, 22 fallecieron.
La Intendencia de Montevideo solicitó al Poder Ejecutivo que destine 1.000 millones de pesos del Fondo Solidario Covid-19 al subsidio del transporte metropolitano para paliar el déficit de las empresas del sector.
El intendente Christian Di Candia realizó el planteo en una reunión que mantuvo ayer con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el ministro de Transporte Luis Alberto Heber.
A la salida del encuentro, Di Candia dijo que las empresas no llegan a vender el 40% de los boletos que vendían antes de la declaración de la emergencia sanitaria pero, a la vez, mantienen circulando el 70% de los coches, lo que está generando un déficit diario.
El intendente capitalino explicó que el subsidio al transporte metropolitano se nutre con fondos departamentales y nacionales pero la comuna no está en condiciones de aumentar sus aportes.
"La idea es que esto no se traslade a la tarifa. Pero obviamente el sistema tiene un subsidio departamental y uno nacional. Hoy en día la intendencia está de salida, en un momento de transición, con un presupuesto ya asignado y con difíciles márgenes de tomar deuda. Entonces entendemos que es una situación a la que debería ponerse los ojos desde el Fondo Covid. Eso es lo que estamos planteando", dijo Di Candia.
Al ser consultado por el monto que se debería transferir desde el Fondo Coronavirus, Di Candia respondió que se necesita un aporte de unos 1000 millones de pesos para sostener el sistema hasta diciembre, de no modificarse la situación sanitaria.
Di Candia sostuvo que ese monto sólo representa un 25% del déficit de las empresas de transporte. El restante 75% está siendo absorbido por las compañías mediante reducción de costos, con medidas que incluyen envíos al seguro de paro o reducciones salariales.
Por su lado, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, declaró a Subrayado que la situación en el sector del transporte de pasajeros es “dramática”. “Entre la empresa más chica del interior que ya no tiene más crédito para poner gasoil, y la mejor empresa o la más grande del país, la diferencia del colapso puede demorar no más de 15 días”, agregó Salgado.
INTERNACIONAL
En Estados Unidos, la cantidad de trabajadores que solicitaron beneficio por desempleo debido a la crisis por el nuevo coronavirus superó los 40 millones, mientras que las ventas de productos manufacturados se desplomaron.
Una pérdida de empleos a esa escala no se veía desde la Gran Depresión y ocurre cuando la economía más grande del mundo se contrajo 5 % en el primer trimestre, un anticipo de que lo peor está por venir.
El ritmo de los despidos ya pasó su pico máximo, pero continúa en cantidades masivas: según el Departamento del Trabajo, en la semana finalizada el 23 de mayo se sumaron al seguro de paro 2.120.000 trabajadores. Esta cifra superó ampliamente a la de la peor semana de la crisis financiera mundial hace 12 años, pero es menor a los 2.440.000 personas de la semana anterior.
El secretario de Trabajo, Eugene Scalia, admitió que la tasa nacional de desempleo podría llegar a 20%.
El Departamento de Comercio informó por otra parte que los pedidos de bienes manufacturados durables, un componente clave para medir el PIB en la economía estadounidense, cayeron 17,2% en abril, luego de una caída de 16,6% en marzo.
Las ventas cayeron a 170.000 millones de dólares en abril, el primer mes completo en que rigieron las órdenes de confinamiento de la población, en comparación con 246.000 millones antes del virus.
Gran parte del problema se debió al gigante aeroespacial Boeing, que no informó de nuevos pedidos en abril, en comparación con 31 en marzo.
En Minneapolis, manifestantes incendiaron una comisaría de policía en la tercera noche de protestas por el asesinato de un hombre negro tras ser detenido.
Los policías de la seccional habían salido antes del incidente, según las autoridades, después de que varios manifestantes derrumbaron las vallas de protección. La muerte el lunes de George Floyd generó indignación luego de una serie de crímenes policiales contra la comunidad afroestadounidense.
Autoridades en Estados Unidos decidieron enviar refuerzos a Minneapolis para contener la violencia después de dos días de enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
El gobernador del estado de Minnesota firmó un decreto para autorizar la intervención de la Guardia Nacional y el envío de 200 policías estatales y helicópteros.
