El documento parte de la base de una propuesta presentada por Jorge Larrañaga en febrero.
Fuente: Partido Nacional
El Directorio del Partido Nacional aprobó en su sesión de la fecha, por unanimidad, el Documento elaborado por el Centro de Estudios del Partido Nacional, que contiene un conjunto de definiciones programáticas que servirán de insumo para construir un modelo de país alternativo con vistas a un futuro inmediato.
Este documento, elaborado con el consenso de todos los sectores partidarios, es el resultado de la propuesta presentada al Directorio por el Senador Jorge Larrañaga el pasado 25 de febrero, sesión en la que también estuvo presente el Senador Luis Lacalle Pou.
Montevideo, 23 de julio de 2018
PROPUESTA PARA INTERCAMBIO Y DEFINICIÓN PROGRAMÁTICA
EL DESARROLLO COMO OBJETIVO
El país necesita ponerse como objetivo alcanzar niveles de Desarrollo Humano de primer mundo en la mayor cantidad de áreas posibles. El crecimiento económico es un instrumento para ello, pero no es suficiente. Una prueba es que la expansión económica de estos años no se ha traducido en niveles de desarrollo sustentable. El Uruguay tiene hoy más riqueza que hace veinte años, pero también tiene más inseguridad y una profunda fractura social.
Este objetivo requiere atender algunas cuestiones de urgencia, como la ola de inseguridad pública, y al mismo tiempo realizar reformas estructurales en áreas claves del país.
– CAPÍTULO I –
LA SEGURIDAD PARA ALCANZAR LIBERTAD
EL ROL DEL ESTADO
El Estado es responsable de garantizar la seguridad de todos los habitantes, como lo impone el artículo 7 de la Constitución de la República. A pesar de lo que las autoridades señalan, los ciudadanos uruguayos se sienten cada vez más indefensos y vulnerables. Los niveles de violencia se han incrementado, se han expandido geográficamente los delitos y existen zonas donde el Estado se ha replegado, dejándolas en manos de organizaciones criminales. Hay una sensación de desprotección y caos.
Eso debe cambiar. Se deben recuperar esos territorios y proteger a los ciudadanos. El Estado debe restaurar el orden.Reconocer esta realidad es el primer paso para poder modificarla. Se necesita un nuevo enfoque en materia de seguridad pública que abarque obviamente la multicausalidad del delito, las políticas de reinserción social, pero también que enfrente a la delincuencia y los delincuentes. El Estado debe cumplir esta tarea sin prejuicios de índole ideológico.
LÍNEAS TRANSVERSALES HACIA UNA NUEVA POLÍTICA GLOBAL DE SEGURIDAD
El nuevo gobierno debería dar prioridad a determinas líneas de lucha contra el delito:
• Rol activo en combate de la delincuencia, haciendo el mejor uso de los recursos humanos y materiales ya disponibles.
Combate frontal al narcotráfico. Los circuitos internacionales de la droga han aterrizado en el Cono Sur y nuestro país está ingresando a ese circuito. En este sentido hay que modernizar el equipamiento, particularmente en nuestras fronteras y nuestros espacios aéreos y marítimos.
Recuperación de territorios en manos del narcotráfico. El Estado no puede renunciar a uno de sus atributos esenciales, el territorio, ni al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras. No se puede renunciar a su presencia y autoridad en ningún barrio. Esa renuncia, que todos estamos sufriendo, es la peor señal que se puede enviar a la delincuencia organizada.
Cumplimiento efectivo de penas de delitos de mayor gravedad, eliminando la aplicación en casos graves de institutos que favorecen la liberación temprana de los delincuentes.
Transformación del sistema penitenciario. Se promoverá una gestión penitenciaria eficaz en la reinserción social de las personas privadas de libertad, por medio del trabajo y la realización de actividades educativas formales y no formales, que además contemple el desarrollo de acciones de tratamiento del consumo problemático de drogas.
Políticas de inclusión social. No desconocemos la trascendencia de las políticas de inclusión social en materia de prevención. Las políticas integrales en esa dimensión repercuten en la seguridad pública en su sentido más amplio. Especialmente en las zonas más afectadas por la cultura del delito, hace falta mejorar las condiciones para el desarrollo de una comunidad integral y crear condiciones de vida que favorezcan la recreación y la sociabilidad de las familias.
– CAPÍTULO II –
ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO
ESCENARIO POLÍTICO Y NECESIDAD DE REAFIRMAR LA CONFIANZA
Un elemento clave en la política económica es la confianza. El contrato de confianza entre gobernantes y gobernados no está predeterminado por el simple hecho de ser electo, sino que hace falta cuidarlo mediante la conducta y gestión del gobierno.
En 2020 se van a haber cumplido 15 años de gobierno del Frente Amplio. Al cabo de todo este tiempo se marcó una impronta de gestión claramente condicionada por la mayoría propia a nivel legislativo. La política de gobierno ha sido una política de partido. Hacer esta afirmación no significa cuestionar la legitimidad de ese estilo de conducción, dado que las mayorías lo habilitaron, pero sí implica señalar la necesidad de un cambio.
Este cambio cada vez más cercano determinará un giro importantísimo en la vida del país. Se trata de una oportunidad para abrir nuevos caminos. El diálogo en procura de construir mayorías amplias posibilitará formas de hacer política política y reformas estructurales con una calidad y sustentabilidad mayores a las de los últimos años. El nuevo paradigma será el de políticas de gobierno y de Estado, dejando atrás el de las políticas de partido. El hilo conductor que permitirá reducir la incertidumbre y fortalecer la confianza será el diálogo y acuerdo para la elaboración de políticas públicas, la transparencia en la ejecución y una permanente rendición de cuentas respecto de los resultados.
COMPROMISO FISCAL
Para lograr revertir las situaciones de desequilibrio que hoy se ven en nuestro país, se debe empezar por asegurar la estabilidad macroeconómica. Esta es la base de las demás políticas orientadas al desarrollo productivo y social. Para ello, uno de los principales objetivos del próximo gobierno es la recomposición de las finanzas públicas. El gasto público se ha incrementado de forma sistemática año tras año, representando hoy cerca de un tercio de nuestro producto anual. Esto ha llevado a altos déficits fiscales y procesos de ajuste que han recaído sobre el ingreso de los trabajadores, a través de mayores impuestos y tarifas públicas.
Los errores de política económica cometidos por los últimos gobiernos hicieron que la época de bonanza que tuvo nuestro país no permitiera afianzar los pilares de nuestro sistema productivo, derivando hoy en una crisis de competitividad. Asimismo, en este último tiempo se empezaron a ver señales preocupantes, como la persistente destrucción de puestos de trabajo o la caída estrepitosa de la inversión tanto pública como privada.
El futuro gobierno debe poner énfasis en la política fiscal como estabilizador del ciclo económico. Para ello, es necesario diseñar e implementar una regla fiscal que permita hacer un uso responsable de los recursos públicos. La regla debe establecer algunas restricciones que el propio gobierno debe cumplir en su recaudación, en sus gastos, en la diferencia entre ambos (es decir sobre el resultado fiscal), o sobre la deuda.
Dicha regla no es sinónimo de recorte ni de ajuste, sino de un compromiso de responsabilidad fiscal, asumido por los gobernantes, que conduzca a una mayor eficiencia del gasto público.
