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El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó en su cuenta de X que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, le presentó la renuncia y él ha “decidido aceptarla”, por lo que es un “tema resuelto”, aseguró. En tanto, Tamara Paseyro, es el nombre que se maneja para suceder a Cairo al frente de dicha secretaría de Estado.
Se esperaba que el primer pronunciamiento del primer mandatario en torno al caso Cairo ocurriera este sábado en el marco de su participación en el bicentenario del Desembarco de los 33 Orientales. Precisamente, el presidente Orsi participa este sábado 19 de abril de la histórica celebración en la Playa de la Agraciada en el departamento de Soriano. Esta será la primera aparición pública de Orsi tras la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda y luego de haberse expresado este viernes a través de su cuenta de la red social X. Cabe recordar que Cecilia Cairo renunció al cargo en las últimas horas de este jueves y compartió un comunicado: "Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no", agregó. "Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado. Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos", finalizó Cairo. A todo esto, Tamara Paseyro es el nombre que se maneja con mayores posibilidades para ser la nueva ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Fuentes políticas indicaron que está un 95% confirmado y se aguarda el Ok final. La probable sucesora de Cairo es la actual directora nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), y tiene a su cargo los programas que apuntan a mejorar las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos de las familias que viven en situación de mayor vulnerabilidad en áreas críticas como asentamientos, zonas inundables y/o contaminadas. La jerarca posee formación en Ciencias Sociales y experiencia en políticas públicas, particularmente en relación a la vivienda. Antes de dirigir la Dinisu, fue directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo y asesora de la Dirección Nacional de Vivienda, donde fue la responsable del Plan Nacional de Relocalizaciones (2010-2015) y gerenta técnica del Plan de Mejoramiento de Barrios (2015), del que también fue la responsable de la Unidad de Evaluación y Monitoreo entre 2005 y 2010.
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El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Salvador Schelotto, abordó en la red social X “una información mentirosa” acerca de que asumiría la titularidad de la cartera de Vivienda en reemplazo de Cairo.
“Nadie ha conversado conmigo y no me fue ofrecida ninguna responsabilidad de gobierno, por ende, es mentira que la vaya a asumir”, sostuvo el arquitecto y ex director general de Planeamiento Urbano de la IM y ex director nacional de Ordenamiento Territorial (2015-2016) y de Vivienda (2016-2020). “En esta coyuntura mi prioridad política, que concentra todo mi tiempo, interés y energía, es la candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio”, afirmó, al tiempo que pidió a sus compañeros “que actúen con responsabilidad, sean cuidadosos y verifiquen bien la veracidad de la información antes de compartir cualquier ‘noticia’ maliciosa o directamente falsa”.
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La honestidad en el ejercicio del gobierno quedó en el centro del debate tras la renuncia de Cecilia Cairo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El senador Daniel Caggiani (MPP) reaccionó a la nota de renuncia de Cairo publicada en X. “Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos, y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden”, escribió el senador frenteamplista. Por su parte, el senador del Partido Nacional Javier García, también escribió en X sobre el punto: “Cairo no es más ministra. Formalmente resta que le avisen. No gobernó la honestidad. Fue al grito”. Entrevistado en Canal 10 de televisión, aseguró que si no fuera por el reclamo de los partidos de la oposición y por la opinión pública, Cairo no habría renunciado. “Esto fue una tormenta política y un escarnio público”, dijo el senador del Partido Socialista – Frente Amplio, Gustavo González. “No le hace bien a la clase política, pero ella reconoció el error”, agregó el legislador, quien de todas formas reconoció que lo sucedido con Cairo provocó una "crisis". “Esto movió el tablero y generó una crisis de la cual vamos a salir. El Frente Amplio tiene espalda suficiente para salir adelante”, aseguró.
