El 27 de octubre, además de elegir al próximo Presidente y la conformación del Parlamento, se vota el plebiscito que reforma la seguridad social.
El texto, propuesto por el PIT-CNT, tiene tres puntos centrales: fijar la edad jubilatoria en 60 años, llevar las jubilaciones y pensiones mínimas al nivel del Salario Mínimo Nacional y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
¿Quiénes más apoyan la propuesta? Principalmente, el Partido Comunista y el Partido Socialista, integrantes del Frente Amplio.
¿La fórmula frenteamplista qué dice? Tanto Yamandú Orsi como Carolina Cosse —candidato a presidente y candidata a vicepresidente— se expresaron en contra del plebiscito y dijeron que no pensaban votarlo. Además, un grupo de economistas de izquierda, llamado Frenteamplistas por el NO, redactó un documento con razones por las que no apoyan el plebiscito.
¿Y la Coalición? El Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto están en contra del plebiscito. Incluso el presidente, Luis Lacalle Pou, realizó una conferencia de prensa en la que defiende la ley actual, aprobada por este gobierno en 2023, y llama a no votar por esta reforma constitucional.
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¿Qué puntos están en disputa?
Edad jubilatoria
¿Qué argumentan quienes están a favor? Fijar en 60 años la edad mínima para jubilarse luego de 30 años de aportes busca defender el derecho de elección de las personas, que pueden decidir continuar trabajando o no después de los 60 años. Incluir en la Constitución este derecho establece una política de Estado que no es fácil de cambiar por los legisladores o gobiernos de turno.
¿Qué argumentan quienes están en contra? Fijar la edad de retiro en la Constitución es demasiado “rígido” y poco flexible con relación a los cambios demográficos, particularmente por la caída en la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, hoy de 78 años (81,84 para mujeres y 75,29 para hombres; para 2050, el Instituto Nacional de Estadística proyecta 82,79 años para ambos sexos). Al haber menos trabajadores activos aportando para pagar mayor cantidad de jubilaciones, habrá una sobrecarga en las generaciones trabajadoras, que deberá financiarse con un aumento de impuestos.
A favor: La esperanza de vida varía en función del nivel socioeconómico de las personas, siendo menor en los sectores más pobres de la sociedad. Con una jubilación a los 65 años, este sector tendría menos tiempo dedicado al ocio.
En contra: El plebiscito no consigue cumplir con el objetivo de jubilarse a los 60 años, porque la mayoría de los trabajadores seguirá sin alcanzar los 30 años de aportes a esa edad, sobre todo los de menores ingresos y especialmente las mujeres.
Eliminación de las AFAP: ¿por qué?
El numeral 2 de la reforma que propone el PIT-CNT señala: “El sistema de Seguridad Social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”. Esto supone un cambio estructural, porque anula el sistema mixto actual, mediante el que se distribuyen las pasividades.
A favor: El sistema de ahorro individual es costoso, ineficiente, y no asegura que toda la población tenga una buena jubilación. 90% de las rentas vitalicias por AFAP son inferiores a $5.000, y hay casos de apenas $375. Parte del problema es que la AFAP cobra comisiones para administrar su dinero y, con base en esos aportes, genera un “lucro” a costa del ahorro jubilatorio de los trabajadores.
En contra: La AFAP cobra por hacer un trabajo. Con su eliminación, el total del gasto jubilatorio pasaría a depender exclusivamente del Estado, lo que sobrecargaría el financiamiento público. El actual sistema mixto, de ahorro individual por AFAP y de “solidaridad intergeneracional” (en el que la población trabajadora aporta para la población jubilada por el Banco de Previsión Social) descomprime el gasto público y le da sostenibilidad al sistema a largo plazo.
En contra: Además, perjudicaría la economía uruguaya porque las AFAP son inversores importantes de valores emitidos por el Estado uruguayo. Según proyecciones del BPS, la expansión del sistema de reparto generaría un aumento de 4,4 puntos del PIB hacia el año 2100. También, el cierre de las AFAP generaría una pérdida de puestos de trabajo.
Eliminación de las AFAP: ¿qué pasa con los ahorros individuales si desaparecen?
En contra: Se genera una confiscación o expropiación de los, aproximadamente, US$ 23 mil millones de ahorros individuales de las AFAP, que dejarían de estar en cuentas personales para pasar al “fondo común” del Banco de Previsión Social (BPS). Esto podría derivar en juicios millonarios de los ahorristas hacia el Estado. Por ejemplo, al día de hoy, si la persona fallece antes de jubilarse, ese dinero pertenece a las sucesiones de los familiares.