Otro aspecto importante es el comportamiento de las tarifas públicas, que han sido instrumento de política fiscal, dada su naturaleza de impuestos encubiertos. Nosotros creemos que las tarifas públicas deben responder en todo momento a los costos de producción y deben fijarse a través de
mecanismos transparentes. Por eso es importante restablecer las competencias originales que se asignaron a las unidades reguladoras existentes (URSEA y URSEC), dotándolas además de verdadera autonomía. Estos organismos deberían especializarse en la regulación de las tarifas y en controlar la calidad de las prestaciones, como forma de ejercer una auténtica defensa de los consumidores.
La recomposición de las finanzas públicas y una mayor eficiencia del gasto ayudarán a reducir la presión fiscal que, durante los últimos años, ha sido factor distorsionante en el sector productivo. Complementariamente, Uruguay debe simplificar la complejidad burocrática que enfrentan empresarios, emprendedores y trabajadores independientes para llevar adelante su actividad. Emprender debe ser más económico para quien está comenzando, pero sobre todo tiene que ser un proceso simple y ágil, con interlocutores claros de parte del Estado. Se trata de reducir costos económicos, pero también costos indirectos como trabas y demoras que dificultan el emprendedurismo y la innovación.
INSERCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
Nuestro país ha perdido importantes oportunidades en materia de Inserción Internacional, como consecuencia del vínculo cada vez más tóxico que existe entre el gobierno y la fuerza política que lo sustenta. A la dificultad y lentitud propias de esta clase de procesos le hemos agregado las restricciones políticas que ha impuesto el propio Frente Amplio.
La ausencia de una estrategia de inserción internacional clara y con objetivos concretos tiene una influencia negativa sobre la competitividad del país y sobre el desarrollo de nuestros sectores productivos.
La configuración política que arrojará la elección de 2019 permitirá al país avanzar sin complejos ideológicos. La mayoría del sistema político cree en la necesidad de avanzar en este sentido.
La agenda de inserción internacional uruguaya debe surgir de un esquema de prioridades definido a partir de nuestras potencialidades productivas y las tendencias de la demanda externa. El pragmatismo debe acompañar estos procesos. Sin perjuicio del Mercosur, la profundización de la integración en la Alianza del Pacífico, la Unión Europea y países asiáticos deberían ser nuestras prioridades.
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: REFORMAS GENERACIÓN 4.0
La llamada Cuarta Revolución Industrial, o Revolución Digital, se caracteriza por el gran desarrollo de las redes de telecomunicaciones, los servicios y las aplicaciones digitales. Estos cambios abren un nuevo mundo de posibilidades para todos, al tiempo que implican grandes desafíos. Uruguay tiene una gran oportunidad en esta nueva realidad. Si la aprovecha debidamente podrá abrirse al mundo, atraer inversión, generar empleo y posicionarse ofreciendo sus productos y servicios.
La innovación y el desarrollo permiten optimizar la producción, los servicios, y lograr más y mejores resultados. Para ello es necesario que las personas se capaciten y desarrollen nuevas habilidades y competencias. También es esencial que se invierta, que se promueva y facilite la innovación.
Las redes de telecomunicaciones son la base fundamental sobre las cuales se desarrolla el ecosistema digital. Sobre las redes se despliegan servicios y aplicaciones que vienen a atender las necesidades de los usuarios: personas, sociedad civil, academia, empresas, gobierno, etc. Si bien en Uruguay estas redes están muy desarrolladas, debemos buscar que todos tengamos acceso de calidad, pudiendo trabajar y estudiar desde cualquier punto del país.
También es necesario generar reglas claras y seguridad jurídica. Parece evidente que no podemos responder a los desafíos actuales con una normativa pensada para una realidad completamente diferente. La eficiencia se ve limitada y entorpecida por las asimetrías regulatorias,.
Al mismo tiempo que promovemos la competencia, la innovación y el desarrollo, debemos proteger los derechos de las personas, como ser la privacidad y los datos personales, así como prever los nuevos delitos que pueden amenazar a los consumidores en línea
Uruguay puede ser referente en la materia, si toma las medidas adecuadas y resuelve algunos desafíos. Es necesario adaptar el Estado y las instituciones a este nuevo mundo. El desafío está en alinear y coordinar los recursos disponibles, de fuentes nacionales e internacionales, públicas y privadas, a efectos de impulsar este desarrollo.
Con el fin de avanzar en la discusión proponemos:
(i) trabajar para que todos tengamos acceso de calidad, pudiendo conectar a todos, a todo;
(ii) que todos podamos desarrollar las habilidades digitales necesarias;
(iii) que se trabaje de forma transparente para otorgar confianza a los usuarios, ajustando los marcos normativos para garantizar los derechos fundamentales;
(iv) que se dé independencia, fuerza y herramientas debidas a los organismos reguladores, así como a quienes tienen el cometido de promover y defender la competencia;
(v) que se orienten recursos nacionales e internacionales, públicos y privados, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
(vi) que se concentre todo lo vinculado a la Revolución 4.0, a la modernización, a la innovación y al mundo digital en la AGESIC, la cual pasaría a llamarse ¨Agencia de Innovación y Modernización¨, agrupando todo lo vinculado a la materia. Asimismo, se debería actualizar y agilizar el Gabinete de Innovación, dándole las competencias y las herramientas para que todo el Estado esté coordinado, simplificado y más controlado, buscando ser más eficaces y eficientes.
Avanzar en esta dirección requiere diálogo, políticas integrales y un amplio blindaje político que asegure la sostenibilidad a lo largo del tiempo.
MODELO COLABORATIVO DE RELACIONES LABORALES
Las nuevas tendencias en materia tecnológica y la reorganización de las relaciones laborales exigen una mirada nueva sobre el empleo, la calificación de los trabajadores y la productividad. Paulatinamente debemos ir modernizando y adecuando los marcos que definen las relaciones laborales en Uruguay, sin que ello implique debilitar ni desproteger la situación de los trabajadores.
El paradigma sobre el cual se debe cimentar esta modernización es el de Relaciones Laborales Colaborativas. La incorporación de esta visión debe llevarse adelante con la participación de trabajadores y empresarios. Los Consejos de Salarios deben seguir siendo el ámbito de diálogo y determinación de los parámetros fundamentales de las relaciones laborales. Al mismo tiempo, la rápida innovación tecnológica y los cambios en las relaciones laborales obligan a fortalecer las habilidades comportamentales y técnicas que son esenciales para el progreso de las personas. La educación y el trabajo deben estar cada vez más ligadas, en un marco de relaciones definidas por el diálogo constructivo entre Estado, trabajadores y empresarios. El paradigma tradicional del conflicto distributivo no es suficiente para enfrentar estos desafíos. En el mundo que ya llega, la productividad sea clave para definir las mejoras de salario real
El desarrollo de la robótica, la biotecnología, la cyberseguridad, los medios de pagos digitales, los empleos tecnológicos verdes y el reciclaje obligan a prepararnos para nuevos escenarios. No podemos aceptar una sociedad donde ciertas elites educadas avanzan mientras los demás grupos sociales van engrosando las filas de los perdedores. Tenemos que avanzar de manera responsable en la construcción de una sociedad de igualdad de oportunidades en un contexto de cambio permanente.
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
Según el Índice Global de Competitividad elaborado por el World Economic Forum, Uruguay se ubica en el puesto 95 entre 137 países respecto a la Calidad de las Rutas y en el puesto 100 en Infraestructura vinculada al Ferrocarril. Esto no puede dejarnos conformes. Uruguay tiene una densidad importante de caminería, mayor que otros países de la región, pero buena parte de esa red se encuentra en estado “regular”. Es necesario definir prioridades para llevarla a un estado “bueno” y poder mantener su rodadura.