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El próximo martes se reunirá por primera vez la comisión sectorial que trabajará en el análisis de la reforma del sistema previsional.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó cómo funcionará esta comisión integrada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, y el mismo Arim. "Ese Ejecutivo tiene como primera obligación generar y aprobar una hoja de ruta para montar el diálogo social", explicó el director de la OPP. "El diálogo social va a tener un comienzo durante este año y una finalización en 2026. A partir de lo cual vamos a hacer un proyecto de ley o varios que remite el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional", agregó. Además, indicó que participarán del diálogo social cámaras empresariales y movimiento sindical, organizaciones de jubilados y pensionistas, así como las organizaciones y sociedad civil vinculados a infancia y a cuidados.
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La Policía recibió una orden de captura para el empresario y exrugbier Gonzalo Campomar, quien enfrenta denuncias por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos, según pudo confirmar la diaria con fuentes del caso.
La medida implica que la Policía tiene la orden de detenerlo en el territorio nacional y llevarlo a la fiscalía a declarar. Según pudo saber la diaria, el ex rugbier de Los Teros, que abandonó el país a fines de 2024 luego de que trascendieran las primeras denuncias en su contra, manifestó a sus allegados que tiene pensado volver al país después de Semana de Turismo para responder ante los reclamos que lo involucran a nivel penal. Tanto Campomar como su socio Martín Cajal fueron denunciados por cuatro personas que reclaman deudas impagas por más de un millón de dólares. Los denunciantes explicaron en sus escritos presentados ante la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Silvia Porteiro, que Campomar y Cajal ofrecían un negocio que se conoce como “cables”, en los que una casa de cambio transfiere dinero de un país a otro sin que haya movimientos reales y los montos se compensan al cierre del año. Para eso necesitaban liquidez en períodos cortos de tiempo, por lo que ofrecieron a los denunciados tomar su dinero en criptomonedas o en efectivo y devolverlo con una tasa de interés de 2% a los diez días. El negocio funcionó por varias semanas hasta que no devolvieron la plata y dejaron de ser ubicables por los inversores. Las denuncias contra Campomar están siendo investigadas por la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno y de Flagrancia de 8° turno, Sandra Fleitas.
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La Brigada Departamental Antidrogas de Treinta y Tres ejecutó un operativo de gran escala en el marco de la operación Centenario, bajo la conducción de la Fiscalía de 2° Turno, según confirmó el Ministerio del Interior.
Este operativo incluyó 16 allanamientos en los barrios Olimar, Nelsa Gómez, Sosa, Libertad, Agraciada y Mederos. Culminó con la detención de 12 personas, entre ellas una adolescente de 17 años. Actualmente hay cuatro personas requeridas por la Justicia. Durante los procedimientos se incautó cocaína, marihuana, 13 armas de fuego —incluyendo dos pistolas 9 mm, tres revólveres calibre 38, dos rifles calibre 22 y seis chumberas—, así como ocho culatas de rifle, 282 cartuchos, un frasco con perdigones y una piña americana. Además, fueron decomisados dos vehículos, 150.000 pesos uruguayos, una cantidad de reales y 25 teléfonos celulares. La operación se realizó con el apoyo de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional y equipos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) de los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Maldonado, Rocha y unidad K9.
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La Policía investiga al menos tres denuncias de usurpaciones violentas en la Unidad Misiones de Casavalle, en tanto, indagan si detrás está la banda de “Los Chingas”, que en 2017 expulsó a cientos de personas a punta de pistola.
