Entrevista central, martes 24 de noviembre: Carolina Cosse

Entrevista con Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería.

EN PERSPECTIVA
Martes 24.11.2015, hora 8.35

EMILIANO COTELO (EC) —Después de varias prórrogas, hoy, 24 de noviembre, vence el plazo previsto en la Ley de Minería de Gran Porte para que el Gobierno y la empresa india Zamin Ferrous firmen el contrato de inversión para la extracción de hierro en la zona de Valentines.

Luego de casi ocho años de negociaciones, la empresa asiática no logró obtener la autorización ambiental para el proyecto Aratirí, un permiso que debía estar aprobado antes de la firma del contrato de inversión.

¿Cuál es la actitud del Gobierno? ¿Qué posibilidades maneja el Poder Ejecutivo a partir del vencimiento del plazo?

Vamos a conversarlo con la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.

La Ley de Minería de Gran Porte estableció plazos para la firma del contrato de inversión una vez que el proyecto fuera declarado de gran porte. En diciembre venció ese plazo, pero en febrero el Parlamento modificó la ley y le dio al gobierno varios días más para negociar. Ese plazo vence hoy. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo?

CAROLINA COSSE (CC) —El Poder Ejecutivo se ciñe al marco normativo, ¿verdad? Cuando finaliza esta prórroga que vence hoy, según la Ley de Minería de Gran Porte, en su artículo 38, pasan a regir otros plazos que establecen, por ejemplo, 90 días para que la empresa presente un nuevo interesado. Esos 90 días empiezan a correr a partir de que el ministerio registre, en el Registro de Vacancias, los predios que la empresa había obtenido autorización para explotar. Corren esos 90 días para presentar un nuevo interesado, y si lo presenta el Estado tiene 120 días para aceptarlo o no. En esos 120 días posteriores el interesado deberá cumplir con los requisitos que marca la ley.

EC —Pasando en limpio, no se va a firmar con Zamin Ferrous el contrato de inversión. Y el motivo es que no se llegó a aprobar a tiempo la autorización ambiental.

CC —No es porque no sea a tiempo solamente, no tiene la autorización ambiental porque no están completos los estudios o las respuestas que son necesarios para proveer seriamente una autorización ambiental. Por lo tanto no se va a firmar el contrato.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Queda descartado como tal el proyecto Aratirí. ¿Por dónde se sigue ahora? ¿Cómo es esta nueva etapa en la que la empresa va a tener que buscar otro interesado? ¿Qué implica eso? ¿Qué relación va a tener que tener ese interesado con el Estado, qué garantías le va a tener que presentar?

CC —Las que marca la ley. Las mismas garantías que se le exigieron a la empresa Aratirí, a Zamin Ferrous, el marco normativo es el mismo. Eso es algo muy bueno que tiene Uruguay, tiene un Código de Minería y tiene una Ley de Minería de Gran Porte que establecen claramente todas las condiciones. Incluso esta, no firmado el contrato, rige un plazo para que la empresa tenga la oportunidad de presentar un nuevo interesado, cosa que probablemente hará, y además, a partir de que lo presenta, rigen 120 días para que el nuevo interesado cumpla con todos los requisitos: presentar un proyecto, hacer las gestiones…

RA —El proyecto en buena medida va a ser similar al de Aratirí.

CC —Habrá que ver. Es importante que manejemos que el Estado no va a ser solo un receptor de un proyecto, nos interesa opinar sobre el proyecto.

EC —Justamente, teniendo en cuenta que con esta compañía en particular no se va a firmar el contrato de inversión, podía ocurrir –sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un nuevo período de gobierno– que las autoridades resolviesen que se deja por el camino esta posibilidad de explotación minera. Que teniendo en cuenta toda la polémica que se generó, las resistencias que ha habido, eventualmente, porque cambiaron las condiciones del mercado, etc., se prefiera no seguir. ¿Hay algo de eso o se mantiene el mismo criterio que en el gobierno anterior?

CC —Es un tema de marco normativo. Estos 90 días los marca la ley, la empresa tiene la oportunidad de presentar un nuevo inversor y le vamos a dar esa oportunidad. Después el nuevo inversor tiene 120 días para realizar los procedimientos, presentar el proyecto.

EC —Por lo que ha circulado, la compañía ya tiene nombre, es Aurum Ventures. ¿Es esa efectivamente, otra empresa india?

CC —Sí, es muy probable que sea esa.

RA —¿Ustedes han avanzado en esas negociaciones, en esas conversaciones con esta nueva empresa?

CC —Esta nueva empresa ya está vinculada con Aratirí y seguramente sea la que Aratirí presente.

EC —¿Puede pensarse que van a cambiar los criterios, que se va a ser más exigente? ¿Cómo lo van a manejar?