El modelo de Participación Público Privado fue el elegido por los gobiernos del Frente Amplio para el desarrollo de Infraestructura. Pero, si bien las demoras entre la aprobación del sistema y la ejecución de las primeras obras son importantes en todos los países que han adoptado este modelo, en el caso uruguayo han llegado a extremos. Esto se debe en gran medida a que tanto la ley como su reglamentación establecen mecanismos extremadamente burocráticos. Las últimas obras icónicas en Uruguay, aeropuerto de Carrasco, ampliaciones del puerto de Montevideo, ciertas rutas nacionales, entre otros, se desarrollaron bajo otros esquemas jurídicos.
En función de lo anterior, la agenda de trabajo debe estar orientada a:
Revisar críticamente la reglamentación de la Ley de Participación Público-Privada, a los efectos de agilizar los procesos.
Evaluar la pertinencia de otros mecanismos legales que complementen el modelo de Participación Público Privado.
Delimitar la responsabilidad de los proyectos y la ejecución de los trabajos, introduciendo cambios en la forma de contratar y centralizar las responsabilidades de proyecto, ejecución y mantenimiento de los contratos de obra. A los efectos de delimitar las responsabilidades se requerirán evaluadores independientes que arbitren entre el Estado y los diversos participantes en la cadena de construcción de las infraestructuras.
Definir y priorizar las obras ejecutables en los próximos cinco años. Se requiere un tablero de proyectos necesarios, para evaluarlos, jerarquizarlos y finalmente priorizarlos en términos presupuestales, incluidas las cuotas de las PPP y de otras formas de financiamiento.
En materia de infraestructura urbana se ha hecho muy poco en los últimos años. Es necesario generar ejes de acceso al centro para velocidades medias pero constantes y desarrollar vías sin cruces para que lo anterior sea posible.
En imprescindible generar ejes y vectores de transporte colectivo de media y larga distancia, crear centros de transferencia de larga distancia entre ejes y complementar el transporte colectivo direccional o vectorial con servicios de micro ómnibus locales o regionales.
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Uruguay se ubica en la posición 101 entre casi 140 países en materia Capacidad de Innovación, 105 en cuanto a la inversión por parte de las firmas en investigación y desarrollo, y 80 en colaboración entre universidad e industria. Estos datos son preocupantes, porque la innovación, la investigación y el desarrollo son elementos fundamentales para aumentar el valor agregado de nuestra producción. La articulación entre sistema educativo y productivo, el financiamiento de iniciativas específicas en estas áreas y la generación de un marco impositivo adecuado son factores críticos de éxito.
En función de la importancia que le asignamos a este tema entendemos que es necesario jerarquizar, coordinar y simplificar la institucionalidad relativa a la promoción de la Innovación. En tal sentido proponemos:
Concentrar los diversos organismos e instituciones vinculados a la materia dentro de la “Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento” –AGESIC-, en línea con lo indicado al desarrollar la Revolución 4.0.
Coordinar los diversos mecanismos de financiación, a fin de organizar políticas coordinadas de impulso a la innovación y el desarrollo.
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Las relaciones de consumo son cada vez más complejas y sofisticadas. La aparición y desarrollo de ciertas tecnologías y áreas como las Fintech y otras vinculadas a la comercialización de bienes y servicios las están “virtualizando¨ progresivamente. En el mundo se debaten los alcances de estas tecnologías y los marcos regulatorios que se deberían desarrollar a los efectos de proteger los derechos de los consumidores o usuarios.
Con una visión amplia de consumidores, que incluye su rol de contribuyentes, entendemos necesaria la revisión de los marcos jurídicos relativos a las relaciones de consumo y la institucionalidad que los rodea. En particular, entendemos necesario discutir acerca de la ubicación institucional del Área de Defensa del Consumidor, hoy bajo la línea jerárquica del Ministerio de Economía. Proponemos crear una Unidad Reguladora de Defensa de los Consumidores, independiente del MEF y sobre todo de los organismos recaudadores de impuestos.
DEFENSORÍA DE LAS GENERACIONES FUTURAS
Las decisiones políticas y económicas afectan a las generaciones actuales y también a las futuras. En función de ello, las políticas públicas tienen que integrar una dimensión inter-temporal en su diseño.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creada por la Ley Nº 18.446 -modificada por las leyes Nºs 18.806 y 19.307- tiene como competencia la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho internacional.
Se propone incorporar dentro de sus competencias específicamente la defensoría de las generaciones futuras.
– CAPÍTULO III –
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
REFORMA EDUCATIVA
El país necesita una reforma de su estructura educativa. El modelo educativo del país, de matriz más que centenaria, está agotado. Fue concebido para otra sociedad, otra cultura y otro tipo de alumno. No podemos responder a los desafíos formativos del tercer milenio con herramientas construidas en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. La crisis de nuestra educación es de carácter histórico-estructural, pero acusa en los últimos años una acelerada erosión de la calidad y distribución de los aprendizajes y un grave problema de desvinculación en la enseñanza media.
Debemos recuperar el espíritu de los fundadores de nuestra educación, pensando desde nuestro tiempo histórico y sus desafíos. Revalorizar los principios y valores que informaron la matriz histórica (el valor de la educación pública para la formación de ciudadanía democrática y la construcción de integración social, los principios de gratuidad, obligatoriedad, autonomía técnica, laicidad y libertad de enseñanza) y ponerlos al servicio de una visión moderna, que convoque a reanimar el contrato entre escuela y sociedad.
En los últimos años, expertos en la materia de los diversos partidos políticos han asumido la necesidad de tales reformas. Se han celebrado acuerdos pluripartidarios y se han organizado iniciativas desde la sociedad civil. Sin embargo, los cambios anunciados por las autoridades han sido insuficientes, alejados en la urgencia y en la entidad de la transformación que el modelo educativo nacional necesita. Lo primero que se necesita para cambiar es querer hacerlo. Sin voluntad política de cambio, cualquier obstáculo, cualquier resistencia endógena o exógena a los sistemas de gobierno educativo puede servir de excusa para trabar las imperiosas transformaciones. Los cambios en Uruguay no se han hecho no porque falten propuestas, no porque falten técnicos, sino porque quienes han tenido la responsabilidad de conducción no se han atrevido a hacerlos.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL CAMBIO
GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
El gobierno de la educación y la definición de política deben ser responsabilidad de los poderes públicos representativos de la ciudadanía, como forma de garantizar la defensa de los intereses generales de la sociedad, de los educandos y sus familias. Para eso se propone, entre otras medidas, incluir la práctica de un compromiso público, de parte de quienes van a recibir la venia del Senado para integrar el Codicen, con una propuesta de Política Educativa Nacional a ser ejecutada durante su mandato.
Se necesita una representación pluri-partidaria en la dirección de los Organismos de la enseñanza, evitando que la educación quede sometida a una visión partidista. La representación pluri-partidaria da mayor garantía de neutralidad y objetividad y es la mejor defensa de los intereses generales de la sociedad.
Defender el principio republicano-representativo en la conducción de los órganos de dirección es colocar esta responsabilidad en jerarcas altamente calificados y con espíritu de servicio.
Para dotar al sistema de un enfoque estratégico y fortalecer el liderazgo de la conducción educativa, es necesario, al interior de ANEP, dotar al CODICEN de mayores potestades en la definición de las políticas públicas de educación, en la distribución de recursos presupuestales y en la coordinación de las diversas ramas, sectores y niveles educativos. Se trata de superar la feudalización funcional actual, que fragmenta la continuidad formativa del estudiante.
