Partido Nacional trabaja en proyecto que regula la prisión domiciliaria, como alternativa a propuesta de Cabildo Abierto. Informe de En Perspectiva

Foto: Festejo por el Día de la Madre en la Cárcel de Mujeres (2020). Crédito: Javier Calvelo / adhocFOTOS

El proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que presentó Cabildo Abierto (CA) el año pasado, es uno de los asuntos más polémicos de esta legislatura.

Desde la izquierda fue rechazado de plano.  Y en la coalición multicolor causó incomodidad por la insistencia del partido que lidera Guido Manini Ríos, que lo considera una de sus iniciativas prioritarias.

¿Cuál es la novedad ahora? 

Que el Partido Nacional (PN) está cerca de presentar una alternativa.

La semana pasada la senadora Carmen Asiaín le entregó a la bancada blanca un proyecto en el que ella y su equipo vienen trabajando junto con un asesor de Gustavo Penadés.

Los nacionalistas optaron por no reformular la propuesta de CA. En cambio tomaron ese planteo como de punto de partida para buscar una regulación más amplia de la herramienta de prisión domiciliaria, que consideran que hoy es “injusta”. Al mismo tiempo, por este camino se resolvería la necesidad que tiene el principal partido de la coalición de gobierno de que salga adelante una propuesta de CA, que hasta ahora no ha logrado que se aprobara ninguna de sus propuestas.

¿En qué consiste este nuevo proyecto? 

¿Cómo reaccionan los dirigentes cabildantes?

En sus “Apuntes Políticos” Romina nos informa lo que averiguó la producción de En Perspectiva.

 

EL PROYECTO DE CABILDO

Repasemos primero el proyecto de CA. 

Con la justificación de aplicar un trato humanitario para reducir la superpoblación del sistema carcelario, los liderados por Manini Ríos planteaban que las personas privadas de libertad mayores de 65 pasaran a cumplir su pena en prisión domiciliaria en forma preceptiva. Es decir: la prisión domiciliaria no quedaría a criterio del juez, como ocurre ahora, sino que con el solo hecho de cumplir los 65 años de edad, el recluso ya pasaría de la cárcel al régimen domiciliario.

Esto decía al respecto el senador Raúl Lozano, cuando lo entrevistamos En Perspectiva: 

Los adultos mayores impedidos de libertad tienen un alto riesgo en cuanto a su integridad física e inclusive de su propia muerte. Entonces nos parece que estamos cumpliendo con el precepto constitucional, del artículo 26, que dice “nadie será condenado a muerte”. Eso dice nuestra Constitución de la República y por eso entendemos que es importante. Ese mismo artículo dice que nadie será martirizado en las cárceles: no es ese el instrumento de la prisión, no es mortificar a nadie, sí es la reeducación. Y hoy distintos trabajos están diciendo que a los adultos mayores hay que darles un trato diferencial. Eso dice hoy la jurisprudencia internacional.

En ese proyecto se exceptuaban de la prisión domiciliaria los casos en que la persona estuviera condenada por violación, homicidio agravado o crímenes de lesa humanidad. Los condenados por esos delitos no podrían acceder al beneficio.

Pero … en esas tres hipótesis se introducían un par de salvedades: 

  1. En los casos de las violaciones y los homicidios, la persona igual pasaría a prisión domiciliaria si hubiesen transcurrido, desde el momento en que se cometieron los hechos delictivos, el equivalente a dos tercios de la pena máxima establecida para esos delitos. 
  2. Y en los crímenes de lesa humanidad, textualmente se dice que solo perderían la posibilidad de la prisión domiciliaria aquellos condenados por delitos de ese tipo cometidos luego del año 2006, que fue cuando entró en vigencia la ley 18.026, que incorpora a la legislación uruguaya el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, referido a genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

 

LA POLÉMICA

¿Por qué causó tanta polémica aquel proyecto de CA? 

Porque rápidamente se lo asoció con los militares y policías recluidos por delitos vinculados con el terrorismo de Estado.

Todos esos reclusos son mayores de 65 años, y las excepciones previstas en la redacción del proyecto abarcarían a una veintena de los presos en la cárcel de Domingo Arena por esos crímenes.

El senador del MPP Charles Carrera, quien integra la comisión de Constitución y Códigos, donde se presentó este proyecto, profundizó aquí En Perspectiva en los motivos del rechazo del Frente Amplio (FA).

Es un debate que no es ético el que nos está proponiendo CA. Este proyecto tiene nombre y apellido y está dirigido a las personas que están penadas o procesadas en Domingo Arena. Sería mucho más lícito si planteara el debate de esta manera y no buscara todos estos vericuetos, todas estas vueltas, para proponer este proyecto.

El FA pidió a Cancillería que elaborara un informe para demostrar que la aprobación de este proyecto podría suponer problemas a nivel internacional. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ya había advertido que la propuesta era “contraria al derecho internacional”.

