Entrevista con la doctora Florencia Cornú, abogada que se ha especializado en litigios por el acceso a medicamentos de alto costo.
EN PERSPECTIVA
Martes 03.11.2015, hora 8.16
(Audio testimonio)
"La verdad no tiene sentido. Lo repito: la lucha mía no es contra la enfermedad. Es para conseguir el dinero para comprar la medicación, porque la medicación existe. Me condenaron a muerte y mal, porque estoy demostrando que estoy vivo porque los remedios funcionan."
(Fin audio)
EMILIANO COTELO (EC) —Escuchábamos a Daniel Lorenzo, un paciente enfermo de cáncer de pulmón. El medicamento que lo ayudaba a enfrentar su enfermedad estaba fuera del denominado Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), una lista de fármacos de alto costo que el Estado está obligado a financiar. Por eso, le fue negado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Como tantas otras personas en esa situación, Daniel recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo que obligó al Fondo Nacional de Recursos a suministrarle el fármaco. Pero luego de que el Poder Ejecutivo apelara, el medicamento le fue retirado.
Este testimonio es un video que forma parte de una campaña que viene impulsando la Clínica de Litigio Estratégico (CLE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), que cuestiona de manera fuerte tres artículos del proyecto de presupuesto que, a su juicio, restringen el acceso a este tipo de fármacos.
Vamos a conversar con una de las referentes de esta movilización. Estamos con la doctora Florencia Cornú, abogada que se ha especializado en litigios por el acceso a medicamentos de alto costo.
¿Desde cuándo trabaja con este tipo de casos?
FLORENCIA CORNÚ (FC) —Comencé con este tipo de casos a finales de 2009, principios de 2010, por azar, como suelen suceder las cosas. Un colega tenía una situación con un compañero de trabajo, que era exactamente esta, un medicamento no incluido en el FTM que era indicado por el médico tratante como el único que podía ofrecerle alguna expectativa de tratamiento. Y como solemos hacer los abogados frente a cosas que no estamos acostumbrados a hacer, salió a buscar otras personas para asesorarse, para intentar llegar a esto de la mejor manera posible. Porque es uno de los pocos casos, como abogados, en los que uno se enfrenta a que de su pericia puede llegar a depender la vida de una persona. Entonces en general los abogados tratamos de ser muy responsables con eso y buscar alguien que nos oriente.
Yo simplemente había escrito algún artículo para una revista académica sobre la acción de amparo y algún análisis de jurisprudencia, y a él le pareció suficiente. Entre todos hicimos un trabajo muy arduo y ahí fue que hicimos nuestra primera acción de amparo con un resultado que al principio fue muy bueno, porque la primera instancia fue favorable, pero que, como pasó con Daniel, fue revocada en segunda instancia.
En ese caso –te lo cuento porque muestra cuál es el estado de la situación– el paciente se llama Juan Carlos y conseguimos una audiencia con quien en ese momento era el subsecretario de Salud. Fuimos a mostrarle que había empezado el tratamiento, que los síntomas que tenía hasta ese momento habían disminuido, que su calidad de vida había mejorado. Y el ministerio decidió –el ministro en ese momento era Olesker– continuar el tratamiento. Fue la última excepción que se hizo en el año 2010 hasta esta administración en que se comenzaron a hacer excepciones nuevamente.
Por eso cuando se hacen excepciones no cuestiono que estas tengan necesariamente un perfil que no sea el estrictamente médico. Al revés, desde aquel momento lo que pasamos planteando muchos de nosotros es que se cree un procedimiento para que no sea necesario que el paciente pase por el juicio y se analice, como se analizó el caso de Juan Carlos, como se han analizado las excepciones que se están tratando ahora en el ministerio, caso a caso, si esa situación, si ese paciente, si esa enfermedad tienen la indicación precisa del medicamento que se está pidiendo, aunque no pueda, por algún motivo económico, presupuestal, ser incluido todavía en el FTM.
