En entrevista con En Perspectiva el secretario general de Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), José Olivera, fue crítico con el Ministerio de Educación y Cultura, aseguró que se ha dialogado solo “con parte” de las autoridades de la educación y advirtió que hay “indicios” de que se podría “imponer” una reforma como la de Germán Rama en los 90.
EN PERSPECTIVA
Lunes 18.5.15, hora 8.26.
EMILIANO COTELO:
Los primeros meses de gestión de la ministra María Julia Muñoz dejan entrever un mayor protagonismo de esa cartera en la educación, que es una de las áreas más sensibles en este período de gobierno que se está iniciando.
La gestión de la doctora Muñoz ha provocado algunos episodios de tensión con los sindicatos. Este sábado la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) resolvió un paro general para el 27 de mayo. En la plataforma reclaman que se destine el 6% del PBI al presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Universidad de la República (Udelar), pero también denuncian que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) está violando la autonomía de la ANEP al querer incidir en el rediseño de los currículos de Primaria y Secundaria, una de las promesas de campaña de Tabaré Vázquez.
¿Qué aportes tiene este sindicato para la discusión presupuestal que viene? ¿Cuál será su papel en las reformas que el gobierno quiere impulsar?
Lo conversamos con el profesor José Olivera, secretario general de Fenapes.
En la plataforma del paro está el reclamo de un 6% del PBI como piso mínimo para el presupuesto de la ANEP y la Udelar. ¿Pretenden que ese porcentaje quede asegurado en la ley de presupuesto? ¿Aceptan negociar que haya un incremento progresivo de recursos? ¿De qué manera se plantan?
JOSÉ OLIVERA:
La sociedad uruguaya tiene que hacer una discusión para decir cuánto está dispuesta a hacer el esfuerzo macroeconómico en materia de inversión en educación. Uruguay hoy destina en el entorno del 4,7% a la educación, de lo cual a la ANEP y la Udelar, donde estudia más del 80% del estudiantado del país, les corresponde el 4,05%. Estos son guarismos muy bajos para toda la región. Uruguay está por debajo del promedio de América Latina, está por debajo del promedio de los países de la OCDE, con los cuales muchas veces nos comparamos. Creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo porque hay un objetivo que cumplir, que es compartido, que es la universalización.
Pero la universalización y el acceso al derecho a la educación no se pueden hacer de cualquier forma, implican necesariamente una mayor inversión. No desconocemos que en los últimos años no se haya registrado un aumento de la inversión en la educación, sería desconocer la realidad y una deshonestidad intelectual y política no reconocerlo. Pero hay que admitir que ha sido insuficiente, sobre todo porque el período en el cual uno comienza a ver un quiebre de la tendencia de la inversión de los últimos 20 años en educación se inicia en el 2008. Por lo tanto lo que planteamos es si el Uruguay está dispuesto o no a hacer ese esfuerzo que la Unesco ya a mediados de los 90 recomendaba para ciertos países.
EC – ¿Qué es concretamente lo que reclaman? Porque el programa del Frente Amplio (FA) lo plantea en términos muy ambiguos o si se quiere poco rígidos. Dice: “En cumplimiento de los objetivos establecidos en este Programa para la transformación de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo público, se puede exigir presupuestalmente ir hacia el 6% del PBI”.
JO – Conocemos la formulación del programa y compartimos que es ambigua, muy ambigua.
EC – No hay un compromiso de que siquiera al final de este período vaya se llegue al 6% del PBI.
JO – No lo hay. Además recordemos lo que pasó en 2005: el FA llegó al gobierno con una promesa más clara que esta, de destinar el 4,5%, y cumplir con esto generó la primera crisis del gobierno frenteamplista.
EC – Sí, casi renuncia el ministro Danilo Astori.
JO – Efectivamente. Por lo tanto hoy tenemos a los mismos actores, con un programa mucho más ambiguo, pero hay una necesidad que es más real y más sentida. Si el Uruguay quiere efectivamente transformar su matriz educativa –y esta es una parte, nada más, no es lo único–, debe hacer un esfuerzo, al menos en los próximos cinco años, de tender efectivamente a ese mínimo de 6%. Porque está quedando muy rezagado en la región y sobre todo porque para subsanar las carencias que tiene el sistema educativo, particularmente desde el punto de vista de la infraestructura, de la generación de las condiciones necesarias para la inclusión de decenas de miles de estudiantes que están fuera del sistema educativo, van a ser precisas políticas específicas que requieren inversión, sin lugar a dudas.