La opinión del presidente, Donald Trump, sobre la situación en Minneapolis le generó un nuevo choque con Twitter.
El mandatario se pronunció a través de la red social, como es habitual, donde escribió: "No puedo quedarme quieto y mirar cómo pasa esto en una gran ciudad estadounidense, Minneapolis. O el muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, actúa y controla la ciudad, o enviaré a la Guardia Nacional y haré el trabajo bien…".
Twitter consideró que ese mensaje incumple "las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia", pese a lo cual lo mantuvo visible.
Trump no reaccionó rápidamente, como sí lo hizo esta semana cuando Twitter indicó que la información de otra de sus publicaciones podía ser falsa.
Previamente, ayer, el mandatario firmó una orden ejecutiva para limitar la protección de las redes sociales y la libertad que tienen las compañías tecnológicas para moderar su contenido. En particular, acusó a Twitter de tomar "decisiones editoriales" y de interferir en su contra en la campaña para las elecciones de noviembre.
Se espera que el documento sea el punto de partida de una larga batalla legal.
El Consejo de Seguridad de la ONU tratará hoy, a pedido de Estados Unidos y Reino Unido, la controvertida ley de seguridad adoptada por China para Hong Kong.
El tema se debatirá en una videoconferencia a puerta cerrada en un formato que permite a cualquier miembro plantear una variedad de cuestiones y a las que China, en principio, no puede oponerse.
Pekín rechazó el miércoles una reunión formal del Consejo de Seguridad solicitada urgentemente por Washington sobre el mismo tema, alegando que Hong Kong era un "asunto interno" de China.
En virtud de los nuevos procedimientos introducidos durante la pandemia Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia acusaron a Pekín de violar sus obligaciones internacionales después de que el parlamento chino aprobara una controvertida disposición sobre la seguridad en Hong Kong en respuesta a las protestas del año pasado.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra aprobó un decreto para reducir su sueldo y el de sus ministros por tres meses para ayudar a los familiares de trabajadores de la salud muertos por el coronavirus.
Todos los altos funcionarios se reducirán sus salarios entre 10 % y 15 %, según el decreto, que también establece cuál será el destino de esos fondos.
Entre las víctimas del coronavirus en Perú figuran 33 médicos y 12 paramédicos, según agrupaciones profesionales y sindicales. El país, de unos 33 millones de habitantes, tiene más de 135.000 casos de coronavirus y casi 4.000 fallecimientos. Es uno de los países de América Latina más afectados por el virus: segundo en contagios, detrás de Brasil, y tercero en cantidad de decesos, detrás del gigante latinoamericano y de México.
En Colombia, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se vio obligado a aclarar que los 45 soldados estadounidenses que llegaron al país no participarán en operaciones militares.
La tarea de estos efectivos -dijo el ministro- se limitará a una cooperación de nivel "consultivo y técnico" para "mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico".
El gobierno hizo estas precisiones después de que la presencia de tropas extranjeras fuera criticada por Venezuela, que las considera una amenaza. También congresistas colombianos.
Parlamentarios opositores e independientes del gobierno de Iván Duque consideraron una "violación a la soberanía" y a las funciones del Senado el despliegue del contingente estadounidense.
En Paraguay, se detectó una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio de Salud Pública en la compra de insumos médicos que podrían responder a un caso de corrupción, indicó la estatal Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
El organismo emitió una resolución en la que señala que el proceso de compra está "viciado de incongruencias administrativas", tal como había indicado antes la Contraloría. Por eso, exige al ministerio que haga las aclaraciones del caso y envíe la documentación correspondiente a la Fiscalía.
Entre las irregularidades, figura que las empresas que ganaron en un sistema de adjudicación deberían haber sido descalificadas porque no cumplían con los requerimientos y que no se siguió el procedimiento adecuado para determinar el precio que se pagaría. Por último, se señala que al menos algunos de los productos comprados no fueron recibidos. En sus descargos, el Ministerio de Salud indicó que rescindió el contrato con los dos proveedores por incumplimientos, sin aclarar si llegó a efectuar el pago anteriormente.
En Brasil, Datafolha indicó que el rechazo al presidente, Jair Bolsonaro, alcanzó un nivel récord de 43%, aunque el mandatario conserva un núcleo duro de apoyo de 33%.