CC —El gobierno ha sido muy exigente. Muy exigente en términos de proteger los intereses nacionales, de proteger el medioambiente, de hacer las cosas con seriedad, con claridad. Me parece difícil ser más exigente. Lo que quiero trasmitir es que no se trata solamente de recibir un proyecto y aprobarlo, también es un tema de interés nacional. Nos interesa que estimule la producción nacional, que se genere una cadena de proveedores a nivel local, que queden no solamente dinero y bienes materiales para el país, sino también capacidades, capacidad de producción alrededor de esto.

EC —¿Qué va a pasar con las áreas denunciadas para la extracción de hierro?

CC —Las áreas en las que la empresa tenía el permiso concedido vuelven al Estado, se registran en el Registro de Vacancias, y a partir de ahí corren los 90 días para que la empresa presente un nuevo interesado.

EC —¿En qué situación quedan los propietarios de los predios de esas zonas?

CC —A todos ellos se les da vista de esto. Y si el procedimiento vuelve a empezar, se vuelve a dar vista. Es un procedimiento muy cuidadoso de la transparencia y todo ese tipo de cosas.

EC —¿Qué ocurre con los trabajadores que habían sido contratados para el proyecto Aratirí?

CC —Es un tema de la empresa, que deberá decidir la empresa.

EC —¿Cabe la posibilidad de que el gobierno maneje algún tipo de seguro especial? ¿De qué manera interviene el Poder Ejecutivo en esa situación?

CC —Como interviene el Poder Ejecutivo cuando tiene que intervenir en situaciones similares. Los puede mandar al seguro de paro, es un tema de manejo de la empresa.

RA —En esta nueva etapa que posiblemente se plantee con esta nueva empresa, ¿qué elementos debería incorporar la firma en la información que presente para obtener autorización ambiental, para que efectivamente la Dinama le otorgue ese permiso y se pueda firmar el contrato?

CC —Tiene que presentar respuestas satisfactorias y consistentes entre sí y con la información que ha presentado hasta ahora. La Dinama lo que hace es chequear la consistencia de las respuestas con los proyectos presentados. Si en un proyecto tú me decís que se precisa un determinado flujo de agua y en la evaluación del impacto social se ve que ese flujo de agua no corresponde a los números… Esas son las cuestiones que chequea la Dinama, por ejemplo.

RA —¿Eso es lo que se dio concretamente con el caso de Aratirí?

CC —No, no, es un ejemplo. Hay muchas preguntas, un proyecto tiene múltiples componentes, la Dinama analiza todos los componentes que tienen impacto ambiental y chequea la consistencia o hace nuevas preguntas. Es una tarea seria. Son las cosas que son de uso en el mundo.

RA —¿Cuán condicionada va a quedar la firma del contrato de inversión a la autorización ambiental como tal? Hay distintas versiones.

CC —Si no está la autorización ambiental no se firma ningún contrato.

RA —Es una condición, un requisito: no se puede firmar un contrato a condición de que en un futuro la empresa consiga la autorización ambiental.

CC —No, la Ley de Minería de Gran Porte es clara en ese sentido. Tiene que estar la autorización ambiental.

EC —Usted, que es nueva en esa cartera –en el período anterior estaba en otra responsabilidad, en la presidencia de Antel–, ¿qué análisis ha hecho de toda la controversia que el proyecto Aratirí generó? En estas horas previas al cumplimiento de este plazo nos llegó un correo electrónico de los organizadores de las campañas en contra de Aratirí que termina diciendo:

Esperemos que aquellos que aún propugnan ese tipo de explotación de nuestros recursos expliquen claramente cuáles serían las consecuencias de ese tipo de explotación, que de hecho sería minería metalífera a cielo abierto.

Los que impulsamos el plebiscito para la inclusión en nuestra Constitución de la prohibición de esa forma de minería ya hemos demostrado, y nadie ha podido siquiera discutir, que esa explotación no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por un lapso de menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales como puede verificarse en la lectura del plan de cierre que fue presentado a la Dinama y que incluso está disponible en distintos sitios webs.

CC —¿Cuál es la pregunta?

EC —Ahora que es ministra y que está con este tema sobre la mesa, ¿qué importancia le da a todo este ambiente crítico que ha ido creciendo en el país en los últimos años?

CC —Primero, tenemos que evaluar que la autorización ambiental no se dio y tenemos que estar tranquilos de que este gobierno y el gobierno anterior han realizado con seriedad todos los procesos que conducen o no a una autorización ambiental.

Segundo, para este gobierno la protección del medioambiente es un tema fundamental. De hecho el ministerio que me toca dirigir está promoviendo una serie de acciones, por ejemplo alrededor de la cuenca del Santa Lucía, que tienen que ver con proyectos de cuenca inteligente y demás para introducir tecnología para proteger nuestros recursos naturales, y también estamos promoviendo una serie de acciones dirigidas a la producción más limpia de las industrias en general. Yo veo en la protección del medioambiente también una oportunidad de generación de una industria medioambiental. Para este gobierno el tema del medioambiente es muy importate.

