EC —Estamos hablando de la nueva etapa que inicia en la vida política cuando lo que pensaba era retirarse, por lo menos retirarse de los cargos en el Poder Legislativo.
LT —Porque yo soy de las que piensan que si hacemos algún día una reforma constitucional tenemos que limitar los años seguidos que un legislador puede estar en la banca. No tanto como México, donde pueden estar un período y después tienen que saltearse uno, pero dos, tres períodos, porque uno, por más voluntad que ponga, corre riesgos de burocratización. Los seres humanos somos así. Después cuando por las circunstancias electorales se dan cambios muy bruscos, como pasó fundamentalmente en la Cámara de Diputados en este período, el cuerpo se desacomoda más. Por eso yo me retiraba voluntariamente, y por una estrategia de mi sector político. Pero la vida me desafió de otra manera.
EC —Una pregunta más a propósito del caso Sendic, que ha aparecido a lo largo de la entrevista porque fue la situación que derivó en que ahora usted esté ocupando esta responsabilidad.
Ayer la Junta de Trasparencia y Ética Pública emitió un dictamen a propósito del uso de las tarjetas corporativas de Ancap. Y dice que Sendic incurrió en “violaciones a las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad, rectitud, legalidad, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos”. ¿Leyó el informe?
LT —No, no lo leí, pero era algo anunciado, porque obviamente lo que determinó la cancha fue la sentencia del Tribunal de Conducta Política, que la Junta lo debe haber tomado, lo debe haber leído. Son dictámenes duros. Pero nosotros ahora tenemos que salir adelante, y va a estar en discusión en el Parlamento una normativa sobre viáticos, sobre uso de tarjetas y todo eso. Hay proyectos, hay un proyecto del Frente y hay un proyecto parcial de Javier García y otro de Bordaberry. Hay que juntar los proyectos, hay que poner una normativa. Por supuesto que está el viejo refrán de “hecha la ley, hecha la trampa”, pero evidentemente eso era algo que no se estaba controlando en el Estado en general como se debía. Es una especie de tobogán, a veces el que ingresa en una función se desliza por él sin pensar demasiado.
EC —Ahora el diputado Felipe Carballo, de la propia 711, pide información a propósito del uso de todas las tarjetas corporativas desde el año 2000 en adelante. Da la impresión de que el propio grupo de Sendic está disparando hacia el costado. “¿Por qué se analizan solo los gastos de Sendic?”, pregunta Carballo.
LT —Humanamente es completamente comprensible que lo haga. Primero, tenemos la libertad de preguntar, el FA tuvo la virtud de votar la Ley de Acceso a la Información. Creo que es una herramienta formidable, Uruguay todavía no tiene conciencia total de esa ley. Se ha usado mucho por periodistas investigadores, pero la población, doña María, cualquiera puede acceder al dato que se le cante, salvo tres o cuatro puntos de reserva que tienen que ver con la seguridad y las relaciones exteriores. Ayer mismo me cayeron al Parlamento dos pedidos de informe en el marco de esa ley, y está bien, el legislador también la puede usar, tiene el mecanismo de los pedidos de informes pero también puede usar la ley si se le antoja, la ley es para todos. Eso va a colocar en la realidad uruguaya discusiones o situaciones que probablemente, no por maldad, no por ocultamiento, no por nada de eso, yo no juzgo –no soy quién tampoco para hacer esos juicios–, sino por avances de la sociedad, de repente no se conocen tanto, son profundizaciones de la democracia. A mí me han dicho algunos argentinos, brasileños, que con esa ley estamos rematadamente locos, yo creo que no, creo que es una herramienta que puede hablar de la madurez del Uruguay en esa materia. Porque lo único que preservamos son algunas cuestiones de seguridad, porque cualquiera con sentido común se da cuenta de que es elemental, y algunas cuestiones de relaciones exteriores por la misma razón. Pero todo lo demás ¿por qué no puede ser de acceso público? Porque hay que hacer la pregunta al revés.
Entonces si Felipe quiere hacer ese pedido de informes está en ley. Seguramente se sienta herido, porque está la vieja consigna del MPP “con razón y corazón”, está la parte de la razón, pero la parte humana está en todas las cosas que hacemos. Probablemente él quiera conocer o demostrarse o demostrar que esto era más común de lo que se pensaba. Pero al que le toca, le toca, que se transparente todo y se reglamente. Incluso el Poder Ejecutivo va a sacar unos decretos reglamentarios. Aplaudo con las dos manos, y si esta circunstancia parió esa realidad, es un resultado bueno.
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EC —El diputado Jaime Trobo se reunió con usted el martes pasado buscando que se impulse un proyecto de ley de reparación económica para “las víctimas de la sedición entre 1962 y 1976”. Hace tiempo que el diputado Trobo maneja este asunto. Y declaró que confía en que usted pueda llevar adelante esta iniciativa justamente por haber participado en aquellas acciones cuando integraba el MLN. ¿Cómo vio este planteo?
LT —Mi despacho está abierto para todos, por lo tanto él me pidió una entrevista y no dudé en dársela, no tenía idea de lo que me iba a plantear. Trajo un proyecto que ya fue planteado dos veces en el Parlamento, fue una idea original de García Pintos, en ese momento se generó un proyecto de ley que naufragó en el Parlamento. Después el mismo proyecto de ley fue reflotado por el doctor Lacalle Herrera en la legislatura pasada, y naufrago nuevamente. Trobo desarchiva otra vez el mismo proyecto.
Todos los legisladores tienen libertad de proponer lo que sea y está bien que lo hagan. Será después la Cámara la que resuelva si tienen viabilidad o no. Ese proyecto de ley tiene un costo, porque todas las reparaciones tienen costo, así que finalmente ese proyecto de ley tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo, eso se lo dije. Y le dije que me parecía bien que si estaba convencido lo presentara.