EC – Si entiendo bien, ustedes están con un reclamo que es todavía más exigente, reclaman que el presupuesto de la ANEP más Udelar sea igual a 6% del PBI.
JO – Sí, delimitamos claramente el perímetro para que no haya dudas.
EC – Habitualmente cuando se hace la cuenta se incluyen, además de la ANEP y la Udelar, otros programas que tienen que ver con la educación a nivel de gobierno.
JO – Efectivamente. Allí están incluidos el Plan Ceibal algunas políticas que lleva adelante el Mides, incluso algunos programas que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública y obviamente están las instituciones de formación militar y policial. Hay una serie de componentes, de programas diseminados en distintas reparticiones del Estado, muchos de ellos dependientes centralmente de Presidencia, que incluso tienen un manejo discrecional en la utilización de fondos, y que hoy computan un 0,6-0,7% de la inversión global en educación.
EC – Cuando se dice que hoy estamos en 4,5% se cuenta todo eso.
JO – Sí, hoy cuando se dice que estamos en 4,78%, se computa todo esto. Por eso decíamos que la ANEP y la Udelar reciben hoy un 4,05%.
EC – Y entienden que ese 4,05% tiene que saltar a 6%.
JO – Efectivamente. Y ahí hay que discutir en qué marco. Porque si bien hay distintas visiones sobre cuál será el escenario económico de los próximos años para el país, está claro que no estamos en la misma situación que en 2005 o 2010.
EC – El ministro Danilo Astori está muy insistente con sus mensajes, sus advertencias de que hay que manejar con cautela el gasto público, que las restricciones provenientes del entorno económico externo son más fuertes de lo que se esperaba.
JO – Sí. No nos extraña el planteo del ministro, es el planteo que vamos a encontrar en cualquier momento en cualquier parte del mundo, la cautela en el manejo de los fondos públicos. Pero si en los 10 años en que Uruguay creció por encima de los promedios históricos no se hizo el esfuerzo, en algún momento hay que poner el punto inicial: ¿hay o no voluntad política de hacerlo? Discutamos cómo lo hacemos, en qué período, pero no puede haber dudas de que haya una voluntad política expresa del gobierno de hacerlo.
EC – Durante la campaña electoral la educación fue un tema importante, y dentro del capítulo educativo, el presupuesto. Varios candidatos pidieron que la asignación de recursos a la educación pública estuviese atada a resultados, a metas. ¿Cómo se puede exigir el 6% si los resultados, a pesar de que ha habido un aumento de los recursos, no muestran grandes mejoras e incluso muestran algunas caídas, algunos deterioros?
JO – Yo invierto la pregunta: ¿resultados a partir de qué? No solamente la inversión, los resultados se obtendrán también a partir de la política y de mejorar la gestión. Creo que ahí está el gran debe del sistema educativo uruguayo en los últimos años, y particularmente en los dos gobiernos frenteamplistas. Gobiernos frenteamplistas que llegan con fuertes enfrentamientos internos en cuanto a qué hacer con la educación. Eso ha repercutido objetivamente en la gestión, crisis institucionales de por medio, con autoridades –particularmente en el gobierno de Mujica– que no duraron todo el período, que tuvieron grandes dificultades para encauzar la gestión, hasta por desconocimiento de lo que era el organismo.
Cuando se piden resultados hay que ver todo el campo de juego, no solamente el componente inversión. La inversión es un componente importante, coincidimos en este aspecto, pero también es importante que se haga explícito cuáles han sido las políticas que se han llevado a cabo para mejorar esos resultados. De lo contrario nos quedamos con el final de la película y no vemos todo el desarrollo.
EC – Pero ¿para ustedes alcanza con aumentar el presupuesto?
JO – No.
EC – Entonces, cuando dicen 6% del PBI para ANEP y Udelar, ¿a cambio de qué lo reclaman? ¿Puede mencionar objetivos, metas concretas a alcanzar con ese presupuesto de 6%?
JO – Sí, hay objetivos claros, incluso metas que plantea el gobierno que compartimos. La discusión es cómo hacerlo. Porque yo me puedo establecer muchas metas, muchos objetivos, pero si no soy explícito en cuanto a cómo lo voy a hacer, más que estableciendo un objetivo y una meta estoy haciendo una promesa. Ahí está la discusión.
