Nueva Troya
El abandono (III)

El abandono (III): La ciudad renunciada

Según el diccionario, el abandono, «en el ámbito de los bienes y derechos, requiere la previa posesión, propiedad o derecho al ejercicio de alguna acción legítima por parte de una persona física o jurídica. El abandono es, pues, una renuncia, que reúne la condición de inacción definitiva, al ejercicio de ese derecho y sus efectos serán distintos en función del bien y/o derecho afectado».

Por Alfredo Ghierra ///

Abandono y renuncia están íntimamente relacionados. También el hecho de que para abandonar ha debido existir previamente la posesión de eso que se abandonó.

En resumen, es como si los montevideanos hubieran decidido no hacer mas uso de su derecho de propiedad sobre un área enorme de la ciudad de Montevideo, ocupada como está por centenares de inmuebles en franco abandono.

El arquitecto Gonzalo Bustillo es quien siempre me dice que detrás de toda propiedad abandonada hay una historia trágica.

Crédito: Lucí Lin.
Crédito: Lucí Lin. Ampliar (+)

Si esto es o no del todo cierto, no viene al caso, porque lo que sí es cierto y comprobable cada vez que nos enfrentamos con algún ejemplo del abandono edilicio de Montevideo, es que antes de poder articular ningún pensamiento racional acerca de lo que vemos, nos viene al cuerpo la sensación de la tragedia, la espeluznante constatación de que esa casa, ese edificio, esa estación de trenes, se nos presenta hoy como un fantasma de lo que fue, un remedo difícil de entender visto así, casi muerto.

Como todas las cosas que componen las ciudades (y las ciudades mismas), sólo están vivas cuando están habitadas.

Abandono edilicio es entonces renunciar al derecho que tenemos como ciudadanos de disfrutar de una ciudad viva, completa, no sectorizada o privilegiada en función de las decisiones de un mercado, que de tan sacrosanto se ha vuelto un boomerang que atenta contra su propia salud.

Toda ciudad mantiene en su seno un porcentaje variable de edificios que permanecen vacíos. El problema es qué pasa cuando la situación de abandono se perpetúa por años, o décadas, sin que se avizore una solución de fondo al problema. Y qué pasa, además, cuando está claro que el hecho de “poseer” un inmueble es un derecho que acarrea, automáticamente, una serie de obligaciones, como la de mantenerlo en condiciones dignas, que no atente contra la salud de las personas ni desvalorice, por su condición de abandonado, el entorno del que forma parte. Para hacer cumplir esto no es necesario sancionar ninguna nueva ley: está escrito hace años en códigos y digestos.

Si el mercado se autorregulara de manera saludable, no asistiríamos a la situación absurda que domina el panorama edilicio montevideano: centenas de nuevas unidades construidas, amparadas en la Ley de vivienda de interés social (Ley 18.795) están al día de hoy vacías o fueron adquiridas por sus propios promotores (hasta un 50 % del stock actual ha sido comprado por los propios desarrolladores o por personas que las utilizan para obtener una renta).

Resulta que muchas de esas nuevas unidades, además, se han construido sobre la demolición de otras construcciones históricas de la ciudad, que no hacían parte de ninguna lista de patrimonio ni gozaban de protección, y que muchas veces estuvieron abandonadas por largos períodos, de manera de desvalorizar su precio y ser presa fácil de la especulación. Al final de cuentas, ¿quién se va a oponer a la demolición de casas en pésimo estado de conservación?

Círculo vicioso lamentable, este estado de cosas se completa con la falta absoluta de planes de restauración de este tipo de edificaciones (sin entrar a debatir por qué una ciudad con el acervo que tiene Montevideo carece de una escuela de restauración de prestigio, al menos regional, o en su defecto, ¿por qué no tenemos un título intermedio en la Facultad de Arquitectura que trate sobre el tema?).