EC —Usted juega un papel muy activo en el debate en las redes sociales en torno a este tema. Sin embargo no se encuentra en Uruguay, está en Miami, EEUU. ¿Cómo es esto?
FC —Estoy acá por una cuestión familiar. Mi esposo fue transferido para trabajar acá y la familia tomó la decisión de mudarse aquí, pero hay actividades que uno no abandona nunca, aunque no trabaje formalmente en eso. Y para mí esto desde que comencé siempre fue algo más que el ejercicio de la abogacía puro y duro, siempre fue un compromiso, una causa, con el paciente individual y por último una solución o una aproximación a una solución.
EC —¿Qué vinculación tiene con la CLE de la Facultad de Derecho de la Udelar?
FC —Una vinculación más que nada afectiva. Conozco a las personas que la integran desde hace muchos años, porque yo también integré institutos en la Facultad de Derecho cuando estaba en Uruguay. Concretamente el Centro de Relaciones de Consumo, dirigido por la doctora Dora Szafir, e hicimos muchas actividades juntos, con el consultorio jurídico, justamente en estos temas. Siempre nos hemos mantenido en contacto, colaboro en lo que puedo con ellos a partir de la experiencia que he podido acumular, que a veces es útil sobre todo para los casos puntuales.
Por eso que le digo, se da esta colaboración entre abogados, aunque no trabajemos juntos, aunque no pertenezcamos a las mismas firmas, aunque trabajemos gratis. Porque contrariamente a lo que se ha querido instalar, la mayoría de los abogados que trabajan en las acciones de amparo no le voy a decir que no cobran, porque a veces se cobra en la medida de lo posible, pero el fin último nunca es el honorario. El fin es tratar de obtener la medicación que la persona precisa, y por eso casi todos los abogados que conozco, hay alguna excepción, pero casi todos nos pasamos los escritos, compartimos las pruebas, nos alertamos de que hubo esta situación, de que hubo aquella otra… Se trabaja de una forma diferente de lo que se haría si fuera una cuestión comercial.
EC —Y en ese tablero, ¿cómo se ubica la CLE de la facultad?
FC —La clínica tiene un rol fundamental, porque desde hace unos años es la que les garantiza a las personas no solamente que no van a tener que pagar el honorario de un abogado, que a veces no es la única limitación, porque el abogado puede renunciar al honorario. El problema es que hay otros costos asociados al juicio, como por ejemplo el pago de un perito, y por la forma de trabajo de la clínica eso se puede evitar, porque está exonerada de pagar peritaje. Eso es muy importante para el acceso no solo al medicamento, sino a la justicia.
Además el compromiso con el que la clínica ha venido desarrollando ese consultorito jurídico y la Facultad de Derecho en general nos hacen sentirnos orgullosos de esa forma de trabajar para proteger los derechos. La clínica es inobjetable desde el punto de vista moral, nadie puede decir que lo hace porque tiene alguna relación especial con nadie, simplemente trabaja para la defensa de los derechos.
EC —¿Y la CLE se puso al frente de la campaña Acceso a Medicamentos de Alto Costo?
FC —Sí. Y cuando hablamos de la clínica hablamos básicamente de estudiantes y docentes. Los que han hecho mayor difusión y mayor trabajo han sido estudiantes. Hay toda una fantasía con respecto a esta campaña, quién la financia, quién está atrás de esto. Y déjeme asegurarle: atrás de esto están los estudiantes, los profesores y los abogados que estamos comprometidos con este tema, algunos pacientes. No hay más que eso, es gente preocupada y comprometida.
EC —Han abierto un blog, un sitio en internet: AccesoaMedicamentosUruguay.org. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de esa herramienta?
