Foto: GUB.UY
EMILIANO COTELO (EC): El Consejo Fiscal Asesor emitió formalmente esta semana un nuevo informe en su calidad de “observador” y “revisor” de los cálculos que realiza el Ministerio de Economía para evaluar el cumplimiento de regla fiscal.
Recordemos, el Consejo Fiscal Asesor es un órgano independiente, de carácter técnico, que se creó junto con la nueva regla fiscal para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
¿Qué valoración hizo sobre el ajuste que viene llevando adelante el gobierno? ¿Qué opinión tiene sobre los desafíos de la política fiscal en este último tramo del período de gobierno? ¿Qué dijo, en particular, sobre el “espacio fiscal” para llevar adelante una rebaja de impuestos como la que han puesto sobre la mesa las autoridades? Sobre eso conversaremos con la economista Tamara Schandy, socia en Exante.
ROMINA ANDRIOLI (RA): Te propongo comenzar con un breve repaso de cómo funciona la regla fiscal que implementó este gobierno y qué rol juega el Consejo Fiscal Asesor en la “nueva institucionalidad fiscal”, como la llama habitualmente el equipo económico.
TAMARA SCHANDY (TS): Empecemos por lo más básico. En términos simples, una regla fiscal es una restricción para la política fiscal. Busca limitar la discrecionalidad del gobierno para implementar cambios en la política fiscal. Generalmente, se busca evitar que los gobiernos gasten en exceso en las fases altas del ciclo económico y dejen a los gobiernos siguientes la tarea de hacer ajustes.
En el mundo hay reglas fiscales bastante diversas. En nuestro país, la regla fiscal quedó establecida en la Ley de Urgente Consideración y tiene tres componentes: (1) un tope para el endeudamiento que puede tomar el gobierno, (2) un tope para el ritmo al que puede crecer el gasto de la administración central y (3) una meta del llamado resultado fiscal estructural, que viene a ser el resultado fiscal corregido por factores extraordinarios y por los efectos del ciclo económico.
El pilar del tope de endeudamiento es bastante sencillo de medir y controlar, pero los otros dos dependen de algunos cálculos técnicos. Justamente a raíz de esa complejidad es que la implementación de la regla en Uruguay vino acompañada de la creación de dos nuevas instituciones: el Consejo Fiscal Asesor y el llamado Comité de Expertos.
El Consejo Fiscal Asesor, que es el que nos ocupa hoy, es un órgano técnico, que está integrado por tres economistas independientes (actualmente Alfonso Capurro, Aldo Lema y Ana Fostel) y que tiene que velar porque el MEF mida bien el cumplimiento de las metas y, en particular, que haga bien sus cálculos de resultado estructural. También puede pronunciarse sobre otros temas que incidan en la sostenibilidad fiscal.
RA: Avancemos sobre el informe que emitió esta semana. ¿Cuáles señalarías como conclusiones principales del análisis?
TS: Hay varios aspectos a destacar. Voy por partes. Quizás lo primero es señalar que el Consejo Fiscal Asesor convalidó que los cálculos de resultado fiscal estructural que presentó públicamente la ministra Arbeleche la semana anterior se ajustan a la metodología pactada.
Parece un poco trivial, pero no lo es. Eso implica validar el criterio de selección de los factores que se ajustan como extraordinarios (el ejemplo de los gastos asociados al Covid es bastante obvio, pero también hay otros como adelantos de gastos o ajustes en lo que se consideran utlidades “normales” de UTE o BROU).
También implica validar la estimación de ciclo económico que se usa para corregir las cifras. La economía viene recuperándose del shock de la pandemia, pero en el promedio de 2022 no había alcanzado aún su nivel potencial (tenía algunos recursos ociosos). Eso implica que los ingresos y los gastos del gobierno todavía estaban un poco fuera de lo “normal” por ese efecto cíclico, y eso fue corregido.
También hizo un conjunto de apuntes técnicos sobre los cálculos que en Exante compartimos plenamente, pero que quizás no vale la pena recorrer al aire. Me quedaría con la conclusión general de que el resultado fiscal “estructural” del gobierno bajó a 2,4% del PIB (incluso un poquito más de lo que se había proyectado inicialmente) y que también se cumplieron las otras dos patas de la regla: la del ritmo de expansión del gasto y la de endeudamiento.
RA: Con el déficit “estructural” en 2,4% del PIB, ¿se puede decir que se completó el ajuste o la “consolidación fiscal” que se pretendía llevar adelante?
