El Ministerio de Economía encomendó a la Comisión de Defensa de la Competencia realizar estudios que permitan hallar pruebas sobre incrementos abusivos de los precios luego que el dato de inflación llegara al 10%. La economista Luciana Macedo, que integra el organismo, señaló a En Perspectiva que aunque no tienen evidencia de alzas de precios por encima de la media o de conductas anticompetitivas, van a elegir mercados que tengan una alta concentración para ver si se encuentran indicios.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 09.03.2016, hora 10.15
EMILIANO COTELO (EC) —“En los supermercados los precios de algunos artículos aumentan de manera sorprendente”. Es una frase del ministro de Economía, Danilo Astori. La dijo ayer aquí, durante la entrevista central de En Perspectiva. Luego se explicó un poco más: no estaba hablando de productos de lujo. Cuando le insistimos citó: frutas, verduras y elementos para la higiene y la limpieza, o sea, rubros incluidos en la canasta básica.
Con el contexto de una inflación que en febrero llegó a los dos dígitos, 10,2 %, el gobierno preparara una serie de medidas. Ayer en el Ministerio de Economía fueron anunciadas algunas. Concretamente, se va a investigar posibles colusiones o abusos de posición dominante en el mercado. Por otro lado, se va a pedir a los supermercados que pasen a reportar diariamente las variaciones en los precios de sus productos, y no cada 15 días, como se establece actualmente.
Estas resoluciones salieron de una reunión que Astori mantuvo ayer con autoridades del área de Defensa del Consumidor y la Comisión de Defensa de la Competencia, que integran su propio ministerio.
Vamos a profundizar un poco en estas medidas. Para eso estamos con la economista Luciana Macedo, que integra la Comisión de Defensa de la Competencia.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Antes de repasar las medidas que se tomaron: ¿el gobierno decide dar este paso porque se están observando comportamientos diferentes a los que se registraban en años anteriores? Lo pregunto porque una gráfica que acompaña esta mañana un artículo del diario El Observador muestra cuáles son los productos que registraron una mayor variación mensual de precio en febrero. Ahí aparecen los que están superando el 10 % en la variación de precio: se trata de frutas y verduras, que es un rubro en el que siempre hubo una gran fluctuación de los precios al consumidor. ¿Las medidas se toman ahora porque hay indicios de ciertos comportamientos que antes no se habían dado, o están tratando de estudiar una situación a la que en otras ocasiones quizás no se le había prestado la debida atención?
LUCIANA MACEDO (LM) —Creo que el ministro Astori, inquieto por este aumento a nivel generalizado de los precios, que superó esa barrera psicológica del 10 %, suma una herramienta, que obviamente no es la principal arma para combatir la inflación, agrega una posible actuación o intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia. Obviamente sí es una novedad que nos convoquen para esto concreto, pero está dentro de lo que son los cometidos de la Comisión de Defensa de la Competencia hacer estudios de mercados y justamente buscar conductas anticompetitivas. Creo que nos convocan sobre todo por ese dato de superar el 10 % de inflación.
NB —Yendo a las medidas: por un lado se modificará un decreto que obliga a los supermercados a reportar quincenalmente la lista de precios de unos 150 artículos y les pedirá que avisen diariamente sobre las modificaciones en el valor de esos productos. Quizás convenga explicar en qué consiste concretamente ese intercambio de información y cómo es utilizado actualmente.
LM —Claro, te agradezco la pregunta porque me sirve para aclarar que en realidad esa medida no tiene nada que ver con la Comisión de Defensa de la Competencia. Este es un órgano desconcentrado en el Ministerio de Economía, nosotros debemos aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y velar porque exista competencia en los mercados. El área de Defensa al Consumidor, que está dentro de la Dirección General de Comercio, es la que ya tiene este sistema de precios. Lo que hace es básicamente relevar precios de algunos productos de las cadenas de supermercados con el objetivo de brindar esa información a los consumidores. O sea: facilita el acceso a la información de los consumidores.
Por decreto había una obligación de los supermercados a reportar esos datos de los precios con una frecuencia de unos 15 días, lo que se está modificando es simplemente la frecuencia. Esto se hace porque cada 15 días no es tal útil el dato como herramienta para el consumidor si lo utiliza como un mecanismo de acceso a la información para elegir dónde comprar los productos.
A lo que voy es a que eso es totalmente ajeno a la defensa de la competencia. Nosotros no somos los que recibimos esa información, no controlamos precios, nuestra actuación no va por ese lado. Eso se hace con el objetivo de facilitar el acceso a la información de los consumidores. Lo que se planteó es eso: aumentar la frecuencia, que sea diaria para ser una herramienta útil desde el punto de vista del consumidor.
NB —De todos modos donde sí estarán trabajando ustedes es en la segunda medida, la de realizar el estudio para comprobar si hubo situaciones ilegales en la suba de precios de alimentos y bebidas, concretamente, que son los que parecen estar bajo la lupa.