Creemos que hay necesidad de incluir a los jóvenes que están fuera del sistema. Esto requerirá generar condiciones desde el punto de vista de la infraestructura, pero también políticas concretas. Por ejemplo, hoy en secundaria vemos con muy buenos ojos algunos planes y propuestas en torno a atender a un sector que tiene un fuerte rezago en su vinculación con las instituciones educativas y en su proceso educativo, que son los jóvenes que trabajan. Evaluemos ese programa, veamos si hay condiciones para extenderlo. Los resultados que hay hasta el momento, con las evaluaciones que se han hecho, nos dicen que hay allí una propuesta de política concreta, compartida por las autoridades, de incorporar este sector al sistema educativo. Pero extenderlo va a implicar más inversión. Estas son las cuestiones que hay que discutir, cuáles son las políticas que vamos a financiar con ese 6% para revertir ciertos resultados que hoy tiene el sistema educativo.
EC – ¿Qué más?
JO – Mejorar el desarrollo profesional docente. Ese es un tema clave. Los docentes están reclamando desde hace mucho tiempo algunas ayudas dentro de las instituciones. Es muy difícil poder abarcar el conjunto de demandas que la sociedad vuelca al sistema educativo si no se tienen ayudas específicas, por ejemplo de equipos multidisciplinarios, si no se tienen instancias de formación y capacitación permanentes, hay que reforzar muchísimo lo que se ha venido haciendo. No alcanza con tener un Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores en Montevideo, con cupos muy limitados, de 50 o 60 al año, para hacer determinados posgrados. Hay que apostar fuertemente a una descentralización que esté vertebrada por ejemplo en torno a los institutos de Formación Docente. Esto va a tener que ser financiado en términos de llevar a cabo el trabajo de extensión de los institutos de Formación Docente para aportar a la formación de los docentes en las propias instituciones educativas. Hay experiencias muy importantes en la región, por ejemplo en Argentina hay una formación en servicio para el cuerpo docente que está en las escuelas secundarias, fomentada, impulsada y proyectada en los institutos de formación docente. Esto requiere inversión. Y hay que mejorar el salario, sin lugar a dudas.
EC – Reclaman un salario base de 30.000 pesos para un docente grado 1.
JO – Sí.
EC – ¿En qué se apoya? ¿Por qué ese reclamo?
JO – Básicamente porque uno tiene la noción, siempre errónea, por falta de información, de que el trabajo docente se limita al aula. En realidad toda la bibliografía especializada dice claramente que por cada hora de aula tengo por lo menos un 50% más de trabajo fuera de esa aula para planificar, para corregir, para poder atender la diversidad que tenemos en las aulas. Por lo tanto esa unidad docente de 20 horas de clase de aula se extiende semanalmente a unas 30, 35 horas de trabajo efectivo, que hoy están muy mal remuneradas, porque un docente al ingreso a la carrera está cobrando 21.000 pesos nominales. Esto, junto con otros elementos, no hace de esta carrera una carrera atractiva.
EC – ¿Esa es la causa por la cual faltan docentes?
JO – Es una de las causas.
EC – Ese es uno de los tantos problemas que tiene la educación pública hoy. Aparecía hace pocas semanas cuando informábamos la cantidad de horas docentes que aún no han sido asignadas en los liceos. Según un informe de hace 15, 20 días, todavía había de 2.500 a 3.000 horas sin asignar.
JO – Efectivamente. Hay dos fenómenos que se han venido dando en simultáneo, en paralelo, por lo menos en los últimos 20 años. Por un lado, el crecimiento del multiempleo, que lleva a que el docente trabaje cada vez más horas frente al aula, lo cual es un problema, porque afecta la educación de calidad que queremos construir fuertemente, más allá de afectar también la salud del trabajador. Por otro lado, año a año ha ido en aumento la cantidad de horas que no se pueden cubrir.
El número que usted manejaba recién son las horas que no se pudieron cubrir desde el principio del año. A eso hay que agregarle un número importante de horas que se van generando mes a mes por distintas causas, que tampoco se están pudiendo cubrir.
Por lo tanto tenemos hoy como dato de la realidad que hay miles de estudiantes, a lo largo y ancho del país, que no han recibido clases. Ayer me decía mi hijo de 18 años, que está haciendo sexto de Economía, que sus compañeros de sexto de Derecho desde que comenzó el año lectivo no han tenido clases de Historia ni clases de Derecho.