Esa noción de que el proyecto tenía “nombre y apellido” no es exclusiva del FA; también fue manejada desde los partidos socios de la coalición, en diálogo con la producción de En Perspectiva.

Por otro lado, el proyecto fue defendido por la organización “Familiares de Prisioneros Políticos”, vinculada con los condenados por crímenes de la dictadura. 

 

EL INFORME TÉCNICO

Ahora, el debate sobre el proyecto de CA va más allá de los partidos políticos. Se han escuchado también otras voces que son relevantes en estas cuestiones…

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, elaboró un informe donde cuestionó que en el mecanismo propuesto la aplicación de la prisión domiciliaria fuera “automática” una vez cumplida la edad, sin intervención alguna de jueces o fiscales competentes. Petit hizo notar que esa dinámica daría lugar a resultados “extraños e inquietantes”: por ejemplo, que una persona sin ninguna afectación a su salud o a sus capacidades, autoras de delitos graves y con alto riesgo de reincidencia, podrían volver a su domicilio que, quizás, sea el mismo espacio donde cometió los delitos por los que están condenados. 

Es el caso, de los delitos sexuales. Según las cifras del Instituto Nacional de Rehabilitación aportadas por el comisionado parlamentario, esos delitos representan el 40% de los crímenes cometidos por mayores de 65 años. 

Además, Petit señaló que los presos mayores de esa edad son menos de 200 en un sistema con 14.000 presos, por lo que si el argumento fuera la superpoblación carcelaria, el efecto que se lograría sería escaso.

 

LA NUEVA PROPUESTA

En medio de aquella controversia, a fines del 2021 la bancada del PN empezó a manejar una alternativa a este proyecto. Según supo la producción de En Perspectiva, se dio ese paso como forma de poner paños fríos al vínculo con CA, tensado en aquel momento por el veto del Presidente de la República a la ley forestal que los liderados por Manini Ríos habían aprobado en conjunto con el FA.

Seis meses después, ese plan B está pronto y la semana pasada llegó a la bancada nacionalista. 

En Perspectiva accedió al texto propuesto y también habló con la senadora Asiaín, principal responsable de su redacción.

Asiaín dijo que después de analizar la regulación vigente sobre prisión domiciliaria llegaron a la conclusión de que es “incompleta e injusta”. Entonces decidieron dejar de lado el proyecto de CA y trabajar en abstracto, pensando en una nueva regulación que fuese integral.

Es cumplimiento de la pena pero en otro lugar. No es libertad anticipada, no es una redención de pena, no se están liberando presos sino que la misma pena se cumple en otro lugar, ya se trate de prisión preventiva o de cumplimiento de la sentencia.

Con respecto a ese punto, los blancos consultaron con las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Procesal de la Universidad de la República, las que coincidieron con esa visión.

Asiaín explicó que para la redacción del proyecto tuvieron cuidado de atenerse a tratados internacionales de derechos humanos, pero además a: 

  • los comentarios de las cátedras recién mencionadas
  • el informe elaborado por la Cancillería a pedido del FA
  • y al informe anual del comisionado parlamentario Petit publicado el año pasado.

A partir de toda esa base se preguntaron: ¿pensando en quiénes se podría ampliar el régimen de prisión domiciliaria? 

Y entonces, además de la situación de las personas de edad avanzada, hicieron foco en las mujeres y otras categorías de reclusos.

 

MUJERES RECLUSAS

En el caso de las mujeres presas, ¿cuál es el encare? 

Se apunta particularmente a: 

  • mujeres con embarazos riesgosos
  • mujeres en lactancia activa (sin límite de tiempo, pues la legislación actual marca un tope al año de amamantamiento)
  • mujeres con niños a cargo de hasta cinco años (extensible a 10 en caso de que el niño tuviera algún problema de salud o que no hubiera otra persona que se hiciera cargo de él)
  • mujeres con una persona con discapacidad severa a cargo que no tuvieran otra persona para cuidar de ella.

Hoy en día está vigente un decreto ley del año 1974 que permite que mujeres madres de niños menores de cuatro años los lleven a vivir a la cárcel con ellas. La edad de los hijos puede extenderse hasta ocho años en casos especiales. Luego de esas edades, si no hay otro progenitor que se haga cargo, el niño queda bajo la órbita del INAU. Además, según explicó Asiaín, hay cupos limitados para estos casos en la cárcel de mujeres.

Pero el problema con el régimen actual, desde el punto de vista de la legisladora, es que o el niño es privado de su madre, o “el niño pasa a cumplir la pena de la madre” junto con ella.