FC —Como le decía, estamos desde 2009, 2010 con esto, y cada tanto hemos tenido empujes, salimos a la prensa, contamos lo que pasa, tratamos de que el tema se ponga en discusión y que llegue a la gente, y eso pasa como por oleadas. Hay un informe de Subrayado del año 2013 [con testimonios] muy similares a los que están mostrando hoy. La situación no ha cambiado nada, pero no teníamos una memoria de todo esto, no había un acumulado. El blog busca que podamos ir guardando, registrando todo lo que va sucediendo en la discusión, de manera que dentro de cinco años, dentro de dos, podamos tener un histórico, no estemos siempre partiendo de cero. Y si uno ve el nivel de la discusión, incluso a nivel de la prensa hoy, ha mejorado mucho, porque estamos todos más familiarizados, sabemos todos más de lo que estamos hablando.
EC —Y hace pocas semanas decidieron lanzar una serie de videos –de los cual yo ponía al aire un ejemplo– en los que hablan algunos de los pacientes que están reclamando o han reclamado el acceso a medicamentos de alto costo. Fue un paso polémico, algunos voceros del gobierno lo calificaron como “golpe bajo”. ¿Por qué fueron por ese lado?
FC —No es la primera vez, como le decía, en el 2013 ya había testimonios. Del propio Daniel Lorenzo, que hace mucho que está peleando por el acceso al medicamento. Ya había testimonios y ya salían en la prensa.
EC —Sí, en la prensa han salido testimonios, pero ahora están armados, son videos bien realizados en los que los testimonios adquieren un peso importante.
FC —Sí, es verdad. La idea es ponerles nombre a estas entelequias de las que estamos hablando, ponerles rostro, ponerles historia. Cuando en el Parlamento se vota la ley de presupuesto, cuando se deciden las políticas de salud, cuando se crea el FTM, cuando se actualiza, cuando se niega un medicamento, a veces el insumo que falta es la persona que está detrás de esta decisión, la persona que va a sufrir las consecuencias de esa decisión. Y creo que una decisión que se toma sin poder mirar a la cara a una persona en algún punto tiene alguna flaqueza desde el punto de vista moral o ético.
La idea sí es sensibilizar. A mí me da mucho dolor que digan que es un “golpe bajo”. Esa realidad existe, esas personas existen, no son actores, esto no es un montaje, esa es vida de gente. Entonces no es un golpe bajo, es mostrar la realidad, las consecuencias de las decisiones que se toman, el impacto, las personas que están detrás del impacto de esas decisiones. Creo que a veces es necesario. Si me permite, yo no diría que gracias a eso, pero eso ha contribuido a que el tema se esté hablando hoy, se discuta y haya mayor sensibilidad en las autoridades en algunas cosas.
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EC —A propósito de cómo yo explicaba el asunto, dice un mensaje de la audiencia que hay medicamentos de alto costo que sí son financiados por el Estado a través del Fondo Nacional de Recursos (FNR), y puntualiza: “No es el Estado quien financia los medicamentos; aportamos todos los ciudadanos para el FNR”. Es una aclaración válida, vale la pena mirarlo desde ese ángulo.
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EC —Preguntan algunos oyentes de qué costos estamos hablando, de qué valores, en estos medicamentos.
FC —Los valores varían según el medicamento, e incluso varían según se trate de tratamientos de crónicos o de cuestiones que pueden ser puntuales, de seis meses. Hay medicamentos que cuestan US$ 6.000, US$ 10.000. Hay incluso un medicamento para una enfermedad muy rara que tiene un valor teórico –porque en realidad es imposible de comprar, nadie lo ha podido verificar– de hasta US$ 40.000. Creo que el diputado Gallo mencionó en algunos casos cuánto sería el valor, el costo agregado, y planteaba tres ejemplos. Uno de los ejemplos era el pertuzumab, para el cáncer de mama; eran alrededor de 70 pacientes y el valor agregado del tratamiento sería de unos US$ 3 millones.
EC —Pero llevado al paciente y a su gasto mensual, ¿de qué números estamos hablando?
FC —De US$ 6.000, US$ 10.000.
EC —Por mes.
FC —Sí, por mes. Son gastos prohibitivos para cualquier familia de ingresos normales.