Se debe quebrar el centralismo excesivo que inhibe a los centros educativos a innovar, a la creación de comunidades de aprendizajes y a dar respuestas pedagógicas apropiadas a su contexto de referencia.
Es necesario fortalecer desde el CODICEN el diseño y gestión de un marco curricular común, un sistema integrado de información,y un sistema consistente de evaluación de aula entre los subsistemas.
JERARQUIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE. TÍTULO UNIVERSITARIO
Un proceso de cambio exitoso necesita un docente comprometido, excelentemente formado y profesionalizado, cuya labor sea reconocida, bien recompensada y socialmente prestigiada. Esto comienza por incentivar, reconocer y capacitar a los actuales docentes, de modo de darles apoyo y valorarlos. Para ello hay que avanzar hacia un sistema integral de mejores prácticas de enseñanza que jerarquice la función y vincule la capacitación docente con necesarios cambios a nivel del centro educativo (la escuela, el liceo) y el salón de clase.
En relación a los futuros docentes, el desafío consiste en atraer mejores candidatos, brindarles una capacitación más rigurosa, mejorar las condiciones de trabajo, generar una verdadera carrera docente y una bien pensada política de incentivos. Se deberá modificar el sistema de elección de horas y cargos, y sustituirlo por un sistema de incentivos económicos y no económicos que premien a aquellos buenos docentes apoyen instituciones con situaciones complejas y de bajo rendimiento.
Es necesario asimismo cumplir una deuda que la sociedad tiene con los docentes: otorgarles y reconocerles título universitario. Esto no sólo oficiará de reconocimiento sino que abrirá oportunidades para acceder a estudios de posgrado. Es necesario encontrar soluciones institucionales que jerarquicen la formación docente a partir de una mejora real de su nivel académico y del desarrollo de esfuerzos de investigación sistemáticos. Ese proceso de fortalecimiento y reconocimiento debe ocurrir bajo la conducción de los poderes públicos representativos de la voluntad ciudadana.
AUTONOMÍA Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Es central otorgar progresivamente autonomía a los centros educativos para que puedan formular, en un marco nacional y con vocación universalista, un proyecto pedagógico apropiado a las necesidades de sus alumnos y a las expectativas de las familias.
A los efectos de construir efectivas comunidades educativas de aprendizaje se requiere concentrar a los educadores en una sola institución, evitar las elecciones y rotaciones de centro educativo todos los años y, en la enseñanza media, progresar significativamente hacia cargos de profesores en lugar de horas. La composición de los cargos deberá contemplar un porcentaje de horas para enseñanza en el aula, otro para los trabajos institucionales y de coordinación pedagógica y otro para apoyo a los estudiantes con rezagos, elaboración de materiales didácticos e intercambios con las familias.
El fortalecimiento de los aprendizajes requiere mínimamente definir competencias fundamentales que el estudiante debe adquirir en cada grado y los correspondientes desarrollos cognitivos a activar. Tambipen deben realizarse evaluaciones que aporten elementos a ser ussados en el proceso de desarrollo pedagógico e institucional.
MAYOR PROTAGONISMO DE LOS DIRECTORES
Los Directores deben disponer de márgenes de decisión para conformar un equipo docente con un fuerte compromiso con el proyecto pedagógico del centro educativo. Se necesita asegurar la continuidad del equipo de Dirección en el Centro educativo y fortalecer su liderazgo pedagógico.
Es necesario adoptar medidas que promuevan la estabilidad de los equipos docentes, factor clave para concebir y desarrollar planes que se extiendan y sustenten en el tiempo.
MARCO CURRICULAR COMÚN
Uno de los cambios necesarios es la formulación e implementación de un marco curricular común a toda la enseñanza general. Dicho marco debe brindar coherencia al trabajo pedagógico a lo largo de los diferentes ciclos. Especialmente, debe posibilitar un adecuado tránsito entre subsistemas y en el recorrido por la educación media superior. Para que ello sea posible es necesario determinar perfiles de egreso de cada ciclo, que aseguren una articulación adecuada con los saberes a adquirir en el próximo tramo.
Ese marco curricular común debería ambientar reformulaciones en los formatos institucionales, que hoy fragmentan el proceso educativo y no dialogan adecuadamente entre distintos niveles.
Asimismo, el marco curricular común debería incorporar otros formatos pedagógicos que no se restrinjan a saberes contenidistas, sino procesos de activación cognoscitivos explícitos, competencias que permitan movilizar saberes para resolver situaciones, capacidades de emprendedurismo, trabajos por proyectos multidisciplinares y atender –especialmente en la etapa adolescente- la construcción de subjetividad y de un proyecto de vida del estudiante.
FORMACIÓN EN VALORES y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
El artículo 71 de la Constitución establece que “en todas las instituciones docentes se atenderá la formación del carácter moral y cívico de los alumnos”.
Este cometido puede cumplirse sin agregar nuevas materias, a través de un enfoque de transversalidad. Pero su efectiva implementación requiere la planificación de espacios de trabajo específico, un plan de desarrollo de cuestiones y temáticas explícitas trabajadas con una metodología adecuada. No es posible improvisar o guiarse por meras intuiciones en un área tan delicada. Los abordajes de conflictos y escenarios de violencia deben ser objeto de contratos de convivencia, que permitan la construcción dialogada entre docentes y estudiantes de normas de convivencia y criterios de relación, devolviendo a las normas significación y sentido.
EVALUACIÓN EDUCATIVA
Es imperioso universalizar la evaluación formativa que permita a cada educador, en forma oportuna y temprana, conocer el mapa de aprendizaje de su grupo de clase e identificar los rezagos y dificultades, como condición para formular propuestas de trabajo idóneas y adecuadas a una personalización pedagógica. Ya existe una experiencia de evaluación formativa en línea en Primaria que debe ser extendida a la Educación Media y profundizada en lo que hace al uso posterior de los resultados obtenidos por parte de los docentes.
Igualmente importante es la evaluación cuantitativa y cualitativa del sistema educativo para disponer de evidencias e informaciones para la toma de decisiones, para identificar los focos problemáticos y diseñar cursos alternativos de política para su superación.
LAS DEMANDAS DE CALIDAD EDUCATIVA Y LA RECUPERACIÓN DEL SENTIDO FORMATIVO
El hecho de que el conocimiento ha llegado a ser uno de los principales recursos para producir desarrollo, plantea a las instituciones educativas nuevas y exigentes demandas de calidad y responsabilidad. Entendemos que este salto no puede lograrse sin el compromiso y el protagonismo de los docentes. Por eso proponemos fortalecer a las Asambleas Técnico-Docentes como un espacio de discusión y propuesta altamente profesionalizado. Nos comprometemos a aprobar partidas presupuestales a ser gestionadas por las ATDs, con el fin de financiar publicaciones de carácter técnico y solventar la contratación de especialistas nacionales y extranjeros que hagan aportes a su trabajo.
También en la línea de lograr una mayor calidad de los aprendizajes y la recuperación del sentido formativo, proponemos la eliminación del “pase social” y de cualquier otro procedimiento formal o informal que tienda a generar falsos indicadores de éxito en la tarea educativa.