En la Unidad Misiones de Casavalle, conocida como Los Palomares, el rumor del regreso de "Los Chingas" al barrio causa temor. En 2017 este grupo criminal usurpó varias viviendas tras expulsar a familias enteras de sus casas bajo amenaza de muerte, con el fin de alquilar esas casas a personas afines al grupo, convertirlas en bocas o en aguantaderos de armas y drogas. La detención de sus cabecillas y el trabajo realizado en el barrio, que derivó en la demolición de varias casas y en la apertura de calles en el interior para facilitar el acceso de la Policía, sirvieron para ponerle fin a las acciones del grupo criminal. Sin embargo, en los últimos días ingresaron nuevas denuncias que apuntan a integrantes de "Los Chingas" nuevamente expulsando vecinos. La Policía investiga tres denuncias de familias afectadas por delincuentes que mediante amenazas los obligan a irse del barrio para apropiarse de sus casas. En 2017, este grupo criminal usurpó varias viviendas tras expulsar a familias enteras de sus casas bajo amenaza de muerte, con el fin de alquilar esas casas a personas afines al grupo, convertirlas en bocas o en aguantaderos de armas y drogas. La detención de sus cabecillas y el trabajo realizado en el barrio, que derivó en la demolición de varias casas y en la apertura de calles en el interior para facilitar el acceso de la Policía, sirvieron para ponerle fin a las acciones del grupo criminal. Sin embargo, en los últimos días ingresaron nuevas denuncias que apuntan a integrantes de "Los Chingas" nuevamente expulsando vecinos.
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Estados Unidos e Irán reanudaron este sábado en Roma, las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, una semana después de una primera ronda considerada "constructiva" por ambos países, sin relaciones diplomáticas desde la Revolución Islámica de 1979.
El canciller iraní, Abás Araqchi, y el emisario estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, iniciaron una reunión hacia las 09H30 GMT en Roma, con Omán como mediador, informó la televisión estatal iraní. La primera tanda tuvo lugar el pasado sábado en Mascate, la capital omaní, y también contó con la mediación de este país de la península arábiga. Las negociaciones se reanudaron después de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar acciones militares contra Irán si no se llegaba a un acuerdo sobre su programa nuclear. El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó el pasado jueves que Irán "no está lejos" de conseguir el arma nuclear. Teherán, sin embargo, asegura que su programa se desarrolla para fines civiles.
FLASH INFORMATIVO DE LAS 10:00 HORAS.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, citó a un nuevo Consejo de Ministros para este martes 22 de abril, en Torre Ejecutiva, y de esta forma, seguir coordinando y desarrollando objetivos considerados prioritarios para su gestión de gobierno.
Esta será la segunda instancia de este tipo en el actual período. El primer mandatario ha señalado que pretende citarlo con cierta asiduidad, ya que entiende importante la existencia de este tipo de encuentros, para avanzar en concordancia con los temas prioritarios que la administración ha determinado. En la reunión precedente, se fijaron cinco ejes temáticos que incluyen 63 compromisos de gestión en áreas tales como desarrollo; seguridad; cohesión y cuidados; vivienda; e infraestructura. El mismo martes, se dará comienzo a la ronda de reuniones con organizaciones sociales de cara a analizar modificaciones a la ley de reforma de la Seguridad Social.
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"La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no”, aseveró Cecilia Cairo en una misiva que hizo pública para comunicar que presentó su dimisión al presidente de la República, Yamandú Orsi.
“Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado”, subraya Cairo en el comunicado. Y continúa: “No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no”, expresó en el comunicado. Este martes, Cairo explicó que su vivienda y el terreno no estaban regularizados en la Dirección Nacional de Catastro y que tiene deudas con el Impuesto de Primaria. “Tenía un montón de prioridades, hijos que iban creciendo, hijos que tenía que cuidar. Tiene razón: tenía que haberlo hecho antes. Asumo el error”, dijo Cairo en una rueda de prensa en su casa de Pajas Blancas, al oeste de Montevideo. En tanto, el Movimiento de Participación Popular, sector al que pertenece la ministra renunciante, publicó también un mensaje tras la renuncia. “Cecilia seguirá militando, como siempre, por transformar la vida de las y los más jodidos de este país. A su lado, bien de cerca, con los pies en el barro, poniendo el cuerpo, ayudando a mujeres solteras a levantar sus techos. Porque los cargos son circunstanciales y esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida. Porque no creemos en la ‘clase política’ y somos parte del pueblo representando al pueblo”, escribieron.