LM —Claro. Lo que el ministro Astori solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia es que iniciáramos el estudio de algunos mercados o productos, sin indicarnos qué productos debían ser estudiados, no recibimos ningún tipo de lineamiento u orientación en ese sentido. Solicitó a la comisión que en el marco de sus competencias, que está esta de hacer estudios de mercado, con algún criterio, eligiéramos algún producto o mercado para hacer estudios y ver si los aumentos de precios allí están asociados a algún tipo de práctica anticompetitiva. Como ustedes mencionaron anteriormente, podría ser algún tipo de colusión, acuerdos de precios, o abuso de posición dominante.
EC —¿Podemos aclarar los dos conceptos?
LM —Sí, la conducta anticompetitiva por excelencia es la colusión, que es un acuerdo de precios: que las empresas se pongan de acuerdo para fijar el precio o las cantidades -con lo cual de igual manera se controla el precio-. Esa es, evidentemente, la conducta más difícil de comprobar, se requiere una información y tener pruebas de que existió ese acuerdo.
Por otro lado están las conductas de abuso de la posición dominante. Ahí hay una mayor variedad de conductas, estoy pensando en el tipo de conducta que podría tener efecto sobre los precios al alza, que es lo que estamos pensando. Podríamos tener conductas de fijación de precios mínimos de reventa, o sea, que los distribuidores mayoristas impusieran precios a los minoristas, que les dijeran: “No se puede vender por debajo de este precio”. Eso, evidentemente, tiene un efecto en el precio al consumidor.
Otro tipo de conducta que podría ser es que hubiera barreras a la entrada a ciertos mercados. Estamos pensando también en que hubiera ciertas barreras para acceder a la provisión de los productos en los supermercados.
Ese tipo de conductas…
EC —¿Barreras qué quiere decir, que se bloquee la competencia, que un proveedor negocie con el supermercado para que en las góndolas no figure el producto de otra marca?
LM —Exactamente, ese tipo de situación que evidentemente termina eliminando o disminuyendo la competencia y, por lo tanto, repercutir en mayores precios.
NB —¿Cómo se realiza una investigación de este tipo?
LM —La comisión puede actuar ante denuncian, que no es el caso porque no hay una denuncia concreta, o de oficio, como es en este caso. Ahora estamos en etapa de ver qué productos o mercados vamos a estudiar. Una vez que comencemos vamos a, primero que nada, recabar información. Si encontráramos indicios de que podría haber alguna presunta conducta anticompetitiva como las que mencioné, tenemos que abrir una investigación de oficio.
Esta primera medida simplemente va a ser un estudio de mercado, luego tendríamos que abrir una investigación de oficio en la cual tendríamos que identificar a los presuntos infractores, a los que están incumpliendo con la ley. Se requieren pruebas, que pueden ser documentales, como correos electrónicos, testimoniales… El procedimiento está reglado, lleva un proceso de investigación de la instrucción del caso hasta que, finalmente, la comisión, si encontrara alguna práctica anticompetitiva, finaliza el caso, entre otras cosas, ordenando el cese de esa conducta y podría llegar a poner multas.
NB —Me queda la duda de cómo aparecen esos indicios en esta primera etapa en la que están. A priori, el hecho de que haya algunos precios que hayan subido de precio no quiere decir que se esté presentando alguna de estas situaciones ilícitas.
LM —No, efectivamente. A priori no hay ningún indicio ni se nos planteó ayer en la reunión que hubiera algún indicio en algún mercado en particular. Simplemente se nos pidió es elegir algún mercado, poner el foco y estudiarlo. Como les decía previamente, eso está dentro de las potestades de la Comisión de Defensa de la Competencia, que podría eventualmente estudiar todos los mercados que quisiera. Evidentemente, por un tema también de recursos y capacidades, vamos a elegir a algún mercado. A priori no hay ningún indicio de ningún tipo de conducta, sí vamos a elegir mercados que tengan una alta concentración, donde haya habido un alza en el nivel de precios por encima de la media, por decir algo. Poner el foco ahí, empezar a estudiar y ver si encontramos algo.
NB —El Observador señala esta mañana que la Comisión de Defensa de la Competencia, que funciona como órgano desconcentrado de Economía, se encuentra limitada desde el punto de vista legal para recabar pruebas que permitan comprobar prácticas anticompetitivas. De hecho, según dijo otro de los comisionados, Javier Gomensoro, el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley que amplíe el abanico de herramientas para cumplir con ese cometido. ¿Cuáles son las limitaciones que encuentran actualmente para llevar adelante esta tarea?
LM —No sé exactamente a qué se refiere el artículo. En realidad la comisión, en lo que tiene que ver con recabar información, tiene amplias potestades, otorgadas por la ley, que permiten solicitar información tanto a organismos públicos como privados e incluso prevé sanciones para los que incumplan con la colaboración en brindar información. No sé específicamente a qué se podrían estar refiriendo, pero en cuanto a…
NB —Se maneja por ejemplo que en otros países existe hasta la posibilidad de acceder a escuchas telefónicas que funcionen como herramientas para obtener estas pruebas, ya que, en general, si hay un acuerdo de precios, no terminan quedando pruebas por escrito.