COOPERACIÓN MUTUA ENTRE PRODUCCIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO
El encuentro colaborativo y el intercambio de servicios de instituciones educativas, trabajadores y empleadores es un ámbito clave que hoy enfrenta dificultades. Para superar esta situación hacen falta cambios:
Las instituciones educativas deberán flexibilizar sus ofertas formativas para adaptarse a los cambios en el mundo productivo, fortaleciendo los factores de especialización y capacitación en ramas fundamentales para mejorar la capacidad competitiva del país.
La educación, con especial énfasis la técnica y profesional, no podrá quedar confinada dentro del local escolar. Cada organización que provea empleo podrá ser, cumplidas ciertas condiciones, un centro de formación y aprendizaje.
De un esfuerzo conjunto entre Universidades, instituciones terciarias, organismos gubernamentales, laboratorios de investigación, empresas de producción y organizaciones de trabajadores, pueden esperarse resultados alentadores en orden a concebir la educación como una inversión para el desarrollo.
EDUCACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA EN CONEXIÓN CON EL PAÍS PRODUCTIVO
El mundo de la producción y del trabajo están sometidos a transformaciones que inciden en la cualificación y competencias requeridas a los productores y trabajadores, demandando una formación polivalente que permita procesos de reconversión y adaptación. La oferta de cursos y su diseño curricular deberán formularse a partir de investigaciones prospectivas, que planteen una diversidad de escenarios productivos y de evolución tecnológica.
En este escenario, es necesario potenciar instrumentos ya existentes, como los Bachilleratos Tecnológicos, INEFOP y la UTEC, al tiempo que se alientan nuevas experiencias, como centros polivalentes de alta tecnología que integren educación y capacitación con investigación y desarrollo. Estos Centros pueden actuar como polos de desarrollo regional, generadores de escenarios productivos y de evolución tecnológica, de acuerdo con una visión del país y de sus regiones económico-productivas. Uruguay está en condiciones de desarrollar experiencias de este tipo en sectores tales como el forestal, la tecnología cárnica, la hotelería y el turismo, la tecnología de alimentos, la gestión de recursos naturales (en especial hídricos) y la robótica. La meta es quebrar la interdependencia de los factores que afectan el desarrollo económico y tecnológico del país, propiciando un proceso de descentralización territorial y dinamizando sus áreas de influencia.
– CAPÍTULO IV –
ESTADO y DESARROLLO
Concebimos al Estado con diversos roles: orientador, regulador y garante, y compensador. Transparente y eficiente; que asegure al ciudadano el ejercicio de todos sus derechos y deberes en el marco de una concepción solidaria, que no asfixie la iniciativa privada y la dinámica empresarial, que respete al contribuyente y compense y corrija desigualdades e inequidades.
Para cumplir de mejor manera esos roles, el Estado uruguayo necesita reformas
EL ESTADO Y LA DESCENTRALIZACIÓN
Una de las modificaciones imprescindibles del Estado uruguayo es un rediseño acorde a los desafíos del siglo XXI. Parte de ese rediseño tendrá que ver con la redefinición de su presencia y de su acción en todo el territorio nacional. En nuestra visión no existe desarrollo del país sin desarrollo del interior en su conjunto.
Uruguay no es la mera acumulación de regiones. Los uruguayos somos más que una suma de ciudadanos: somos una comunidad. Compartimos obligaciones, pero además debemos compartir derechos y oportunidades. Por eso, descentralizar es un acto de justicia: implica igualar las posibilidades de superación entre los uruguayos.
En el país han dominado lógicas centralistas. Burocracias divorciadas de la realidad han promovido avances de papel, sin cambios tangibles en la vida de la gente. Pese a todo lo que se ha dicho, Uruguay sigue siendo un territorio fragmentado.
Descentralizar significa integrar. Esta es nuestra visión de lo que implica el desarrollo nacional. Supone la inclusión de la realidad municipal y departamental en los procesos de decisión. No es sostenible la visión antagónica de capital e interior, como si el desarrollo de uno dependiera de la sangría del otro. Descentralizar es construir una plena unión política nacional.
Ese Desarrollo Integral del país supone una agenda compuesta de cuatro dimensiones:
integración política;
integración física y geográfica;
integración social y económica;
integración cultural.
Para generar esos niveles de integración es necesario profundizar los procesos de descentralización, apoyando y promoviendo la cooperación entre regiones y departamentos.
En este sentido, a nuestro entender, hay que:
Profundizar el fortalecimiento de los gobiernos locales y una articulación más equitativa con el gobierno nacional, facilitando instrumentos jurídicos para el asociacionismo y colaboración entre municipios. Estos mecanismos permitirán una efectiva aplicación de lo establecido en el art. 262 de la Constitución.
Profundizar la dinámica de cooperación interdepartamental, fundamentalmente en lo relativo al desarrollo de planes de fomento productivo, por la vía de una efectiva aplicación de lo establecido en el art. 230 de la Constitución.
Realizar un Plan de inversión pública/privada en infraestructura y logística multimodal en áreas y obras estratégicas, buscando la interconexión del país.
Desde 1952, la Constitución otorgó instrumentos de autonomía a las administraciones centrales, que por distintas vías se han ido erosionando. El artículo 297 de la Constitución establece fuentes de recursos para garantizar la autonomía financiera. Esos recursos son originarios de los departamentos y no deben sufrir intervenciones por parte del poder central. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha verificado una extraordinaria pérdida de autonomía financiera de los gobiernos departamentales, que ha generado una pérdida de autonomía política. Si las autonomías son tuteladas, no son autonomías. Hay que dar una lucha, por lo tanto, por asegurar la autonomía financiera para la descentralización. No puede haber descentralización efectiva sin “descentralizar la caja”.
EL ESTADO Y EL CIUDADANO
Las Instituciones deben servir al ciudadano, y no constituir un obstáculo para su crecimiento. Su principal misión es garantizar el acceso a los derechos de todos los individuos. Garantizar derechos para poder cumplir deberes. Esto implica una concepción sobre la política y el sentido del poder. El sentido de la política no es alcanzar el poder para usarlo en beneficio propio. El poder es de la gente y su delegación implica responsabilidad y no privilegios.
Hay que terminar con las prácticas de amiguismo, clientelismo y nepotismo, y para ello debemos generar más controles -y sanciones- y más transparencia, de modo de defender el buen gobierno. A la política hay que defenderla, no demonizarla, porque es una actividad de servicio, no de acomodo.
ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Necesitamos transformar el Estado en una herramienta de gestión eficaz y eficiente. Sin un Estado eficaz los programas de gobierno no se ejecutan. A pesar de las pomposas promesas y de los innovadores lemas publicitarios (Reforma del Estado, Transformación Democrática del Estado, “la madre de todas las reformas”), la modernización del sector público nunca llegó. La ineficiencia, por su parte, castiga a los ciudadanos. La población recibe malos servicios a cambio de una pesada carga impositiva. La prueba es que, si puede, contrata esos servicios en la actividad privada (ejemplos típicos son la seguridad y la educación). Así, paga dos veces.
Lo que se ha vivido en estos años es un relajamiento de la gestión pública. Hemos asistido a un incremento de los vínculos laborales con el Estado y, asociado a ello, la profundización del proceso de “huída del derecho administrativo hacia el derecho privado”. Esto generó un verdadero Estado paralelo, con más de 3 decenas de Personas Públicas No Estatales y Sociedades Anónimas con financiamiento público.