El sondeo se conoce mientras Bolsonaro cuestiona con virulencia las acciones del Supremo Tribunal Federal y las medidas de confinamiento adoptadas por los gobernadores ante el coronavirus. Brasil es actualmente uno de los principales focos de la pandemia, y el país con peor situación en América Latina.
En lo judicial, la máxima corte ordenó el miércoles una treintena de allanamientos de domicilios y oficinas de aliados de Bolsonaro. Se sospechas que esas personas forman parte de una red de difusión de informaciones falsas y difamatorias de opositores y de miembros del máximo tribunal.
Entre los investigados figuran varios diputados, así como empresarios acusados de financiar ese esquema.
Bolsonaro descargó su ira contra esa operación, cuestionando principalmente que haya sido decidida individualmente y no por el conjunto de los magistrados de la corte. En declaraciones ante sus seguidores dijo: "¡Ya basta, mierda! Discúlpenme el desahogo. ¡Ya basta! No podemos admitir más esas decisiones individuales de ciertas personas, que adoptan ciertas acciones de forma casi personal".
En Argentina, la atención de la gente se desplazó hacia el conurbano bonaerense, y más específicamente a los asentamientos precarios de la zona sur, donde se está registrando un foco de coronavirus que llevó a adoptar la polémica medida de cerrar y aislar la zona.
El foco de la preocupación es Villa Azul, en el partido de Quilmes, donde se superaron los 200 casos detectados, y hay sospechas de que la situación podría ser peor en Villa Itatí, que es vecina y ocupa una extensión mucho mayor.
A la decisión política del gobernador Axel Kicillof de aislar la zona, que ya de por sí generó controversia, le siguieron las críticas por la deficiente logística para la asistencia a la población de ese barrio.
Para empezar, porque según denunciaron las organizaciones barriales, se hizo el aislamiento sin garantizar el suministro de alimentos y medicamentos. De manera que los pobladores se sintieron sitiados y realizaron protestas contra la presencia del cordón policial.
Luego llegó la ayuda alimentaria mediante el reparto de cajas para cada familia, pero eso no disminuyó el malestar, porque los vecinos alegaban que se trataba de cantidades insuficientes para una zona de alta densidad de población.
Pero además hubo quejas respecto de cómo se realiza la prevención sanitaria. Kicillof anunció que habría testeos masivos para detectar los contagios, pero los vecinos lo desmintieron. Afirman que lo que hacen los funcionarios es una encuesta en la cual le preguntan a la gente si tuvo síntomas, y en caso de que eso no haya ocurrido, no se hacen testeos.
La consecuencia de esto, dijeron los vecinos, es que la gente mintió que se sentía afiebrada, porque era la única manera de que se les hiciera las muestras para el coronavirus.
Lo cierto es que Villa Azul se transformó en el centro de la atención política, porque se lo considera el caso testigo a partir del cual determinar qué tan preparada está la provincia para cuando se produzca el pico de contagios.
A medida que la enfermedad avanza en los barrios carenciados, donde más afectó el desempleo producto de la cuarentena, se percibe un mayor riesgo de desborde social en el conurbano, el tradicional terreno de los saqueos y protestas violentas. Algo que pone a prueba la capacidad de respuesta del peronismo en su principal territorio de apoyo político.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) terminará de votarse hoy en la comisión especial del Senado y se considerará en el plenario de esa cámara a partir del próximo miércoles. La fecha límite para aprobar el texto en esta primera instancia es el domingo siguiente.
Según El País, a último momento se podría llegar a un acuerdo entre el Frente Amplio (FA) y la coalición multicolor para aprobar por unanimidad dos artículos que fueron polémicos: el referido al precio del combustible y la portabilidad numérica.
La comisión especial que trata la ley de urgente consideración aprobó por unanimidad la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las competencias que actualmente tienen la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Aguas pasarán a la órbita de este nuevo ministerio luego de que el Poder Ejecutivo promulgue la ley en agosto.
El senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, dijo, según La República, que votaron a favor en la comisión porque «era un buen camino».
El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizó ayer una manifestación frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contra lo que considera una “desprofesionalización” de las políticas públicas.