EC – ¿Y todo indica que va a seguir el año sin que eso se solucione?
JO – Es probable. Porque incluso está habiendo dificultad para cubrir las que nosotros denominamos asignaturas deficitarias, en las que hay más docentes que horas, porque la gente ha hecho otras opciones laborales.
EC – Hoy El Observador informa que “la ANEP sale a convencer a liceales para que sigan la carrera docente”. Señala que “el Consejo de Formación en Educación de la ANEP va a lanzar a mitad de año una campaña dirigida a reclutar candidatos para las carreras docentes en los centros educativos de formación superior, concretamente en bachillerato de Secundaria y de UTU. La nueva directora general, Ana María Lopater, dijo que la campaña va a consistir en visitar los institutos y presentarles a los jóvenes los atractivos de las carreras de magisterio y profesorado. ¿Cómo ve este paso?
JO – Es una buena iniciativa que debe ser acompañada de otras iniciativas y otras acciones. Particularmente hay dos o tres componentes que tienen que ver con este fenómeno de la falta de docentes.
Ante todo el tema salarial, pero no es el único.
El prestigio social de la función, que se ha visto muy disminuida, por lo que creemos que hay que resituarla, resignificarla para darle otro valor.
El desarrollo profesional. Muchos docentes plantean abiertamente su falta de desarrollo profesional porque la propia institucionalidad, el propio sistema no les da esa posibilidad.
El lugar que ocupa el docente en la definición de las políticas públicas en materia de educación. En los últimos tiempos en muchas ocasiones se ha optado por economistas, sociólogos, por supuestos expertos que están fuera del aula, que no manejan la experticia, que no manejan el campo pedagógico, para definir las políticas públicas en materia educativa, y no se han atendido los planteos que vienen de los docentes, no a través del sindicato, sino por ejemplo de las asambleas técnico-docentes (ATD).
Todos estos componentes hacen hoy que la función no sea para nada atractiva.
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EC – ¿Han tenido diálogo con las autoridades después del 1.º de marzo?
JO – No.
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EC – ¿Qué edad tiene usted, profesor Olivera?
JO – Cuarenta y dos años, a cumplir en junio.
EC – Es profesor de Historia.
JO – Sí.
EC – ¿Dónde se desempeña?
JO – En el liceo Joaquín Suárez en Canelones.
EC – ¿Como docente o como administrativo?
JO – En Suárez estoy ejerciendo el cargo de profesor adscrito.
EC – ¿Da clases de Historia?
JO – No, ya hace algún tiempo, producto de la actividad sindical, que genera muchas condiciones de variabilidad en la función, hemos dejado.
EC – Usted sostuvo que el paro también es porque el MEC está violando la autonomía de la ANEP al querer incidir en un cambio del currículo de Primaria y Secundaria. Supongo que eso es una alusión al proyecto de Marco Curricular Común para los niños de 3 a 14 años.
JO – Sí, efectivamente. Estamos dispuestos a discutir, creemos que es necesario discutir la propuesta curricular, tanto en Primaria como en Secundaria. El problema es a partir de dónde lo generamos y cuáles son los contenidos. Aquí preocupa una propuesta que está impulsando por el MEC, que en los últimos días ha planteado el subsecretario de Educación, el sociólogo Fernando Filgueira.
Si uno se atiene a la ley y a la propia Constitución, hay un ente autónomo como es la ANEP, que tiene un rango constitucional. La ley es muy clara y muy precisa en cuanto a que hay una función que es específica de la ANEP, que es la discusión de los planes y programas y por lo tanto de las propuestas curriculares. Lo establece la actual Ley de Educación, la 18.437, que incluso prevé la posibilidad de iniciativa de los consejos desconcentrados, que establece la consulta preceptiva al cuerpo docente a través de las ATD, y le da en última instancia la potestad al Conejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP de aprobarla. La ley no dice en ningún lugar que esta sea una materia privativa del MEC o en la que tenga capacidad de iniciativa.
EC – También es cierto que el ministro representa al gobierno que fue elegido en las urnas, representa a la mayoría de la ciudadanía, ante la cual se presentó con un determinado programa, que en el caso del FA incluía esta como una de las transformaciones que se piensan implementar. ¿Entonces?