EC —Vamos a detenernos en el artículo 425 del proyecto de ley de presupuesto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Decía:
La responsabilidad del Estado, así como de las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con relación a la población usuaria de dicho Sistema, queda limitada al suministro de los programas integrales de prestaciones consagradas en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, no siendo de su cargo la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que, aun definidos y aprobados, sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados Programas, Catálogo o Formularios, y de acuerdo a la normatización o protocolarización definida por el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos.
Según ustedes, ¿cuál era el propósito del Poder Ejecutivo con este texto?
FC —Una breve introducción. Este artículo parece redactado por uno de los abogados litigantes del MSP. Si lo compara con la forma en que el ministerio se defiende en los juicios, va a encontrar muchísimas similitudes. Está redactado a medida para evitar las condenas. Y esta fue nuestra primera señal de alarma.
El ministerio pierde frecuentemente los juicios por medicamentos porque no logra probar algunas cosas. Y algunas de las cosas que le dicen los jueces son “usted no actualizó el FTM” o “usted no se pronunció sobre tal o cual medicamento que este paciente está solicitando en un plazo de un año”. De hecho, actualmente el FTM que tenemos vigente es del año 2013, o sea que ya está pasado el año reglamentario, que ya es mucho.
Entonces el ministerio en primer lugar dictó una ordenanza diciendo: “Está bien, me están condenando porque demoro en pronunciarme respecto de si incluyo o no los medicamentos; voy a pronunciarme, digo que no voy a incluir ninguno”. Esa fue la famosa ordenanza 86 del año 2015 que dictó la ministra saliente, a pocos días de irse. Es una ordenanza bastante desafortunada, pero la dictó.
El proyecto original del 425 buscaba darle la vuelta para que fuera una ley la que dijera algo similar. Una ley que dijera lo que el ministerio necesita que diga para poder defenderse en los juicios y dejar de ser condenado. No tiene otro objetivo, yo no he encontrado otra vuelta que esta. Parece redactado por uno de los abogados litigantes del ministerio.
EC —O sea que el límite de la responsabilidad del Estado en cuanto al suministro de medicamentos no estuviera plasmado en una resolución administrativa sino en una ley.
FC —Exacto, una ley que dijera que el que fija cuál es el contenido de las prestaciones que va a dar es el propio MSP. Se evalúa su conducta con relación a las normas que él mismo dicta. Eso es lo que decía originariamente el 425, obviando la existencia del artículo 44, inciso 2, de la Constitución, que establece que todas las personas que carecen de recursos suficientes deben recibir los medios de atención necesarios. Se omite decir que nadie está pidiendo todo para todos, se está pidiendo lo que se sabe que es efectivo, lo que los médicos indican para las personas que no pueden acceder a eso por sí mismas.
EC —El problema puede ser que lo que el médico indica sea un fármaco que no está incluido en la lista del FNR.
FC —Exactamente, ese es el problema que se da. Hay que decir que ese artículo cambió, que ante la reacción, que fue instantánea, de muchos actores, ese artículo se cambió y ya no dice lo que decía.
EC —Sí, procurando evitar los recursos de inconstitucionalidad, se procedió a modificar el texto del artículo, que ahora dice esto otro:
Compete al Poder Ejecutivo regular los programas integrales consagrados en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, definiendo las prestaciones, los estudios y los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, medicamentos y vacunas que forman parte de los mismos. Dichos programas serán los que las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la responsabilidad y obligación de suministrar a toda la población usuaria de dicho Sistema.
¿Cómo analizan esta modificación? ¿Los conforma?
FC —No nos conforma, porque en definitiva deja un artículo 425 –que ahora ya no es 425, pero sigamos hablando en números viejos– que dice lo mismo que decían las leyes anteriores –en definitiva, el sistema de salud por todos lados dice lo mismo–: es el ministerio el que debe actualizar el FTM y las instituciones solo están obligadas a dar aquello que está incluido en el Formulario o en las prestaciones del ministerio.