Las modificaciones incluidas en el nuevo proyecto irían en línea con los informes del comisionado Petit, quien insiste en la importancia de “generar alternativas a la pena de prisión” para casos donde tendría “efectos colaterales” que serían “muy negativos socialmente”. Por ejemplo, dice el informe, “eso ocurre ahora con algunos casos donde hay personas, en especial mujeres, con muchos hijos menores o personas con discapacidad a su cargo y que cometieron un delito leve o de bajo riesgo antisocial”.

ADEMÁS

¿Y qué otros tipos de presos se contempla para facilitar la prisión domiciliaria?

La nueva propuesta también abarcaría a: 

  • personas con “graves problemas de salud” certificados
  • personas con una discapacidad severa “incompatible con la vida en prisión”

Se aclara especialmente que en todos estos casos la prisión domiciliaria no sería obligatoria para el juez ni automática, sino siempre facultativa: el juez debería siempre analizar el caso puntual y tomar una decisión.

Dice el texto: “La decisión judicial deberá fundarse en los informes de peritos médicos, psicológicos y sociales pertinentes que se realicen sobre el imputado o penado, y en su caso, sobre el menor o hijo en situación de discapacidad”.

 

EDAD AVANZADA

Pero el proyecto también comprende a los mayores de 65 años. ¿Por qué vuelve a incluirse este punto que causó tanta controversia en el proyecto de CA?

La senadora Asiaín se apoya en la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores. 

En esa definición entran las personas de más de 60 años, y Uruguay ratificó esa convención en 2016. 

Hay un artículo que específicamente en materia de privación de libertad mandata a que se deben buscar alternativas a la prisión carcelaria. También las reglas Nelson Mandela y otros principios de humanización de las cárceles.

Entonces, en el nuevo proyecto elaborando en el PN se introduce para los condenados mayores de 65 años la prisión domiciliaria como facultativa, a criterio del juez. Y a partir de los 70 años edad, el régimen pasaría a ser preceptivo, de oficio.

Sin embargo, todo esto no corre para los condenados por los siguientes delitos: 

  • Crímenes y delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma aprobado en 2006
  • Violación, abuso sexual y violencia doméstica, porque puede ser un riesgo para la víctima del delito, si debe convivir con el victimario
  • Y narcotráfico, porque no se quiere fomentar que las bandas criminales vayan a reclutar a madres con niños pequeños a sabiendas de que en cualquier caso irían a prisión domiciliaria.
  • En este último caso, sí podrían acceder a prisión domiciliaria condenados por delitos de drogas que no configuren narcotráfico, si el delito es leve. Aquí el proyecto no innova con respecto a la legislación actual. 
  • Se excluye el caso del uso del hogar como lugar de venta, depósito o distribución de drogas.

Además, los condenados tienen que ser primarios, no reincidentes. Y al primer incumplimiento del régimen, volverían a la cárcel.

Se aclara también que estas excepciones son referidas a los condenados, pero no para los imputados. Es decir, un procesado por un delito sexual podría esperar su sentencia en prisión domiciliaria; en caso de ser condenado efectivamente por ese delito, ahí sí debería pasar preceptivamente a la cárcel. Allí tampoco se innova con respecto a la legislación vigente.

 

PRIMERAS REPERCUSIONES

Para terminar: ¿Cuáles han sido las primeras repercusiones de esta nueva propuesta?

En la bancada nacionalista cayó bien. El senador Sergio Botana dijo a Búsqueda que es un proyecto distinto al de CA, “más orientado a subsanar cuestiones de humanización carcelaria” y destacó que la redacción no contemple específicamente a los reclusos de Domingo Arena. “Puede haber alguno que zafe, pero no es la idea”, declaró Botana, quien agregó que confía en que este nuevo proyecto “va a tener un apoyo general en el Parlamento”.

Por otra parte, el senador Jorge Gandini manifestó, consultado por En Perspectiva, dijo que se trata de “un buen trabajo”.

De todos modos, en las averiguaciones entre los blancos quedó claro que se trata de una propuesta a la bancada que puede modificarse antes de presentarse al resto de la coalición y de introducirse al Parlamento.

En CA, mientras tanto, todavía no accedieron al nuevo articulado pero el senador Lozano dijo a En Perspectiva que lo que ellos quieren es “solucionar el problema”. Si eso se logra con su proyecto “sin duda mejor”, afirmó Lozano, pero si otro texto logra un objetivo similar lo van a apoyar.

En el Frente Amplio, por ahora, prefieren no opinar; prefieren acceder primero al documento.

Por último, el comisionado para las cárceles, Juan Miguel Petit, aclaró que tampoco conoce todavía la nueva redacción, pero señaló que por la información con la que cuenta “es otra cosa” comparado con el proyecto original.

En Perspectiva

Periodismo con vocación de servicio público. Conducen Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. Con Gabriela Pintos, Rosario Castellanos y Gastón González Napoli. Producción: Rodrigo Abelenda y Agustina Rovetta. De lunes a viernes de 7 a 12 en Radiomundo 1170.

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