Además, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social se movilizó en solidaridad con el sindicato.
Los sindicalistas entregaron un documento dirigido al ministro Pablo Bartol, en el que describieron su plataforma reivindicativa y expresaron su disposición a mantener un intercambio con él.
La concentración de decenas de personas lució la consigna: “No a la precarización laboral y el desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)”.
Lo que denunció el Sutiga, según La Diaria, fue una “desprofesionalización” de la política pública a partir de la flexibilización de los requisitos de ingreso para trabajar en los distintos programas del Mides, así como la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados vinculados a la cartera, que son cerca de 3.000.
El sindicato de Antel (Sutel) decidió presentar un juicio contra la decisión del gobierno de no presupuestar a 857 trabajadores, un hecho que derivó en la caída del presidente de la empresa Guillermo Iglesias un mes después de haber asumido el cargo.
Augusto Larrosa, secretario general de Sutel, consignó ayer a El País que hay “un ataque sistemático contra Antel que se hace a través de actores del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como de los legisladores de la coalición”, y anunció que juntan firmas para tomar “las acciones jurídicas que sean necesarias” por la no presupuestación de funcionarios.
Larrrosa señaló que la resolución de presupuestación firmada por el directorio el 7 de mayo, todavía no ha sido derogada.
Un caso de abuso del Estado contra ciudadanos ocurrido durante la dictadura cívico militar en Uruguay fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), informó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente de la OEA.
El expediente, enviado el 24 de mayo a la CorteIDH con sede en San José (Costa Rica), trata de la responsabilidad del Estado uruguayo por las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino.
La Comisión dijo que tomó la decisión porque a pesar de las recomendaciones de investigación, reparación y no repetición ya señaladas al Estado uruguayo, estos hechos “continúan en la impunidad”, según informó la agencia de noticias EFE.
Según la investigación, Maidanik, Reyes y Raggio fueron asesinadas por ráfagas de balas en la madrugada del 21 de abril de 1974 durante un operativo de las Fuerzas Conjuntas.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) estima que en mayo la inflación se situará en 0,65%, llevando el registro interanual otra vez por encima de 10%.
Según un informe divulgado ayer, Cinve proyecta que en el resto del año la variación del Índice de Precios al Consumo adopte “una moderada tendencia decreciente” y que al cierre de 2020 se mantenga la inflación en dos dígitos.
En el comunicado se señala que la probabilidad de que la inflación ingrese al rango meta oficial de entre 3% y 7% es “virtualmente nula”.
Por otra parte, subraya la existencia de un panorama económico en el que reina la “incertidumbre” a raíz de la pandemia por el nuevo Coronavirus.
La comisión interministerial que negociaba sobre el etiquetado obligatorio de alimentos, con advertencias para la salud, no logró llegar a un acuerdo y elevó un informe al presidente Luis Lacalle Pou.
A mediados de marzo debía aplicarse el etiquetado obligatorio pero fue postergado por 120 días y ahora los ministerios no se ponen de acuerdo entre ellos.
Según El Observador, el jefe de Estado será el que tenga la última palabra para decidir entre la propuesta de Salud Pública o la que tiene el respaldo de otros tres ministerios.
La propuesta defendida por la cartera que encabeza Daniel Salinas plantea comenzar a aplicar el decreto que proviene de la administración anterior tal y como está una vez que se cumpla el plazo de 120 días.
Ese decreto establecía que los alimentos a los que se les haya agregado sodio, grasa o azúcares y en cuya composición final el contenido de esos elementos o grasas saturadas exceda los valores establecidos en el texto, deberán llevar la etiqueta octogonal correspondiente.
La otra propuesta que el presidente deberá analizar, tiene el respaldo de los ministerios de Economía, Industria y, Educación y, plantea una nueva prórroga hasta julio de 2021 para continuar negociando a nivel del Mercosur la aplicación de una norma en conjunto.
En el mercado local, el dólar subió ayer 0,25%. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 43,311.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va del año, el billete verde acumula una suba de 16,00% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2019)
En pizarra del Banco República, el dólar cerró ayer a $ 42,05 para la compra y $ 44,45 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer luego de nueve jornadas consecutivas en las que había bajado y se ubicó en R$ 5,340.