Hasta ahí bien, no aporta nada. Pero si juntamos este artículo con el último, con el que era el 439, que ahora es 457, dice cómo se va a actualizar ese FTM. Dice “se va a actualizar en función de la evidencia científica”, lo cual es indiscutible, nadie pretende que se incluya en un FTM una cuestión que no tiene la suficiente evidencia. Pero hace mención a otros datos que se vienen ingeniosamente obviando, que son la disponibilidad presupuestal, el costo-efectividad y las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nosotros sostenemos que la articulación de estas dos disposiciones no tiene otro objetivo que defender al ministerio en los juicios. Están buscando evitar la judicialización del acceso a medicamentos no por la vía de proteger a las personas para que accedan como corresponde, en un ámbito médico, sino por la vía de crearle herramientas legales de protección al ministerio puramente a los efectos de los juicios.
Entonces la construcción de uno de los elementos fundamentales de la acción de amparo, que es la ilegitimidad manifiesta, va a ser más complicada, porque el ministerio va a decir: yo no estoy obligado a actualizar el FTM por fuera de lo que dice la disposición del que hoy es el 457; si el medicamento no está en las directivas de la OMS no estoy obligado a incorporarlo; si el medicamento no cuenta con un informe favorable de impacto presupuestal no estoy obligado a incorporarlo.
De nuevo, por otra vía, por una vía oblicua, estamos supeditando la provisión de un medicamento que puede ser imprescindible para el tratamiento de una persona a las cuestiones presupuestales. Y encima a cuestiones externas, que son las directivas de la OMS, que, entendámonos, son directivas generales, están pensadas para escenarios muy diferentes. Una de las cosas que más me preocupan es que estamos usando a la OMS, al Instituto del Banco Mundial, esas situaciones de Salud Derechos, esos foros internacionales para escudarnos. Como es un problema mundial parece que no tenemos la obligación de enfrentarlo y darle la mejor solución que seamos capaces de dar como país y sociedad. Nosotros; no Brasil, no Colombia, no Reino Unido, no Estados Unidos. Nosotros.
EC —En los mensajes de los oyentes aparece la insistencia en cuanto al tema de los precios de estos medicamentos. Señalan algunos de ellos que en el fondo de este debate –usted misma lo mencionaba recién– hay un problema económico, cuánto le cuesta al Estado el suministro de estos medicamentos, que son notoriamente caros. “Las autoridades alegan que suministrar gratuitamente los medicamentos de alto costo, todos los que sean solicitados, pone en jaque al propio sistema del FNR”. Entonces, ¿qué proponen ustedes para que sea viable este gasto en el presupuesto del Estado, del FNR?
FC —En primer lugar, yo propondría que se hiciera un análisis real y serio de los números. Porque el otro día en la discusión parlamentaria, que seguí muy atentamente, el diputado Gallo traspoló números de un congreso, y la verdad es que asusta cuando se plantean cifras en el aire. Entonces lo primero que propondríamos es que se sepa exactamente cuántas personas son, qué medicamentos son y cuál es el costo agregado de cumplir con estas indicaciones en los casos de que satisfagan los criterios médicos. Repito, no estamos planteando que se dé cualquier cosa a cualquier persona. En primer lugar, saber dónde estamos parados, que yo creo, con total respeto, que no sabemos.
En segundo lugar, el ministerio ha planteado que está estudiando técnicas de compra conjunta con Unasur. El problema tiene muchos años y recién estamos hablando de que “estamos estudiando”. Esa puede ser una salida.
El ministerio también se plantea, recién ahora, las técnicas de riesgo compartido, que hace años que se están implementando en muchos lugares. Estamos de acuerdo.
EC —Lo del riesgo compartido es un convenio entre el Estado y los laboratorios por el que asumen riesgos en cuanto a la incorporación de un medicamento si da resultado o no. Se usa en otras partes del mundo, si el medicamento que se incorpora no da el resultado que se estima, el Estado no lo paga.
