La huelga es un derecho indiscutido en nuestro país, como herramienta de los trabajadores para dirimir sus conflictos con las patronales, dice Nelson desde la audiencia. La cuestión es a quién perjudica: si a la patronal que decide o a la población que necesita de los bienes y servicios que la empresa provee.
Nuestro país es probablemente uno de los países con mayor desarrollo de la actividad sindical del mundo. Obviamente, este desarrollo ha crecido significativamente a partir del 2005 y no es del caso explicar los motivos.
Se habla de la cultura del trabajo y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, pienso que quizás antes o concomitantemente, debería hablarse de la cultura del paro
El desarrollo de la actividad sindical, desde mi punto de vista, es muy saludable dentro del sistema capitalista donde los dueños de los recursos económicos acuerdan con los trabajadores las condiciones de su relación laboral. Cuando el sindicalismo es fuerte, las relaciones entre los dueños de los medios de producción y la fuerza de trabajo consiguen un adecuado equilibrio. Este equilibrio no se alcanza cuando el sindicalismo no es fuerte y en muchas empresas los trabajadores no se asocian en sindicatos a efectos de negociar las condiciones de trabajo. En estas condiciones, existiendo –como normalmente ocurre– desocupación, los trabajadores se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo que no les resultan favorables. Como hemos visto en nuestro país, cuando el sindicalismo decreció, desaparecieron los sindicatos en las empresas medianas y pequeñas y sólo subsistieron en las empresas grandes, en las empresas estatales y en los organismos públicos. Cuando el sindicalismo creció, los trabajadores de las empresas pequeñas y medianas se afiliaron a los sindicatos y creció la cantidad de trabajadores sindicalizados.
Este importante desarrollo del sindicalismo se manifiesta en cantidad de trabajadores sindicalizados, en la importancia de sus actividades, en el crecimiento de la imagen de sus dirigentes, en la calidad de su participación en los medios de comunicación, etc. Todo ello es positivo en referencia al equilibrio antes indicado.
Sin embargo, el mayor desarrollo del sindicalismo no se ha traducido en un crecimiento en la calidad de sus estrategias de reivindicación en materia de salario y condiciones de trabajo. Se discute mucho, incluso a nivel de la OIT, respecto a la legitimidad de la ocupación de los lugares de trabajo como medida de lucha sindical. Las cámaras empresariales se oponen a dicha medida y tienen sus argumentos. El sindicalismo entiende que es una medida legítima y también tiene sus argumentos.
El paro es una medida de lucha sindical totalmente impuesta en nuestro país. A todo el mundo le parece normal que un sindicato que tiene desencuentros con su empleador decida realizar paros de unas pocas horas, de una jornada entera o de varias jornadas. Naturalmente, nuestro derecho positivo reconoce el derecho de huelga y no hay quien lo discuta.
Frente al paro de actividades, un tema que no encuentra una solución visible es el relacionado con el derecho de los trabajadores no sindicalizados a cumplir con su trabajo. Este es un tema importante pero no es el más importante. A mi juicio, lo más importante a analizar en relación al paro es el impacto que el mismo produce en personas que no son los dueños de las empresas privadas ni los responsables de la dirección de empresas y organismos públicos, con quienes se producen los desencuentros.
Cuando el sindicato de una empresa privada realiza un paro, sus dueños sufren el perjuicio de no poder atender a sus clientes y eventualmente perder definitivamente la oportunidad de venta y, lo peor, que sus clientes opten por sus competidores. Si la empresa es monopólica, ese riesgo no existe porque la demanda no desaparece. Los clientes sufren el perjuicio de no poder satisfacer oportunamente sus necesidades de bienes o servicios. En estos casos, el paro impacta en los intereses de las empresas pero también afecta a los consumidores, especialmente cuando se trata de un monopolio. Esta situación se plantea en iguales términos cuando la empresa es estatal pero actúa en competencia con empresas privadas.
Cuando el sindicato pertenece a los trabajadores de una empresa estatal que suministra bienes y servicios a toda la población en calidad de monopolio, obviamente no hay perjuicio directo con los dueños de la empresa que son los habitantes del país. Los dirigentes de la empresa tampoco sufren un impacto importante. Los únicos que sufren el impacto son los consumidores de los bienes y servicios, que se ven impedidos de adquirirlos.
Cuando el sindicato pertenece a un organismo público de servicios (por ejemplo educación, salud, etc.), la interrupción de actividades no afecta a los dirigentes de ese organismo sino a la población destinataria de esos servicios.
Cuando el sindicato paro pertenece a los trabajadores de la administración central del Estado o del Poder Judicial, los dirigentes de esos organismos no sufren ningún impacto significativo. Los que lo sufren son las personas que necesitan realizar gestiones ante esos organismos y la imposibilidad de hacerlas afecta sus intereses económicos o familiares. También sufren el impacto los pobladores que necesitan los servicios.
Cuando el sindicato pertenece a los cuerpos legislativos nacionales o departamentales, el impacto es sufrido por los legisladores que ven dificultada su actividad. Este es el único caso en que la población no sufre el impacto del paro.
Como se puede observar, los consumidores de bienes y servicios suministrados por empresas públicas y privadas y organismos prestadores de servicios públicos y las personas que necesitan realizar gestiones ante organismos de la administración central nacional o departamental y el Poder Judicial o recibir sus servicios son en todos los casos quienes sufren el impacto de todos los paros que se realizan en el país.
Los dirigentes sindicales saben perfectamente a quiénes afectan sus paros. Saben perfectamente que tienen derecho a realizar paros de cualquier tipo. Lo que saben y parece que no les importa es que sus paros afectan casi siempre a la gran mayoría de sus compatriotas. Esta afectación es totalmente injusta, ya que en ningún caso los habitantes del país tienen la más mínima culpa de sus desencuentros con sus empleadores.
Los dirigentes de los sindicatos deberían tomar más en consideración el perjuicio que generan a los habitantes del país cada vez que detienen en la forma que les parece sus actividades.
Los dirigentes sindicales deberían mejorar significativamente la calidad de su gestión incorporando estrategias de reivindicación de derechos que no perjudiquen a todos los habitantes del país, como lo hacen actualmente. Conseguir una respuesta racional a esta debilidad de la organización sindical debería ser uno de los principales objetivos de los actuales dirigentes del PIT-CNT.
Por otro lado, los empresarios y los dirigentes de empresas y organismos estatales deberían mejorar significativamente la calidad de su gestión, haciendo lo necesario para evitar o reducir al mínimo la generación de conflictos con su personal. Esta mejora no debe concebirse como fruto de la casualidad o del talento de algún o algunos dirigentes. Debe planificarse, dirigirse, supervisarse y controlarse. Es decir, debe administrarse.
Si ambos colectivos necesitan oportunidades para exceder las expectativas de la población, ahí tienen una.
Diego Nelson Sosa
Vía correo electrónico
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