También lo es el desarrollo industrial, y en ese sentido creo que los recursos naturales que son base del desarrollo de una industria, como lo es el agro, podrían ser base de industrias incluso más sofisticadas. Los minerales también son recursos naturales y también deberían ser base de un desarrollo industrial. Como todas las economías, tenemos que resolver la contradicción desarrollo económico e industrial-protección del medioambiente. Esa contradicción se resuelve haciendo las dos cosas.

Tenemos que trabajar con seriedad, como se viene haciendo. Tenemos un marco normativo que es serio y consistente, la Ley de Minería de Gran Porte incorpora conceptos de responsabilidad intergeneracional, responsabilidad del Estado hacia el futuro, la generación de un fondo intergeneracional. O sea que de explotarse recursos naturales minerales de envergadura, no será un tema de una explotación de un día o dos o un beneficio de un día o dos. La ley está pensada para que quede un beneficio, porque en definitiva estamos sacando algo nuestro, de todo el Uruguay, y eso tiene que generar beneficios no solo para esta generación de uruguayos, sino para las generaciones que vendrán. En ese sentido tenemos todos los elementos para hacer las cosas bien y con seriedad. Y creo que las estamos haciendo con seriedad, con responsabilidad y con la pata del desarrollo y la pata de la protección del medioambiente, que no deben ser contradictorias.

EC —Hay una pregunta de la audiencia a propósito de minería pero en otro ejemplo concreto. La consultan sobre el “estado actual del otro y por momentos único proyecto minero en explotación actualmente, Orosur Mining. ¿Qué grado de participación tiene pensado el gobierno desde el ministerio en este y otros proyectos, dada la coyuntura internacional, que es tan adversa para la minería?”.

CC —Justamente, hace unos días estuve en un congreso internacional de minería en un país que es líder en estos temas, que es Australia. Tuve la oportunidad de escuchar y dialogar con empresas de minería muy grandes, y con relación a la variación del precio de los commodities, que se ha dado en todos los minerales, se evaluaba que hubo una curva de variación del precio que creció, después bajó y ahora está en los niveles en que estaba unos años atrás. Incluso estas grandes empresas comentaban que el período que pasó, de unos 10 años de subida y bajada del precio de los minerales, fue un período excepcional y ahora estamos en la normalidad.

Entonces es cierto que el precio de los commodities ha bajado, pero también es cierto que durante 10 años tuvieron una situación excepcional, buenísima, por tanto las rentas se acumulan. Haremos lo posible, dentro del marco normativo vigente, para apoyar que permanezcan los puestos de trabajo, para que las empresas sigan su desarrollo, pero entendemos –algo que también expresaban las grandes empresas en este congreso– que cuando el precio de los commodities resiente el andamiento de una industria es una oportunidad –y esto vale para todas las áreas de la economía– para introducir tecnología, para hacer innovación, para ir mucho más allá del recorte de costos, para acercar mucho más las empresas a la academia y plantearse objetivos muy ambiciosos. Yo vi en este congreso a una empresa de minería enorme clamar por investigación científica en los temas que le impactan directamente en la productividad. No es un análisis que se pueda simplificar, en él estamos trabajando.

EC —¿Efectivamente están en contacto con Orosur Mining, que desarrolla su actividad en la zona de Minas de Corrales, en Rivera?

CC —Sí, estamos en contacto no solo con Orosur Mining, sino con muchas muchas empresas de todos los rubros en Uruguay.

EC —Pero a propósito de estas dificultades en concreto, ¿tienen una línea de trabajo con esta empresa?

CC —Sí, tenemos.

EC —¿Puede llegar a conocerse alguna decisión a corto plazo?

CC —Estamos estudiando si podemos, en algunos aspectos en que la ley lo permite, exonerar parte del canon para que la empresa no resienta la cantidad de puestos de trabajo, por ejemplo. El marco normativo es muy claro en ese sentido y los cánones no se pueden exonerar así nomás, se tienen que cumplir determinadas condiciones –el predio donde lo están haciendo, la cantidad de años que llevan haciéndolo–. Hemos escuchado el planteo de la empresa, hemos analizado el marco normativo, hemos exonerado temporalmente del canon a algunos predios y hemos conversado con la empresa de que esto lo hacemos en el entendido de que va a mantener puestos de trabajo, lo hacemos para eso.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

Pablo Izmirlian

Editor de EnPerspectiva.net y responsable del proyecto EN PERSPECTIVA radio. Comenzó su carrera como periodista en el año 2000 en el diario El Observador. Trabajó también en Búsqueda, La Diaria, Bla, El Espectador y The Washington Post.

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