En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 68,45. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 124,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0885.
OTRAS NOTICIAS
A esta hora, en la página web de UTE, ya no figura que haya corte de energía eléctrica luego del incendio en la Estación 14 que dejó ayer sin energía eléctrica desde la hora 17:22 a más de 9.000 clientes, según informó la empresa a través de Twitter.
Poco antes de la hora 20:00 de ayer, UTE comunicó que trabajaba en el el lugar para "reponer el servicio lo antes posible", pero que "por la magnitud de los daños” estimaba que se iría restableciendo en las primeras horas” de hoy, viernes.
La Justicia impuso dos meses de prisión domiciliaria con tobillera electrónica para el hombre que apuñaló a un médico hace tres días luego de que ambos discutieron y se pelearon porque el agresor increpó a la víctima por no usar tababoca dentro de un supermercado de Avenida Italia y Solano López.
Según Subrayado, el médico Álvaro Miller narró que la puñalada iba al pecho pero que logró desviarla con el brazo hacia su abdomen. Ya fue dado de alta y se recupera en su domicilio.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo ayer que, “ante una caída de los delitos, producto claramente del efecto sanitario de la pandemia, el número de formalizaciones se mantuvo, con lo cual el porcentaje de delitos aclarados subió”.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había anunciado el 6 de mayo que en lo que llevaba al frente de la cartera de seguridad ya había logrado "mejores resultados" que su antecesor, Eduardo Bonomi.
Según el fiscal de Corte, “en la primera quincena de marzo los delitos seguían creciendo más o menos al mismo ritmo de los meses anteriores y, a partir del día 13, 14 se plancha, hay una caída abrupta (….) un quiebre que ocurrió en todas partes del mundo", dijo.
"Esa caída”, siguió explicando Díaz, “fue (desde) la segunda quincena de marzo y continuó en abril. Todavía estamos procesando los datos de mayo y, no son todos los delitos pero son los que tienen mayor impacto, como los hurtos y las rapiñas".
Sobre los homicidios y su cantidad, Díaz dijo que "se mantuvieron si no crecieron". Si se compara con marzo y abril de 2019, hubo un aumento de 15.39% y, si se toma como base enero y febrero, en marzo y abril hubo un empate.
Las denuncias penales sobre violencia doméstica y de género disminuyeron pero, al mismo tiempo, se produjo un aumento de 80 % en las llamadas de consulta a la línea de Inmujeres en los últimos meses.
Díaz se preguntó si la explicación tiene que ver con que "hay menos posibilidades de denunciar". "La fiscalía no está recibiendo denuncias, así que hay múltiples factores", sostuvo el fiscal de Corte.
Díaz destacó además que ha habido un aumento de las denuncias de abigeato.
El fiscal de Corte señaló además que en la actualidad hay 12.116 personas adultas privadas de libertad, lo que significa un máximo histórico. “Por lo tanto”, dijo Díaz, si hay mayor o menor inseguridad, no es porque haya menos privados de libertad”.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, presentó ayer el nuevo diseño de colores, logotipos y tipografía de vehículos policiales como los patrulleros.
Estos vehículos ahora son blancos con una franja horizontal azul atravesada en sus partes delantera y trasera por franjas pequeñas de color amarillo. La imagen del escudo policial luce más grande que en la estética anterior.
En un video divulgado por el ministerio del Interior, se explica que el agregado de reflectivos amarillos “marcan la anchura del vehículo” y dan “mayor visibilidad”.
La adquisición de los materiales para adornar esta primera camada de móviles según La Diaria, fue hecha por una compra directa por un monto de $ 484.025, señala la página web de Compras Estatales.
En el desglose, el ministerio indica que para la camionera que aparece como ejemplo en el video, se compró diez metros cuadrados de “confección de vinilo decorativo” de color blanco, ocho metros cuadrados del mismo producto, pero en color azul, y siete metros cuadrados en color “reflectivo amarillo”. Este último es el más caro, con un costo de $ 36.569 pesos el metro cuadrado; quedó en 312.000 pesos con impuestos incluidos. Todo el material se compró a la empresa Panibil SA.
Foto: Daniel Rodríguez / adhocFOTOS
