El insuceso que hace pocos días determinó la remoción del Presidente de Antel, volvió a instalar en la opinión pública el debate respecto a cuál es el perfil que debe tener un director de empresa pública.
Surgieron discusiones para determinar si dichos cargos tienen que ser ocupados por políticos o por técnicos. Por enésima vez, los debates aceptaron como punto de partida un paralogismo de falsa oposición, que no hace sino oscurecer el problema y confundir la manera correcta de resolverlo: ¿técnicos o políticos?
Para ubicar los hechos en su contexto, corresponde señalar que inicialmente (antes del cambio de gobierno) la provisión del cargo de Presidente de Antel estuvo bajo escrutinio. Atendiendo a los dichos de la campaña electoral, era esperable la selección de una persona con formación, experiencia y habilidades para conducir a la empresa con eficacia y eficiencia. Tendría que liderar la marcha del organismo hacia los objetivos genéricamente enunciados en la exposición de motivos del proyecto de ley de urgente de consideración (PLUC): … “en materia de conducción de las empresas públicas, es imperioso poner en marcha los mecanismos que aseguren el manejo responsable de los dineros públicos y un debido control del gasto, generando ahorros sobre la base de su disminución”.
Sin embargo, los debates que se hicieron públicos en los últimos días se centraron en el cotejo de dos alternativas emergentes de un dilema falaz, que las plantea como únicas posibles y las considera mutuamente excluyentes. ¿Un político o un técnico?
La conducción profesional de las organizaciones, es decir su dirección, se nutre de conocimientos provenientes de múltiples áreas científicas: economía, matemáticas, finanzas, contabilidad, estadística, derecho, sociología, política, psicología, comunicaciones y otras. Quizás esta integración de saberes tan diversos explique, aunque sea parcialmente, la confusión prevaleciente y la falta de desarrollo de la gestión profesional en nuestro país.
Nuestra sociedad no conoce y, menos aún, reconoce la formación en Administración o Gestión, a pesar de que la Udelar y las Universidades Privadas ofrecen desde hace décadas formación de grado y de posgrado en dicha ciencia. Quizás por ello son muchos quienes concluyen, en el error, que no es necesario educarse en la disciplina porque cualquiera puede dirigir o gestionar. El resultado de ese estado de cosas es la prevalencia del curanderismo en la dirección de las organizaciones del país, apoyado en la falsa creencia de que el director de organizaciones nace, no se hace.
Es razonable pensar que ese desconocimiento ha tenido, por lo menos, dos consecuencias funestas: a) banalizar el concepto de gestión o dirección de organizaciones, asumiendo que se trata de una tarea común y trivial; y b) no se necesita poseer estudio, experiencia ni capacidades especiales para gestionar. Todos pueden hacerlo, sin desmedro.
Si las empresas públicas pretenden sinceramente mejorar la gestión, sin demora deben profesionalizar su gobernanza, comenzando por el nivel más alto de dirección. Para ello, el punto de partida es seleccionar a los directores aplicando las mejores prácticas en la materia. También hace falta capacitar y motivar positivamente al personal, variar estructuras, modificar operaciones, sistemas y procesos, controlar la gestión y superar otras muchas limitaciones por el estilo.
Es ineludible integrar los directorios de estas instituciones con personas que reúnan formación y experiencia para desempeñar dichos cargos. Los textos sobre gestión de los recursos humanos, exponen el uso del método siguiente cuando se profesionaliza la selección del personal: a) descripción del cargo a ocupar, o sea, detallar los cometidos y actividades que serán competencia de la persona que se seleccione; b) especificar los rasgos requeridos para asegurar altos niveles de eficacia y eficiencia en el desempeño de dichos cometidos; c) reclutar un número adecuado de aspirantes que demuestre poseer los atributos antes especificados; d) seleccionar un reducido número de candidatos emergentes de un proceso realizado con herramientas científicas y técnicas, que permitan evaluar a los interesados y elegir a los mejores; y e) designar al postulante que genere la mejor opinión entre los responsables de la nominación.
Este marco, que respeta los requisitos previstos en el artículo 187 de la Constitución, excluye los hábitos tradicionales en la provisión de los directorios de las empresas públicas; quedan fuera el reparto por cuota política, la militancia partidaria y el fracaso del nominado registrado en algún intento de acceder a cargos elegibles.
Es obvio que existe un claro conflicto entre la costumbre prevaleciente y la selección científica. La vía para dirimir su contraposición es evaluar los procedimientos en términos de su contribución al logro de los objetivos expuestos por el Gobierno para el desempeño de las empresas públicas. Hecho el cotejo y elegida una de las dos vías de acción, correspondería descartar la otra sin más trámite.
Los directores de las empresas públicas, así como los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que participan en su designación, son servidores públicos. Esto implica que su conducta está orientada a servir a los demás. Dicho de otro modo, con sus acciones deberían contribuir al desempeño y logro de los objetivos de la organización. Por esa vía, simultáneamente, atenderían los intereses de la ciudadanía.
Julio César Porteiro
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