FC —Exacto. O se pagan tasas de precios diferenciales; cuando el medicamento está indicado para varias enfermedades, para aquellas en las que hay mayor nivel de evidencia se paga un precio y para aquellas en las que hay menor nivel de evidencia se paga un precio menor. Los laboratorios asumen este costo porque, vamos a ser claros, están experimentando con los casos, porque la medicina es cada vez más uno a uno, cada vez más hecha a medida. Los medicamentos no son iguales a lo que eran hace 10 años.
Entonces sí es verdad que los precios de los medicamentos son altos, y sí es verdad que la industria tiene un afán de lucro y ese es su único norte.
EC —En varios de los mensajes de los oyentes se pone el foco allí: ¿por qué ustedes no cuestionan la política de precios de los laboratorios, etc.?
FC —Porque yo no le puedo pedir a una empresa privada que me proteja, a quien se lo tengo que pedir es al Estado. Ese es el punto, estamos confundiendo los roles. El Estado es el que no solo tiene la obligación de proteger a sus habitantes, sino que es el que tiene el poder, la capacidad de enfrentarse a la industria. ¿Van a ser los pacientes los que se enfrenten a la industria?
Le pongo un ejemplo muy simple del FNR, que es una institución que no cuestiono, porque acá se aprovecha la situación para polarizar y tener una lógica bastante maniquea, pero en lo personal, y creo que la CLE tampoco, no estamos cuestionando la institución FNR ni el avance que pudo haber significado para un montón de situaciones. Eso es indiscutible.
Pero una de las cosas que dice el FNR es que ellos tienen poder de negociación porque no pertenecen al Estado, son una persona pública no estatal y consiguen mejores precios. Y efectivamente, es así. Si usted va a comprar a la farmacia algunos de los medicamentos que el FNR hoy proporciona, el Fondo paga un precio mucho menor. Si el paciente necesita acceder por fuera a los medicamentos que no están incluidos en el FTM, los paga a un precio mucho más alto que el que podría pagar el Fondo si por lo menos asumiera el rol de negociador con el laboratorio y tramitara la compra. Ni siquiera se usan las herramientas que se tienen para que el paciente tenga mayor posibilidad de acceder a lo que necesita.
Hay muchísimas cosas que se podrían hacer distinto. Hoy el FNR financia el tratamiento de determinados medicamentos, entonces al paciente A le ha asignado un dinero porque le está pagando por un tratamiento de alto costo. Pero cuando ese paciente deja de recibir beneficio de ese tratamiento y tiene que pasar a otro, el Fondo ni siquiera le mantiene el valor que venía pagando por él, le suelta la mano. Entonces ni siquiera tenemos un escalón que le permita a la persona luego a través de una colecta, de vender sus bienes, de lo que sea, tener una ayuda para seguir financiando el medicamento, le dice “no, hasta acá, no está incluido”. Se pone de un lado lo que precisa el paciente y del otro lo que está en el FTM, y si no está no está no hay nada que probar para el FNR.
EC —En definitiva, a partir de todo esto que hemos conversando y teniendo en cuenta que los artículos del proyecto de presupuesto modificados en Diputados ahora van a ser discutidos en el Senado, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en esta instancia?
FC —Francamente creo que en este momento lo que hay que hacer es retirar esos artículos, porque no contribuyen en nada a la búsqueda de una solución para las personas y están generando un conflicto, una polarización, fueron muy inoportunos. El gobierno se siente atacado por la oposición y dice que se está haciendo una utilización política del tema. Yo no me hago cargo de eso porque no es mi tema, pero sí veo que el responsable de que se politice el tema y se haga una utilización es el propio Gobierno que lo introduce nada menos que en la ley de presupuesto. Discutámoslo en otro ámbito, con la seriedad, con la profundidad que requiere, con todos los actores involucrados, con todos los partidos, porque es un problema para este gobierno y para los que vengan, como no fue solucionado por los gobiernos anteriores tampoco. Es un tema de muy difícil solución, en el que lo único a que podemos aspirar es a darnos la mejor solución posible, no la óptima.