JO – Obviamente no vamos a desconocer la capacidad de propuesta de un gobierno elegido democráticamente. Lo que planteamos es cuál es el procedimiento que se va a seguir para formular esa transformación curricular. La ley marca un camino, y el gobierno en ese camino verá cómo aporta. Nosotros llamamos la atención sobre que Uruguay pasó por una historia muy parecida a esta en los últimos años, en las últimas décadas, de este tipo. Muchas veces se toma este camino para imponer más que para convencer a través del diálogo, que creemos que es lo necesario hoy. Hoy necesitamos un fuerte compromiso político y social en torno a una propuesta de reforma educativa, pero de esto han carecido las políticas educativas de Uruguay en los últimos años.
EC – Cuando entrevistamos hace pocos días al director nacional de Educación en el MEC, Juan Pedro Mir, él explicaba que se había dedicado las primeras semanas de esta administración, e incluso algunas previas a la instalación del gobierno, a dialogar con los distintos actores del sistema educativo público para ir creando un ambiente de cooperación, en el que se pudiera trabajar en sincronización, en coordinación, sin choques, por ejemplo, a la hora de elaborar el presupuesto o los presupuestos. Y es un hecho que las autoridades de la educación en general han estado de acuerdo en ese camino.
JO – Ahí tenemos dos dificultades. Una es que hubo muchos anuncios antes del 1.º de marzo que después no se concretaron.
EC – ¿Por ejemplo?
JO – Por ejemplo, la ministra Muñoz, el 29 de diciembre del año pasado, reunida con nuestra federación en nuestro local sindical, planteó su intención de convocar a un consejo consultivo en materia de educación. Algo que nosotros veíamos con buenos ojos, aunque señalábamos que la ley preveía algunos ámbitos de este tipo para poder convocar a distintos actores. Sin embargo hasta el día de hoy nada sabemos de esa iniciativa.
No sabemos qué piensan las propias autoridades de la educación, y en nuestro caso particular las autoridades de ANEP. Hace casi 15 días les pedimos una entrevista y todavía no nos han contestado, sin embargo todos los días hay en los medios de comunicación anuncios de distinta índole en materia de reformas educativas. Por lo tanto el diálogo que se anunció no está teniendo una vida práctica, lo cual es un problema.
EC – El maestro Mir reconocía que el diálogo había sido sobre todo con las autoridades del Codicen, de los consejos desconcentrados, de la Udelar, que faltaba aún el intercambio con los gremios.
JO – Sí; quiero ser muy claro en este aspecto: ha sido con parte de las autoridades.
EC – ¿Cómo es eso?
JO – Por ejemplo, el Codicen de la ANEP tiene cinco miembros, de los cuales tres son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado de la República y los otros dos son elegidos por los docentes y son representantes de los trabajadores. Los propios consejeros Teresita Capurro y Néstor Pereira han señalado públicamente que han sido víctimas de la exclusión de estos ámbitos de diálogo.
Es decir, las autoridades del ministerio dialogan con parte de las autoridades de la educación, no con todas. Nos parece que es una muy mala señal, sobre todo por lo que representan estos consejeros, que no tienen como función única, como ha dicho el presidente Tabaré Vázquez, controlar a los otros consejeros. Son tan consejeros como los demás, por lo tanto no es buena señal que se diga “vamos a apostar al diálogo, a construir fuertes consensos”, y se excluya nada menos que a dos quintas partes de la dirección del organismo.
EC – Para pasar en limpio, ¿ustedes entienden que el MEC tiene que mantenerse al margen de las reformas, de las transformaciones en la educación?
JO – No, tiene funciones que cumplir, tiene elementos para aportar, sin lugar a dudas. Incluso la propia Ley de Educación le asigna un papel de coordinador del Sistema Nacional de Educación Pública.
EC – ¿Pero no debe liderar, para ustedes?
JO – Nosotros no cuestionamos el liderazgo de ningún actor, cuestionamos los procedimientos. Si la ley prevé un procedimiento, si prevé incluso, en ese procedimiento, la participación del cuerpo docente mediante ámbitos como la ATD, si prevé que la iniciativa de promover estos cambios sea de los propios consejos desconcentrados, creemos que se debe recorrer ese camino y no cerrar esa posibilidad de antemano, porque ese camino abre efectivamente posibilidades y puertas a un mayor diálogo y a un mayor consenso social y político en torno a la reforma.