TS: Eso es algo que el informe destaca muy positivamente. En definitiva, el déficit estructural bajó de 4,6% del PIB en 2019 a 2,4% del PIB en año pasado, que es de hecho una décima menos que el objetivo de 2,5% del PIB que inicialmente se había planteado para el final del mandato.
El informe del Consejo Fiscal destaca también que la puesta en funcionamiento de la nueva institucionalidad fiscal y el cumplimiento de todas las metas ha sido acompañada por una mejora en la calificación crediticia y en la consolidación de un spread de riesgo país históricamente bajo. Son logros importantes de esta administración.
Ahora, el informe también contiene algunas valoraciones que marcan algunos puntos de alerta o aspectos a monitorear de cara a los próximos meses.
RA: ¿Podemos repasarlos?
TS: Sí, son bastante coincidentes con opiniones de nuestro equipo en Exante que hemos compartido en el programa otras veces en las que repasamos la dinámica fiscal.
Por un lado, el informe se detuvo en que, si bien el resultado fiscal mejoró de forma apreciable el año pasado, en el último trimestre se vio un deterioro de unas 8 décimas del PIB. Sostuvo que en eso hay algunos factores transitorios, pero también indicó que hubo una desaceleración de la recaudación real de la DGI que “constituye un factor de preocupación a ser monitoreado”.
Por otro lado, indicó que con un panorama de caída de la inflación, algunas partidas del gasto pueden terminar subiendo más de lo previsto en términos reales y que eso puede tener un impacto en el déficit estructural. Esto es algo que también hemos conversado: típicamente los salarios y pasividades van a subir más que la inflación este año y cambiarán la dinámica de años previos.
También se refirió a que, si la inversión y los gastos de funcionamiento siguen subiendo al ritmo del último tramo de 2022, podría tensionarse el cumplimiento del segundo pilar de la regla fiscal (el que vincula el crecimiento del gasto con el ritmo tendencial de crecimiento del PIB).
RA: ¿Qué más?
TS: En lo macro, el informe también se refirió a algunos riesgos asociados al contexto internacional y al impacto que tendría un aumento del tipo de cambio sobre la dinámica de la deuda. Pero capaz que la valoración más relevante en las circunstancias actuales fue la que hizo en relación al “espacio” para las decisiones de política fiscal. A nuestro juicio, muy oportuna dado el anuncio de rebaja de impuestos que puso el gobierno sobre la mesa.
RA: Vamos por allí. ¿Cuál fue la posición del Consejo Fiscal sobre esa propuesta?
TS: Hizo una serie de comentarios sumamente pertinentes desde su rol de velar por la sostenibilidad fiscal y desde su posición técnica e independiente. Los ordenaría en 3 grandes grupos.
En primer lugar, explicitó que no hay una mejora del crecimiento potencial de la economía que sea consistente con una expansión fiscal permanente. En palabras simples, si partimos de que estamos en el nivel de déficit fiscal estructural objetivo (sin holguras) y no visualizamos que la economía vaya a crecer más en forma permanente, entonces no hay espacio fiscal para una rebaja de impuestos permanente. En todo caso, ese espacio fiscal deberá generarse con ahorros estructurales en las partidas de gasto.
En segundo lugar y conectado con lo anterior, subrayó la importancia de que cuando se comuniquen los detalles sobre la magnitud, composición y fuentes de financiamiento de las rebajas impositivas, el gobierno explicite los impactos esperados en el resultado fiscal estructural. Subyace a eso un pedido de que se explicite qué partidas de gasto se recortarían de forma compensatoria. Factores transitorios (como los ahorros de gastos COVID), “no cuentan” para esto.
En tercer lugar, partiendo de que la situación actual no es de grandes holguras, el informe subraya que todo desvío respecto al objetivo de resultado fiscal implica menor espacio para reaccionar contracíclicamente a eventuales shocks negativos que puedan presentarse en el futuro, como cambios en el escenario internacional, la situación de sequía o cualquier otro evento excepcional.
Es importante destacar que todo esto lo sostiene desde su rol de órgano que vela por el resultado estructural. Obviamente el Consejo Fiscal no tiene atribuciones sobre los temas relativos a los impactos redistributivos de la rebaja del IRPF y del IASS o de eventuales recortes “compensatorios” del gasto, lo cual naturalmente pertenece al terreno político y es algo sobre lo que debemos esperar extensos debates en las próximas semanas. Podemos volver sobre ese aspecto en alguna otra oportunidad, cuando se conozcan los detalles de las medidas.