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El diputado colorado Juan Martín Jorge, quien iba a ser el miembro interpelante de la ahora ex ministra de Vivienda Cecilia Cairo, apuntó a “costos políticos” por el retorno de ésta al Parlamento, a legislar lo que “ella misma incumplió”, según puntualizó.
En ese sentido, señaló que el Frente Amplio “debe valorar si la ministra está en condiciones de volver al Parlamento”, ya que el artículo 115 de la Constitución establece que las cámaras pueden suspender a los legisladores “por desorden de conducta en el desempeño” y “actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo”. La oposición se aprestaba a interpelar a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, si esta no renunciaba a su cargo o no era destituida por el presidente Yamandú Orsi. La bancada del Partido Colorado ya había definido promover la interpelación, y el diputado Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay, iba a ser el interpelante, aunque se estaba a la espera de que el presidente se expresara sobre el caso. Sobre el posible regreso de Cairo a la Cámara de Diputados, el diputado Jorge sostuvo que el Frente Amplio “debe valorar si Cairo está en condiciones de volver al Parlamento”. Para el representante colorado, de asumir la ex ministra su bancada, habrá “costos políticos de que la ciudadanía siga cuestionando eventualmente que una persona que violó la ley y que no pagó los impuestos está en condiciones de ser legisladora”.
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El martes 29 de abril comenzará el juicio oral de la causa Operación Océano, que investiga delitos sexuales contra adolescentes, y ya en la primera audiencia, el juez en lo penal de 41er turno, Huberto Álvarez, presentará el documento de apertura del juicio, que servirá como guía para el proceso en el que se determinará la responsabilidad penal de las 11 personas acusadas de delitos sexuales.
Una vez que el juez Álvarez presente las condiciones del juicio y las pruebas que fueron admitidas para cada parte y relate los hechos en los que se basará la discusión, será el turno de la fiscal de Delitos Sexuales de segundo turno, Mariana Alfaro, quien en sus alegatos de apertura defenderá los lineamientos presentados en la acusación contra los imputados, entre los que se encuentran el exdiputado suplente del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Nicolás Ortiz, el exjuez de adolescentes Washington Balliva y el empresario Ariel Pfeffer. En el caso de Ortiz, éste enfrenta un pedido de condena por parte de la fiscalía de seis años de penitenciaría como autor de un delito de suministro de estupefacientes agravado, dos delitos de retribución a menores de edad a cambio de ejecutar actos sexuales o eróticos de cualquier tipo a título de dolo eventual, previsto en el artículo 4 de la ley de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces (17.815). En tanto, Balliva fue acusado por la fiscal Alfaro como responsable de un delito de comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en el que aparezcan menores de edad, previsto en el artículo 2 de la Ley 17.815, un delito de producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces, previsto en el artículo 1 de la misma ley, y un delito de retribución a personas menores de edad, previsto en el artículo 4. Alfaro pidió una pena de seis años de penitenciaría para el exmagistrado. A todo esto, Pfeffer fue acusado como autor de un delito de retribución a menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo a título de dolo eventual y enfrenta un pedido de condena de cinco años por parte de la fiscalía. Entre las pruebas que la fiscalía presentará contra Pfeffer se encuentran la declaración anticipada de tres víctimas, las conversaciones del celular entre las víctimas y el acusado, además de las pericias por las que se extrajeron archivos de texto e imágenes que documentan los hechos denunciados. De los otros ocho acusados, cinco enfrentan pedidos de condena de seis años de penitenciaría, en todos los casos por el delito de retribución a personas menores de edad, y en el caso de tres de ellos también por el delito de comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico con menores de edad. De los tres restantes, dos enfrentan pedidos de condena de cuatro años de penitenciaría y uno de tres, todos por el delito de retribución a personas menores de edad.
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“Las empresas cierran no porque perdieron el negocio, sino porque no les es rentable producir en el país”, dijo el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García.