LM —Bueno, la comisión también tiene la facultad, y la hemos utilizado, de realizar allanamientos, o sea, inspecciones sin previo aviso, siempre con una orden judicial previa. La comisión debe solicitar la orden al juez, explicarle el caso, decir que hay cierta presunción en algún sentido. De hecho lo hemos hecho, hicimos más de un allanamiento. Lo que hemos relevado siempre son los discos duros de las computadoras… El tema concreto de las escuchas telefónicas no sé cómo opera, si funciona con prueba o no, es un tema más jurídico, no te sabría decir.
EC —En otras declaraciones, en este caso a El País, Gomensoro aporta elementos de limitación de otro tipo. Dijo que actualmente no se puede sancionar a las empresas “aunque se tenga la evidencia objetiva de que el mercado se comporta de manera no competitiva con todos los participantes cobrando lo mismo o con subas programadas” de precios. En ese sentido, apuntó que un eventual acuerdo de precios entre varias compañías “puede ser legal en la medida que no haya una ley que invierta las cargas de la prueba y haga de la presunción un elemento que permita condenar”.
LM —Claro, creo que se está refiriendo a que muchas veces lo que no se obtiene en este tipo de investigaciones es lo que se denomina la prueba dura, que en el caso de un cartel sería una prueba escrita de que se reúnen en tal lugar para ponerse de acuerdo para fijar el precio. Lo que sí está previsto, porque la comisión justamente se ha preocupado por eso y ha encargado estudios y consultorías en ese sentido, es aplicar la presunción. No es necesario tener la prueba dura sino indicios y presunciones que vayan en ese sentido. Eso sí lo hemos utilizado. No sé a qué otra limitación concreta se podría referir.
EC —Las notas indican esto, que la comisión está trabajando con ayuda de un programa de Naciones Unidas para revisar la normativa, para hacerla más efectiva.
LM —Sí, eso es correcto. Evidentemente la normativa sí tiene sus limitaciones y hay muchas cosas que se podrían mejorar en una cosa de más largo plazo, al margen de esta reunión concreta de ayer con el ministro de Economía. Estamos estudiando y evaluando eso, hay apoyo desde el Ministerio de Economía para hacer esta revisión y mejorar la normativa, creo que hay cosas concretas que se pueden mejorar.
Una de ellas podría tener impacto en una situación como la que nos preocupa ahora: el tema del control de concentraciones. Esa potestad no la tiene la Comisión de Defensa de la Competencia en Uruguay como sí es usual que sea en otros países. La comisión acá recibe las notificaciones de las concentraciones económicas. Hay muchos mercados que se han venido concentrando en el último tiempo, para poner un ejemplo de productos cuyos precios han venido aumentando: el mercado de la cerveza se sigue concentrando y el de la pasta de dientes también se ha concentrado. La comisión no tiene la potestad para autorizar, o no, esas concentraciones económicas, nosotros simplemente recibimos una notificación de que se hizo una concentración y eso nos permite abrir los ojos y seguir ese mercado, pero no podemos prohibir una concentración económica. Eso sí tiene efectos en el mercado porque algunos se siguen concentrando.
Eso sí requeriría una modificación a la Ley de Defensa de la Competencia.
EC —Teniendo en cuenta, por un lado, que ustedes no recibieron ninguna indicación concreta, que van a empezar a observar al mercado en general y desarrollar las investigaciones; y, por otro lado, estas limitaciones que pueden existir en materia legal: ¿cabe esperar que haya, a corto plazo, algo concreto que surja de esta línea de trabajo?
LM —A priori no te lo podría responder, no lo sabemos. Sí entendemos que el pedido que nos realizó ayer el ministro de poner el foco en algún mercado en particular evidentemente está dentro de nuestros cometidos, lo vamos a hacer, vamos a empezar a estudiar algún mercado. De hecho nosotros, como tenemos la potestad para actuar de oficio, lo hemos hecho en algunas oportunidades. Nuestras mayores actuaciones han sido ante denuncias, porque tenemos la obligación de hacerlo y además le da un impulso mayor al seguimiento del caso cuando hay un denunciante que está aportando información y pruebas, pero en algunas situaciones hemos actuado de oficio, estudiado algún mercado, cuando hay algo muy llamativo o cuando algo ha trascendido en los medios. O sea: el estudiar un mercado está dentro de nuestros cometidos.
A priori decir si tendrá algún resultado o si encontraremos algo, la verdad que no lo podría contestar.
EC —¿Pero cuánto tiempo suele implicar que una investigación de estas genere resultados?
LM —Bueno, las investigaciones son largas, el tema es ver si encontramos algún indicio, alguna punta de que pueda haber algo para abrir una investigación de oficio a partir de ese estudio. Las investigaciones son largas, llevan unos cuantos meses por todo el tema de la prueba que se requiere, al final lo más importante es recabar la prueba. Estamos hablando de unos cuantos meses para adelante para poder obtener algún tipo de resultado o para decir: “Acá hay algún tipo de conducta” o “No se encontró ninguna conducta”.
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Transcripción: Andrea Martínez
Foto en Home Carritos en un supermercado en Montevideo/ Javier Calvelo adhoc Fotos