EC – El maestro Mir decía que si se lleva el concepto de autonomía al extremo, como ha pasado en distintas ocasiones, lo que se hace es generar chacras.
JO – Las chacras se han generado a partir de hechos que no tienen que ver específicamente con la autonomía. El gobierno tiene todo el derecho a cambiar, pero no tiene derecho a decirle explícitamente a la gente “no defendemos más la autonomía”. El FA históricamente fue una fuerza que mantuvo y sostuvo, aun en las peores épocas del país, la defensa de la autonomía de los organismos de la educación. Si el gobierno hoy cambió –que tiene derecho a hacerlo–, que lo explicite: no vamos a respetar la autonomía de los organismos de la educación, no nos vamos a apegar a lo que marcan la Constitución y la ley. Y que diga claramente cómo piensa hacer la reforma. De lo contrario se podría estar recorriendo un camino que el Uruguay ya transitó en los 90 y que generó un escenario de fuerte conflicto.
EC – ¿Está aludiendo a la reforma Rama?
JO – Sí, específicamente, creemos que hay indicios de esa metodología –incluso por la presencia de actores que participaron en ese proceso–, advertimos que se busca intentar más que convencer, imponer más que construir consensos, hasta se podría llegar a utilizar el mismo mecanismo, la ley de presupuesto, para imponer una reforma. Creemos que ese no es el camino adecuado, estamos dispuestos al diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber voluntad de las partes, que es lo que ha faltado hasta el momento.
EC – ¿Si los sindicatos de la enseñanza son convocados al diálogo esa preocupación por la transgresión de la autonomía ya no es tan fuerte, ya afloja?
JO – No, no. Estamos dispuestos a participar en los procesos de diálogo, en primer lugar con quien debemos dialogar, que es el Codicen de la ANEP, al cual le estamos reclamando desde hace 15 días una reunión urgente porque queremos saber de primera mano qué piensan las autoridades de la educación en torno a este tema, cuáles son sus propuestas. No las conocemos, es inexplicable que a más de un mes de haber asumido la titularidad del organismo, y en el caso del presidente de la ANEP, Wilson Netto, continuando en el cargo, no hayamos tenido la posibilidad de este encuentro para saber de primera mano qué piensan las autoridades de la educación acerca de cuáles son los procesos de reforma y por dónde pueden ir en los próximos cinco años.
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EC – Después de haber profundizado en algunas de las razones del paro que han dispuesto, la pregunta que queda es por qué la medida es un paro, por qué para plantear esos reclamos la movilización que se resuelve es un paro de 24 horas.
JO – Esto es una discusión muy profunda. Desde el mes de abril veníamos advirtiendo sobre el escenario que teníamos, ya al inicio de abril reclamamos la pronta instalación de los ámbitos de negociación. Y no están funcionando. Por ejemplo el Consejo Superior del Sector Público, que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se reunió en dos oportunidades pero el gobierno no ha explicitado hasta el día de hoy ni un solo punto acerca de la construcción del presupuesto, acerca de la política salarial para el quinquenio, y sin embargo todos los días distintos voceros del gobierno salen a hacer planteos en la materia. Entonces o vamos a los ámbitos de negociación y ponemos lo que hay que poner arriba de la mesa o no podemos participar de una farsa de diálogo.
EC – ¿Cómo manejan esa imagen que creo que se ha ido generando de que este sindicato y otros de la educación, pero en particular Fenapes, abusan de la herramienta del paro, no agotan instancias de negociación preliminares o llegado el momento de resolver alguna medida van demasiado rápido al paro, y un paro de 24 horas, que obviamente afecta a los alumnos?
JO – Esta es una medida que venimos discutiendo desde el mes de marzo. Ya en el inicio de los cursos, cuando las autoridades decían que había sido un inicio de cursos normal –cosa que quienes mandan sus hijos a la educación pública, a secundaria particularmente, saben que no fue así, saben en qué condiciones comenzaron los cursos–, nosotros alertábamos de una situación de conflicto que había que comenzar a deconstruir mediante la negociación.
Si no hay negociación porque los ámbitos no funcionan, si no hay negociación colectiva porque las autoridades no reciben a los sindicatos, ¿qué otro camino le queda a la organización?
EC – ¿No hay una medida de lucha intermedia, que no sea un paro de 24 horas?