EC —Usted conoce la respuesta que le dio el presidente Vázquez al senador Lacalle Pou cuando le pidió que se removieran del proyecto de presupuesto estas disposiciones. Vázquez rechazó esa posibilidad, dijo que sobre este tema “se harán las consultas debidas con quienes tienen autoridad para opinar y aconsejar al respecto, que son las correspondientes cátedras médicas de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Las directivas que de ellas emanen serán respetadas dándoles a todos los ciudadanos la seguridad de la seriedad y la responsabilidad con la que este gobierno encara los problemas vinculados al tema que nos ocupa”. ¿Cómo observa este camino que propone el presidente Vázquez: seguir adelante, que estos artículos se aprueben con las variantes del caso en el proyecto de presupuesto, y después realizar este tipo de consultas a las cátedras?
FC —Prefiero decir que el presidente no está bien informado, porque no puedo creer que haga esta afirmación conociendo. Debe ser que hace mucho tiempo que no está vinculado a las cátedras, que por eso que hace esta afirmación. Porque lo que dice no es exacto. Respecto a la mayoría de los medicamentos que se reclaman judicialmente las cátedras tienen una opinión favorable a que se suministren. Es muy difícil para un paciente ir a pedir un medicamento que no tiene un aval a nivel nacional.
Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y mire que no tengo nada que ver con el laboratorio que lo provee, pero es un ejemplo emblemático. El medicamento Cetuximab fue incluido en las pautas para el tratamiento de cáncer de colon por la cátedra de Oncología en el año 2009 y desde allí los oncólogos no paran de indicarlo en los casos de pacientes que tienen una característica genética muy específica. Eso no ha hecho que el ministerio incorpore el Cetuximab al FTM, porque entiende que es muy caro y que la relación entre el beneficio que otorga y el precio no es la adecuada.
Entonces cuando el presidente dice “vamos a estar de acuerdo con lo que digan las cátedras”, eso no ha sido así. Las cátedras han hecho informes a favor de medicamentos que son necesarios para enfermedades hematológicas y esos medicamentos no se han incluido, siguen sin incluirse. Sí hay que decir que desde que asumió el doctor Basso el ministerio ha hecho excepciones con aquellos pacientes –que son algunos– que pierden en la segunda instancia. Ahí sí el ministerio consulta no a la cátedra, a la catedrática, que no es lo mismo, para que haga su análisis desde el punto de vista médico y diga si el medicamento está bien indicado o no o si conviene o no continuarlo, si se puede cortar sin detrimento. En cuatro o cinco casos que se han tramitado en los últimos meses se ha mantenido la indicación pese a que el paciente había perdido la segunda instancia. No creo que el presidente esté bien informado cuando dice que se hará lo que las cátedras digan, no es lo que se está haciendo.
EC —De todos modos, parece muy firme la decisión del oficialismo de no quitar estos artículos del proyecto de presupuesto.
FC —Porque entramos en el peor de los escenarios. Esto es, si estos artículos se retiran se va a ver como una victoria de la oposición. Esto se ha transformado en una discusión entre el gobierno y la oposición. Y si uno escucha los argumentos a veces duelen, porque de esta decisión depende la vida de mucha gente y de verdad nos merecemos otra discusión.
Si estos tres artículos vinieran acompañados de un procedimiento alternativo para aquellas personas que caigan afuera de esa regulación yo no tendría nada que decir contra ellos. El problema es que estos tres artículos son la única expresión, la única medida concreta que ha adoptado en años el MSP con relación al tema acceso a medicamentos. Y cuando va a adoptar una medida es en el sentido de la limitación del acceso, de la desprotección, y no viene acompañada de ninguna alternativa, no hay convocada una instancia real de diálogo entre todos, no hay nada más concreto que esto.
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Transcripción: María Lila Ltaif