Se necesita una política de sinceramiento que dé transparencia al sector público. Hay que hacerlo por respeto al contribuyente y también por ser un poderoso instrumento de mejora de la gestión. Necesitamos embarcarnos en un proceso de modernización del Estado que transforme profundamente su gestión mediante la reestructura de sus organizaciones, el rediseño de sus procedimientos, la tecnificación de sus medios de producción, la profesionalización de su administración, la adecuación cuantitativa y cualitativa de sus recursos humanos, la generación de sistemas de control y evaluación, la implantación de incentivos y desincentivos, y el cambio de su cultura organizacional.
En ese camino se necesitará:
Adecuación organizacional, de la mano de descentralización funcional y territorial, compatible con las economías de escala.
Evaluación y accountability. Los organismos públicos o de propiedad del Estado deben contar con un sistema de planificación integral, con definición de objetivos y metas cuantificadas, y con una serie adecuada de indicadores de gestión, públicos, que permitan evaluar la gestión.
Instalación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Atención a la Ciudadanía, técnicamente independiente, que genere información y mediciones de resultados que estén a disposición de los ciudadanos.
Profesionalización de la gestión pública.
Creación o fortalecimiento de las Unidades de Control Interno en los organismos.
Fortalecimiento de la Auditoría Interna de la Nación, hacia un control de gestión más amplio y sustantivo, tendiendo al control interno de la eficiencia y a la mejora de gestión.
Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, dentro de lo que faculta la normativa vigente.
Creación de un Defensor del Contribuyente o del Usuario a nivel de diferentes organismos. Esta función de carácter honorario se podrá delegar en representantes locales cuando los organismos tengan oficinas departamentales.
ESTADO Y REGLA DE DERECHO
Las instituciones públicas no están por fuera de la norma y el Estado de Derecho. Hemos visto cómo en el último tiempo ha existido una ignorancia del predominio de la norma como atributiva de derechos y deberes. Se ha debilitado el Estado de Derecho.
Este debilitamiento tiene algunas fuentes que podemos señalar. La primera es la violación de la Constitución; las múltiples declaraciones de inconstitucionalidad a lo largo de estos años muestran que al oficialismo no le importó el marco constitucional al momento de dar forma legal a una política pública. Más grave todavía es que, cuando esto ocurre, lejos de reconocer y corregir el error, se atribuye intencionalidad política a los jueces que señalaron esa violación constitucional. La Ley de Medios o la interpretación de que la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión del derecho de huelga, son ejemplos claros. En el fondo de este irrespeto por la Constitución está la convicción que lo político no tiene motivos para atarse a ningún límite jurídico (lo que revela una incomprensión de lo político y a la vez de lo jurídico).
Una segunda fuente tiene que ver con el incumplimiento de la Ley. El gobierno no tiene reparos en eludir ese cumplimiento, como si las leyes de la República fueran obstáculos que es necesario remover. Así fue el caso del artículo 15 de ley 19.535 (ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2016), que habilita al Estado a pagar juicios prácticamente cuando se le ocurra. Bajo esta misma lógica, cada tanto surgen voces para apropiarse de los excedentes de Fonasa.
La tercera fuente, y quizás la que refleja más acabadamente el problema, refiere a la tensión entre lo corporativo y lo republicano. El corporativismo imperó sobre la noción republicana. Esa tensión estuvo presente desde el primer día de gobierno del Frente Amplio y se consolidó en el actual período, cuando el gobierno decidió excluir a la oposición de la ANEP, de ASSE y del BPS porque allí había representación social. Esto significa ignorar que la representatividad política de los uruguayos está en su sistema de partidos y no en alguna forma de representación corporativa.
Esa tendencia ha permitido y alentado la asfixia presupuestal que han tenido organismos de contralor, como son el Tribunal de Cuentas de la República, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el propio Poder Judicial y las unidades reguladoras. En la concepción republicana, el poder está al servicio de la Ley y no la inversa. Sin embargo, para el gobierno pareciera que la Ley está al servicio del poder, y en particular al servicio del poder corporativo.
Ante esta deriva, nosotros afirmamos que la Nación no es patrimonio de nadie, de ninguna fracción, de ningún grupo de interés. Los representantes se deben al pueblo porque, tal como lo establece nuestra Carta Magna.
ESTADO Y PRODUCCIÓN
Somos un país con vocación agroexportadora. La trascendencia de la cadena agroindustrial explica buena parte de nuestra economía y da sentido a un modelo de convivencia. El desarrollo nacional empieza por reconocer nuestra identidad como país.
Uruguay necesita políticas públicas que acompañen los procesos productivos con una visión integral y de largo plazo. Esa es la enseñanza que han dejado iniciativas como la ley forestal. Normas debatidas hace 20 años arrojan hoy resultados positivos para la producción, el empleo y las exportaciones. Los resultados son evidentes. Repliquemos esa experiencia en otros sectores claves para el desarrollo productivo y social.
Más del 70% de nuestras exportaciones son de origen agropecuario y agroindustrial. El 20% de nuestro PIB se explica por estos dos sectores. Los servicios vinculados al transporte y la logística, la generación y consumo de energía y combustibles, buena parte de la construcción y múltiples servicios asociados se benefician directa o indirectamente de esta actividad. Este es el camino que debemos profundizar. Para eso se necesitan relaciones de cooperación entre Estado y privados que vayan más allá de la lógica “extractiva” que ha imperado en estos años. La estrategia del Frente Amplio se redujo a castigar a los sectores productivos por la vía de impuestos y tarifas, para financiar un Estado pesado y burocrático. No es así cómo se favorece el empleo de calidad ni como se mejora la calidad de vida de nuestra gente.
ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES
La política social es un aspecto central del quehacer político. Las ideas y valores del proyecto político se traducen en prácticas específicas que apuntan a un modelo de convivencia.
La política social no es sólo un repertorio de prestaciones en el área de la seguridad social, la educación o la salud. Su enfoque termina por afectar el comportamiento y la cultura de los ciudadanos. ¿Qué ciudadanía se pretende? Esta pregunta debe estar en la base de cualquier formulación de políticas.
En la medida que la política social tiene sus propios objetivos, debería ser en lo posible independiente de los altibajos que puedan ocurrir en la economía, en lugar de limitarse a ser el “bombero” de los incendios que puede provocar el clima económico, o un mero instrumento compensador de sus disfuncionalidades. Desde luego que también tiene que responder ante eventuales emergencias sociales, pero siempre dentro de un enfoque de mediano y largo plazo.
El debate de la política social se vincula entonces a la teoría de la ciudadanía. Y en este terreno estamos obligados a elegir entre un camino que conduce a una mayor autonomía personal y a la activación de oportunidades para que los ciudadanos se desarrollen libremente, o la perpetuación de la dependencia mediante programas asistencialistas que favorecen diferentes formas de clientelismo.
Una política social bien pensada y bien ejecutada debe generar independencia y autonomía personal. Cuando las cosas se miran desde esta perspectiva, los resultados obtenidos luego de más de una década de bonanza económica y disponibilidad de recursos no nos dejan satisfechos. Pero esta constatación no nos impulsa a demoler todo lo hecho, sino a elaborar un modelo superador. Pensar en una alternativa no supone desconocer aspectos que merezcan mantenerse. Cualquier política requiere continuidad de esfuerzos, de modo que no se tejan y destejan continuamente los esfuerzos públicos, volviendo siempre a empezar de cero.
LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR
En estos años se dio una mejora en los ingresos monetarios de las familias, como resultado de un conjunto de factores que incluyen los precios internacionales, las negociaciones colectivas y las transferencias directas. La situación de la pobreza monetaria ha mejorado, aunque una parte de la población sigue viviendo en condiciones difíciles.
