EC —¿Concretamente de qué está hablando?
DP —Como dije, tenemos que hablar con el Mides sobre este tema y encontrar una solución en conjunto, con nuestra colaboración. O instituciones privadas, ONG que tienen como cometido dentro de su vocación trabajar con estas personas.
EC —¿La línea que usted está planteando no tendría que ir por el lado de que se generara una unidad especial dentro de la Facultad de Ciencias Sociales dedicada a atender este asunto y que tuviera hasta su propia parte del edificio asignada, con restricciones al desplazamiento de esta gente? La pregunta es esa, si los estudiantes, los docentes, los funcionarios van a estar obligados a convivir con una población que no tiene nada que ver en principio. “¿La facultad fue creada para esto?”, preguntan algunos oyentes.
DP —Vamos en esa dirección. Y digo creo porque recién estamos atinando a ver qué soluciones tomamos. En el grupo de trabajo que creamos está incluida la coordinadora de la Unidad de Extensión de la facultad, porque creemos que esta puede ser una tarea para una unidad de extensión que trabaje con estas personas y que los estudiantes puedan participar en talleres o actividades que se lleven a cabo con esta gente.
EC —Le pregunto por algunos aspectos delicados o incómodos. Los baños, ¿tiene sentido que los baños de la facultad sean absolutamente abiertos y públicos y que esta población use los mismos baños? Hay riesgos sanitarios de por medio, etcétera.
DP —Te devuelvo la pregunta: ¿qué baños puede usar esta población, 1.500 personas que están en la calle en Montevideo todos los días?
EC —Sí, está claro que hay una carencia.
DP —Y bueno…
EC —La pregunta es si los baños de la Facultad de Ciencias Sociales son para eso.
DP —Yo espero que no solo los baños de la Facultad de Ciencias Sociales estén abiertos para esas personas. Espero que nuestra sociedad tenga capacidad de responder de una manera positiva frente a lo que está pasando.
EC —Está bien, pero de vuelta, hablando de manera políticamente incorrecta, hay riesgos sanitarios con esa población mayores que con la población habitual de la facultad. Hay riesgos para quienes son alumnos, para quienes son profesores, derivados de la condición de muchas de estas personas que viven en situación de calle. Entonces, ¿cómo se van a manejar los baños? Tienen un desafío ahí.
DP —Tenemos un desafío, sí. Reconozco.
EC —Lo otro, la violencia, los riesgos de enfrentamientos, los riesgos de robos.
DP —En eso tenemos una política clara también. Las personas que incurren en conductas no apropiadas, ya sea que se pelean, que discuten, que roban o lo que sea, tienen prohibida la entrada a la facultad. Las tenemos identificadas, sabemos quiénes son, tenemos sus datos filiatorios y tienen prohibida la entrada a la facultad. Esa es la práctica que se está instrumentando.
EC —El protocolo para el funcionario de vigilancia es de ahora, es reciente.
DP —Es reciente, tiene dos semanas.
EC —Lo curioso de leerlo es que se lo ve muy flexible, muy benigno. Lo primero que me llama la atención es que no habla del problema. El título es “Protocolo para actuación del servicio de vigilancia frente a situaciones de presunto riesgo del acervo material de la institución o de la integridad física de las personas que la transitan”. No alude a cuál fue el disparador de este protocolo.
DP —Porque es un protocolo no solo para esta situación. No es la primera vez que nos roban en la facultad, y en todas las facultades. Ocurre por ejemplo el robo de computadoras, gente que entra a una facultad y roba una computadora. El otro día nos robaron el carrito de reparto. Eso ocurre, entonces el protocolo trata de cubrir todas las situaciones que puedan ocurrir en la facultad, no es específicamente para eso.
EC —Pero por ejemplo, “en caso de que haya un hurto que afecte a la institución, debe darse aviso a los superiores, que de ser necesario se comunicarán con el decano para que haga la denuncia. Pero si el robo es a un tercero, la denuncia corre por cuenta de la víctima”.
DP —Sí, porque la policía establece eso. Nosotros ni siquiera lo sabíamos. Cuando ocurrió el primer robo a un estudiante fuimos nosotros a hacer la denuncia y nos dijeron “no, tiene que venir el damnificado”. Así que tuvimos que ir con el estudiante y fue el estudiante el que hizo la denuncia.
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EC —¿Cómo sigue esto? ¿Cuáles son los próximos pasos? Por ejemplo, con el rector usted ya se comunicó.
DP —Sí, claro.
EC —¿Se sabe en cuántas facultades está pasando algo similar?
DP —No. Yo tengo un relevamiento porque nosotros tenemos lo que se llama la Mesa del Área Social y Artística, que integramos siete facultades, y he hablado con los decanos de esas facultades. En general le diría que en todas las facultades ocurre, pero no con la magnitud con que está ocurriendo en la nuestra. En las demás facultades del área son entre cuatro y seis personas que los decanos saben que están en situación de calle y están entrando a las facultades.
EC —¿Se está pensando en una política común a toda la Udelar?
DP —Espero que sea así y espero que esto obligue a un buen debate en la Udelar sobre estas situaciones, porque no somos los únicos que estamos teniendo esta situación, creo que nos merecemos un debate en toda la universidad.
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Transcripción: María Lila Ltaif