Cuando el público se indigna frente a una demolición injusta en la ciudad, y pide a gritos que el Estado se haga cargo de adquirirla para desactivar su desaparición, yo sostengo que ese es un mecanismo inútil (7 % de todo lo abandonado en Montevideo es propiedad del Estado). Lo que sí debería tener el Estado son políticas públicas mediante las cuales los privados pudieran comprar estas casas abandonadas, no para demolerlas sino para reconstruirlas y vivir en ellas. Exención de impuestos, asistencia técnica para poner en valor sus detalles mas únicos, al final de cuentas sería una inversión más rentable que mantener el stock nuevo generado en los últimos años cerrado y en desuso.

Cuando en Uruguay solo el 26 % de las familias son de “modelo tipo”, esas casas, mal llamadas “viejas”, son una oportunidad de oro para ensayar los hogares de multiplicidad de nuevas estructuras familiares: grupo de amigos, madres solteras en grupo, varias parejas sin hijos, veteranos solos, etcétera. Ni que hablar del uso que se les puede dar como lugares de trabajo, de esparcimiento o ambas cosas a la vez.

El misterio del porqué de esta situación que se ha mantenido por tanto tiempo se desbarata con una sola palabra: lucro. Un afán de negocios que sólo ve rédito en demoler lo anterior y construir lo nuevo, amparados en una legislación que fomenta el uso intensivo de los terrenos, tanto en planta como en altura. Y una fiscalización atenta solamente a los metros cuadrados mínimos y los diámetros de las cañerías, pero raramente fiscalizadora en los casos de destrucción del patrimonio arquitectónico del pasado.

Si seguimos renunciando a una parte fundamental de la arquitectura uruguaya –como son los inmuebles construidos entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que conforman el “núcleo duro” de todos los inmuebles abandonados– estaremos hipotecando, sin posibilidades de vuelta atrás, algunas de las características más salientes de la ciudad de Montevideo.

Y lo haremos en pos de un paradigma falso de modernidad que más que nada contribuye al despilfarro de los servicios básicos de la ciudad (los barrios centrales, que ya cuentan con saneamiento, electricidad, gas, etcétera, son los que aparecen mas abandonados).

Considerar a los inmuebles abandonados solo como una cantera repleta de casas para demoler y sustituir por edificios nuevos que sus supuestos beneficiarios no logran comprar es no querer ver una realidad que rompe los ojos, pero que sobre todo está destruyendo lo mejor de la ciudad.

pd. El pasado martes 12 de julio el diario El País publicó una nota titulada «Viviendas vacías pagarán el doble de Contribución«. Acciones como esta son más que bienvenidas para empezar a revertir el fenómeno de las viviendas visiblemente abandonadas.

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Nueva Troya es el blog de Alfredo Ghierra sobre la ciudad de Montevideo y su patrimonio arquitectónico. Actualiza el sábado, en forma quincenal.

Alfredo Ghierra

Alfredo Ghierra (Montevideo, 1968) es artista visual y desarrolla desde el año 1994 permanente actividad en Uruguay y el exterior. Sus obras a lápiz y tinta son las mas reconocidas, pero trabaja también la animación, el ensamble de objetos, la pintura al óleo y la fotografía. Desde 1995 es director de arte para el medio audiovisual. Sus campañas performáticas como el personaje Ghierra Intendente han unido arte y política en un colectivo de creadores que trabajan por la ciudad.

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1 Comentario

  • Ciertamente entristece ver cómo la parte central de la ciudad se vacía solamente para estirarse hasta límites absurdos, sin que nadie acierte otra medida no sea la básica del ajuste impositivo, de muy dudosa utilidad, por ser de aún más dudosa implementación real. Un aspecto particular son las propiedades en sucesión, donde la administración podría jugar un papel importante en destrabar la situación erigiendo un pequeño fondo y unos pocos funcionarios a tal efecto. Por cierto, los mecanismos para obligar al cuidado del predio existen pero significan ir al choque y eso no es del paladar de ninguna administración.

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