Pero lo más grave es que esa mejora no ha permitido generar dinámicas sociales que permitan superar la exclusión y la marginalidad. La mejora de la pobreza monetaria está expuesta a recaídas y vulnerabilidades, porque depende de contingencias económicas. Mientras tanto, la creciente fragmentación social y la segregación territorial van profundizando una brecha social y cultural cada vez más difícil de enfrentar. La resistencia a reconocer a la pobreza como un fenómeno complejo y multi-causal ha impedido el desarrollo de programas sociales efectivos.
BASES PARA UNA POLÍTICA SOCIAL SUPERADORA DEL MERO ASISTENCIALISMO
Las políticas sociales no pueden agotarse en el asistencialismo de ingreso, como si eso fuera todo lo que necesita la persona. La mera transferencia económica no alcanza. La política social actual pone todo el énfasis en los derechos y desconoce la necesaria complementariedad de las obligaciones. Este enfoque perpetúa las situaciones de vulnerabilidad, al no favorecer y generar un sentimiento de responsabilidad personal en el desarrollo de una estrategia de superación.
Una nueva política social debe atender a núcleos de vulnerabilidad social y fundarse en dos factores básicos: la educación y el trabajo. Aquí residen las mejores posibilidades de un nuevo bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Esto requerirá:
Fortalecer por diversos medios una cultura del trabajo y devolverle a este su papel instituyente de lo social.
Hacer un fuerte énfasis en la capacitación y reconversión laboral de personas en situación de pobreza. Esto requerirá evaluaciones del mercado de trabajo, organización y apoyo a emprendimientos productivos, acompañamiento y derivación institucional para incorporación a empleos.
El apoyo a la clase media. Los sectores medios de la sociedad conforman un factor imprescindible de cohesión social. Además de su trascendencia cultural y económica, constituye el escalón más cercano para los sectores más vulnerables de la sociedad. Dada su cercanía, se constituye en el “espacio” social hacia donde encaminar la salida de la pobreza. Si la clase media desaparece, el horizonte se cierra. Cuando esto ocurre, los instrumentos sociales dejan de ser mecanismos de “salida” para convertirse en estrategias de protección “en” la pobreza. Sin clase media no pueden implementarse con éxito rutas de salida, porque no hay hacia dónde ir.
INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA
Las competencias básicas de los niños quedan grabadas en los primeros años de la infancia. La familia en la que nacen y crecen genera una relación vincular insustituible. Esta importancia de los primeros tramos de la vida contrasta con la realidad que vivimos. Los indicadores marcan que la mayor reproducción biológica y social del país se hace a través de las familias con bajo capital educativo y una precaria inserción laboral del jefe de hogar. Esas familias se ubican además en espacios de segregación residencial, frecuentemente generadores de exclusión. De ello resulta un fenómeno de “infantilización de la pobreza” que genera situaciones de gran fragilidad humana y desprotección.
La prolongación de este fenómeno a lo largo del tiempo se debe en parte a diferencias en los patrones de fecundidad, y en parte a que el hecho de ser mujer, madre y pobre constituye un importante obstáculo al ingreso al mercado laboral. Se trata de un bloqueo difícil de vencer. Por eso es imprescindible ubicar a la infancia en el centro de las políticas sociales, atendiendo a varios ejes:
Fortalecer la inversión en capital humano en la primera infancia (0-3 años). Es en los primeros años donde se juega el desarrollo cognitivo y emocional potencial de la persona. Debe extenderse la cobertura y extender el rol de los Centros CAIF, sin excluir otras instituciones y servicios pertinentes.
Proveer de tiempos adicionales de enriquecimiento pedagógico para compensar las debilidades de origen que traen ciertos niños, lo que requiere re focalizar las Escuelas de Tiempo Completo en la atención a la población NBI.
Programas de cuidados que posibiliten la inserción laboral de los adultos jóvenes y sostengan a la vez los cuidados parentales.
Capacitación de los adultos jóvenes a cargo de estos hogares, mediante programas de sostén y programas puentes entre formación y empleo que permitan su inserción laboral o mejorarla.
Programas de fuerte impacto para mejorar las condiciones de hábitat y confort de las familias en situación de pobreza estructural.
La eliminación de la pobreza monetaria por transferencias de ingresos a las familias es pertinente para satisfacer necesidades básicas inmediatas, pero no es suficiente. Las políticas públicas para combatir la pobreza infantil requieren estrategias más complejas.
JÓVENES SIN OPORTUNIDADES
En el transcurso de los últimos 20 años, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan ha permanecido invariable, a pesar de que, en ese mismo tiempo, Uruguay casi duplicó su riqueza. La sociedad uruguaya no ha tenido la capacidad de mejorar la situación de los jóvenes que se ubican en los estratos inferiores de ingresos (54% pertenece a hogares del primer quintil). En 1992 el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudiaba ni trabajaba en el Uruguay era del 18,1%. Veinte años después, en el 2013, son 17,9% de esa generación. Uno de cada 5 jóvenes en el Uruguay sigue en una situación que cercena sus oportunidades.
El asistencialismo no es una respuesta adecuada a este problema. Lo que hace falta es trabajar en las bases del respeto de sí mismo y en la prefiguración de un proyecto de vida. Luego debe actuarse sobre el flagelo de la desafiliación escolar que se produce en la educación media. Ello no puede resolverse únicamente mediante programas focalizados.
Es imperioso un rediseño de la educación media, repensando las instituciones, sus proyectos formativos y redefiniendo el régimen de los educadores, para hacer instituciones amigables y vinculantes, con capacidad de escucha y de proyección orientadora y formativa. Necesitamos proyectos educativos para adolescentes, que tengan por centro construir subjetividad.
Para los que ya se han desvinculado, se necesitan políticas de reincorporación con sistemas de soportes que permitan a los jóvenes completar ciclos formativos. Se requiere de un sistema de acreditaciones que opere como un puente entre espacios y experiencias formativas para impulsar la reinserción en la educación formal. La Ley de Educación vigente abrió esta posibilidad, pero el oficialismo nunca la aplicó. También hace falta que el sistema de cuidados alcance a mujeres jóvenes en ciclos reproductivos o a cargo de familiares, de modo que puedan seguir formándose. Es preciso aminorar las debilidades de socialización que afectan a muchos jóvenes a la hora de competir por un puesto de trabajo.
ENFOQUE GENERAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL
En el nuevo tiempo que se avecina habrá que mantener y potenciar las políticas sociales, mejorando sustancialmente, entre otras cosas, la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Se evaluará el impacto de sus diversos planes y programas. Aquellos exitosos habrán de mantenerse, y los que no lo sean serán corregidos o sustituidos. Algunos principios de esta mejor política social son los siguientes:
Debe mejorarse la focalización territorial de las políticas, evitando superposiciones y duplicación de esfuerzos. El MIDES cuenta para ello con elementos técnicos adecuados. Por ejemplo, un avanzado sistema de información que integra diversas fuentes y está georreferenciado.
La descentralización de las políticas y la gestión local constituyen un principio básico de nuestro enfoque político. Pero la descentralización y la gestión local, además de recursos, requieren de un apoyo constante por parte del gobierno nacional. Es necesario fortalecer la gestión local con capacitación y recursos.
Es preciso realizar seguimientos de familias en situación de vulnerabilidad, a los efectos de evaluar cómo inciden las políticas públicas en sus estrategias de superación.
Las políticas de transferencias deben ser efectivamente vinculadas con la política educativa.
Es imprescindible desterrar el clientelismo político en las políticas sociales.
