EC —Vamos a recorrer algunos puntos. El primer punto del documento se repite, estaba en el del año pasado. “Antes de que termine el primer semestre de 2017, pasar a un régimen de metas de gestión semestrales que se ajusten a la nueva realidad fiscal, como manera de tener un mejor control de la ejecución y una evaluación constante de resultados”. ¿Por qué proponen de nuevo esto?
P da S —Hay dos problemas fundamentales. Uno es un problema de eficacia, los gobiernos del FA, y en particular este segundo gobierno del doctor Vázquez, se han caracterizado y se está caracterizando por movilizar una enorme cantidad de medios para generar muy pocos resultados. Pensemos en los terrenos que queramos. Pensemos en educación, tanto se ha hablado de cómo aumentó enormemente –y es verdad– el presupuesto educativo, pero los resultados son malos. Pensemos en seguridad, nunca hubo un aumento del presupuesto del Ministerio del Interior (MI) como el que ha habido estos años, y no tengo que explicarles a los uruguayos qué es lo que sentimos en materia de seguridad. Y así sucesivamente. Pensemos en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la enorme cantidad de dinero que se ha volcado –por eso está también en otra de nuestras propuestas– en un ministerio cuya creación el Partido Nacional (PN) también votó, porque se suponía que ahí se iban a concentrar los esfuerzos por mejorar la situación de los sectores más vulnerables de la población, y la verdad es que no hay buenas evaluaciones de impacto ni lo que se ve en la realidad indica que todo el dinero que se ha volcado por esa vía esté teniendo efecto.
Entonces nos parece que por una parte hay un problema muy grave de falta de eficacia, hay una desproporción enorme entre la cantidad de recursos que se movilizan y los resultados concretos que se van obteniendo. Y a eso se suma ahora un deterioro en el propio manejo de los recursos del Estado. Acabamos de cerrar un año con un déficit fiscal histórico de 4 %. Ni siquiera a la salida de la crisis del 2002 llegamos a 4 % de déficit fiscal.
No estamos teniendo resultados y además el uso desprolijo, descuidado, de enormes cantidades de recursos públicos está generando estrecheces que hasta ahora no existían pero que se han vuelto muy serias. Por tanto es fundamental mejorar la calidad de la gestión, es fundamental que la administración de los recursos públicos por parte del gobierno dé un salto en términos de calidad, como no ocurrió hasta ahora.
Por eso proponemos una serie de medidas que entendemos que en el caso de aplicarlas van a permitir ir midiendo resultados casi en tiempo real, van a generar mecanismos de alerta temprana. No nos puede pasar lo que nos pasó con Ancap, que se había hecho un cráter de proporciones gigantescas cuando finalmente el Uruguay se dio cuenta de lo que había pasado. El caso de Ancap debería tenernos alerta en muchísimos sentidos, y este es uno, el tiempo que demoramos como sociedad en reaccionar frente a una catástrofe de proporciones descomunales. Entonces necesitamos y proponemos al gobierno que modifique sus procedimientos de gestión para mejorar la eficacia en el uso de los recursos, para reducir el despilfarro que entendemos que está ocurriendo en el uso de los recursos y para que no nos durmamos y podamos darnos cuenta rápido cuando hay problemas grandes que están creciendo.
EC —Al mismo tiempo, proponen otra vez que se introduzca un sistema de regla fiscal.
P da S —Ese es un caso interesante. Hace un año propusimos una regla fiscal. Es un marco normativo que permite controlar el gasto por parte del gobierno; en general las reglas fiscales más recomendables son aquellas que obligan al gobierno a no gastar demasiado cuando hay, para tener reservas que puedan ser utilizadas cuando no hay. Propusimos esto hace un año y el presidente Vázquez, en su respuesta al senador Lacalle Pou, dijo que no hacía falta porque hay una ley de tope de endeudamiento que ya estaría actuando como una regla fiscal. Nosotros demostramos en el documento que presentamos hoy que eso no es así.
EC —La ley existe…
P da S —La ley existe, pero el propio gobierno se ha ocupado de perforarla, de desactivar los tímidos mecanismos que tenía para controlar el gasto del Estado. En primer lugar, por la vía de mandar todo el tiempo solicitudes al Parlamento para aumentar el tope de deuda, cosa que la bancada oficialista votó cada vez que se le pidió. Pero además hay un mecanismo que habilita al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta el doble de la cantidad de dinero a la que fue autorizado por el Parlamento en el caso de que haya circunstancias excepcionales. El Poder Ejecutivo utilizó muchísimas veces ese procedimiento, y de todos los años en que lo utilizó –cinco o seis veces– solo una vez había –en el 2009, en el que efectivamente se combinó una sequía con una crisis financiera internacional– se verificaban circunstancias extraordinarias que justificaban pasarse del tope de deuda. Todas las otras veces que se usó ese procedimiento lo único que había eran ganas de gastar más, sin ninguna circunstancia extraordinaria que lo justificara.
EC —¿Ustedes están diciendo que se aumentó el endeudamiento de manera ilegal, no cumpliendo con los requisitos que esa norma tiene para que se pueda ir más allá del tope fijado?
P da S —Si es ilegal o no, que lo diga un jurista. Lo que sin duda se hizo fue ignorar el espíritu de la norma, que establecía ese dispositivo como un gatillo que había que hacer saltar en circunstancias excepcionales, que se convirtió en un recurso habitual para justificar que el gobierno siguiera gastando dinero. Lo que sin duda se aplica es aquello de hecha la ley, hecha la trampa. Una ley que se suponía que iba a actuar de esa manera no lo está haciendo. Con la ironía de que quien dice que no necesitamos más porque la ley va a funcionar así es la cabeza del gobierno que hace que la ley no funcione así. Entonces tenemos un problema.
EC —La alternativa es la regla fiscal. ¿Alguna fórmula de regla fiscal en particular? Porque sobre esto hay escuelas diferentes.
P da S —Hay escuelas diferentes y no hay soluciones universales. Depende mucho de cada país y de la manera en que funcionan las cuentas públicas en cada país. Hay varias propuestas en la vuelta, de hecho hace unos días en la prensa apareció una propuesta de dos o tres economistas uruguayos en el exterior. Nosotros no queremos imponer una, tenemos nuestras propias ideas al respecto, por supuesto, pero lo que proponemos es que esto se instale como un tema central de la agenda pública, que se convoque a técnicos de todos los partidos, se acuerde una fórmula que todos consideren sensata y se le dé el apoyo político necesario no solo para aprobarla, sino para respetarla una vez que esté aprobada.
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