A favor: En realidad, la reforma plantea la creación de un fideicomiso para “traspasar” los fondos que hoy tienen las AFAP hacia el BPS. El Parlamento sería el encargado del fideicomiso y administración de estos fondos, hoy privados.
Igualar jubilaciones y pensiones al Salario Mínimo Nacional: ¿serán más altas las prestaciones?
El artículo de la papeleta plantea que “ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional”.
A favor: Una persona que trabajó toda su vida tiene el derecho a una jubilación digna que le permita llegar a fin de mes.
En contra: La pobreza en la tercera edad es muy baja (de 2,2% para los mayores de 65 años) y el gasto habría que dirigirlo a combatir la pobreza infantil (en menores de seis años es de 20,1%; en el tramo de 6 a 12 años, de 18,3%, y en el de 13 a 17, de 17,9%).
La redacción del artículo en la papeleta que se votará el domingo 27 de octubre tiene diferentes interpretaciones.
A favor: Hace referencia a la persona y no a cada una de las prestaciones (jubilaciones y pensiones). Es decir, el objetivo es asegurar que ningún jubilado ni pensionista reciba ingresos totales por debajo del Salario Mínimo Nacional. Supondría un aumento del gasto público de US$ 400 millones al año. Sergio Sommaruga, profesor de Filosofía, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep) e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en entrevista con En Perspectiva, declaró: “Es el ingreso mínimo indispensable para que una persona tenga acceso a los bienes y servicios fundamentales. La persona, la definición de salario mínimo está atada a la persona”.
En contra: El texto hace referencia a prestaciones y no a personas. Por tanto, el gasto jubilatorio del Estado sería muy alto debido a la cantidad de gente que cobra más de una prestación (porque cada una no podría ser menor al Salario Mínimo Nacional). Supondría US$ 1.000 millones al año (el doble del presupuesto del Ministerio del Interior) según un cálculo del BPS, y US$ 1.500 millones según el análisis de los frenteamplistas que se oponen.
Según Rodolfo Saldain, coordinador de la reforma previsional uruguaya de 2023, ajustar el valor mínimo de las prestaciones podría generar subdeclaraciones de ingresos activos, en tanto se le asegura a cualquier persona —sin importar su ingreso— una jubilación de al menos el valor del salario mínimo nacional.
En contra: Aumentar el Salario Mínimo Nacional es una decisión discrecional del gobierno de turno, que lo eleva por decreto. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que emparejarlo con las jubilaciones mínimas provocará una presión a la baja para el salario mínimo para no provocar un aumento enganchado de las jubilaciones.
A favor: El país podría cambiar la forma en la que se establece el Salario Mínimo Nacional y que pase a ser definido por negociación colectiva en lugar de por definición unilateral del Poder Ejecutivo. Además, ningún trabajador formal de las actividades reguladas por Consejos de Salarios cobra el Salario Mínimo Nacional.
Financiación: ¿cuánto sale la reforma y cómo se cubrirá un mayor gasto del Estado?
En contra: Es costoso financiar la reforma. Un estudio del Centro de investigaciones Económicas (Cinve) así como una proyección del BPS, estima que, a 50 años, se deberán incrementar las fuentes de financiamiento para la seguridad social en 8% del PIB, una cifra que supera la totalidad del actual presupuesto educativo.
A favor: En una conferencia de prensa en defensa del plebiscito, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, expresó que "las necesidades de asistencia financiera se podrían sostener, por ejemplo, mejorando la superación de la evasión fiscal que hoy hay", "revisando críticamente la contribución al trabajo" y "el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones" a empresas. El sindicalista dijo que en América Latina el porcentaje de exoneración es de 3% mientras que en el país "está en un entorno de 6,5%". "Se dejan de cobrar impuestos por IRAE y por el patrimonio", expresó.
En contra: Una señal de insolvencia a futuro puede generar un cambio en “las reglas del juego”, porque, para el mundo, la institucionalidad uruguaya corre el riesgo de no cumplir con sus compromisos económicos. Esto podría afectar la calidad del grado inversor del país, complicar el acceso a crédito y espantar inversiones extranjeras.
A favor: “Se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica, pero siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente”, dijo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT.
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