DISPARADORES PARA ABORDAJE DE OTROS TEMAS TRASCENDENTES PARA ASEGURAR EL DESARROLLO
POLÍTICAS DE SALUD
Las acciones en salud, además de proteger un derecho, constituyen una inversión social. La salud de los habitantes, al igual que la educación, constituye un sólido cimiento para el desarrollo de un país, así como para la construcción de una sociedad más justa.
En la actualidad el Sistema de Salud uruguayo está en dificultades. Los usuarios no están conformes, los trabajadores no están conformes y las instituciones no dan las respuestas esperadas. La distinta calidad de atención recibida por la población en relación a su condición económica, social, educacional, cultural y forma de financiación, es totalmente inaceptable, constituyéndose esta desigualdad en uno de los problemas máximos a afrontar.
Consideramos esencial continuar trabajando sobre la Reforma de la Salud, haciendo foco en los distintos modelos que componen al sistema: atención, financiación y gestión. Se deben lograr avances en los estos tres grandes ejes de la Reforma. El Ministerio de Salud Pública debe liderar este proceso. Su principal función es definir la Política Nacional de Salud.
La actuación sobre el sistema requiere que se apoyen todas sus partes integrantes, las instituciones y organizaciones que lo integran. Es necesario optimizar recursos, así como estimular los mecanismos de complementación, coordinación y focalización de las acciones con un criterio de riesgo y vulnerabilidad, a fin de alcanzar mejores resultados en el menor plazo. Aunque la comunicación hable de sistema integrado, lo cierto es que numerosas trabas han impedido hasta hoy que esa integración se concrete. Para lograrlo hay que asegurar la articulación entre servicios públicos, entre servicios públicos y servicios privados, y entre servicios privados. Este es un paso que debe darse, asumiendo que el Sistema de Salud tiene un centro, y que ese centro es el usuario. Para poder avanzar en este sentido es necesaria la incorporación de tecnología y una real y efectiva descentralización de los servicios.
La medicina del siglo XXI está sustentada en bases científicas y en el desarrollo tecnológico, y ofrece cada vez mayores posibilidades tanto diagnósticas como terapéuticas, por lo que resulta imprescindible orientar acciones precisas en esa dirección a fin de obtener los mejores resultados posibles y elevar la calidad de los servicios y las prestaciones que se brindan.
Es esencial desarrollar un plan de acción respecto de los recursos humanos destinados a la Salud. Este ha sido un tema especialmente descuidado en estos años. Hace falta salir de lo declarativo e impulsar un plan que involucre, en primer término, a los médicos y al personal de enfermería (al día de hoy, 6.000 licenciados y más de 20.000 auxiliares de enfermería). Luego se debe avanzar sobre todas las profesiones que integran el equipo de Salud. Una de las prioridades en este terreno debe ser contar con una dotación adecuada de enfermeros universitarios, como sucede en los mejores sistemas de salud a nivel internacional y regional. Uruguay se ha quedado muy atrás en este tema.
En cuanto a la administración de recursos, hace falta estimular los mecanismos de complementación de servicios, de coordinación y de focalización de las acciones con un criterio de riesgo y vulnerabilidad, a fin de obtener los mejores resultados posibles en el menor plazo. La complementación y la coordinación contribuyen también a lograr una mejor distribución de los recursos técnicos y profesionales.
POLÍTICAS DE GÉNERO
Uruguay comparte desde hace muchos años el primer lugar en cuanto a salud y supervivencia de la Mujer en el ranking que elabora el Foro Económico Mundial. Sin embargo, cuando hablamos de participación política, logros educativos, participación económica y oportunidades de negocio, ese sitial de privilegio se pierde, ocupándose el lugar número 56 del mundo en 2017.
La brecha entre hombres y mujeres se genera fundamentalmente en torno al tipo de empleo y los ingresos. Una comparación de ingresos promedio realizada por el BID indica que los hombres ganan 10% más que las mujeres, pero cuando se comparan hombres y mujeres con iguales edades y niveles de educación, la brecha de ingresos llega a 17%. En Uruguay esta brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza el 26%, lo que equivale a tres meses de trabajo sin remunerar para las mujeres. A este ritmo, recién en 2044 las uruguayas ganarán igual que los hombres. Esto debe corregirse. Hay que asegurar la equiparación de salarios y cerrar esa brecha mediante los mecanismos de negociación colectiva e instrumentando mecanismos de fiscalización.
Otro gran tema a abordar es el de la violencia de género. Si bien han existido respuestas, es notorio que han sido insuficientes y que se hace necesario reforzar la promoción de la conciencia sobre los problemas de violencia, acoso y la discriminación. Debe trabajarse en potenciar las experiencias exitosas adaptadas a cada contexto socioeconómico de prevención primaria y fortaleciendo las estrategias de respuesta multisectorial, tanto para las víctimas como su entorno.
POLÍTICAS DE VIVIENDA
Pese al notorio aumento de los recursos públicos destinados a la vivienda, el acceso a una vivienda decorosa, en los términos que establece la propia Constitución de la República (art. 45), está lejos de ser tal para varios sectores de la población, en particular los de ingresos medios y bajos.
El sistema público de vivienda, dirigido, supervisado y coordinado por el MVOTMA, tendrá en cuenta la dimensión urbana y apuntará a maximizar y volver más eficiente la inversión pública en vivienda. A su vez, las diferentes estrategias de acceso, como compra en el mercado, el sistema cooperativo, la autoconstrucción y las licitaciones, deben encontrar una institucionalidad que potencie sus perfiles y ajuste sus mecanismos de cooperación y complementariedad.
Un problema que debe atenderse y al que debe darse solución es el endeudamiento inmobiliario. Las deudas hipotecarias deberían evolucionar principalmente con el nivel general de precios y su variación.
Un gran desafío que tiene el país en esta materia es el referido a los asentamientos irregulares. Proponemos la conformación de un Mevir Urbano que defina y ejecute una estrategia de corto, mediano y largo plazo para una solución efectiva al problema de los asentamientos, que han sido un mecanismo de exclusión y marginalidad. Considerando asimismo las soluciones a las deficiencias de infraestructura, legalidad e integración social.
POLÍTICAS DE JUVENTUD
Un país que apuesta al Desarrollo debe pensar y actuar para dar a sus jóvenes la mayor cantidad de herramientas que les permitan desenvolverse en la vida y alcanzar plena autonomía. Para que ello ocurra sigue habiendo una serie de restricciones que van desde el propio acceso al mercado de trabajo hasta acceder a una vivienda, condición básica para lograr la emancipación.
Subempleo, empleo en negro y bajos salarios impiden que los jóvenes adquieran estabilidad. Se necesita abordar esos asuntos con pragmatismo, armonizando y conectando las distintas políticas públicas y asegurando derechos.
Las asimetrías de oportunidades educativas existen. Pese a que se ha ampliado la oferta educativa en el interior, ésta continúa siendo insuficiente. También es insuficiente el apoyo socioeconómico para aquellos que deben estudiar en la capital o fuera de su lugar de residencia.
No podemos aceptar que los sueños de superación estén atados al lugar donde se nace o al nivel económico de origen. El origen no puede marcar el destino. La falta de oportunidades está en el origen de un fenómeno que se prolonga pese al crecimiento económico: los jóvenes que emigran en busca de mejores opciones en el exterior.Nuestro país tiene que cuidar a sus jóvenes. Es necesario generar una política de juventud que tenga como protagonistas a los jóvenes y canalice de manera real y concreta los problemas, potenciando capacidades