JO – Sí, la hemos desarrollado. Entre mediados de abril y los primeros días de mayo desarrollamos más de 100 asambleas a lo largo y ancho del país que en un 98% no implicaron ni una sola hora de paro. Asambleas que llevaron a que se reunieran no solamente los trabajadores de educación secundaria, sino que hubo asambleas con padres, con estudiantes, conferencias de prensa, charlas en barrios, en comisiones de fomento barriales, en muchos puntos del país, en las que comunicábamos esta situación a la ciudadanía.
Por lo tanto los motivos que explican esta paralización están suficientemente discutidos con la población. Uno aguarda que este no sea solamente un inicio, esperamos que esta alerta que estamos poniendo arriba de la mesa con esta medida lleve a la reflexión política de los actores del gobierno, a las autoridades de la educación, y que prontamente tengamos esos ámbitos que permitan discutir lugar cuáles son los cambios que se van a venir en la educación, y que no tengamos que discutirlos solamente mediante la movilización.
EC – Pero siendo legítimos, válidos los reclamos, ¿no hay un problema de legitimidad de la medida que se adopta? Porque el paro se resolvió en una asamblea por 33 votos afirmativos. ¿Cómo es eso? ¿Qué organismo es ese que dispuso esta medida?
JO – No, el paro estaba resuelto desde el 12 de abril; no le quisimos poner fecha el 12 de abril para aguardar a la instalación de las autoridades de la educación, la convocatoria del gobierno nacional a los ámbitos de negociación. Somos una federación que nuclea hoy a más del 60% de los trabajadores docentes de educación secundaria, que tiene filiales por todo el país, en los 19 departamentos, y los 33 votos que se expresan allí, que son votos de filiales pero son votos ponderados, son la expresión de 33 filiales que representan a los 19 departamentos. El sábado próximo pasado se expresaron los delegados de 33 filiales de todo el país, por consenso, no hubo ningún voto en contra.
EC – Pero ¿cuántas filiales componen esa asamblea?
JO – Por lo general son unas 46 filiales…
EC – O sea que no estuvieron todas, apenas estuvieron dos tercios.
JO – No, un poco más, hubo un quórum de 40 filiales en el desarrollo de la asamblea. Algunos compañeros se retiraron antes de hora, pero de todas formas hubo un quórum muy amplio para lo que son habitualmente las asambleas de la federación, que andan en el entorno de las 40 de las 46 filiales que hoy tienen vida permanente dentro de la federación.
EC – Pero el estatuto de ADES no establece un quórum mínimo para aprobar medidas de lucha. Mi consulta va a saber si esa forma de accionar gremialmente no puede estar contribuyendo a ese desprestigio de la profesión docente que a usted lo preocupa y que creo que nos preocupa a todos.
JO – Todas las medidas son cuestionables. Todo ciudadano de este país va a tener algún tipo de reparo ante una medida gremial siempre, y nos parece bien, es parte del juego democrático. Pero no se puede dudar de la legitimidad. Que en una asamblea de una federación que tiene 46 filiales de vida permanente, con un quórum de 40, 35 filiales expresaran su voluntad de poner una fecha al paro tiene un grado de legitimidad muy importante. Y sobre todo quiero recalcar algo que nos parece muy importante: estaban representados los 19 departamentos del país, por lo cual estamos hablando efectivamente de una medida de carácter nacional.
EC – Pero ¿no los preocupa cómo impacta esto en la imagen de los docentes?
JO – Sí, obviamente nos preocupa. Por eso hemos desarrollado durante un mes esta conversación con estudiantes, con padres, explicando los motivos que llevan a esta situación de paralización. El paro se aprobó el 12 de abril y no se le puso fecha de ejecución hasta un mes después. Se esperó durante un mes, se habló con la gente, se esperó la señal política de los gobernantes, de las autoridades de la educación, que no llegó. En algún momento hay que pasar raya, sobre todo en un año en el que hay plazos que cumplir; no olvidemos que el gobierno no tiene un tiempo indeterminado para presentar su proyecto de presupuesto. Todos sabemos que al 31 de agosto, como plazo máximo, el gobierno debe presentar, al igual que las autoridades de la educación, la propuesta de presupuesto al Parlamento. Por lo tanto aquí el factor tiempo es muy importante. Por eso en determinado momento tuvimos que pasar raya.
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Transcripción: María Lila Ltaif