Entrevistado en el programa Nada que perder de radio M24, dijo que se trata de “un problema de todo el sector industrial”, debido a que “Uruguay tiene serios problemas de competitividad”. En referencia al denominado "atraso cambiario", García señaló que Uruguay "está caro en dólares y eso afecta a la industria”, al tiempo que especificó que el 50% de la producción industrial uruguaya está destinada a la exportación. Recordó que la industria nacional compite con Brasil y Argentina en varios de sus productos, por lo que la devaluación registrada en esos dos países "quita competitividad a los uruguayos”. Para el representante industrial existen “sobrerregulaciones” y “falta de eficiencia” en los trámites. García mencionó los altos costos que conlleva habilitar un producto o hacer lo propio con una planta industrial. Sobre el "alto costo energético", entiende que la renovación de la matriz de energía que puso en marcha Uruguay “debería llevar a su reducción”. Asimismo, García dijo que sería importante “algún tipo de fomento" que derive en un incremento de las inversiones, especialmente en el área de renovación tecnológica. Afirmó que “por cuestiones estructurales y de tamaño del mercado”, no es lo mismo la amortización al invertir en Uruguay que en Brasil. Según la Agencia Nacional de Desarrollo, en Uruguay hay unas 200.000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que generan el 65% de los puestos de trabajo del sector privado. García relató que en el sector industrial “hay 19.000 empresas, de las cuales 15.000 son microempresas, de uno a cuatro trabajadores”.
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Un policía de la Guardia Republicana circulaba por Camino Toledo Chico casi la ruta 102, cuando fue víctima de un intento de rapiña.
Según relató, al menos un delincuente intentó robarle su moto particular mientras transitaba por la zona de Toledo Chico, próximo al asentamiento 24 de Junio. Uno de los rapiñeros le disparó al agente policial que estaba desarmado. El efectivo tuvo un roce de bala en la espalda, señalaron fuentes médicas a Subrayado. Tras ser herido, condujo hasta la seccional 18, ubicada en Ing. Castiglioni esquina Camino Maldonado, en Villa Don Bosco. Y desde allí fue trasladado al Hospital Policial. A posteriori, el efectivo recibió el alta médica, se encuentra fuera de peligro y la Policía le tomará declaraciones.
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La Policía identificó al hombre que fue hallado muerto próximo a una cañada, en el barrio Malvín Norte de Montevideo, cuyo cuerpo se encontraba calcinado y tenía tres impactos de bala: uno en la espalda y dos en el torso.
Fuentes de la investigación dijeron que la víctima era un hombre de 33 años, de nacionalidad venezolana; tenía un antecedente penal por porte de arma de fuego. El Departamento de Homicidios continúa con la investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables, quienes se encuentran prófugos. La Policía llegó a la escena porque una persona llamó al 911 para informar que, en un basural, próximo a una cañada, había un cuerpo calcinado. También en el lugar fue encontrado un revólver, que quedó incautado. A partir de allí, las autoridades comenzaron con las pericias y la investigación.
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La Confederación de Sindicatos Industriales cuestiona los 48 despidos en Paycueros, en Paysandú, y uno de sus referentes, Danilo Dárdano, aseguró que es inminente una reunión junto al PIT-CNT, con la ministra de Industria.
“Entre todas las partes, deberíamos buscarle alguna alternativa, porque hay cuestiones urgentes, y también, otras a largo plazo sobre las cuales hay que pensar más tranquilos y con mucho más tiempo”, sentenció Dárdano. Además, alertó sobre el deterioro de la industria de la curtiembre, entre otras ramas de actividad. “Estamos preocupados no solamente por el tema de Paycueros, sino a nivel de la industria en general”, señaló Dárdano, quien dijo que a la brevedad se proyecta mantener una reunión con autoridades del gobierno, según explicó Dárdano a los Medios Públicos. “Lo dijimos cuando cerró Yazaki: No es la última que va a cerrar. No queremos ser agoreros ni sepultureros, pero hay fábricas que están ahí”, remarcó Dardano. Según indicó, esperan reunirse con las autoridades, pero también en ámbitos tripartitos para avanzar en medidas concretas de apoyo al sector industrial. Tenemos que ver planteos concretos, porque diagnósticos casi que sobran, manifestó. A su vez, dijo que "hay cuestiones urgentes" y otras que deben analizarse a "más largo plazo". En concreto, sobre Paycueros, donde la empresa habría despedido a los trabajadores incumpliendo un acuerdo, sostuvo que "este tipo de situaciones no ayudan para nada".
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La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) estudiará la distribución de radares en las rutas nacionales y los efectos en el tránsito y la siniestralidad vial.
A partir de ese relevamiento se podrían determinar cambios en las localizaciones o el refuerzo en algunas rutas. El director del organismo, Marcelo Metediera, explicó que hay posibilidades de mover los que están o de incorporar alguno más si hiciera falta. En referencia a modificaciones en cuanto a la velocidad permitida, expresó que no hay previstos cambios, salvo si el Ministerio de Transporte y Obras Públicas consolida la mencionada “vía rápida”.
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Tras conmemorarse en forma reciente en Uruguay,(16 de abril) el Día de las Buenas Prácticas en Adopción, la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay (Apau), considera necesario enfatizar en algunos aspectos que aún falta resolver para un normal desarrollo de la integración familiar. Es por ese motivo que solicitó una reunión con las autoridades de Inau, y con las senadoras Silvia Nane y Blanca Rodríguez.
La integrante de Apau, Aurora Reolón, dijo a Informativo Uruguay (Radios Públicas), que los procesos siguen demorando unos tres años y medio. El punto que ha variado en los últimos años “es el aumento de las adopciones de niños más grandes, entre 6 y 10 años”. En tal sentido, Reolón agregó que para salvaguardar los derechos de los niños, “es importante que el Estado, de respuesta rápida a aquellos que quedan desvinculados de sus familias biológicas. Los niños deben pasar a una familia de acogida y en ese periodo se busca la posibilidad de que algún integrante de su familia biológica pueda hacerse cargo. Eso lleva un tiempo de valoración, que debe ser el menor posible”. Desde Apau, se entiende que se deberían “ajustar algunas cosas para que esto no ocurriera, por ejemplo aumentando la respuesta en territorio, La valoración de los niños en custodia del Estado, porque como hay pocos técnicos, entonces se demora la reinserción de esos niños, su familia biológica o a una familia del RUA (Registro Único de Adoptantes)”. En cuanto a los 18 meses, que establece como plazo máximo la LUC, para el proceso de valoración de las familias inscriptas en el RUA, Reolón sostiene que “no hay caminos cortos en la adopción, no hay que presionar a los equipos porque no hay equipos suficientes”.
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Ecuador se encuentra en "alerta máxima", aseguró este sábado el gobierno, después de que se divulgara un informe de inteligencia que alerta sobre un supuesto intento de asesinato contra el presidente reelecto Daniel Noboa.
Un reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fechado el jueves y firmado por el coronel del ejército Rolando Proaño, asegura que tras la reelección de Noboa el pasado fin de semana, "se ha iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República" y sus funcionarios más cercanos. Noboa ampliará su mandato hasta 2029 tras vencer en el balotaje a la izquierdista Luisa González, que no reconoce la derrota. "Condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra la vida del señor presidente de la República, autoridades del Estado y funcionarios públicos", aseguró el Ministerio de Gobierno en un comunicado divulgado la madrugada del sábado, horas después de la filtración en redes sociales del documento militar. El informe advierte sobre "la planificación de posibles atentados terroristas" en infraestructura vial, bancos e instituciones del Estado. También menciona la realización de protestas "violentas" en el país y recomienda reforzar el esquema de seguridad del mandatario. "El Estado está en alerta máxima", afirmó el Ministerio de Gobierno en su comunicado. "Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza". El gobierno de Noboa responsabilizó del supuesto plan de magnicidio a "estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas", sin dar detalles ni nombres.
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